Periodista.
La semana fue de pruebas difíciles para el gobierno del Presidente Boric. Una semana donde la violencia fue la protagonista particularmente en el sur del país, cosa que sin ser novedosa -porque está enquistada hace años en esa zona-, sorprendió por su aspereza. Fueron días en que los camioneros quisieron hacer una demostración de fuerza y cruzaron sus camiones en las carreteras. Días que a algunos hizo rememorar lo mismo que hicieron los transportistas durante el gobierno de Salvador Allende, incitando al golpe de Estado. Las redes sociales se llenaron de comentarios en tal sentido.
Finalmente, el diálogo triunfó. En conversaciones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, los camioneros sellaron un acuerdo de corto y mediano plazo, entre ellos, la presentación de un proyecto de ley para la aplicación de “estados intermedios” que permita a las FFAA resguardar algunos puntos críticos, entre ellos las carreteras.
Pasó algo similar con los subcontratistas de Enap, aunque su actitud no fue la misma. Bloquearon la entrada de Enap en Hualpen y -de nuevo- los camiones quedaron entrampados. El pasado fin de semana se cumplieron siete días desde que la refinería Bío Bío fue tomada en todos sus ingresos. Los empleados piden hace meses a la empresa que se revise un acuerdo marco que firmaron en abril del año pasado. Pero la empresa, que es estatal, se ha negado una y otra vez argumentando que la ley no les autoriza negociar con trabajadores que no pertenecen formalmente a la empresa. Les recibieron un petitorio, pero hasta la hora del cierre de este artículo, aún no había resultados. Lo que si ocurrió es que la autoridad administrativa de la región ordenó el desalojo. Carabineros procedió a realizarlo con fuerzas especiales provocándose un enfrentamiento entre los trabajadores y personal policial en las afueras del recinto.
Por un lado, entonces, los camioneros, que, si bien llegaron a acuerdo, hubo descolgados que se niegan a despejar el camino. Nuevamente el grupo bloqueó parcialmente la ruta en Coronel. Por otro, el conflicto en Enap. Por esto último, se produjo una especie de histeria colectiva en algunas ciudades, donde largas filas de automovilistas esperaban por bencina para sus vehículos. El gobierno llamó a la calma y lo cierto es que no hubo peligro de desabastecimiento, como era la amenaza de los trasportistas.
Se añade un asesinato más de un joven Carabinero en el ejercicio de su cargo, además de los ya naturalizados “portonazos”, los ajustes de cuenta, las balas locas que matan niños. Y así, sumó y siguió, incluyendo conflictos menores, pero no por eso menos importantes -entre ellos los reclamos de los estudiantes secundarios, con quema de buses incluidos- que igual le desordenan el escenario a la nueva administración.
Preocupación del Presidente
Tanto convulsionan el escenario estos hechos, que el Presidente, preocupado por los niveles alcanzados por la violencia de todo tipo -crimen organizado y narcotráfico incluidos-, decidió tomar el toro por las astas. Sostuvo conversaciones con diversos dirigentes políticos, oficialistas y oposición, planteándoles la idea de un acuerdo nacional por la seguridad. El Mandatario, de gira por la Región de Magallanes, reveló incluso que, con el presidente de la UDI, Javier Macaya, abordaron la necesidad de generar un consenso político transversal para enfrentar la materia.
El Mandatario declaró en una emisora regional que “he estado conversando con parlamentarios y diferentes integrantes de partidos políticos, con alcaldes, que son muy importantes en esto, para que tengamos un acuerdo en materia de seguridad ciudadana (…). Esto es para que le pongamos urgencia a determinadas leyes, para que destinemos los recursos necesarios en infraestructura deportiva, iluminación, en recuperación de los barrios, para un acuerdo nacional que tenga una perspectiva policial de persecución al delito, y también de reinserción social y recuperación de la vida cívica en los barrios”.
Pero, como suele ocurrir en tiempos difíciles, la derecha puso de inmediato condiciones para abordar el tema de la seguridad. El pretexto esta vez fueron declaraciones de la Ministra de Justicia, quien calificó como “un compromiso, una prioridad” el proyecto de ley que amnistía a los llamados presos de la revuelta social. Se revivieron de inmediato las diferencias en el Congreso en torno a dicha norma, constituyéndose en un verdadero muro difícil de saltar para el acuerdo en materia de seguridad que busca generar el Gobierno con el parlamento.
La Ministra del Interior, Izkia Siches se refirió al tema señalando que avanzar en el proyecto de amnistía es un compromiso de Gobierno, que estaba en pleno conocimiento de los y las electoras. Espera que la iniciativa pueda avanzar en el Parlamento, “pero obviamente hay una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuestas y esperamos en eso también cerrar lo que fue el proceso del estallido social para dar cuenta de un país que se vuelve a encontrar, que toma acuerdos y avanza en la línea correcta”.
La derecha dice no
“Estamos hablando de un momento en donde justamente hay que llegar a un acuerdo en materia de seguridad, entregar señales correctas y ciertamente indultar a personas que cometieron delitos graves no puede ser concebido en esa dirección”, sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya.
El secretario general de RN, Diego Schalper cuestionó que el Gobierno pretenda establecer un diálogo en seguridad “cuando no ejercen facultades que tienen para poner más orden, como estado de excepción” y que además “envían señales como el indulto a violentistas como prioridad”. Para que mencionar al presidente del Partido Republicano. Su negativa es rotunda.
El gobierno, vía declaraciones de la vocera Camila Vallejos, sostuvo que “nosotros queremos poner en el centro la disposición que hemos tenido de los parlamentarios de distintas fuerzas políticas a conversar sobre estas materias (…) pero no podemos avanzar solos como Gobierno». «Necesitamos a la oposición, necesitamos a todos los alcaldes de todo el territorio nacional, necesitamos a los gobernadores, necesitamos a las organizaciones de la sociedad civil y por cierto que también a los parlamentarios. Por eso hemos estado conversando con ellos, porque la seguridad humana debe ser prioridad país».
En el mismo sentido se pronunció la Ministra del Interior. Dijo que el Gobierno sigue trabajando para convocar a todos los sectores al acuerdo nacional sobre seguridad y que para superar la crisis que asola los barrios, “necesitamos que nadie se reste”. “Todos los actores tanto del mundo político, social, los distintos vecinos y vecinas tienen que poder contribuir a enfrentar esto, no como Gobierno u oposición sino con una política de Estado”, concluyó la jefa de gabinete.
Entonces, vecinos y vecinas, organizaciones sociales, los habitantes que enfrentan a diario el miedo, estarán atentos probablemente al camino que tomará la derecha en un tema que se tomó la agenda del país.
