Periodista.
En 15 días más, el Senado debería aprobar o rechazar el proyecto para amnistiar a los presos de la revuelta social al que el gobierno le puso suma urgencia. Ocurra una cosa o la otra, provocará tensiones que podrían, sólo podrían, ayudar en el término de los viernes que el gobierno anterior no pudo controlar con el inevitable vandalismo que se desata y que hace años ya perjudica a los locatarios y residentes de la llamada zona cero.
Al hacer el anuncio, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, indicó que “hemos recibido distintas solicitudes e inquietudes de distintos sectores políticos (…) hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia del proyecto de amnistía o indulto que para nosotros es importante en materia de derechos humanos (…) en línea de poder revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”.
Jackson sorprendió no sólo a la derecha con este anuncio del que fue testigo y protagonista la actual senadora Fabiola Campillay, ciega justamente por el accionar de Carabineros en esas caóticas jornadas. Más sorprendidos aún quedaron en la centroizquierda. Es que -reclaman – esperaban que el Ministro les hubiera anticipado la estrategia legislativa que el gobierno iba a oponer en práctica de tal manera de encontrar los votos para aprobar el proyecto.
Obviamente la derecha -como es su costumbre- saltó a la yugular del gobierno de Boric. El diputado ultraderechista, Cristian Araya, del Partido Republicano, dijo que “el Gobierno de Gabriel Boric tiene un compromiso total con la delincuencia. Son y han montado una verdadera red de protección de los delincuentes, de los violentistas y de los subversivos”. Fue más allá. Se atrevió a afirmar que “hay una afinidad ideológica de este Gobierno con los violentistas. ¿Qué saben, qué esconden, o quizás tienen amenazado al Presidente Gabriel Boric, para que, con tanta urgencia y compromiso, busquen la impunidad de estos delincuentes?”.
Frases mas, frases menos, repitieron el guion en el resto de los partidos de la derecha. Solo como ejemplo, el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado señaló que le parecía que “el Gobierno no está actuando por todos los chilenos, sino que solamente por la izquierda y la izquierda callejera”. Y añadió: “Primero con el retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, y segundo, colocándole urgencia a un proyecto de ley pésimo, donde solamente algunas personas que hicieron daño, que quemaron, que saquearon, van a ser indultadas si pasan los votos del Senado y la Cámara de Diputados. (…) Es una muy mala señal de Boric, que está dándole signos solamente a su sector, y no está gobernando para todos los chilenos”. Mismo guion. Casi las mismas palabras.
Presiones de lado y lado
El gobierno está empeñado en comenzar a cumplir con las promesas de campaña. Justamente el poner suma urgencia al proyecto para amnistiar a los presos de la revuelta fue una de ellas. Algunos dirigentes políticos del gobierno están convencidos que zanjar el asunto de los presos del estallido no sólo sanará muchas heridas latentes, sino además, traerá un poco de tranquilidad sobre todo a quienes viven del comercio en la llamada zona cero. Se dice que hubo un análisis sobre costos y beneficios de una medida de tal naturaleza y se habría obrado en consecuencia. Y así, tanto el Ejecutivo como el Legislativo compartirían los costos de un proyecto complejo y no bien visto por una parte de la ciudadanía.
En la Democracia Cristiana criticaron el anuncio de Jackson. El diputado y jefe de bancada de la falange, Eric Aedo, aseguró que “coincidimos con las víctimas, que fueron quemados sus negocios, que sufrieron pérdidas de sus viviendas. En ese sentido y lo quiero decir derechamente, nos parece una mala señal”. Añadió que, a su juicio, una iniciativa de este tipo no aporta a la paz social.
Los senadores socialistas señalaron por su parte que “ellos han estado a favor de este proyecto en las distintas instancias legislativas; “se mejoró en el trabajo de las comisiones, sin embargo, eso no asegura contar con los votos para aprobarlo en ambas cámaras”.
Fueron críticos con la actuación del Secretario de Estado que anunció la suma urgencia. “Así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas”.
En tal sentido, indicaron que “el gobierno debe impulsar proyectos con convicción, pero también habiendo hecho el trabajo prelegislativo que, ojalá, asegure su aprobación”. Para eso, continuaron, “sabiendo que las bancadas de oposición han rechazado esta moción en todas las comisiones donde se discutió, pudo haber complementado la propuesta con alguna fórmula, por ejemplo, de reparación a las pymes afectadas por actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones”, aseveraron los senadores.
“Aquí hay responsabilidades compartidas y el Ejecutivo no puede eludirlas. Todos debemos contribuir a la paz social, gobierno y oposición. Tal como lo hemos hecho en instancias anteriores los socialistas votaremos a favor de este proyecto. Aún hay tiempo para buscar una mejor solución, pero eso no depende solo de nosotros, sino del Ejecutivo y, especialmente de sectores de la actual oposición”, concluyeron.
Finalmente, los senadores manifestaron que “es prerrogativa del gobierno fijar las urgencias, pero este paso debe ser consensuado sobre todo con las bancadas oficialistas, para así evitar el bloqueo por parte de la actual oposición. Si se rechaza no podrá reingresarse en el plazo de un año”.
