Periodista.
La virulencia del denominado “team patriota” en la Parada Militar en el Parque O’Higgins, donde durante todo el homenaje a las Glorias del Ejército no dejaron de insultar al Presidente Boric y su gobierno con carteles pidiendo su renuncia, no hace sino revelar el envalentonamiento de la ultraderecha luego del plebiscito del 4 de septiembre. Todo un nudo difícil de abordar para quienes estuvieron en su misma trinchera del Rechazo, particularmente los llamados “Amarillos” y la también autodenominada “centroizquierda del rechazo”, liderada por Ximena Rincón.
Lo peligroso de esta actitud de los “Patriotas” y los republicanos es que es prohijada por algunos partidos de la derecha tradicional. Por ejemplo, lo señalado por el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, quien relativizó lo ocurrido asegurando que son situaciones que siempre ocurren. “En mi vida me ha tocado ir a unas 20 paradas militares y siempre hay algún tipo de pifia, no se trata del presidente que está de turno, se trata de la coyuntura. Quedarse solo en la pifia me parece desmerecer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Chile está dividido, confrontacional”.
Tiene razón el parlamentario derechista. El punto está en que violencia llama a más violencia y se está a pocos días de un nuevo aniversario del llamado estallido social de octubre. No hay que ser pitoniso para no imaginarse lo que sectores del anarquismo, la ultraizquierda, lo mismo que la ultraderecha pueda hacer ese día, cuestión que preocupa al gobierno.
En ese sentido, no es casualidad que la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, haya instado a los sectores de derecha a condenar estas violentas manifestaciones en la Parada Militar, con la esperanza de desmontar los niveles de agresividad que se están observando en la sociedad. “Esperamos la condena de las fuerzas políticas que son de ese sector, que como siempre hacen un llamado a la no violencia, hoy tuvimos una presencia sumamente violenta de estos manifestantes de ultraderecha y esperamos que su sector político lo condene”, concluyó.
¿Habrá reunión?
Mientras, ya pasadas las Fiestas Patrias, y cuando el Presidente Boric se apresta a intervenir en Naciones Unidas, se espera que partidos de gobierno y de oposición logren reunirse para llegar a un acuerdo que signifique reiniciar el camino para un nuevo proceso hacia la elaboración de una Carta Magna. Un camino iniciado hace ya algunos días y paralizado por la oposición inmediatamente después de terminada la primera reunión.
La derecha, cuando decidió no asistir a la reunión acordada por todos el pasado jueves, puso entre sus condiciones que el gobierno no estuviera presente en los encuentros; que se rebarajara el número de participantes -no se sienten suficientemente representados en circunstancias que ellos son los que “ganaron” en el plebiscito-; y que se retomaban las conversaciones el 23 de septiembre. Una fecha que esta por verse, porque ni el Presidente del Senado ni el de la Cámara Baja han señalado cuál es el día. En realidad las condiciones expuestas y la paralización de la reunión fue más bien para tranquilizar a sus propias bases, cuyos reclamos fueron en ascenso por el rol de liderazgo asumido por los presidentes de ambas Cámaras -un PS y un PPD-, en detrimento de los que se sienten “triunfantes” con el resultado del plebiscito. Un sentimiento a estas alturas bastante objetado por tirios y troyanos. La propia Evelyn Matthei llamó a sus compañeros de ruta a calmar las pasiones y no sacar cuentas alegres con ese resultado.
Pero, a las condiciones le salió al paso Álvaro Elizalde, máxima autoridad de los senadores. Dijo que, primero, “el diálogo para continuar con el proceso constituyente está radicado en el Congreso Nacional. Segundo, es un diálogo abierto, sin exclusiones de ningún tipo. Todos deben ser escuchados. El Gobierno, como órgano colegislador, debe participar acompañando este proceso”. Añadió que “el desafío consiste alcanzar un acuerdo amplio, con un apoyo parlamentario transversal, que esperamos supere con creces los 4/7 de apoyo parlamentario en ambas cámaras que requiere la reforma constitucional para habilitar la continuación del proceso”. Esa es la primera tarea. Y eso es lo que buscarán cuando se reúnan oficialistas y oposición en esta semana.
Los expertos
Y sobre el, a estas alturas, famoso comité de expertos solicitado por la derecha, que nadie sabe aún cómo se elegirán, ni qué atribuciones tendrán, el senador Elizalde aclaró que hay un planteamiento transversal respecto a la necesidad de un comité de expertos “que pueda preparar y acompañar el proceso, pero un proceso de elaboración de una constitución es un proceso de deliberación democrática. Por tanto, no es una cuestión puramente técnica, también tiene que ver con visiones de país”. Y afirmó que “por ello es el pueblo, la ciudadanía, la que tiene que ser protagonista en este proceso, decidiendo quiénes van a ser sus representantes para la elaboración de la nueva Constitución”.
Han surgido detractores. No sobre la necesidad de los expertos, sino sobre el papel que deberían jugar. Para el senador y abogado DC Francisco Huenchumilla, “los expertos no deben tomar decisiones políticas, los expertos son especialistas y dan elementos de juicio. Uno los escucha y después toma la decisión. Los expertos no pueden sustituir la voluntad de la soberanía popular. Esa es una larga discusión que viene desde hace años y que, académicamente, se consolida con el neoliberalismo, donde manda la economía y los expertos, y no la política. No, los expertos tienen otro rol, pero no el rol de sustituir a la política”.
Lo mismo piensa el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. «La Convención estaba llena de expertos de ideologías muy diferentes y, a la hora de ponerse de acuerdo, expertos por decirlo así del Partido Comunista y de la UDI van a probablemente discrepar en muchas cosas».
«Es razonable entender que esa es la razón por la cual hace décadas que en democracias constitucionales occidentales no se utiliza el mecanismo de expertos como redactores de una Constitución. Es muy difícil hoy por hoy», prosiguió el académico de la UDP.
En esa línea, indicó que «puede que temporalmente, por la mala imagen que dejó la Convención actual, sea algo que parezca atractivo, pero a la vuelta de la esquina la gente va a empezar a cuestionar por qué estos expertos deciden cosas cuando entre ellos están divididos por una mayoría».
Asimismo, Couso comentó que la comisión de expertos «es una muy buena idea», pero como una entidad que «asesore a los representantes de la ciudadanía, que son quienes tienen el poder constituyente».
«Una comisión de expertos es crucial para asesorar y hubo quizás poco de eso en la Convención Constitucional que fracasó en su cometido el 4 de septiembre pasado», complementó el abogado constitucionalista.
También opinó sobre el rol de las colectividades cuyo descrédito aún permanece. El académico expresó que el país vivió «un repudio transversal y generalizado a los partidos políticos poco después del estallido social, y eso era entendible, producto de que el estallido también reflejaba una falla de los partidos, pero pasar de ese péndulo a uno en que los partidos controlan todo el proceso, sería un error».
Un error que las colectividades políticas aún no dimensionan en toda su magnitud.
