La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile (FEDCOLPROF) propuso a la administración Piñera la creación de un fondo solidario de emergencia para abordar la crisis que enfrentarán las y los trabajadores que perderán su empleo producto de la pandemia de Covid-19.

En un punto de prensa virtual, la federación alertó sobre las condiciones de seguridad en las que se encuentra trabajando el personal de salud y advirtió sobre la salud mental de la población debido al confinamiento.

Mónica Vargas, presidenta de la FEDCOLPROF, señaló que en este periodo se estima la pérdida de miles de empleos en Chile, por lo que “proponemos un fondo solidario de emergencia que al menos asegure un 50% de los ingresos de esos trabajadores, con aportes provenientes del Estado”.

Indicó que los recursos deben obtenerse del fondo reservado del cobre. “Nos interesa que nuestra población se pueda alimentar, hemos visto en otros países que la gente está teniendo hambre, estamos hablando de esos niveles de crisis, entonces tenemos que ser como sociedad lo suficientemente solidarios para enfrentar esta situación”.

La Federación de Colegios Profesionales dijo estar disponible para formar parte de la Mesa Social Covid-19 y planteó que es imperativo salir del enfoque biomédico exclusivo adoptado hasta ahora por el gobierno, para que se aborde la emergencia sanitaria desde una perspectiva biopsicosocial e interdisciplinaria.

Las principales preocupaciones de la organización son que se entreguen todos los elementos de protección personal a los equipos de salud; el contar con una política de salud mental y de prevención de la violencia intrafamiliar en los hogares chilenos; asegurar la participación de la ciudadanía en el abordaje de la pandemia y garantizar “el mantenimiento de la reproducción de la vida de los trabajadores del país, por eso hemos propuesto este fondo solidario de emergencia”.

Derecho a la información

La presidenta de la entidad enfatizó en la necesidad de asegurar el derecho a la información y a la educación: “La población tiene derecho a conocer las cifras de contagiados, a conocer qué está sucediendo para poder tomar buenas decisiones. Las personas no se están quedando en su casa voluntariamente porque no tienen conciencia de lo que pasa efectivamente, no hemos sido capaces de transmitirlo. Estamos llamando al distanciamiento social y a ser responsables, las que pueden quedarse en casa deben hacerlo, pero para que eso suceda deben tener información clara y transparente”, expresó.

Sobre el acceso a educación, Mónica Vargas dijo que han constatado una diferencia abismal entre estudiantes que pueden y no acceder a sus clases: “Tenemos el recurso de la televisión, pero además en Chile en cada hogar hay un celular, pidamos a las compañías de telecomunicaciones que por lo que dure la pandemia se liberen gigas para que las personas puedan navegar de manera más rápida y los estudiantes se puedan conectar efectivamente a sus clases”, planteó.

Para la socióloga, a las protestas sociales que partieron el 18 de octubre se suma esta nueva crisis, lo que lleva al país a tener una población que está excesivamente presionada. “Está re-traumatizada, vive un trauma como sociedad y luego vive otro trauma encima sin haber superado el anterior, eso nos lleva a pensar que los niveles de violencia pueden aumentar y para que eso no suceda debemos ser capaces de tener una política de abordaje de la violencia, la intrafamiliar y a nivel de la sociedad”.

Añadió que la pandemia por Covid-19 puede pasar: “podemos encontrar una vacuna, un medicamento, pero sus consecuencias, es decir, las pérdidas de empleo, la violencia intrafamiliar, las depresiones o la sensación de inseguridad de la población va a ser mucho más difícil de superar, por eso como Federación nos ponemos a disposición para apoyar”.

En ese marco, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román, opinó que “el quédate en casa es un privilegio de pocos”, por eso las y los trabadores que están obligados a salir de sus casas “deben tener la mayor protección posible”, por lo que apeló al rol del Estado. “Se tiene que hacer cargo de los enormes problemas de salud mental que están teniendo los trabajadores despedidos que han llegado a cobrar su seguro de cesantía y no les han pagado sus cotizaciones, por lo tanto, no tienen derecho al seguro. ¿Qué pasa con quienes han sido enviados a sus casas y los empleadores no les van a pagar ni la mitad del sueldo? El Ministerio del Trabajo ha sido un ente muy silente y debería hacerse cargo de lo que hoy está pasando con los trabajadores”, resaltó.

Salud mental de la población

Sobre el impacto en la salud mental de la población, el presidente del Colegio de Psicólogos/as, Pedro Acuña, concordó en que desde octubre de 2019 Chile vive una situación que sumada a la actual pandemia supone una afección importante en las estadísticas de salud mental “y en otros puntos como estadísticas de suicidio y otras que se verán seguramente muy afectadas. La mirada de esta pandemia no debe ser sólo desde el ámbito médico, sino que desde todas las perspectivas posibles dentro de una sociedad, como la estabilidad laboral, la calidad de los servicios de salud y otras variables que van a apuntar directamente hacia esa salud mental que requerimos”.

El psicólogo manifestó su preocupación sobre la salud mental de la población cuando ya pase la epidemia, “cuando se levanten todas las excepciones constitucionales, ahí comienza el temor de qué va a pasar con esas atenciones de salud mental que se están haciendo ahora por iniciativa de profesionales de la salud, incluso en forma gratuita, pero eso no es sostenible en el tiempo y nos preocupa”.

Prevención de la Violencia contra las Mujeres

Pedro Acuña expuso que la realidad de mujeres que se ven obligadas a permanecer encerradas con su agresor tuvo que considerarse de manera anticipada en las estrategias de gobierno para hacer frente a la pandemia, puesto “que en la actualidad estamos sometiendo a mujeres víctimas de violencia a situaciones que debimos haber evitado”.

Para el profesional, se debieron haber tomado anticipadamente medidas preventivas, “lamentablemente estamos corrigiendo algo que se pudo haber evitado antes”. Pese a ello, indica que se requiere la identificación de los casos, el apoyo de todos los organismos de Estado y la derivación a través del ministerio de la Mujer, “pero también el tener preparados equipos de respuestas formados por psicólogos/as capacitados para enfrentar las situaciones y dar apoyo emocional”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones informó que en su línea voluntaria telefónica -la que también funcionó después del 18 de octubre- tuvieron un aumento del 40% en las llamadas por violencia, las que no se dieron en el marco de las manifestaciones sociales, “y de mujeres que no habían estado en situación de violencia, pero les ha significado hoy día estar en espacios muy pequeños, 4, 5, 6 personas en 70 metros cuadrados y eso ha generado violencia que muchas veces ha terminado en violencia física, las hemos tenido que derivar a los números telefónicos que conocemos porque tampoco tenemos mayor forma de ayudarlas”, lamentó.

Protección para equipos de salud

Otra preocupación que manifestó la FEDCOLPROF dice relación con evitar los contagios de los profesionales de la salud.

María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras, reveló las dificultades que se han dado en el sistema de salud por la insuficiente disponibilidad de insumos y de elementos de protección personal para el personal, “y eso es un problema que está provocando ausentismo de equipos importantes en el sistema, situación que pudo haber sido prevista cuando se inició esto”.

La enfermera criticó que -según su opinión- se pretenda resolver con estudiantes internos, problemas de recursos humanos que debieran haber sido previstos. “Si bien es cierto se necesitan muchas personas, en esta etapa se requiere de personas que tengan la competencia, preparación y la experiencia para asumir una atención tan compleja como la que esta situación tiene”, observó.

Junto con ello, aseguró que la desprotección del personal de salud se da a lo largo de todo el país: “Hemos tenido información de los colegios profesionales, de nuestros regionales y de una encuesta que aplicó el Colegio Médico, donde el 82,7% de las personas no ha recibido o tiene en poca cantidad los elementos que dicen los protocolos, llamamos a la autoridad que esto se debe corregir”.

Subrayó que los insumos no están en cantidades suficientes, ha sido restringido el uso en los servicios clínicos como una política de resguardar el poco material que existe, “lo que es una mala medida” y que en el mercado hay poca disponibilidad de elementos de protección, “por lo tanto nos parece preocupante que el personal de salud esté desprotegido en la primera línea que son los que están recibiendo en los servicios de urgencia y de atención primaria, lo que puede estar muy implementado son los servicios de mayor complejidad”.

Anita Román, por su parte, recalcó que las y los trabajadores de salud tienen en el peso de su accionar la responsabilidad de evitar los contagios y de atender a las personas contagiadas, por eso el Estado debe transparentar la información sobre los elementos de protección personal. “Los protocolos que yo he leído llaman también a la restricción de su uso y eso asusta al personal de salud, que no quiere enfermarse, no quiere llevar el contagio a su casa, no quiere ser uno de los que tenga que ocupar un ventilador y ser una fuerza de trabajo menos para enfrentar esta pandemia”.

Mónica Vargas enfatizó en el punto: “Cuando se racionaliza el uso de estos elementos, por ejemplo, para profesionales triage, que son los que están en la entrada y evalúan la gravedad del paciente que va ingresando, y se les señala que esos profesionales no usen mascarilla, es un tema que nos preocupa profundamente, nos preocupa que se nos enferme el profesional de salud y nos muestra la posibilidad de que estos equipos no estén tan disponibles como quisiéramos”.

Trabajadoras/es de la salud contagiados

Al martes 7 de Abril el gobierno reportó que el número de personas que dieron positivo a la prueba de Covid-19 en el país llegan 5.116, mientras que las fallecidas alcanzan a 43. El ministerio habla de 200 profesionales de la salud infectados, cifra que según la presidenta del Colegio de Matronas debe ser sincerada, “No hay una relación de lo que informa el gobierno con el catastro que están haciendo los sindicatos. Nosotras esperamos que eso se transparente en la práctica, eso debiera ser un levantamiento de datos desde el ministerio de Salud y no de cada sindicato”, sentenció.

Mientras que María Angélica Baeza informa de 15 enfermeras con test positivo en el país, la presidenta de la FEDCOLPROF recuerda que la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusam, habla de 145 funcionarioas/as contagiados al 6 de abril, 176 en observación como casos sospechosos de portar el virus, datos que sólo se refiere a personal de atención primaria. A ello se suman los 110 trabajadores y trabajadoras que informan desde las seremis del sector, quienes cumplen funciones, por ejemplo, en las aduanas sanitarias.

“Si miras Confusam, más los de las seremis ya tenemos más de 300 contagiados, pero la idea no es poner en cuestión lo que está haciendo el ministerio con las capacidades que tiene, sino más bien llamar al ministerio y al gobierno a trabajar en conjunto para solucionar estos problemas de registro de contagios, del abordaje biopsicosocial, nuestro interés es la colaboración”, explica Mónica Vargas.

Salud sexual y reproductiva y parto protegido

La salud sexual y reproductiva es una prioridad de salud pública que requiere de atención particular durante las pandemias, puesto que las personas y en particular las mujeres, mantienen la necesidad de acceder a métodos de planificación familiar y otros insumos.

Frente al Codid-19 ya hay países cuyos sistemas de salud se han visto obligados a volcar personal y recursos hacia servicios de cuidados críticos en perjuicio de otras áreas de atención. Una emergencia sanitaria es un momento particularmente preocupante para las embarazadas, y el parto y los embarazos sin riesgos dependen de sistemas de salud funcionales y de un apego estricto a las medidas para la prevención de infecciones.

En este aspecto, Anita Román solicitó al ministro Mañalich que firme los protocolos que fueron emanados para salud sexual y reproductiva”. La profesional remarcó que la salud sexual no puede detenerse en una situación de catástrofe, “los partos se tienen que seguir asistiendo de la mejor forma posible y eso no es ni en la plaza ni en la casa; los métodos anticonceptivos se tienen que seguir entregando; la violencia intrafamiliar se tiene que seguir previniendo, y hay dos protocolos por lo menos que yo conozco que bajaron del ministerio de Salud desde los equipos técnicos y que no tienen validez porque no han sido firmados por el ministro, los tiene que firmar para que en el ordenamiento que se tiene que hacer en salud sexual y reproductiva tengamos una sola directriz central y no estén los equipos actuando como mejor les parece”.

Román insistió en la recomendación de la atención institucionaliza del parto: “Ya la OPS describió un caso de transmisión transplacentaria y ese niño obviamente necesita más allá de los cuidados neonatales que se requieren, sobre todo en el esfuerzo respiratorio”.

Junto con ello, explicitó que esperan que a todo el personal que trabaja en maternidades y al acompañante significativo -para quien está autorizada su entrada de acuerdo a los protocolos- “se les entreguen todos los elementos de protección necesarios para que no se contaminen”.

La profesional sostuvo que “por las preguntan que me han hecho prácticamente las más de 40 maternidades del país, sé que llegaron elementos de protección pero con uso restringido. Tenemos las mascarillas N95 para el equipo que estará en la cesárea o en el parto y la mascarilla quirúrgica para el resto, también están los escudos faciales, pero no son suficientes”.

La presidenta del gremio de matronas recalcó que ésta es otra razón por la cual se requiere transparentar la información sobre la disponibilidad de insumos: “Si la madre que está con Covid-19 o con alguna sintomatología Covid no requirente de apoyo respiratorio, los protocolos están estableciendo que para evitar el esfuerzo que significa el pujo en la parte respiratoria, se haga una cesárea, y nosotras no sabemos si efectivamente todos los equipos que van a estar dentro de un pabellón, van a contar con los elementos de protección que se necesitan, por eso pedimos transparencia efectiva de los elementos que están llegando”.

“El personal en general de salud hoy en día no tiene esa garantía de seguridad porque no se han transparentado ni la cifra de trabajadores contagiados ni tampoco la cantidad de material que ha sido asignado a cada uno de los centros asistenciales”, finalizó.