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Según cifras de la primera Encuesta Nacional sobre violencia obstétrica realizada durante 2020 por la Colectiva Contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, un 67% de las mujeres reportó haber sido víctimas de violencia durante atenciones ginecológicas y un 80% manifestó haber experimentado violencia obstétrica.
La violencia obstétrica se describe como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio. Esta es una realidad soterrada que ocurre de modo frecuente a mujeres que tienen en común pertenecer a estratos socioeconómicos más precarios, ya que, la mayoría de las denuncias investigadas y exhibidas por la prensa, provienen de hospitales públicos, quedando expuestas a esta y otras expresiones de la llamada violencia obstétrica e institucional.
Ante las constantes denuncias hacia los equipos de salud y hospitales públicos del país, las mujeres afectadas se han visto en una situación donde sus cuerpos dependen únicamente del personal de salud y no de ellas, siendo consideradas como sujetas sin derechos como pacientes, siendo objeto de intervención del poder médico que decide sobre ellas, sus cuerpos y su maternidad.
Un estudio descriptivo y de tipo transversal entre los meses de diciembre de 2019 y mayo de 2020, dejó en evidencia a 2.105 mujeres de todas las regiones de Chile, arrojando que un 79,3% de las mujeres experimentó de alguna forma violencia obstétrica. Asimismo, se detectaron más informes de violencia obstétrica en mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, y entre quienes tienen una orientación sexual no heterosexual y también mujeres migrantes, especialmente de nacionalidad haitiana.
Esta violación de derechos humanos impide a las mujeres tomar una decisión informada y voluntaria sobre su cuerpo y maternidad. La abogada feminista, Danitza Perez comentó que “la mujer debe tener el poder de decidir por sí misma, porque al final las mujeres y hombres tenemos la capacidad de goce y capacidad de ejercicio”.
Para garantizar que exista un pleno goce y respeto de los derechos humanos, tanto para mujeres, hombres, niños y niñas, debe haber un replanteamiento generalizado de las estructuras, instituciones, estereotipos sociales, políticas, dinámicas sociales, entre otros.
En Chile, el Estado ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos con un sinfín de reglamentos, y dentro de los principales están la toma de decisiones sobre salud, cuerpo y vida sexual, decidir tener hijas/os, vivir sin sufrir discriminación, ni violencia, incluida la violación y violencia sexual de cualquier otro tipo.
Legislación chilena al debe
El Estado chileno aún está lejos de garantizar un entorno libre de violencia para las mujeres en todo aspecto, y en el caso de la violencia ginecológica y obstétrica todavía hace falta una legislación fuerte que respalde a las mujeres frente a las vejaciones y malos tratos. Erradicar esta violencia todavía es un tema pendiente para Chile y su sistema de salud.
Si bien en mayo del presente año se aprobó en el parlamento el proyecto de la Ley Adriana, que establece derechos para las mujeres y personas gestantes y que sanciona la violencia gineco-obstetra, las cifras mencionadas anteriormente no muestran un panorama muy alentador. A pesar de aquello, el proyecto de ley que estuvo a la espera de ser aprobado desde 2018, hoy significa un piso importante en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.
El proyecto busca proteger la gestación, preparto, parto, postparto, la interrupción del embarazo, y sanciona la violencia, a modo de asegurar los derechos de las madres, sus cuidados y la integridad de las y los recién nacidos. La iniciativa se trabajó por parte de organizaciones de la sociedad civil en una Mesa de Parto Respetado.
En ese marco, la diputada Claudia Mix, quien encabezó el proyecto, señaló que, si bien se ha visibilizado más este tipo de violencia, aún existen prácticas abusivas en las atenciones médicas “que se agudiza cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, quienes mayormente se han visto discriminadas, violentadas, acalladas y no consideradas en las decisiones producto de su posición social y nivel educacional. Lo mismo ocurre con las más jóvenes y adolescentes, quienes acusan en mayor grado ser discriminadas producto de prejuicios patriarcales y el inicio de su actividad sexual”.
Aunque aún falta mucho camino, el proyecto pretende cambiar el paradigma instalado en las atenciones y en la cultura médica con una perspectiva de derechos humanos enfocada en proteger el nacimiento y todos los procesos que experimentan las mujeres. Garantías de reparación física y mental, enfoque de género y derechos humanos, son parte de la iniciativa que, además, busca que las y los profesionales de la salud tengan una mejor formación y herramientas para atender a las mujeres y personas gestantes.
“Si te gustó hacerlo ahora aguanta el dolor”
Prohibición de ingerir alimentos o agua durante el trabajo de parto, no permitir el acompañamiento de personas por elección de la mujer durante el trabajo de pre, parto y postparto, falta de intimidad en el proceso, falta de información, inducción farmacológica innecesaria, inmovilización de la mujer en la cama con monitoreo electrónico continuo y frases denigrantes son solo algunas de las prácticas de maltrato que -se han denunciado- el personal de salud ha ejercido sobre las mujeres y personas gestantes.
Daniela Henríquez, Enfermera-Matrona de Neonatología del Hospital Clínico UC-CHRISTUS, relata que la violencia ginecológica y obstétrica solía estar bastante normalizada hace un par de años atrás, ya que, “Comentarios como ´si te gustó hacerlo ahora aguanta el dolor´, al momento de tener una guagüita; o después de un parto, si tienen que colocar puntos los médicos, solían hacer comentarios al marido de la mujer del tipo ´la voy a dejar como de quince´. Eran cosas que me tocó escuchar en mis prácticas profesionales, tanto de ginecólogos hombres como matronas”.
En esa misma línea, la profesional agrega que “gracias al feminismo, es un tema que se ha logrado visibilizar. La llegada de muchas mujeres ginecólogas ha logrado bajar este tipo de prácticas y también de colegas matronas que vienen con una mentalidad diferente a las generaciones antiguas, de mucho más respeto y empatía por las pacientes”.
Actualmente, el Estado está a tiempo para garantizar derechos y justicia para las mujeres vulneradas, respetando la soberanía sobre sus cuerpos, sus derechos humanos y su libre maternidad. Además, es esencial que las personas, especialmente las mujeres, puedan expresar sus opiniones, deseos y decisiones al momento de que sus cuerpos sean puestos en manos del personal médico, respecto a temas de sexualidad y reproducción.
El Ministerio de Salud juega un papel fundamental en la promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva, y en avanzar en que los servicios de salud entreguen atención de calidad a todas las mujeres.
