La propuesta de la nueva Constitución para Chile pone énfasis en lo digital como un espacio de construcción de ciudadanía, desde la perspectiva de la protección y garantía de derechos. Las definiciones de la Nueva Constitución respecto de lo digital pueden entenderse como un “Quinto Énfasis”, que viene a complementar y reforzar los derechos sociales, la paridad de género, la seguridad medioambiental y la descentralización.
Por lo tanto, los desafíos asociados a los cambios tecnológicos y a la transformación digital se recogen en la nueva Constitución como parte de la estructura de un Estado social y democrático de derechos. La actual propuesta de reemplazo de la actual Constitución permitirá a la ciudadanía desenvolverse y participar de la sociedad digital, al superar vacíos y omisiones de la Carta Magna vigente, puesto que se definen los procesos de digitalización como parte de la construcción del bien común.
A diferencia de la Constitución de 1980, el texto propuesto estipula dos objetivos concretos para el país. En primer lugar, se persigue establecer un bienestar digital y, en segundo término, establecer una conectividad significativa. Estos objetivos se traducen en garantizar dos dimensiones de los derechos digitales: la seguridad informática y la confianza digital.
Así, en el texto de la nueva Constitución hay 27 artículos que concretan los objetivos y las dimensiones de la transformación digital que se agrupan en categorías específicas, tales como los derechos digitales fundamentales, la protección de datos personales, el acceso a la conectividad, el desarrollo de la ciudanía en ambientes digitales y el incentivo para la creación tecnológica, la innovación y la producción de conocimiento.
De esta manera, la elaboración de una nueva Constitución supera ampliamente la estructura vigente, no solamente porque responde a situaciones y desafíos propios del actual periodo histórico y del desarrollo científico y tecnológico, si no que apuntan a integrar las transformaciones que ofrece el actual escenario de interacción social y digital con un componente político centrado en los derechos.
La idea de un Estado subsidiario, tal como actualmente se establece en la Constitución no permite dar respuesta a las necesidades respecto de alfabetización y educación digital, ni al desarrollo de una infraestructura pública de telecomunicaciones, disponible para toda la población. Un desarrollo digital de interés público y sostenible únicamente es posible con una concepción del Estado, basado en derechos.
La protección de derechos digitales no sólo se remite al uso de tecnologías y las actividades sociales vinculadas a este proceso, puesto que considera, además, la transferencia tecnológica y la soberanía digital. Estos conceptos se vinculan al significativo incremento de datos, tanto en su producción como en su manipulación para modificar relaciones económicas, culturales y políticas.
El actual contexto de cambios veloces que implican una sobreabundancia de datos e información, características distintivas y críticas de la Cuarta Revolución Industrial, debe conducirse de manera institucional hacia una protección de datos personales, pero a la vez propiciar una capacitación y educación en el manejo de la información y el conocimiento. Un paso decisivo es la propuesta contenida en el Artículo 11 que crea la Agencia de Protección de Datos, que encarna y le da vida al Quinto Énfasis de la nueva Constitución.
La perspectiva de una nueva Constitución implica solamente el inicio de los desafíos del país en un contexto de aceleración tecnológica, innovación continua y disruptiva. Los procesos de transformación digital, enmarcados en una interacción mediada por la producción y control del conocimiento, requieren de una perspectiva política que garantice derechos e incentive la apropiación, por parte de los sectores vulnerables y postergados, de las posibilidades de desarrollo y los recursos que ofrece este proceso.
La gobernanza de datos y la vigilancia de la manipulación de estructuras de información, deben ser una prioridad de la construcción democrática, considerando elementos de equidad, tanto en el acceso, producción y disponibilidad de información, como en su relación con la ciudadanía, particularmente en la construcción y evolución del Estado y la función pública.
