El frente de mal tiempo que ha azotado el centro sur del país en los últimos días nos ha puesto en alerta nuevamente sobre problemáticas latentes, pero que parecieron olvidadas por al menos una década: desbordes de ríos y canales, deslizamientos de tierra, socavones en caminos principales e inundaciones extensas en zonas urbanas.
En este contexto vuelve a cobrar relevancia el conocimiento geográfico para adoptar políticas públicas en general y establecimiento de instrumentos de planificación territorial multi-escala, esto es, regional, intercomunal y comunal en los dinamismos y actualizaciones requeridas, todo en el contexto de un cambio climático donde este tipo de fenómenos será cada vez menos aislado.
Luego de esta emergencia se debería crear una comisión evaluadora de las zonas afectadas como áreas de riesgo potencial en eventos meteorológicos futuros. Todo pensando en el control y la gestión del riesgo. Al mismo tiempo, se debería catastrar cada una de las veces que se ha anunciado la posibilidad de riesgo por medio de estudios e instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, la catástrofe natural de la quebrada de Macul del año 1993, estaba anunciada con una tesis de grado de geografía, que al parecer no llegó a la toma de decisión de los actores – gestores inmobiliarios públicos y privados de la época.
Una de las enseñanzas del terremoto del 2010, debió ser que la infraestructura crítica (municipalidades, colegios, comisarías, hospitales, cárceles, entre otras) no puede situarse en zonas de riesgo de fallas sísmicas, inundación por tsunamis o desborde de ríos y canales. Se ha avanzado en fortalecer la institucionalidad en esta línea, una muestra es el paso de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Ley N° 21.364), pero aún es una materia pendiente que debiese estar siempre situada en las dinámicas de un espacio geográfico nacional caprichoso en su dinámica de geografía física, proyectado en todo el cuerpo institucional del Estado, en el énfasis correspondiente (Salud, educación, seguridad pública, entre otros).
Las actuales inundaciones deben hacer cuestionarnos ¿Cuántas de las zonas actualmente anegadas fueron históricamente afectadas por situaciones similares?, ¿son fenómenos absolutamente nuevos o teníamos la capacidad de anticiparnos a una situación como esta?
El análisis geográfico ha generado un corpus de identificación y conocimiento de zonas potenciales de riesgo, pero no recogidas satisfactoriamente en políticas públicas de ordenamiento territorial, que, junto con los planes reguladores comunales, han definido zonas de alto, medio y bajo riesgo, no siempre respetadas, desdibujando la racionalidad de las zonas residenciales, industriales y de infraestructura crítica identificadas. Hay que agregar los caprichosos, dinámicos y demandados agentes inmobiliarios públicos y privados, los cuales, en el interés de resolver las necesidades de familias sin casa, no siempre son todo lo precavidos respecto de las definiciones que se han tomado en clave del ordenamiento del territorio. El caso de Parque Zapallar en Curicó, deberá ser uno de los casos de estudio. Fuera de las consideraciones legales que tenía la Inmobiliaria Galilea, lo cierto es que se construyó a metros del estero Guaiquillo, con los resultados ya vistos.
Parque Río Claro
Otro ejemplo, que da cuenta de esta no consideración del espacio geográfico físico es el Parque Río Claro. Ciertamente instalar un parque en la costanera del río, es un acierto urbanístico y las consecuencias de su anegación generan menos efectos que si ese espacio fuera construido con viviendas. No obstante, si se sabía que el desborde era una posibilidad cierta, el parque debió ser pensado como un espacio inundable en caso de emergencia como la sufrió, con un urbanismo y paisajismo acorde a esas circunstancias.
También se debe nombrar el caso del Edificio Kandinsky en Reñaca, donde se construyó sobre las Dunas de Concón, mostrándonos nuevamente los peligros de construir en sustratos con una mecánica de suelo compleja y, por lo tanto, potencialmente peligrosa. Además, es necesario nombrar lo sensible del sistema dunar en su conjunto, tanto en su ecosistema como en su rol de entregar arena a las playas cercanas.
Por último, se debe considerar que muchas familias de escasos recursos están construyendo de forma irregular en zonas de riesgo natural, debido a una multicausalidad de factores que no le permiten accesos al mercado inmobiliario; mientras que la escasez o debilidad de la política pública en vivienda, se traduce en emplazamientos de campamentos en zonas de riesgos, o bien, “loteos brujos”, en las mismas condiciones de riesgo natural que las anteriores.
No es cosa simple decodificar lo que ocurre hoy, máxime cuando se han logrado avances para impedir estas catástrofes naturales (es como una constatación de lo absurdo). Quiera la Voluntad General (la sociedad en su conjunto), que la política pública incorpore más criterios territoriales para sus diseños, cuestión que debe ser asumida, además en los procesos de formación académica primaria, secundaria y superior. ¡Tan mezquinas que son las menciones territoriales en los procesos formativos, en un país con una loca geografía! Lo cierto es que el conocimiento geográfico es uno de los factores clave para la gestión del riesgo. Pero de eso, opinaremos en otro momento.
