Claves para entender la nueva crisis en Bolivia

Cyntia Otey

Editora Internacional Página 19

Rodrigo Paz Pereira llegó al Palacio Quemado en noviembre de 2025 con un mandato que parecía incontrarrestable. Tras obtener un 32% en primera vuelta -el economista e internacionalista de 58 años, nacido en España, formado en Estados Unidos, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del cuatro veces mandatario, Victor Paz Estenssoro- junto a su compañero de fórmula, ex policía, popular tiktoker, abogado, nacido en Cochabamba aunque radicado en Santa Cruz, Edmand “Capitán” Lara (40), logró aglutinar el 54% de los apoyos en el ballottage —más de 3,5 millones de votos— bajo la promesa de instaurar un «capitalismo popular» que rescatara al país del abismo económico. Sin embargo, a sólo seis meses de su investidura, la realidad boliviana ha devorado su luna de miel democrática. Lo que el presidente califica como un plan de modernización, desde la calle contestan con la sede de gobierno bajo un asedio constante.

Esta vertiginosa caída plantea una interrogante que puede aplicarse más allá de sus fronteras: ¿es Bolivia un país intrínsecamente ingobernable debido a lo que llaman una «sociedad abigarrada», o es esta crisis el resultado de un intento por desmantelar el modelo del MAS o del Estado Plurinacional de forma radical? ¿los ciudadanos fueron engañados por las promesas de un candidato que al minuto mismo de asumir está gobernando contra ellos? Mientras Paz intenta aplicar reformas de mercado en un Estado con mecanismos de cohesión debilitados, el país se hunde rápidamente en una parálisis que recuerda a los momentos más oscuros de su historia reciente, dejando al gobierno suspendido entre la legitimidad de las urnas y la hostilidad de las carreteras. Es un déjà vu, un déjà vécu. 

Tras casi dos décadas de dominio absoluto, el Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió un colapso institucional. La fractura interna entre los leales a Luis Arce, la renovación de Andrónico Rodríguez y el boicot de Evo Morales —quien, incluso inhabilitado, llamó al voto nulo— resultó en un total y absoluto suicidio político. El mapa de poder actual así lo grafica: el partido del «proceso de cambio» sólo logró retener la gobernación de Cochabamba y quedó virtualmente fuera del Congreso. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) que apoyó a Paz controla 14 escaños en el Senado y 49 en Diputados, pero es una victoria numérica engañosa.

Lo más importante es que la ausencia de una oposición institucional organizada ha trasladado el conflicto del Congreso a las calles. Sin representantes con quienes negociar el Parlamento, las fuerzas sociales que antes articulaba el MAS operan ahora de forma autónoma y radicalizada en las arterias citadinas, golpeando directamente a la población. Bolivia padece hoy ese vacío de interlocución, donde el poder formal del gobierno se enfrenta al poder real de los sindicatos, sin mediadores.

«Gasolina basura» y el fin de los subsidios

El primer y más claro desafío, la bandera misma que le hizo ganar la elección presidencial, se convirtió en el gran error del gobierno de Paz y en su principal pesadilla política: el combustible. Ante la falta de divisas, el Estado importó combustibles que -o de ínfima calidad o “chuteada” con otros componentes- terminaron dañando los motores de miles de bolivianos, transportistas o vehículos de particulares que cargaron sus autos en servicentros establecidos y legales.. Esto, bautizado como la crisis de la «gasolina basura», fue el catalizador que unificó a sectores tradicionalmente enfrentados. ¿Se hizo cargo el gobierno? ¿Se responsabilizó acaso el Estado por aquello y pagará  las reparaciones? No. La posterior decisión de eliminar progresivamente los subsidios terminó de incendiar el escenario.

En las zonas rurales, el diésel -ahora indexado a precios internacionales- está llegando a costar hasta US $4 por litro en el mercado informal, lo que ha paralizado al sector agroindustrial. La asfixia económica creó una alianza táctica entre transportistas y campesinos, quienes ven en el costo del combustible una amenaza directa a su supervivencia básica. A ellos se suman desde mineros hasta profesores, pero también la población que ha visto mermada su capacidad de adquirir alimentos de una canasta básica que no deja de subir, y con productos que han prácticamente desaparecido del comercio formal como el pollo y los huevos. 

¿Hacia el fin del Estado Plurinacional?

El corazón del conflicto es el ambicioso plan legislativo de Paz para desmantelar la estructura estatal previa. El «Paquete de las 10 Leyes» propone la privatización de hidrocarburos, minería y telecomunicaciones, además de una reforma constitucional para eliminar el concepto de «Estado Plurinacional». Para la oposición y figuras como Evo Morales, esto no es más que una capitulación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Paz negocia financiamiento de emergencia tras haber prometido en campaña no hacerlo.

Las condiciones del FMI, según denuncian los sectores movilizados, son tres: eliminación total de subsidios, devaluación del tipo de cambio (que ya enfrenta una inflación del 14%) y la privatización de empresas estratégicas. Este giro radical es percibido por gran parte de la base social indígena como un retorno al neoliberalismo de los años 90 y un borrón y cuenta nueva sobre los derechos de inclusión ganados en las últimas décadas.

La Paz es estratégicamente vulnerable por diseño natural. Ubicada en el fondo de una cuenca y rodeada por una geografía de montañas en 360 grados y el gran “Illimani”, la capital depende totalmente de los accesos controlados desde la meseta de El Alto. La Central Obrera Boliviana (COB), bajo el liderazgo de Mario Argollo, y grupos como los «Ponchos Rojos» han convertido esta geografía en un nudo corredizo. Al bloquear El Alto, estrangulan el suministro de oxígeno, alimentos y medicinas a la capital administrativa.

La ciudad que alberga al gobierno está hoy paralizada no por la falta de leyes, sino por el control físico del territorio que ejercen los movimientos sociales que desde ahí han logrado paralizar al país completo.

La diplomacia de «ayuda humanitaria» del Escudo de la Américas 

El comunicado del Escudo de las Américas —plataforma regional de Estados Unidos integrada entre otros por Argentina, Chile y Bolivia— envió su total apoyo al presidente Paz, pero en el fondo es una luz roja sobre la creciente tensión hemisférica. En su declaración, condenó las protestas que exigen la renuncia del mandatario y advirtió que no tolerará “el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos” en el continente.

El bloque conservador señaló, además, que las movilizaciones buscan “subvertir el orden constitucional y desestabilizar” al gobierno de Paz y que en las protestas participan “criminales y narcotraficantes”. Continuó afirmando que sus países miembros han enviado asistencia humanitaria a Bolivia.

La controversia mayor se centra en los vuelos de aviones Hércules argentinos y chilenos. Oficialmente, transportan “ayuda humanitaria” (kits de alimentos). Sin embargo, la oposición y el diputado Rolando Pacheco denuncian que estas naves militares estarían ingresando material antimotines y gases lacrimógenos. El fantasma de 2019 —cuando denuncias de injerencia extranjera marcaron la caída de Evo Morales— sobrevuela estas operaciones, alimentando la narrativa de una intervención foránea para sostener a un gobierno debilitado.

“Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión, las protestas y los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos”, reza el texto oficial.

En paralelo, Rodrigo Paz ha buscado oxígeno en un giro radical de su política exterior, alineándose con el eje conservador de la región pero también ha internacionalizado la crisis de forma peligrosa. La declaración de “persona non grata” al embajador de Colombia, tras las críticas del presidente Gustavo Petro, es solo la punta del iceberg de una diplomacia cada vez más polarizada.

Sin embargo, mientras el Shield of the Americas de Trump respalda a Paz, en terreno la crisis no hace más que aumentar: cuatro personas han muerto durante las movilizaciones —la más reciente, un niño de 13 años—, todas por falta de atención médica derivada de bloqueos de carreteras. Las pérdidas industriales superan ya los USD 600 millones, según reportes preliminares del sector productivo.

Un empate: sin ganadores, sólo perdedores

El gobierno de Rodrigo Paz apuesta al desgaste de las bases, confiando en que el cansancio logre dispersar los bloqueos y busca ganar tiempo cambiando al ministro de Trabajo. Por su parte, la sociedad civil espera que el desabastecimiento y la presión en la calle provoque la caída del mandatario. En las sombras de este conflicto emerge la figura del vicepresidente Edmand Lara. El «divorcio prematuro» entre Paz y su segundo de a bordo sitúa a Lara como el sucesor natural ante una eventual renuncia, una posibilidad que los mercados observan con nerviosismo.

La pregunta final es si el modelo de Paz puede sobrevivir en una nación donde el Estado es históricamente débil frente a una sociedad tan articulada en las calles. Si el diálogo no logra establecer una agenda clara y con fechas concretas, este experimento del «capitalismo popular» boliviano podría terminar siendo apenas un breve paréntesis en la larga historia de inestabilidad andina.