En un nuevo y grave revés para la libertad de prensa en Perú, el Congreso de la República aprobó el informe final de la comisión encargada de investigar el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht.
El documento, respaldado con 83 votos a favor, recomienda iniciar acciones penales no sólo contra fiscales y procuradores, sino también contra el reconocido periodista Gustavo Gorriti, director del portal de investigación IDL-Reporteros.
Acusaciones y contexto
El informe atribuye a Gorriti los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, argumentando, sin pruebas, que ofreció «supuestos favores mediáticos» a cambio de influir en decisiones de la Fiscalía dentro del caso Lava Jato.
Esta acción es vista por la comunidad periodística nacional e internacional como un ataque directo a la labor investigativa. La investigación de IDL-Reporteros sobre la trama de corrupción de Odebrecht, que destapó sobornos a altos funcionarios y financiamiento ilícito de campañas políticas, ha sido un referente del periodismo de investigación en la región y fue galardonada con el Premio Global Shining Light Award 2019.
El presidente de la comisión investigadora es el congresista Alejandro Muñante, militante de Renovación Popular, partido cuyo líder, Rafael López Aliaga, ha protagonizado una constante campaña de ataques verbales y amenazas contra Gorriti. López Aliaga ha llegado a afirmar públicamente que «hay que cargárselo de una vez al caballero», una declaración que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como una incitación al odio y una grave amenaza que pone en riesgo la seguridad del periodista.
Reacciones y alerta internacional
La decisión del Congreso peruano ha generado una ola de rechazo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se sumó a más de 230 periodistas y organizaciones de 18 países para condenar el informe, calificándolo de «claro abuso del poder parlamentario» destinado a acosar y silenciar a Gorriti, cuyas investigaciones han expuesto graves casos de corrupción que involucran a figuras políticas y judiciales que hoy tienen el poder en el país.
Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), su presidente, José Roberto Dutriz, advirtió que «expresiones de este tipo constituyen una incitación al odio y ponen en grave riesgo la seguridad personal de un periodista reconocido internacionalmente». La SIP ya había documentado un grave deterioro de la libertad de prensa en Perú en una misión realizada en marzo pasado, constatando un clima de hostilidad contra los medios independientes y la persecución judicial a periodistas críticos.
La declaración reúne 236 adhesiones. Entre ellas figuran Rosental Calmon Alves, fundador del Knight Center for Journalism in the Americas; Cristina Zahar, del Comité para la Protección de los Periodistas; José Rubén Zamora, periodista guatemalteco encarcelado por su trabajo; Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial de Nicaragua; Artur Romeu, de Reporteros Sin Fronteras; Jaime Abello Banfi, de la Fundación Gabo; Marina Walker, del Pulitzer Center; Mónica González, presidenta de CIPER Chile; y Jon Lee Anderson, de The New Yorker.
Patrón de hostigamiento
Los ataques contra Gustavo Gorriti no son un hecho aislado, sino parte de una campaña estructurada contra IDL-Reporteros y los medios independientes desde el Congreso, secundada por operadores políticos y judiciales. Rafael López Aliaga ha establecido un patrón de conducta hostil contra la prensa, acusando a periodistas de ser «voceros de la criminalidad» y promoviendo acciones legales para intimidarlos.
El informe aprobado será remitido al fiscal de la nación, Tomás Gálvez, para que evalúe la apertura de investigaciones penales. Cabe destacar que el fiscal Gálvez fue hasta hace unas semanas uno de los magistrados investigados en el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», destapado precisamente por las investigaciones de Gorriti y su equipo en IDL-Reporteros.
La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de la libertad de expresión observan con preocupación estos acontecimientos, que representan un retroceso para la democracia y el Estado de Derecho en el Perú, mientras que las organizaciones civiles peruanas esperan que el fiscal a cargo actúe conforme a derecho y no como un instrumento de venganza política.
Caso Lava Jato y Odebrecht
Recordemos que el caso conocido judicialmente como Odebrecht u Operação Lava Jato, salió a la luz pública en 2016 tras una investigación internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en que la empresa admitió haber pagado aproximadamente $788 millones de dólares en sobornos entre los años 2001 y 2016, a través de una división secreta creada especificamente con este fin llamada Departamento de Operaciones Estructuradas, la que funcionaba como una oficina de contabilidad paralela dedicada exclusivamente a procesar, ocultar y transferir las coimas a más de un centenar de políticos, expresidentes, y funcionarios de al menos 14 países (incluyendo Brasil, Colombia, México, Perú, Panamá y Venezuela), utilizando redes de empresas offshore y cuentas bancarias secretas en el extranjero. Las investigaciones tanto periodísticas como judiciales alcanzaron nivel hemisférico y llevaron a la cárcel, inhabilitación política o procesos legales a múltiples jefes de Estado y altos mandos gubernamentales en toda Latinoamérica.
