Periodista.
Los cuestionamientos y descoordinaciones entre los ministros de Interior, Segpres y Hacienda han ido al alza reflejando algo del caos y las rencillas que se viven al interior del gobierno de José Antonio Kast. Y aunque desde el palacio intentan bajarle el perfil a la última descoordinación gubernamental, lo cierto es que la sorpresa fue mayúscula al conocerse la ignorancia absoluta nada menos que del jefe político del Gobierno y vocero de Kast, el ministro Claudio Alvarado, quien reconoció ante la prensa que no fue informado del requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Ley de Reconstrucción.
Para nadie en el espectro político fue un misterio que la mano mora que decidió la medida que busca frenar la norma que obliga a las empresas a reconectar de manera gratuita los servicios de luz, agua y gas en zonas declaradas de catástrofe provino de Hacienda.
Es que era demasiado el dinero que los empresarios de dichos servicios iban a tener que soltar. Y allí, apareció, una vez más, el ministro salvador de los poderosos, a quien acompañaron las firmas de los ministros José García (Segpres), Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas).
La presentación al TC más bien fue entre gallos y medianoche. No fue anunciada públicamente. Tampoco fue abordada durante la vocería del lunes encabezada por el biministro Claudio Alvarado, el mismo que reconoció que no estaba al tanto del requerimiento.
Entonces, una vez más el ministro Quiroz dio muestras de su poder. También cuando con la semisonrisa algo burlona que lo caracteriza cerró la puerta a la propuesta de la hermanísima diputada Zandra Parisi (PDG), buscando que el 17 de septiembre fuera feriado para fomentar turismo, convivencia familiar y descanso laboral, según dijo. Pidió al Gobierno abrir un espacio de diálogo para avanzar en la propuesta, señalando que existen otras iniciativas en el Congreso que también apuntan a este objetivo.
Quiroz le respondió rápido y drásticamente: “el 17 de septiembre va a ser día de trabajo». Y advirtió que un feriado siempre implica un impacto económico, ya que es “un día menos de trabajo”, y que lo más importante es mantener las reglas para evitar que “todos los años adivinemos qué día es feriado”. Todo sea por no perder dinero en situaciones que debe considerar superfluas como las Fiestas Patrias.
Una agenda con letra chica
El ex ministro y ex senador que sueña con recrear la UDI popular, Pablo Longueira, muy suelto de cuerpo aseguró en un programa de televisión que la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, presen tada por el presidente Kast y su ministro de Seguridad, estaba aprobada. Es que, para el dirigente UDI, difícilmente la centroizquierda podría oponerse a medidas contra el crimen organizado que se instaló en el país y que son el dolor de cabeza de la ciudadanía..
La agenda presentada por el presidente Kast, al margen de cierto tufillo a la cárcel de El salvador de Bukele -denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)-, una prisión con miles de detenidos aislados, que se mantienen 23 horas y media del día en las celdas y que si bien ha significado bajar los índices de criminalidad en ese país, también ha significado limpiar indiscriminadamente las calles particularmente de jóvenes tatuados, sean miembros de las temibles “maras” o no. En todo caso, aún sin conocer todos los detalles, se pueden predecir algunos problemas en su camino. Problemas que al parecer no son menores y pueden dificultar el proceso legislativo.
Es lo que no quiso reconocer el hábil Longueira. La postura dada a conocer por el presidente del PPD Raúl Soto, quien señaló que «un tema tan importante como la seguridad, que sigue siendo prioridad para los chilenos», obliga a «una disposición mayor desde la oposición» para «contribuir, colaborar, ser propositivos y no simplemente criticar y negarse», para Longueira sonó a manjar de dioses.
Sin embargo, Soto aclaró: «obviamente que eso no significa que hay que ser ingenuos y que hay que confiar en el Gobierno, porque ya varias veces ha intentado pasar gato por liebre. Por lo tanto, tenemos que estar también vigilantes respecto del detalle de los proyectos… La legislación (propuesta por el Ejecutivo) debe ser mirada con un filtro técnico y político de forma muy responsable. Yo creo que estos proyectos hay que mirarlos con lupa».”
Es que en el PPD no olvidan el bochorno vivido durante la tramitación de la megarreforma de Quiroz, cuando tres senadores del Partido por la Democracia (PPD) alcanzaron un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en el marco de la negociación sobre la megarreforma y la invariabilidad tributaria: Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis fueron los tres parlamentarios que se sintieron burlados por el Ministro de Hacienda. Acusaron al Gobierno de haber alterado unilateralmente las condiciones pactadas. «Esto no es un tecnicismo. Bajar la base del 23% al 22% significa menos recaudación, y de forma significativa, porque en la práctica la sobretasa de 1,5% queda convertida en un miserable 0,5%. Nosotros llegamos a esta mesa para que el Estado recaudara más y pudiera financiar más y mejores programas sociales, no para regalar recursos. Lo que hace el Gobierno es rebajar la recaudación por la puerta de atrás y dejar a Chile con menos plata para los que más lo necesitan», señalaron los parlamentarios.
Ahora, ponen en duda «la herramienta que el Gobierno decide ocupar, que es un cambio constitucional». Eso -dice- podría considerarse «simbólico, pero eventualmente podría permitir incorporar otras cosas». «Una cosa es incorporar el concepto de seguridad pública de manera explícita en el artículo 1 (de la Constitución), que podrá ser un simbolismo, pero yo a priori no me negaría a esa posibilidad. Pero si me quieren meter en el mismo artículo los derechos sociales de manera que puedan perderse bajo ciertas circunstancias -que parece ser el objetivo más ideológico y cultural que intentaron hacer en Escuelas Protegidas, en el Registro de Vándalos y que ahora intentarían (de nuevo)-, ahí se abriría una discusión que es mucho más compleja. Desde esa perspectiva, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado»
Un caballo de Troya
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que integra la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, advirtió por su parte, que «Raúl Soto tiene razón: no sabemos si este inciso primero es lo que se dice (en la prensa) y después viene un caballo de Troya».
Explicó que la Constitución determina, sobre todo, el límite al poder estatal, lo que a su juicio exige un cuidado especial ante dicha clase de reformas. «No podemos legislar para la excepción ni terminar cambiando la Constitución para que no haya límites al ejercicio del poder, que es lo que aparentemente algunos plantearían».
«El Partido Socialista tiene una posición clara: hemos sido consistentes con entender que la seguridad es un derecho humano de las personas, que es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos», pero «eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo lo que propone el Gobierno. Hay que revisar el contenido de aquello, pero nuestro compromiso es con la seguridad, con los chilenos y chilenas, con que puedan ejercer sus derechos y, por supuesto, con que estén todas las herramientas del Estado puestas a disposición de la persecución criminal», enfatizó.
Para la presidenta del Partido Socialista, llama la atención la postura del Partido Republicano que durante años torpedeó los procesos constitucionales y ahora quiere reiniciar el debate. «Hoy día nuestro problema no es el del artículo primero de la Constitución; es el crimen organizado, seguir la ruta del dinero, y ahí sabemos que hay una oposición de una parte importante de la derecha en relación a la apertura del secreto bancario. Entonces me llama la atención que quieran escuchar los latidos del corazón (de los fetos), que quieran escuchar e interceptar comunicaciones sin orden judicial, pero parece que vamos a tener que decir (exigir) que la derecha escuche las cuentas corrientes, porque ahí tal vez vamos a poder llegar a abrir el secreto bancario».
Sumando y restando, no será tan fácil el despacho como cree Longueira. A medida que se van conociendo los detalles, se acumulan también las interrogantes y las inquietudes.
En realidad, son varios los puntos que se debatirán en los meses que se acercan. Puntos en que incluso entre los propios de las derechas no hay acuerdos. Por ejemplo, el Gobierno prepara una reforma constitucional para crear un Estado de Excepción de Seguridad Pública destinado a enfrentar al crimen organizado y el terrorismo. El ministro Martín Arrau explicó que la medida permitiría delimitar territorios, restringir la movilidad y la libertad de reunión, aplicar toques de queda diferenciados para menores e interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial. También facilitaría la incautación precautoria de bienes. La propuesta requerirá al menos tres modificaciones constitucionales y contemplará la designación de una autoridad responsable de rendir cuentas por el uso de estas facultades.
El senador de RN, Andrés Longton, es parte de dos comisiones claves para la tramitación de la agenda de seguridad anunciada por el presidente José Antonio Kast: Constitución y Seguridad y él tiene sus propios reparos. La pregunta es si esos reparos se repiten en su partido. “Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías y no de los militares. Esa es una primera línea roja. Creo que tienen que estar las FF.AA. por un tema de mando. Me parece también importante establecer qué diferencias van a haber con el estado de emergencia (…). Quiero conocer qué va a implicar para ver si efectivamente es más un estado de emergencia o tiene elementos distintivos que hacen justificable crear un estado de excepción. Hoy no veo esa diferenciación (…), no lo veo necesario”.
Cuando recién se están conociendo detalles de la agenda Kast, con un ministro de Seguridad desplegado para convencer a los chilenos que este gobierno cumple con su promesa de campaña de darle seguridad a los chilenos, se levantan algunas voces expresando que estas son medidas de Kast que sus críticos consideran peligrosas para las libertades individuales y hablan de una posible “bukelización” de Chile. Habrá que esperar el curso de la agenda en el Congreso y si su implementación sirve o no a los chilenos.
