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Tras la medida cautelar puesta por la Corte de Apelaciones de Valdivia el día de ayer, que modificó el arresto domiciliario por firma quincenal y arraigo nacional para Juan González Iturriaga, carabinero imputado por el homicidio de Francisco Martínez Romero en Panguipulli, las hermanas del malabarista, junto a abogados de la Defensoría Popular, se manifestaron hoy en Plaza de la Dignidad, para exigir justicia y en rechazo a la decisión.
El sargento disparó seis veces en contra del joven, lo que le significó la muerte. A pesar del impacto mediático, el Tribunal de Garantía insiste en formalizarlo como homicidio simple. “Nosotros apelamos a dicha resolución. Entendemos que, a la luz de los hechos, el video que ha sido profusamente divulgado por los medios de comunicación muestra que es un crimen alevoso, por lo menos de un homicidio calificado y no un homicidio simple”, enfatizó Rodrigo Román, miembro de la Defensoría Popular y abogado de las hermanas.
En este sentido, Lisette Torres y Rocío Caviedes, hermanas de Francisco, expresaron su indignación frente a la medida impuesta tras el acogimiento de la solicitud del abogado defensor del imputado, Pablo Ardouin, quien apeló a que González actuó en legítima defensa.
“En ningún caso el policía actuó bajo la Ley. No puede ser que un control de identidad sea pistola en mano. Esto está absolutamente fuera de los protocolos”, señaló el abogado.
“Los carabineros en estos momentos están haciendo lo que ellos quieren. Te ven en la calle, te hacen control de identidad, y si te reúsas, te matan. Somos seres humanos, se supone que es una institución que nos protege y la verdad es que no están protegiendo a nadie porque están matando a mansalva”, declaró Lisette Torres, quien se manifestó sorprendida frente a la medida. “Mató a una persona en la calle sin ni siquiera prestarle primeros auxilios”, añadió.
Junto con ello, denunciaron hostigamiento por parte de Carabineros luego del suceso, destacando la provocación por parte de la institución en su lugar de residencia. “Donde nosotros vivimos los carabineros nunca entran, la gente se aburre ya de llamarlos. Pero cuando estábamos velando al Pancho, empezaron desde temprano a pasearse por ahí para hostigarnos y enfurecer a la gente”, dijeron.
Recordaron que el caso de Francisco no es el único que incluye violencia policial dentro de su familia, ya que Anthony Araya, el joven lanzado al Mapocho en octubre del 2020, es sobrino del fallecido, por ello la familia expresó su temor frente a una posible persecución. “Coincidencia no es. A una misma familia dos veces, es muy extraño. Yo salgo con temor a la calle, porque si nos tocaron al Anthony y al Pancho, ¿qué nos queda a nosotros? No estamos seguros”, afirmó Rocío Caviedes.
Decisión sesgada
Durante la mañana de hoy se dio a conocer que María Elena Llanos, una de las ministras que integró la sala en la Corte de Apelaciones de Valdivia, es madre de Alejandro Bruggink Llanos, capitán de Carabineros y jefe de la sección del 0S-7 en Punta Arenas, razón por la cual, debido a su evidente parcialidad, debió haber sido inhabilitada del proceso.
“Nos parece extraño que una ministra, madre de un capitán de Carabineros, haya sido precisamente la que ayer, con su voto, señaló que había legítima defensa completa. Eso es lo más grave porque el voto mayoritario ayer fue arrollado según nosotros”, insistió Román, calificando de peligrosa la decisión, ya que “es señal de que entonces un policía en un contexto de control de identidad te puede disparar de cuatro a seis ocasiones”.
A partir de las medidas tomadas por las autoridades, la Defensoría Popular pretende presentar un Recurso de queja ante la Corte Suprema, para que durante los próximos días sea esta entidad la que resuelva la falta que involucra a la ministra Llanos.
