periodista.
“Es primera vez que se hace una expulsión tan masiva”, destacó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, refiriéndose a la expulsión de 87 migrantes. Así comenzaban a concretarse el “Plan Colchane”, con medidas adoptadas por los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores que visitaron la localidad norteña, para intentar detener la llegada de centenares de inmigrantes venezolanos.
No fue, sin embargo, lo que destacó de la visita el alcalde de Colchane, Javier García. Aseguró que las visitas de los ministros “genera una sensación de molestia y también de asombro porque hablamos de ministros de Estado que no siempre pueden venir a la comuna. Y la única forma que teníamos para acceder era dialogar y eso no se concretó”. Aseguró que no existió ninguna reunión de las autoridades con el municipio, ni con la comunidad, por lo que perdió la única oportunidad que tenía para presentar el petitorio que aborda la constante problemática de la comuna y tachó a las iniciativas del Ejecutivo como un “eterno deja vu”, aludiendo a las fallidas medidas que se han tomado en años anteriores.
«Lo que queremos es que el Gobierno se haga cargo de no poner en riesgo a nuestros pobladores. Existen muchos pasos que el Gobierno puede habilitar si va a permitir el paso de extranjeros. Perfectamente podría habilitar otros espacios donde no se ponga en riesgo una cultura de un pueblo originario y donde los derechos humanos están siendo vulnerados». Y agregó que “la comuna no tiene electrificación las 24 horas del día. No contamos con supermercados ni con red de alcantarillado. Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí», declaró el alcalde de la comuna.
Crisis humanitaria
«La situación en sus países es tan compleja que prefieren pasar por más situaciones inhumanas para llegar a Chile y así tratar de mejorar su calidad de vida», declara David Vargas, un sacerdote familiarizado con el tema migratorio en el norte del país.
Según registros del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la mayoría de quienes ingresaron tras el cierre de frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia, son venezolanos. Waleska Ureta, Directora Nacional del organismo, advierte que lo vivido en las últimas semanas en Colchane y otros puntos del norte de Chile no es nuevo, «ahora se ha agravado el fenómeno del ingreso por paso no habilitado, pero esto viene dándose desde 2018. Coincide con la agudización de problemas sociopolíticos en los países vecinos y hoy con la crisis sanitaria producto del covid-19».
Ureta también destaca que, en los últimos años, quienes llegan al país “poseen perfiles bastante diversos en cuanto a formación y origen socioeconómico”, pero “lo que los unifica es la urgencia de encontrar un mejor nivel de vida y seguridad”.
Por otra parte, el subsecretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, asegura que el coronavirus es “la excusa que utiliza el gobierno” para no dejar pasar a las y los migrantes. Mientras que el alcalde de Colchane pidió a las autoridades trasladar de manera urgente a los 1.800 migrantes que se encuentran en la zona a ciudades con mejores condiciones, además de iniciar un diálogo a través de las cancillerías con países vecinos como Bolivia, Perú y Ecuador para controlar el fenómeno migratorio.
Crisis migratoria, algo nuevo para Chile
Chile experimenta en los últimos años un rápido y exponencial crecimiento migratorio. Actualmente en el país hay más de 1,4 millones de extranjeros, lo que equivale a más del 7% de la población. De ellos, la colonia extranjera más numerosa corresponde a la venezolana.
Frente a los primeros indicios de un mayor número de personas queriendo ingresar a territorio nacional en 2019, la respuesta de Perú y Chile fue incrementar las medidas de control en la zona fronteriza de Tacna y Arica, lo que obligó a las y los migrantes a buscar nuevas rutas de ingreso al país, entre ellas una de las más transitadas, la cual comienza en la frontera con Bolivia en Desaguadero, luego Oruro, Colchane, Huara y tiene como destino la ciudad de Iquique, para luego continuar el viaje hacia la zona sur.
En octubre de 2020, el ingreso por este paso creció de manera exponencial, llegando a cerca de 200 personas por día, de acuerdo a los registros de la Policía de Investigaciones (PDI). La distancia desde Colchane hasta Iquique son 237 kilómetros, trayecto que muchas veces las personas que migran inician a pie y al llegar a Huara, según testigos, presentan altos niveles de deshidratación y se encuentran en estado de shock.
Según información de la PDI, solicitada por Ley de Transparencia desde el SJM, si en 2019 nueve personas venezolanas ingresaron por paso no habilitado, esto aumentó a 3.333 el mismo año, y en 2020 (hasta noviembre), dicha cifra superó los 10 mil.
Waleska Ureta concluye que el tráfico de personas migrantes debe enfrentarse “no sólo a través de medidas migratorias, sino que la respuesta, ante todo, debe ser humanitaria”.
Según las estadísticas
Con respecto a las altas cifras que ya se presentaban en el mes de octubre del año pasado, el gobierno indicó que las razones se debían a un efecto “llamada”, producido luego de que comenzara el debate sobre el proyecto de Ley de Migraciones, el que habría generado una “expectativa de ingreso”. No obstante, expertos señalan que el incremento por pasos no habilitados obedece a una política de cierre, implementadas por el propio gobierno a través de medidas que prometían una migración más ordenada, pero que han hecho del cruce de frontera un escenario hostil que se ha profundizado con la crisis sanitaria.
Datos analizados desde el Servicio Jesuita a Migrantes con información solicitada por Ley de Transparencia a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, indican que a noviembre de 2020 se habían solicitado 223.801 VRD (Visa de Responsabilidad Democrática, una visa ofrecida por el presidente Piñera en Cúcuta). De este total se habían otorgado y con proceso cerrado 59.525 (27%). El problema de fondo es que 163.961 de estas solicitudes, es decir el 73%, habían sido rechazadas y 307 (0,1%) estaban aún sin resolver. Este escenario hizo virtualmente imposible que una persona o un grupo familiar proveniente de Venezuela pudiese ingresar a Chile de manera regular.
A mediados de enero el presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que autoriza al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile, y el mismo fue publicado en el Diario Oficial a finales de esta semana.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “hoy cruzar la frontera no está tipificado como delito, pero con la nueva ley sí está tipificado como delito”, por lo que el decreto les otorga a las autoridades “herramientas en materia de expulsión inmediata”.
Desprecio por la dignidad humana
José Antonio Kast líder de la extrema derecha, no perdió la oportunidad y presentó un cuestionado plan que se titula: “Recuperemos Chile: plan para detener la invasión migrante ilegal”, donde expone 10 medidas para enfrentar la crisis migratoria, entre ellas, establecer un “Recinto transitorio” y un “Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales”, además de asignar recursos económicos “que incluyan la construcción de zanjas en los perímetros cercanos a estos pasos, torres de vigilancia y habilitación de apoyo tecnológico (drones, visión nocturna para anticiparse al cruce ilegal de personas por la frontera” y la creación de una Unidad Especializada de la Policía de Investigaciones que replique el modelo de la Unidad de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, junto con la instalación de un campamento militar temporal en la zona de Colchane.
Las medidas propuestas por Kast, que representan un extremo en el debate sobre la Ley de migraciones que se sostiene en el Congreso, ha sido calificado como un discurso peligroso y carente de todo enfoque de derechos humanos.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que la expulsión de migrantes “vulnera los derechos humanos, y constituye un claro acto de racismo, expresivo de un gran desprecio por la dignidad humana y que se realiza con una cobertura mediática cuyo objetivo es ocultar la grave crisis de derechos humanos que vive muestro país”.
Por otro lado, desde la oposición afirman que la regulación migratoria debe adecuarse al escenario crítico que se da por una crisis sanitaria que afecta al mundo, sin olvidar la crisis humanitaria que afecta a países vecinos.
