Periodista y Psicóloga.
No solo han sido 50 años de dolor a partir del Golpe de Estado de 1973, sino 50 años donde el derecho a estar verazmente informado ha sido otra de las víctimas de esa asonada.
La mañana del 11 de septiembre de 1973, a través del Bando Nº1, Pinochet concretó uno de sus objetivos principales: silenciar a sangre y fuego a todos los medios adeptos a la Unidad Popular, bombardeándolos, clausurándolos, confiscando sus bienes, deteniendo y exiliando a sus funcionarios.
Hasta el golpe cívico-militar, el 36,6 % de la prensa escrita era proclive al gobierno del Presidente Salvador Allende. En septiembre de 1973 se clausuraron, además de sus diarios, cerca de 40 radioemisoras afines a la UP y fueron cerrados 11 periódicos regionales y un centenar de revistas editadas por Quimantú, Horizonte y Prensa Latinoamericana, que hacían educación popular. Durante los 17 años de Dictadura se ejecutó o se hizo desaparecer a 73 periodistas.
Nicole Cardoch, Subsecretaria de Comunicaciones del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, señaló hace unos días que “junto con ejercer la tortura, la desaparición forzosa y la ejecución política, la dictadura militar quebrantó la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información; esto a través del bombardeo, la clausura y expropiación de medios de comunicación, así como mediante la censura, el control editorial e incluso el asesinato de periodistas y trabajadores de comunicaciones”.
En este escenario, obviamente los diarios de derecha pudieron circular sin ningún tipo de trabas. Entre todos, vendían a diario antes del Golpe 541 mil ejemplares, en tanto los diarios que habían apoyado al Gobierno de Salvador Allende y que fueron clausurados, sumaban un tiraje total de 312.000. La prensa de derecha se sometió sin problemas a las reglas de Dinacos, organismo censor encargado de entregar «la versión oficial de los hechos».
Recién en marzo de 1977, a través del Bando Nª 107, fueron permitidos Revista “Hoy”, de la Democracia Cristiana, y el Boletín “Academia”, editado por la Academia de Humanismo Cristiano que dirigía el Cardenal Silva Henríquez, el que más tarde pasó a llamarse “Análisis”. También fueron autorizados medios de la Iglesia Católica, como “Mensaje” y “Solidaridad”. En 1976 nació la “Agencia de Prensa de Servicios Internacionales”, más conocida como APSI; en noviembre de 1983, la revista “Cauce”; en 1984 el primer diario de oposición, “Fortín Mapocho” y el primer noticiero audiovisual alternativo “Teleanálisis”. En 1987, fue el turno del diario “La Época”. También se sumaron las revistas culturales “La Bicicleta” y “Pluma y Pincel”. Durante la Dictadura, estas publicaciones llegaron a vender en su conjunto más de100 mil ejemplares, sin contabilizar la prensa clandestina, es decir los medios editados por los partidos políticos proscritos por Pinochet, como El Siglo o El Rebelde, entre otros.
Romper el cerco
Todos esos medios intentaron romper el cerco de la mentira y contar la verdad de lo que estaba ocurriendo. La experiencia de los reporteros de los llamados “medios de trinchera” fue vivir en el miedo pero arrancar para adelante. Nunca se pensó en retroceder, solo en inventar formas para seguir informando. Se pasó por clausuras, querellas por parte de Fiscalías Militares -el cargo era “ofensas e injurias a las Fuerzas Armadas”-, censuras, amenazas de muerte, persecuciones y, desde luego, la pérdida de compañeros entrañables, como el caso del Editor Internacional en “Análisis”, José Carrasco Tapia, quien fue asesinado con 14 tiros en su cabeza tras el atentado a Pinochet en 1986, como una forma de represalia.
Se trató de una generación de periodistas jóvenes, irreverentes, tozudos y rebeldes, con una sed inagotable de justicia y un amor inclaudicable por la verdad.
Cuando prohibieron publicar fotos de las barbaries que cometía la Dictadura en las protestas nacionales que estallaron en mayo de 1983, armaron imágenes con letras. Su defensa: no estaban prohibidas las palabras. O publicar portadas en blanco, con lecturas de foto que daban cuenta del horror que no se podía publicar.
Cuando los clausuraron, editaron boletines clandestinos, distribuidos por suscripción. O transformaron sus locales en ferias navideñas, como lo hizo “Análisis” en 1984 para sobrevivir.
Cuando decomisaron las ediciones “problemáticas”, los lectores copiaron en forma manuscrita los editoriales y los pasaron de mano en mano.
Cuando arreciaron las golpizas y la represión, inventaron petos que decían “Prensa” para que al menos la gente supiera que era a los periodistas a quienes estaban golpeando o apresando.
Cuando debieron reportear situaciones extremas, iban en grupo, para cuidarse; o compartían la información porque, por entonces, la noticia no era una mercancía por la cual competir, sino un pedazo de la verdad que podría permitir armar el puzzle de la represión y darlo a conocer.
Cuando hubo que ir a las cárceles a entrevistar a los prisioneros políticos, lo hicieron y descubrieron el cerebro era una perfecta grabadora invisible. A falta de lápices y libreta de notas, allí registraron en forma casi literal, las palabras de esos prisioneros que habían sido brutalmente torturados y que seguían sufriendo vejámenes en las cárceles. Y cuando hubo que sacar algún recado, también lo hicieron…
Fueron años oscuros, difíciles pero épicos. Porque ser la voz de los que no tienen voz no es solo una frase cliché. Debe ser un actuar cotidiano, algo que debería tener aún más vigencia en los tiempos que hoy vivimos.
Complicidad criminal
Mientras esos periodistas trataban de romper el cerco informativo, la prensa de derecha no solo calló los crímenes. Muchas veces ayudó a montarlos. El Mercurio, junto a la Tercera y La Segunda, participaron en la llamada “Operación Colombo”, que enmascaró el asesinato de 119 opositores como una supuesta purga entre militantes del MIR, en Argentina y Brasil. Este montaje se planificó en el marco del Plan Cóndor, coordinación de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con la anuencia y financiamiento de Estados Unidos y la CIA, como lo ha dejado brutalmente al descubierto el investigador norteamericano Peter Kornbluth en su libro “Pinochet desclasificado”.
Hubo otros ejemplos siniestros. Como la complicidad criminal por parte de El Mercurio en el asesinato del diplomático chileno-español Carmelo Soria, perpetrado en 1976, que fue informado como un “accidente automovilístico”. Según el diario, la botella de licor y la carta encontradas en el auto hablaban de un hombre borracho afectado por una supuesta infidelidad de su esposa. Un encubrimiento similar hicieron en el caso del crimen de la profesora comunista Marta Ugarte, lanzada al mar desde un helicóptero y cuyo cuerpo apareció en la playa de Los Molles porque se soltó de los rieles de tren con los que la arrojaron. En su crónica, la periodista mercurial Beatriz Undurraga también habló de “crimen pasional”.
El caso de los campesinos desaparecidos en Lonquén”, El Mercurio también lo cubrió, en un principio, como noticia policial. A medida que avanzó la investigación judicial, el diario se sumó a la teoría de la dictadura, de que tal vez los 15 cuerpos de opositores hallados en diciembre de 1978 en los dos hornos abandonados eran “consecuencias de la guerra civil iniciada en 1973 por los marxistas”. Aunque la justicia determinó que las víctimas habían sido arrestadas por carabineros en octubre de 1973 y, a pesar de que los familiares denunciaron ampliamente los hechos, éstos fueron prácticamente inexistentes para El Mercurio.
Es decir, se puso en marcha una de las “estrategias estrella” del régimen militar: el encubrimiento de violaciones a los derechos humanos como casos propios de la crónica roja, según lo consigno la periodista María José Vilches en su memoria de tesis “El Diario de Agustín”.
A la vuelta de la Democracia, todos los medios de trinchera murieron porque la cooperación internacional para sostenerlos terminó en razón de que vivíamos nuevamente en democracia y el Estado no apoyo con publicidad -la principal forma de sobrevivencia de un medio- a esos medios. Solo en el caso de iniciativas excepcionales de algunas autoridades, se los ayudó económicamente. En tanto, “El Mercurio”, que promovió y apoyó el Golpe de Estado, siguió recibiendo el 70% de la publicidad estatal. La televisión mantuvo a muchos de los “rostros” de la Dictadura y, desde luego, quienes trabajaron en la prensa opositora a Pinochet, quedaron en una tácita lista negra. De modo que muchos, cientos, debieron dejar el periodismo y optar por cualquier otro trabajo.
Da vergüenza la situación que hoy está viviendo el periodismo chileno, uno que, con honrosas excepciones, sigue siendo monocorde, que defiende a los poderosos y sigue ignorando a los sin voz, o a los que están a punto de perderla, y a aquellos que luchan por cambiar las injusticias y la inequidad. Un periodismo que omite y miente con desenfado, montando cotidianamente operaciones políticas para llevar las aguas al molino de quienes se proclaman como dueños de la verdad y son sólo dueños del poder, como se vio en la campaña del Plebiscito de 2022.
Dos grupos económicos
Durante la Democracia, la prensa escrita en Chile ha sido dominada por dos grandes grupos económicos –Grupo Edwards que controla El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias y su cadena de radios, y Copesa, que controla La Tercera, La Hora y su red radial. Es decir, empresas privadas que controlan casi completamente lo que la gente puede leer y escuchar. Y en el ámbito de la televisión abierta, solo TVN es un canal estatal, en tanto el resto es dominado por 3 grandes grupos económicos: Luksic, Bethis y Time-Warner. Los pequeños medios digitales que lograron nacer no han podido mover la aguja.
La ley 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo en Chile se promulgo 11 años después del retorno a la Democracia, en mayo de 2001. Esta señaló que la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituían “un derecho fundamental de todas Las personas” y que “su ejercicio incluía “no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones”.
Sin embargo, la situación de la prensa en Chile ha ido en caída libre. Al celebrarse, el 3 de mayo pasado los 30 años desde la instauración del Día Mundial de la Libertad de Prensa por tratarse ésta del motor de una sociedad democrática, la Organización “Reporteros Sin Fronteras” (RIF) informó que Chile había bajado del lugar 31, donde estaba el año 2017, al lugar 83 del ranking mundial sobre libertad de prensa. La medición de 2023 evaluó las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios. El informe de RIF señaló que en Chile “el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican”, puntualizando que las procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar el periodismo.
En la ocasión, el Colegio de la Orden dijo no querer más “periodistas espiados, ni agredidos por la labor que realizan” y coincidió en que “la calidad de la libertad de prensa ha ido mermando en los últimos años por las distintas agresiones de las que han sido víctimas periodistas que han estado investigando hechos de corrupción”. Un caso destacado fue el espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército que sufrió el periodista Mauricio Weibel, hijo de un detenido desaparecido, por investigar actos de corrupción en las FFAA, y quien develó el millonario desfalco conocido como “Milicogate”
Al cumplirse medio siglo desde la ruptura democrática en Chile, el Presidente Boric rindió un homenaje a los 73 mártires del periodismo, acto en el cual la vocera de Gobierno, Camilla Vallejo, abogó por la construcción de un país más justo y democrático “donde los derechos de libertad de prensa y de expresión jamás puedan cercenarse pues estos constituyen la piedra angular de toda democracia y toda aspiración a ser un país desarrollado”.
- Sin embargo, no se presagia nada bueno para este oficio en nuestro país si se piensa en los cambios que pretende hacer la ultra derecha en la nueva Constitución que se debe votar en diciembre próximo…
