Periodista.
La intranquilidad por el futuro de la propuesta que debe entregar el Consejo Constitucional, para ser plebiscitado en diciembre próximo, saltó desde los partidos de uno y otro lado -aunque por distintas razones- llegando hasta las filas empresariales. Es que el temor ante la posibilidad que el “en contra” gane, ya está instalado particularmente en la derecha. Tanto que hasta Icare invitó a un encuentro a la dirigencia política para conversar –y probablemente intentar incidir- en los destinos del texto constitucional que hoy se prepara en el Consejo dominado por la ultraderecha.
Icare agrupa a más de 1.200 empresas de todos los tamaños, representativas de las diversas actividades de la producción, el comercio y los servicios. En general, proporciona a propietarios y gerentes información relevante sobre el medio nacional e internacional para evaluar las fuerzas que mueven los mercados y las tendencias que influyen en el funcionamiento de las empresas. Y obviamente, la inestabilidad política es, para los empresarios e inversionistas, todo un tema que debe ser resuelto. O al menos, saber a qué atenerse.
De hecho, se dice que es lo que más preguntaron al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su participación en Chiledays donde estuvo recientemente encabezando una delegación para conversar y exponer sobre la agenda económica de Chile ante actuales y posibles inversionistas con presencia en Reino Unido.
Pero, en Chile las cosas parecen ir por carriles distintos. Cada sector en su pequeño mundo, defendiendo sus propios intereses. En el Congreso, con peleas que pocos entienden. Y en el Consejo Constitucional, donde se supone se escribe la Carta Magna del país, también. Ocurrió que en el trabajo de las comisiones que ya finalizó, el partido Republicano apoyado por Chile Vamos, ocupó todo su poder para aprobar enmiendas que hasta el momento, dejan la futura Constitución sólo con la visión de la derecha más extrema. ¿El resto? Hasta ahora, no existe.
En estos días se está en pleno proceso de plenario donde en las votaciones del Primer Capítulo de la propuesta de nueva Carta Fundamental sobre «Fundamentos del Orden Constitucional» que se despachó el viernes hubo sorpresas. Incluso molestias en la mismísima derecha, especialmente entre los Republicanos. Sucedió que con la abstención de algunos consejeros de Chile Vamos, se rechazó el inciso 1 del artículo 1 que establecía que «todo ser humano es persona». Hubo 29 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones: Gloria Hutt (Evopoli), Lorena Gallardo (RN), Germán Becker (RN) y Edmundo Eluchans (UDI). Es que la aprobación de ese artículo, como lo querían los republicanos, desechando lo que el Comité de Expertos había propuesto, daba el pase a los fundamentalistas de derecha a –entre otros temas- eliminar la ley del aborto en 3 causales. Es decir, la posibilidad de un retroceso brutal estaba ad portas.
Felizmente por ahora hubo abstenciones en la votación que no le dieron el quorum a quienes habían propuesto el mencionado artículo –los republicanos-. La situación es de suyo preocupante para los republicanos e incluso para el propio Chile Vamos que se ha transformado en una pieza fundamental para que el Partido Republicano consiga los 3/5 y logre aprobar las enmiendas tanto en comisión como prontamente en el pleno. Y al menos, en el primer Capítulo, las alarmas sonaron en el sector de las derechas.
En los días que vienen y hasta el 7 de octubre seguirán revisando y votando capítulo por capítulo hasta terminar con el documento que luego pasará a revisión de la Comisión Experta, la que podrá formular observaciones para “agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes”. Es decir, les espera un arduo trabajo a dichos expertos, que no están muy contentos con el destino que tuvo su primer documento presentado al Consejo, el que fue objeto de más de mil enmiendas. Casi todas de la derecha.
¿Respetarán ahora al Comité de Expertos?
Tal como hasta ahora han caminado las cosas en la Comisión Constitucional, donde no faltaron las críticas y hasta desprecios a la propuesta de los expertos, sumando, además, la desconfianza existente en el oficialismo respecto a los intentos refundacionales que intenta establecer el Partido Republicano, habrán muchos ojos mirando no sólo cómo quedará el texto, sino qué podrán hacer los expertos en este escenario.
De hecho, la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, cuestionó las enmiendas introducidas al texto constitucional. Dijo que les “dolieron las enmiendas y más aún la forma de su tramitación y aprobación”. Aclaró que la Constitución “no es un lugar para hacer políticas públicas” y que “hay detalles que parecen insignificantes, pero que en la realidad encierran los compromisos más importantes”.
La comisionada expresó que el orden en que están enumerados los artículos, por ejemplo sobre el Estado social y democrático de derecho sí importa, ya que “representó una conversación en que mi sector incluyó al tuyo al aceptar mi lenguaje de derecho natural para hablar de dignidad, y el tuyo comprendió que para mí la dignidad estaba profundamente unida a la construcción de un Estado Social”.
¿Privatización de playas, lagos y carreteras?
La cuestión es que pocos entienden el lenguaje que los consejeros han usado en sus intervenciones y votaciones. Sin embargo, hay hechos que, pese a estar envueltos en un lenguaje populista, han encendido luces de alerta en la población.
Por ejemplo, nadie quedó impávido cuando el obeso presidente de Gasco Matías Pérez Cruz, intento expulsar a dos o tres mujeres veraneantes en una playa a los pies de su casa del lago Ranco, aduciendo que ese terreno era de su propiedad.
Esa situación podría repetirse por decenas de veces al ser aprobada en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales la enmienda que apunta a permitir que los bienes nacionales de uso público puedan ser concesionados. “Los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión. Sobre los derechos emanados de la respectiva concesión, el titular tendrá derecho de propiedad”. Enmienda que contó con los votos en contra de los cinco representantes de la centro izquierda en esa instancia.
El vicepresidente del organismo, Aldo Valle, aseguró que con esto “se abrió el camino para que se puedan privatizar y quienes tengan los recursos para hacerse dueños de playas, calles o rutas lo puedan hacer”. Cuestionó que este cambio “es muy regresivo y nos preocupa, ojalá que en las etapas que vienen se puedan superar. Asimismo, acusó que “la tentación populista nos está o le está haciendo mal a ciertos sectores en el Consejo Constitucional”.
La experta de Convergencia Social (CS), Antonia Rivas, criticó que se haya aprobado que “los bienes nacionales de uso público, es decir, aquellos cuyo uso pertenece a todos, como calles, plazas, puentes, caminos o playas, son susceptibles de concesión, sobre las cuales habrá derecho de propiedad. Un retroceso inmenso”.
El abogado añadió que “la idea es que en esas situaciones, no esté resguardada la persona que reclamó el derecho a estar como cualquier chileno en un bien nacional de uso público, porque ahora se abre constitucionalmente la posibilidad de que el Estado licite esos bienes y los ponga a disposición de quienes pueden pagar más. Nosotros debemos hacer una distinción clara, está bien una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado”, comentó Valle.
El vicepresidente además criticó otra de las enmiendas de la derecha, que busca suprimir la expresión “exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos” de la siguiente norma del anteproyecto: “Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el literal precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación”.
Frente a ese tema, Valle declaró que “eso rompe un consenso constitucional histórico en Chile, que viene desde los años 60′ con las grandes transformaciones económicas y sociales que sucedieron y en consecuencia aquí levantamos la voz de alerta porque si eso no es refundacional, díganme qué otra cosa más refundacional que finalmente revertir logros políticos, económicos y democráticos”.
El cambio climático no existe
En más de dos ocasiones, el Partido Republicano no aprobó la mención del cambio climático en el texto constitucional. En el capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional, los consejeros oficialistas propusieron incluir “la protección del ambiente y la adaptación al cambio climático deberán considerar criterios de justicia ambiental y solidaridad con las generaciones presentes y futuras”, cuestión que fue rechazada por todos los consejeros republicanos, vale decir, Luis Silva (delegado de la bancada), María de los Ángeles López (presidenta de la comisión), Mariela Fincheira, María Gatica, Carmen Montoya y Miguel Rojas. A lo que se sumó el voto de Ivonne Mangelsdorff (RN) y la abstención de Carolina Navarrete (UDI).
Aunque los cuatro consejeros oficialistas, Fernando Viveros (PC), Yerko Ljubetic (Convergencia Social), Kinturay Melín (RD) y Marcela Araya (PS) votaron a favor; por siete votos en contra (PRep y RN), una abstención (UDI) y cuatro votos a favor (oficialismo), se rechazó por segundo día consecutivo, la mención del cambio climático en el texto constitucional.
En opinión de Yerko Ljubetic (CS) uno autores de la enmienda rechazada sobre el cambio climático, la actitud de las derechas es “un intento de impedir que el Estado asuma la obligación y desarrolle el mecanismo y destine recursos a la mitigación de este importante problema para las generaciones presentes y futuras”.
La preocupación de la Presidenta Bachelet
Hablando en Icare, la ex jefa de Estado aclaró su posición frente a lo que estaba aconteciendo en la Comisión. “Me encantaría votar a favor de la nueva Constitución (…) No espero consensos perfectos ni que todo esté regulado. Me gustaría votar por una que se parezca al anteproyecto de los y las expertas, yo puedo vivir con ese proyecto, aunque quizás faltaron varios elementos, pero es evidente el esfuerzo realizado por llegar a consensos en pos de una convivencia pacífica”.
Mostró su preocupación por el cariz tomado por el proceso constituyente liderado por el Partido Republicano, señalando que “hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en darle una buena y nueva Constitución al país. Veo que, nuevamente, como en una revancha, los legítimos triunfadores en las elecciones pretenden imponer su peso para dar señales identitarias a sus electores o para hacer inviables en el futuro derechos o políticas públicas con las que no están de acuerdo, como en salud, previsión, interrupción del embarazo o el carácter inapropiable de ciertos bienes públicos”.
“Creo que no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior. Una Constitución no es el espacio para hacer valer las ideas de uno sobre otro (…) Me preocupa que algunos no hayan entendido el mensaje del quiebre democrático del golpe hace 50 años”, sentenció la ex presidenta Bachelet.
