Al asumir la presidencia, Sebastián Piñera tenía un objetivo claro: exterminar la ley de aborto en tres causales. Luego de varios embates que demoraron más de un año la aprobación de un reglamento para el ejercicio de la objeción de conciencia y varias contiendas con la Contraloría General de la República, el actual mandatario encontró un mecanismo para lograr su objetivo. El “mecanismo Piñera” aunque sutil en su estructuración teórica, no alertaba el peligro que implicaba para la institucionalidad del sistema de frenos y contrapesos en Chile.
El mecanismo es sencillo en su estructura. En primer lugar, el presidente se ocupó de designar al jurista Miguel Ángel Fernández –que alegó por los senadores de Chile Vamos en el requerimiento ante el TC por la ley de aborto en tres causales—como ministro del Tribunal Constitucional y asegurar mayoría contraria a la ley de aborto en tres causales. Luego, mientras articulaba la defensa del reglamento del Ministro Santelices ante la Contraloría y desviaba la atención, se aseguró que un grupo de parlamentarias y parlamentarios oficialistas estuvieran listos para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en caso de que la defensa en la Contraloría fracasara.
Finalmente, la Contraloría rechazó el decreto presentado por el Ministro Santelices en torno al protocolo de objeción de conciencia, lo cual activó la segunda fase del “mecanismo Piñera”: el requerimiento ante un Tribunal Constitucional que sabía favorable a su objetivo de exterminar la ley de aborto en tres causales.
La forma en que se ha abordado la implementación de la ley de aborto en tres causales y, en particular, el reglamento en materia de objeción de conciencia, ha abierto una enorme grieta en el sistema político y constitucional de Chile y ha desnudado el uso más encarnizado del poder político para tejer redes de marionetas afines a su gobierno.
Los diversos intentos del gobierno por revocar el reglamento, sumados a los artilugios legales utilizados para evitar la participación ciudadana a través de audiencias públicas y rechazar pedidos de inhabilitación de tres ministros del Tribunal Constitucional han despertado la indignación pública en Chile y en la región. Para hacerlo más evidente, el Ejecutivo incluso presentó al TC un documento que avala la postura de las y los parlamentarios de Chile Vamos y que pretende que se declare inconstitucional el reglamento en materia de objeción de conciencia al aborto en tres causales.
Ante este fracaso del sistema de frenos y contrapesos, diversas organizaciones nacionales e internacionales, académicos y académicas, constitucionalistas y redes de abogados y abogadas, han decidido ejercer el derecho constitucional a la petición ante las autoridades a través de la presentación de diez escritos de amicus curiae a favor de la constitucionalidad del reglamento con el fin de asistir al Tribunal Constitucional en su decisión.
El Tribunal Constitucional tiene una oportunidad histórica para poner fin al “mecanismo Piñera”. Una decisión que declare la constitucionalidad del reglamento de objeción de conciencias sin dudas enviará un mensaje al poder político, protegerá la institucionalidad en Chile y demostrará que no son marionetas del Ejecutivo.
