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El estallido y los Derechos Humanos

Crédito foto: Patricio Muñoz Moreno.

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Este año el cambio de gobierno y el resultado plebiscitario intensificaron el debate sobre el significado del estallido social en Chile, el que se inició el 18 de Octubre del 2019. En efecto, desde la derecha intentan debilitar la actual administración indicando que las afirmaciones en redes sociales de personeros de la misma habrían carecido completamente de fundamentos que las justificaran.

Ahora bien, toda retórica corre el riesgo de excederse, no debiese ser ese el tema en discusión. Lo que corresponde aclarar es si hubo o no un comportamiento policial que diera pie o no a los dichos, declaraciones o tweets de las personas involucradas y, por ello, cuestionadas en sus actuales responsabilidades.

El balance en el respeto a los Derechos Humanos es lamentable. En particular, la muerte de muchos y la mutilación de centenares de jóvenes en sus ojos son una huella lacerante en el alma nacional. La autoridad civil de la época está marcada para siempre por esos hechos estremecedores, sin embargo, hoy en la sombra, Sebastián Piñera elude su principal responsabilidad.

También los organismos policiales tienen una responsabilidad primordial. La represión en los términos en que se ejecutó agudizó y agravó la crisis a niveles deplorables. Asimismo, grupos ultras intentaron usar la situación para generar un daño irreparable al país.

La verdad histórica es fundamental para Chile. El aumento del crimen organizado y de las bandas de narcotraficantes requiere revalorizar la labor de Carabineros e Investigaciones, esa es una tarea urgente y decisiva que no significa ocultar lo sucedido. Las crueles y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos deben ser esclarecidas y sancionadas.

Una memoria histórica sana, inspirada en el ejercicio de la justicia sin rencores revanchistas es una contribución decisiva a la estabilidad democrática. El respeto a la función profesional de Carabineros y la PDI es también determinante para que en el mundo popular no impere la ley de la selva impuesta por patotas de maleantes. Ambas tareas son parte de la legitimidad del régimen democrático. El dolor sufrido por la nación chilena así lo hace necesario.

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