Ingeniero Civil Eléctrico, U. de Santiago, Ingeniero Comercial, U. Central
Esta semana el país se enteró con estupor de una decisión incomprensible: un decreto que indulta penas a violadores y abusadores sexuales de menores. No estamos hablando de cualquier delito, sino de aquellos que roban vidas y destruyen infancias. ¿Quién en su sano juicio cree que un criminal de esta calaña puede optar, por decreto directo sin pelear lo contrario en la corte suprema, a beneficios de suspensión de regímenes carcelarios? Ya vimos las consecuencias brutales cuando el sistema falla; el asesino de la joven Ámbar Cornejo gozó de un beneficio que, en la práctica, le otorgó la libertad de volver a matar.
Hoy tenemos un Presidente que, por omisión o con pleno consentimiento, autorizó a un ministro firmar un decreto que reduce las condenas e incluso libera a quienes han violentado a nuestro futuro, sin ir hasta la corte suprema para pelear que esto no se materialice.
Frente a esto, la respuesta oficial ha sido lamentable. Mientras el ministro de Justicia esgrime excusas simplonas, la propia presidenta de la Corte Suprema ha tenido que salir a desmentirlo y desmarcarse, recordando una premisa básica de la civilidad: el derecho se crea para proteger a los más débiles, no para amparar a los victimarios.
Todo esto nos obliga a mirar con profunda indignación esa frase que tanto vociferaba el mandatario y su sector en los paneles de televisión: “¿Los niños primero?”. Las dudas ya estaban instaladas luego de los brutales recortes presupuestarios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), al presupuesto de JUNAEB y la asfixia al programa que entregaba el primer computador a los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, con estos indultos, la careta se cae por completo.
La realidad es que LOS NIÑOS NO ESTÁN PRIMERO. Pareciera que para este gobierno es completamente válido sacrificarlos y ponerlos en peligro si con ello se logra abrir una puerta legal para cumplirle la promesa a los viejos estandartes de su sector: los condenados por torturas y violaciones a los Derechos Humanos. Intercambiar la seguridad de niños y niñas —que ni siquiera vivieron la dictadura— para beneficiar a los criminales de ayer es un acto que cruza cualquier parámetro ético, incluso para los márgenes de la derecha democrática. los niños primero, pero depende de que no seas un problema para liberar a nuestros aliados.
Pero no nos engañemos. Esta medida, violenta y cruel contra la infancia de todo Chile, tiene una letra chica perversa. Este escándalo funciona como una cortina de humo perfecta para tapar el desastre macroeconómico y social en el que nos tienen sumidos.
Necesitan que hablemos de esto para que no hablemos de un desempleo que ya alcanza el 9,7%, de una inflación que trepa al 4,5%, de un crecimiento estancado en un mediocre 0,6% y de una caída del consumo que bordea el 30%. Necesitan ruido para tapar, por ejemplo, que las AFP se acaban de farrear 7.500 millones de dólares de los ahorros de las trabajadoras y trabajadores chilenos.
Nadie podría oponerse al principio de poner a la infancia en el centro de las políticas públicas. Lo que nunca nos dijeron es que esa prioridad no era para brindarles mejor educación, alimentación digna en los colegios o acceso a la tecnología. Resulta que los niños estaban primero solo para ser utilizados como escudos humanos. Tal como operan los peores grupos de interés, el gobierno los utiliza para encubrir la eventual liberación de violadores de Derechos Humanos y ocultar la profunda crisis en la que han hundido al país. Hoy las chilenas y chilenos vivimos peor, y la factura, de la manera más cobarde, se la están pasando a los niños.
