Periodista.
Si no fuera porque los contundentes, porfiados e irrebatibles hechos y cifras muestran un país empantanado, donde instituciones antaño respetadas hoy son cada vez más cuestionadas, y la corrupción y el descontrol se están enseñoreando en el territorio -basta analizar el asesinato del joven mapuche y sus consecuencias hasta ahora-, tal vez, y sólo tal vez, se le podría dar crédito al Gobierno, que comenzó a repetir lo que parece ser una nueva campaña comunicacional: “Chile en marcha”.
Frente al nuevo slogan gubernamental, no son pocos los que en las redes sociales responden, “sí, en marcha atrás”. Es que pese a las cifras positivas que repiten desde el Presidente hasta sus ministros, lo cierto es que la tasa de desempleo no cede y llegó a 7,1% en el trimestre agosto – octubre, con lo que se mantuvo sin variación frente al trimestre julio – septiembre y anotó un alza respecto al 6,7% de agosto – octubre del año pasado. Lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra también fue superior al 7% que esperaban los analistas. Y repercute directamente en los hogares chilenos. No está demás recordar que, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, cuando el desempleo estaba en 6,6 %, la derecha interpeló a la entonces Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, mientras Sebastián Piñera pintaba un escenario apocalíptico: “Cuando tenemos tasas tan altas como éstas, los trabajadores viven permanentemente con miedo”, decía entre otras cosas. Sería interesante preguntarle qué opina ahora.
De ahí que para el común de la gente que se expresa y se informa ahora por redes sociales, las palabras del presidente Piñera parecieran ser una broma: “este año 2018, la economía chilena va a crecer en torno al 4%, casi tres veces más que el año pasado. Así que hay que recordar, vamos a estar creciendo por encima del mundo, por encima del promedio de América Latina, entre los países de mayor crecimiento de la OECD, y vamos a liderar el crecimiento de los países más dinámicos de América Latina, que son los de la Alianza del Pacífico». El jefe de Estado añadió que «cuando conozcamos las cifras del mes de octubre vamos a ver una vez más cómo se está recuperando, y con mucha fuerza la creación de empleo asalariado del sector privado, que es un empleo estable, con mejores salarios, con contrato, con seguridad social». «Y, por tanto -prosiguió- en el mes de septiembre eran 50 mil, yo creo que al mes de octubre -y lo vamos a conocer muy próximamente- esperamos un salto importante, significativo, tal vez 60, 70 mil empleos nuevos, asalariados, para nuestros compatriotas». También Piñera destacó que la inversión este año va a crecer un 6% y la productividad 1,7%.
Para su desgracia, al mismo tiempo que el Presidente Piñera daba a conocer las buenas nuevas, se informaba del despido de más de 2.500 trabajadores de la administración pública, además de lo que ocurre en el sector privado donde también se han realizado centenares de despidos. Se informó, además, que el número de morosos en el país creció a 4 millones 509 mil 598 en el tercer trimestre, lo que implica un alza de un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos entregados por el informe de Equifax y Universidad San Sebastián. Y un dato que preocupó a los expertos es que solo el 11% de las personas con deudas impagas disminuye su morosidad y las mujeres superan a los hombres en cantidad de morosos, con un total de 2 millones 309 mil 660 frente a ellos que llegan a 2 millones 199 mil 938.
Agréguele miles de despidos (sólo en las últimas dos semanas se informó de 2.500 funcionarios públicos despedidos) y varias empresas públicas terminando el año con números rojos, entre ellas TVN, Enap, Codelco, lo que a muchos hace temer un futuro proceso de privatización. Entonces, el panorama está lejos de ser alentador. Y para qué decir del peligro en que se encuentran dos grandes derechos conseguidos en el Gobierno anterior: la gratuidad y el aborto en tres causales. Lo dijo el presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), rector Ennio Vivaldi. Acusó que el Mineduc está generando trabas para implementar el derecho a la gratuidad, debido, entre otras cosas, a los problemas de financiamiento que ha tenido esta política. “Con las decisiones que se han ido tomando, y por las campañas de prensa que hemos ido viendo, uno podría pensar que hay un esfuerzo para que las universidades se desencanten con la gratuidad y se fuerce a una situación límite en que ellas terminen diciendo que no quieren gratuidad”, dijo.
Y súmele la última encuesta semanal de Cadem, donde no sólo se muestra un alza importante en la desaprobación del gobierno y particularmente de Piñera; el pesimismo en alza de los empresarios frente al futuro cercano, según el Índice Mensual de Confianza Empresarial, que realiza la UAI e Icare y la encuesta Adimark que por segunda vez muestra que la desaprobación supera a la aprobación, 49 a 44 por ciento. El peor de los mundos por ahora para el presidente y su gobierno.
Para peor, se termina la semana con un airecillo turbio y enrarecido en el país, a propósito de lo que está ocurriendo en el Ejército. Al parecer, aquella frase asegurando que no hay “ruido de sables” expresadas por el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, después que se filtró su discurso ante 900 oficiales en la Escuela Militar, pareciera evidenciar que algo de ruido sí existiría.
El asesinato y las versiones
A este escenario se sumó lo peor. Ocurrió lo que en las comunidades era una convicción expresada desde el primer minuto de conocidos los alevosos sucesos. Camilo Catrillanca fue asesinado.
Tendrían que pasar más de 15 días para que recién el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificara lo sucedido como “asesinato”. Ello lo habría provocado la serie de pruebas entregadas por el fiscal en la audiencia de formalización de los implicados y más aún, cuando se filtró un video donde el ex sargento Carlos Alarcón sostenía que se les pidió mentir en el marco de las indagatorias de la muerte de Camilo Catrillanca. Demasiado grave para que el presidente no reaccionara. Lo hizo y junto a Chadwick, citaron con urgencia al general Director General de Carabineros, Hermes Soto, y otros integrantes de la plana mayor del Alto Mando, a La Moneda.
En la cita, como dio a conocer el titular de Interior, el gobierno le exigió a la institución que colabore en el esclarecimiento de la muerte del joven mapuche. ¿Cómo continuará esto que ya parece teatro del absurdo? Habrá que esperar el desarrollo de esta trama, y que se respondan muchas interrogantes que quedaron en el aire. Entre ellas, ¿dónde están los culpables del asalto a las profesoras?, si es que hubo; ¿qué pretendía el sargento del video?¿hubo órdenes superiores en el caso que culminó con el asesinato de Catrillanca?. Habría que recordar las declaraciones de Héctor Llaitul, dirigente de la CAM, el pasado 30 de noviembre. Aseguró que “todo indica que habría sido un ajusticiamiento del peñi” y que “Carabineros se ocultó en el campamento de Pailahueque. Allí estuvieron los mandos medios y superiores dando una orientación respecto de qué hacer…la tarjeta (de memoria) no fue destruida en el camino, sino que hay una situación que involucra a más gente”. Se habrían reunido allí con varios altos oficiales, durante horas, según declaró ante el fiscal José Correa Correa, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía Número 32.
Es enorme la información acumulada y una se superpone sobre la otra. Es bueno entonces, recordar el origen, porque lo que sí es un hecho es que luego de varios días de negativa oficial, se cayó estrepitosamente todo el entramado que se inventó para esconder el asesinato en manos de Carabineros.
Cuatro miembros del Comando Jungla, que según el gobierno es una “creación” de la prensa pese a los documentos oficiales que ameritan su existencia, fueron responsables directos e indirectos -de acuerdo con la magistrada que lleva la causa- del asesinato del joven mapuche, ultimado con un tiro por la espalda sin mediar provocación alguna. Un hecho que ¡finalmente! dio la razón a la familia y dirigentes de la comunidad de Temucuicui donde ocurrió el homicidio, enardeciendo los ánimos y provocando manifestaciones de todo tipo que aún no cesan. No sólo en La Araucanía.
En la semana Chile se estremeció cuando el Juzgado de Garantía de Collipulli ordenó la detención del sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda. Fueron acusados de los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción a la investigación por la muerte de Camilo Catrillanca.
Allí quedó al desnudo el apresuramiento del Ministro del Interior, del ex Intendente Mayol y de la prensa oficialista que no investiga, al sindicar a Catrillanca como uno de los responsables del robo de vehículos a unas profesoras. Es decir, fue catalogado como un vulgar ratero. De hecho, el propio Ministro Chadwick dijo en un momento que “son hechos que tuvieron su origen en un delito común y no tiene nada que ver con el conflicto mapuche”
Y ¿cuál fue la primera versión de Carabineros? Su informe dice que “todo empezó a las 16.20 de ese 14 de noviembre. A esa hora el piquete compuesto por el suboficial Patricio Sepúlveda, el cabo primero Gonzalo Pérez, el sargento primero Carlos Alarcón, el sargento segundo Raúl Ávila y el cabo primero Braulio Valenzuela, recibió un comunicado radial, en que se les informó que en el sector de Ercilla habían robado tres vehículos, los que se trasladaban al interior de la comunidad Temucuicui. Agregan en la declaración que “se escucha vía radial por parte del personal aerotransportado que mantenía a la vista los vehículos encargados por robo” y que “al menos tres individuos con vestimentas oscuras habían descendido de los autos, internándose uno en el bosque y otros dos caminaban por el camino, los que habían abordado un tractor azul”.
Según los carabineros, en ese momento “este personal es atacado con armas de fuego provenientes del costado izquierdo (…) Se sentía pasar cerca de nuestros cuerpos”. Indicaron que “ante esta situación se hace uso de las armas de fuego, efectuando disparos disuasivos y controlados a lugares seguros con la intención de emplear el sonido acústico para que los antisociales cesen el fuego”. Luego, vieron el tractor “con las características señaladas por el personal aeropolicial”, y que los conductores de esta máquina “al ver nuestra presencia (…) viran para retornar por la misma ruta”. Señalaron que ahí les perdieron el rastro y que luego los volvieron a encontrar “a un costado izquierdo del camino”. De acuerdo con el relato, los policías indicaron que después vieron a uno de los jóvenes escaparse del lugar y que a las 17.03 el sargento Ávila “lo reduce”. Se trataba de M.A.P.C. (15), a quien entregaron al personal de Fuerzas Especiales “para continuar con el aseguramiento del sector”. “Se percataron que el conductor del tractor, Camilo Catrillanca (…), mantenía una herida en el cuero cabelludo en la cual inmediatamente llega persona de FF.EE. para prestar primeros auxilios”. Esta declaración fue utilizada por el Ministerio Público en la formalización de M.A.P.C., a quien se le levantaron cargos por el delito de receptación de los vehículos robados.
De acuerdo con los antecedentes entregados, el efectivo del Gope, Raúl Ávila, destruyó la tarjeta de memoria tras cortarla con una tijera, justificando su actuar con que quería proteger imágenes personales que se encontraban en el dispositivo.
Previo a la audiencia, el abogado Alexander Schneider, (que luego de conocer el último video decidió renunciar a la defensa de los acusados) había manifestado que estaban tranquilos y confiados en la objetividad del Ministerio Público y de la jueza de garantía a cargo. “Ellos están muy tranquilos, vamos a esperar el resultado. Creemos que en ningún caso debieran quedar en prisión preventiva, el delito de obstrucción no existe, el delito de homicidio tampoco, eso con los antecedentes que tenemos. Schneider deslizó la posibilidad de que el proyectil que hirió de muerte a Catrillanca no necesariamente fue perpetrado por un arma de uno de los funcionarios. “El tractor (donde estaban los dos jóvenes) se pudo haber interpuesto en un fuego cruzado”, puntualizó.
Pronto se sabría la verdad. El fiscal Roberto Garrido dio a conocer las imágenes a la magistrada del Juzgado de Garantía de Collipulli como prueba de que no había un enfrentamiento entre policías y los comuneros, previo a la muerte de Camilo. Imágenes irrebatibles profusamente difundidas en las redes sociales.
Es que no sólo se comprobó que nunca hubo fuego cruzado, que nunca Camilo Catrillanca y el niño que lo acompañaba tuvieron un arma en sus manos, que el joven -según Ciper- estaba en una lista de dirigentes comuneros para ser seguidos como “blanco investigativo” desde el 2017.
De hecho, el Laboratorio de Criminalística de la PDI descartó rastros de pólvora en el comunero Catrillanca, luego de analizar su ropa y zonas de su cuerpo, como las manos. Pero, además, hasta el propio inculpado sargento Alarcón, reconoció que “las personas que iban en el tractor no nos dispararon”.
Así las cosas, habrá que esperar qué depara la investigación de la magistrada. Por lo pronto, desde el Gobierno respaldaron el actuar del General Director de Carabineros, Hermes Soto, cuyo rol ha sido muy cuestionado en estos días. Si bien algunos en Chile Vamos pidieron su salida, finalmente esa colectividad respaldó su accionar.
La oposición, entretanto, sólo alcanzó a reaccionar pidiendo el esclarecimiento total de los hechos, video incluido. Quien ha llevado la voz cantante es la diputada Mapuche- Huilliche, Emilia Nuyado. Exigió al gobierno entregar “explicaciones inmediatas” por el video de Carlos Alarcón, uno de los ex funcionarios de Carabineros implicados en el homicidio del comunero, Camilo Catrillanca, donde afirma que los obligaron a mentir. “Las declaraciones realizadas al interior de una comisaría donde se encuentra detenido este señor, son gravísimas porque oscurecen cada vez este caso, sembrando la duda sobre quien los obligó a mentir. Es insólito y aumenta aún más nuestra desconfianza sobre Carabineros y sobre el actuar del Ministerio del Interior. A mí me parece, que se pretende blanquear la imagen del asesino y de Carabineros, por eso exigimos una explicación inmediata del señor Chadwick ”, dijo la parlamentaria PS.
¿Y en el Ejército?
Si la situación se ve muy oscura en Carabineros, el panorama no es mejor en el Ejército. Y puede ser muy peligroso para el país. Ya alguna prensa ha recogido la “intranquilidad” en sectores del Ejército a propósito de los problemas que enfrenta: por supuesto, Punta Peuco; indisciplinas; estafas; robos y lo que el propio comandante en Jefe Ricardo Martínez denunció: se había descubierto que algunos militares le estaban vendiendo armas a narcotraficantes.
Al parecer esa “intranquilidad” la tienen quienes aún siguen incondicionales a la figura del dictador Pinochet. No querían a Martínez al frente del Ejército. Es más, se asegura que se jugaron por el general John Griffiths, más afín a sus posiciones, pero la Presidenta Bachelet no lo nombró por antecedentes oscuros que le llegaron, optando por Martínez. Hoy Griffiths es uno de los 7 altos oficiales procesados por la ministra en visita, Romy Rutherford, quien indaga el fraude al interior de la entidad castrense. También el general (r) Werther Araya, ex jefe de división del Ejercito fue sometido a procesamiento por la arista viajes al extranjero. Según el procesamiento, Araya habría defraudado al Fisco por cerca de 54 millones, tras una serie de viajes a Europa, en 2008, como agregado militar. En su caso se le procesó por devoluciones abultadas por “excesos de equipaje”.
No fue casualidad que el general Martínez se reuniera con los 900 oficiales. Necesitaba explicar. Necesitaba alinear a sus oficiales. Pero, pronto quedaría en evidencia que la estrategia para lograr su salida de la Comandancia en Jefe continuaba operando. Con demostraciones de autonomía fuera de todo rango. Por ejemplo, se asegura que hubo un homenaje a familiares de los presos en Punta Peuco cuando en las fiestas patrias las tropas desfilaron en Las Condes. Otro ejemplo es lo ocurrido con el homenaje al reo Miguel Krassnoff en la Escuela Militar, en conocimiento de las autoridades de ese recinto. Y termina con la filtración del discurso del Comandante en Jefe.
El general Ricardo Martínez, debió acudir hasta las oficinas de la ministra en visita Romy Rutherford, quien dirige la indagatoria por el millonario fraude en la institución castrense. Es que tenía que explicar sus dichos. “Vine a indicarle que no tengo ningún antecedente concreto o por el estilo que involucre a las otras instituciones. Este es un problema del Ejército y el Ejército tiene que resolverlo. No tengo ningún antecedente y eso fue lo que vine a indicarle a la ministra Romy Rutherford”.
El Gobierno, cuestionado por lo que se asegura es un escaso control frente al Ejército y Carabineros, reaccionó rápidamente emitiendo señales que sí están bajo el control gubernamental. El ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que “me parece muy bien que cumpla la instrucción que le hemos dado como lo hizo también con el fiscal que lleva adelante la investigación del Fondo de Ayuda Mutua, y también con el requerimiento de que de inmediato pusiera en conocimiento del Ministerio Público todos los antecedentes que existan respecto de los cuatro o cinco cabos de la Escuela Militar que aparecen involucrados en la compra y venta ilegal de armamento”.
Los problemas, sin embargo, no terminan allí. Y la luz en esta terrible oscuridad la da, felizmente, un hijo, nieto y bisnieto del Ejército: el capitán Rafael Harvey Valdés.
Este oficial, a estas alturas probablemente dado de baja -no se sabe su suerte al cierre de esta nota- había presentado un recurso de protección por el accionar del Ejército en su contra cortándole su carrera. Fue en el 2016 cuando el capitán logró que, por unanimidad, el pleno de la Corte Suprema autorizara -aplicando la presunción de inocencia- su juramento como abogado. Ello pese a que se encontraba procesado por el delito más grave que contempla el Código de Justicia Militar: sedición. Ese año, el máximo tribunal también declaró como ilegal la acción de la Junta de Apelaciones del Ejército en que oficializaba el pase del capitán al escalafón de complemento de la institución. En 2017, fue el Ministerio de Defensa quien denegó la firma de su retiro. Harvey define sus denuncias como actos “heroicos”, porque son muy pocos los que se atreven a denunciar y asegura que en la institución que integra hay una verdadera “red de protección a la corrupción”. “No asumen el riesgo de denunciar por conducto regular, actitud del todo entendible al ver las consecuencias que tienen los militares que denuncien algún hecho de corrupción”, manifestó en un informe dirigido a la Junta de Apelaciones de Oficiales Jefes y Superiores.
Harvey ha alegado en diferentes instancias por “discriminación” en su contra: según su versión, a él se le ha negado el ascenso y se le ha llamado a retiro acusándolo de sedición e incitar a otros a denunciar supuestos ilícitos al interior de la institución. Cuentas anónimas en redes sociales lo han acusado de ser autor de la filtración del audio publicado por The Clinic con los dichos del general Martínez. Pero al parecer, no es así y habría sido un familiar o alguien muy cercano a Krassnoff quien movió esos hilos.
La versión del Ejército, señalan que el capitán “se encuentra procesado en calidad de autor por un delito que merece pena aflictiva, auto de procesamiento que se encuentra confirmado por la Corte Marcial”, situación que constituye “una expresa inhabilidad legal para ascender”, por lo que no habría tal discriminación.
Pero el capitán se defiende. Dice que su única falta sería un “supuesto delito de sedición” y por el cual estuvo en prisión preventiva 3 semanas y arriesga 7 años de presidio. Según él “se abrió la causa solo por instar a soldados conscriptos que habían presenciado ilícitos al interior de la institución a hablar”, por lo que las anotaciones, como expone, responderían a amedrentamientos de la institución por efectuar y motivar denuncias de hechos corruptos.
Más aún, denunció que quienes estaban acusados e incluso procesados por corrupción, habían sido ascendidos en el Ejército. De hecho, la propia institución se vio obligada a reconocer, el pasado viernes 23 de noviembre, mediante un informe reservado a la Corte de Apelaciones de Santiago, que ascendió de rango a funcionarios que se encontraban procesados por fraude al fisco. Las razones del Ejército para explicar dichas promociones, en la mayoría de los casos, son por “falta de información”.
