Analista político y sociólogo.
No hay que dar todas las peleas que se pueden encontrar en el camino, sino aquellas que se centran en los objetivos principales. De otro modo, lo que se consigue es desgastarse en escaramuzas sin sentido o perder el rumbo, sin guía en medio de polémicas que se eternizan en la irrelevancia.
La eliminación en el reglamento de la Convención del término “República de Chile” y su reemplazo por otro referido a los “pueblos de Chile” no es un simple error enmendable. Se inaugura un despropósito al que no debe dársele continuidad, si se quiere evitar el desprestigio de una instancia que, por su propia naturaleza, no puede perder el rigor del lenguaje y la precisión en los términos.
En la Convención el éxito consiste en ir aglutinando una mayoría que, con diferencias, accede a coincidir en articulados que alcanzan amplio consenso.
Ponerse a discutir, desde el reglamento, sobre los contenidos de fondo, es lo mismo que levantar barreras de suspicacias que no benefician ni siquiera a quienes les interesan los triunfos prescindibles. Acorralar a la minoría sin ninguna necesidad es puro desatino porque no corresponde a ningún propósito pertinente. Tarde o temprano se mostrará como una debilidad y un error.
Peor que no tolerar las opiniones de otros es rechazar al otro por sus opiniones. La primera vez, los dardos se dirigen a alguien que resulta particularmente resistido. Lo que más importa no es la opinión que nos merezca el cuestionado, es el hecho de que se le segrega en el ejercicio de sus derechos.
Una vez que se aceptó la intolerancia se empieza a ampliar el marco de los que son estigmatizados por los adversarios. En un ambiente como este el diálogo no tiene oportunidad de sobrevivir. Cuando empieza el juego de imponerse a otros, es absurdo pretender que la práctica se emplee unilateralmente y en perjuicio sólo de un lado. La intolerancia produce replicas.
Se supone que el ex almirante Arancibia no podía participar de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención para no “revictimizar” a quienes han visto atropellados sus derechos. Pero para hablar a nombre de las víctimas (de todas ellas, por lo demás) hay que tener mucho cuidado.
Somos el mismo país que quiso juzgar a Pinochet en tribunales y donde muchos salieron a la calle para que fuera sometido a la Justicia, aquí o en el Reino Unido. Querían encarar al dictador y hacerlo escuchar la verdad sobre los crímenes en los que tenía tanta responsabilidad. Es explicable que algunos no quisieran pasar por esta experiencia, pero otros estaban más que dispuestos. No se estaba “revictimizándolos”, estaban haciendo lo que su dignidad les dictaba.
Del diálogo y del reconocimiento de la verdad salen fortalecidas las víctimas y justificada la democracia. Los que nos cuidan tanto que hasta evitan el diálogo no lo hacen por las víctimas. Ellas tienen derecho a ser escuchados directamente, sin que nadie las interprete. ¿Por qué las víctimas no han de poder decidir por sí mismas que dicen y dónde lo dicen?, ¿por qué tienen que ser tratadas como menores de edad cuando no lo son? Estos guardianes autoasignados les quitan la libertad de decidir sin ningún derecho. Torpeza infinita. La conciencia humana tiene una profundidad que están lejos de haber explorado.
