Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
Un nuevo currículum para la enseñanza media es un tema central de la formación cultural y ciudadana de la sociedad. En Chile se esperaba el nuevo currículum hace ya varios años; desde el 2017 el Ministerio de Educación (MINEDUC) presentó varias versiones al Consejo Nacional de Educación (CNED), siendo la última en abril de este año de 2019.
Las decisiones sobre qué enseñar (selección de contenidos del currículum), en que secuencia y en qué momentos del desarrollo personal es una cuestión política pues se fundamenta en la decisión ideológica de quienes toman las decisiones. A esta selección normativa y prescrita en el currículum formal se agrega lo que se denomina currículum oculto o informal, que complementa o contradice la formalidad de lo oficial.
Ambas organizaciones de los contenidos culturales que se enseñan y aprenden, el oficial y el oculto, expresan una cosmovisión societal, una ideología de explicación de las contradicciones de la realidad y una concepción cultural de lo que se espera de los(as) ciudadanos(as), expresa la opción de una teoría educacional: hoy es hegemónica la de competencias, en otros momentos fue el constructivismo, el conductismo, el enfoque sociocrítico y otros.
El debate inicial sobre la nueva propuesta de “malla” curricular expresa esas concepciones educacionales en disputa ideológica, teórica, política y pedagógica de la sociedad. No es sólo una cuestión de este o aquel gobierno, son las fuerzas sociales, educacionales y culturales que se enfrentan para definir la educación que requiere un tipo de sociedad a la que se aspira y por la que se disputa el poder político y cultural.
Quién decide lo que se debe y no se debe enseñar es estratégico para la consolidación del poder o su transformación. El CNED independientemente del gobierno en que se eligieron sus miembros, representa fuerzas principalmente conservadoras y de la elite santiaguina de la sociedad. En una importante proporción fueron elegidos por Alta Dirección Pública (ADP) y aprobados por el parlamento. ¿Quiénes son y cuáles sus referencias de trabajo (s.e.u.o.)?: P. Montt: ExDirector General de Educación del MINEDUC durante los gobiernos de la Concertación por la Democracia; M. A. Pérez, nombrada por S. Piñera: Univ. Católica (UC), U. Alberto Hurtado (UAH), Municipalidad de Las Condes, Colegio San Francisco Javier; K. Matsumoto, nombrada por M. Bachelet: UC, U. del Desarrollo (UDD), DUOC UC, Colegio San Francisco Javier; M. L. Fontaine, electa por Alta Dirección Pública (ADP) con aprobación del Senado en el gobierno Bachelet: UC, Centro de Estudios Públicos, MINEDUC, UDD, Universidad Diego Portales (UDP), Fundación Chile, Fundación Diego Matte Mesías; L. Meckes, electa por Alta Dirección Pública (ADP) con aprobación del Senado en el gobierno Bachelet: UC, MIDE UC, dirigió el SIMCE; C. Sepúlveda, representante del Consejo de Rectores de Universidades de Chile-CRUCH: CRUCH, U. de Chile; M. Schweitzer W.: U. de Chile, estudio propio de abogado, U. Finis Terrae, Ministro de Relaciones Exteriores de la Dictadura de A. Pinochet; A. Espejo S.: U. Chile, DUOC UC, U. Adolfo Ibáñez. (Fte. El Mercurio, 26.05.2019)
La decisión final sobre lo que se enseñará en la enseñanza media en Chile la toman sujetos (5 mujeres y 3 hombres) que en general y mayoritariamente son o han sido: miembros de universidades o colegios católicos, de la P. Universidad Católica y del DUOC UC, dos exprofesoras del mismo colegio privado (San Francisco Javier de Huechuraba, de ex alumnos de colegios jesuitas), organismos asesores y fundaciones privadas y hasta un exministro de la Dictadura de Pinochet.
Salvo el representante del CRUCH no hay representantes de universidades estatales, no hay de fuerzas culturales sociocríticas, nadie de regiones o que represente a los trabajadores y familias que colocan a sus hijos(as) en la educación pública y técnico-profesional, no está el Colegio de Profesores ni Asociaciones de Académicos, nadie que represente la educación pública municipal o universidades regionales, ni tampoco al millón de miembros de los pueblos indígenas.
La Comisión está sesgada. No representa al país democrático, plural, diverso en creencias e ideologías; su legitimidad está definida por el pensar conservador pues, distante de las regiones, representa a la elite dirigente del país en lo cultural y educación superior. No es sólo una cuestión de si la historia o la educación física deberían estar también en III y IV Medio (deben estar): es que se impone el poder de una minoría cultural, ideológica y política a la mayoría de las familias, de los docentes, de los colegios, de la formación inicial docente y de la educación de Chile. Ello es legal, pero inaceptable e ilegítimo socialmente.
Puede haber habido discusión previa, puede haber habido debate, pero todo ese proceso se desconfigura y se hace ilegítimo (aunque sea legal) cuando surgen dudas respecto de los filtros y sesgos ideológicos, culturales, de clase, de los miembros que toman la decisión final. Las decisiones sobre el currículum son políticas e ideológicas, lo técnico viene después: como se organiza la secuencia, consistencia, coherencia, articulación de los objetivos y contenidos culturales que esos miembros decidieron.
Hace unos años se discutía en el CNED como debía llamársele a la dictadura, hoy se discute –a partir de la nueva propuesta de currículum y sin que de lo mismo el cuándo debe aprenderse- si la dictadura debe estudiarse antes de III Medio o en III y IV; en otro foco: ni antes ni ahora se visualiza un debate sobre la inclusión de la regionalización y descentralización del país lo que es tan caro a las regiones de Chile. La cuestión de fondo no es sólo la ausencia de historia, geografía o educación física en los cursos superiores. También el diseño curricular disperso orientado a profundizar la noción supermercadista de la educación: una oferta de 27 contenidos asignaturizados con 6 a ser consumidos por los estudiantes según “sus intereses” aunque serán el colegio y los recursos los que los determinen. Pero la discusión de fondo –aún si se concluye que la propuesta tiene otros elementos positivos- es la legitimidad política, ideológica, cultural y social de la decisión, dada la composición elitista de quienes la tomaron y firmaron este acuerdo –que no es política de estado- por lo que no debe ser aprobado por los parlamentarios, al menos como viene, sino proponer una modificación sustancial al CNED.
