Por 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el proyecto que previene y sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior, iniciativa que quedó en condiciones de convertirse en ley y ser remitida al Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto de ley tiene como objetivo “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual».
Las redes sociales no demoraron en felicitar a la Red de Investigadoras de Chile, asociación que luego de las masivas tomas feministas en las universidades chilenas en 2018, presentó una propuesta de ley que abordó el vacío legal que significaba dejar sin protección a las estudiantes que vivían acoso y violencia al interior de las instituciones de educación superior, puesto que la legislación solo reconocía el acoso sexual cuando existía un contrato laboral.
“Ya es ley! Estamos felices de que el PDL que busca prevenir y sancionar el #acososexual en educación superior haya sido aprobado! Gracias a todas y todos quienes nos apoyaron en este proceso y confiamos en el beneficio que esto implicará para nuestra sociedad. #NoMasAcoso”, señaló la Red de Investigadoras en su cuenta de Twitter.
La presidenta de la Red de Investigadoras, Adriana Bastías, expresó que “Denunciar en Chile no es gratis. Para todas quienes han denunciado, para todas quienes nunca pudieron, para quienes viven en carne propia las consecuencias de sus denuncias, esta ley es esperanzadora”.
Triunfo de los movimientos feministas y estudiantil
En tanto, para la Senadora Adriana Muñoz, la nueva ley es un triunfo de las mujeres organizadas y movilizadas, “que en el año 2018-2019 se movilizaron masivamente en Chile para hacer cada vez más visible esta situación de indignidad a la que se someten las mujeres en distintos ámbitos de nuestra sociedad”, y que en el ámbito académico es muy invisible.
“Se somete a las alumnas, a las funcionarias. Si no acceden a estos requerimientos, se les disminuye en su situación de dignidad personal o se les hace repetir el curso, se les elimina, se las despide. Estos proyectos de ley van ayudando a hacer visible esta violencia de género que se ejerce con el acoso sexual, esta vez en las universidades. En el mundo académico es inaceptable que se ejerza este tipo de conducta que expresa un machismo, patriarcado, dominio, control, sobre las mujeres”, añadió Muñoz.
La senadora calificó la aprobación del proyecto de ley como “un momento de tributo a quienes se movilizaron, a quienes trajeron el tema al Senado, a la Cámara de Diputado. Hoy día tenemos una ley importantísima para una alerta y una sanción a quienes siguen acosando a las mujeres”, dijo.
Requisito para la acreditación
El proyecto busca promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior.
Las instituciones de educación superior deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones igualitarias de género.
El texto legal define como acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.
Así, las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos, además de unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.
En su artículo 7°, el proyecto indica que “Las instituciones educacionales señaladas en esta ley que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en los términos dispuestos por la presente ley, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional que prevé la ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior”.
Las casas de estudios superiores tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construido participativamente.
