Periodista.
Por segunda vez, la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia presentaron el Monitoreo Social a la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a salud sexual y reproductiva, que en sus principales resultados muestra que los obstáculos de acceso al aborto legal y los déficits en la atención se agravaron durante la pandemia.
Un Monitoreo Social es una forma de participación ciudadana dirigida a evaluar el desempeño público en la implementación de decisiones de política pública. El primer monitoreo fue en 2019, a poco más de un año de implementada la Ley IVE. En esa oportunidad, se develó una ausencia de información sobre la ley; falta de información y capacitación del personal de salud; la objeción de conciencia como un impedimento para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; y la afectación del derecho de decisión de quienes estuvieran enfrentando un embarazo en alguna de las causales permitidas por ley: riesgo vital, inviabilidad fetal incompatible con la vida y violación a las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en Chile.
En esta oportunidad, se monitoreó lo que ocurrió con la atención de salud sexual y reproductiva (SSR) y el acceso al aborto legal durante 2020 y los resultados no son muy distintos a los del año anterior, con obstáculos que se repiten y que se acrecentaron durante la pandemia.
Este nuevo ejercicio de fiscalización ciudadana la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia se realizó junto a seis organizaciones en distintas localidades: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos.
Para las organizaciones a cargo del estudio, es entendible que la crisis sanitaria requiriera una serie de adecuaciones que permitieran dar respuesta a la emergencia y disminuir situaciones de riesgo de contagio para pacientes y personal de salud, pero el monitoreo “arroja una opinión bastante generalizada entre usuarias y equipos, en que en los primeros meses hubo bastante caos, sin información clara para las usuarias, pero tampoco de directrices adecuadas desde las autoridades para los propios centros de atención”.
Es así como, recién en junio de 2020 y tras una serie de acciones de organizaciones de mujeres y feministas, se conocieron las orientaciones para el manejo de casos COVID en gestantes, en las que se indica que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal en el embarazo de mujeres con COVID positivo y con patologías respiratorias severas. En el mes octubre se adoptaron las orientaciones técnicas de continuidad de atención en SSR en el contexto de la pandemia.
Grave ausencia de información
Los resultados de este segundo monitoreo social exponen que, en los seis territorios monitoreados, la realización de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvo en pandemia, pero los problemas y obstáculos identificados en el monitoreo de 2019 no se han superado, y en algunos casos se han producido retrocesos en la atención.
Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, destaca que la ausencia de información sobre el aborto legal es todavía más grave en el actual contexto. “Con la pandemia, tanto en el 2020 pero también en el 2021, se ve que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes aumentó y se ha mantenido alta, y por lo tanto también sucede con la violencia sexual y las posibilidades de un embarazo forzado, no deseado”. Por ello, dice, es imperativo hacer campañas de información permanentes sobre la existencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.
En las entrevistas sostenidas en el marco del monitoreo, tanto con usuarias como con funcionarias del sistema público de Salud, las mujeres dicen haber conocido de esta ley por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud.
Objeción de conciencia y más exámenes de los necesarios
El monitoreo constata que en la red asistencial la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal en tres causales, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias para establecer un diagnóstico, y obstruyen con ello la posibilidad de decisión de las personas gestantes, o caen en prácticas como subir el volumen en una ecografía para que las mujeres escuchen el latido fetal, felicitarlas por sus embarazos pese a estar en conocimiento de la situación que enfrentan o hacer comentarios religiosos y de condena moral.
Gloria Maira explica que la objeción de conciencia declarada, “y esa objeción de conciencia simbólica, que obstruye y pone barreras en toda la línea de atención y que se encuentran en gran parte de los establecimientos de salud”, tanto en la atención primaria como en los hospitales, se constituye muchas veces en una forma de violencia hacia las mujeres, “simbólica por lo que le dicen y de efectos sobre su posibilidad de acceder a una atención oportuna y sin discriminación”, y por ello el ministerio de Salud debe hacerse cargo de “esos profesionales que obstruyen el camino de las mujeres para acceder al aborto legal”.
Las organizaciones piden abordar la objeción no formal e identificarla como una barrera y una práctica que vulnera derechos.
En tanto, en la atención de salud sexual y reproductiva, los déficits previos a la crisis sanitaria se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de COVID, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios.
Postergación de atención en salud
El segundo monitoreo social a la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia, arroja además que la atención de salud estuvo centrada en las gestantes -control prenatal y parto- y el o la recién nacida. Luego de semanas se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, tal como mostró la tardía información sobre lotes de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos en la red asistencial. Las demás prestaciones como papanicolaous, mamografías, y manejo de infecciones de transmisión sexual, se suspendieron y sólo se retomaron recientemente.
“Eso va a tener un impacto en la salud de las mujeres y en la mortalidad materna; el propio personal de salud tiene gran preocupación respecto del impacto que esa postergación va a tener en la salud de las mujeres”, observa la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.
Un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes. Cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, se evidencia la falta de estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. “Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados”, lamentan las organizaciones.
Junto con ello, el monitoreo da señales respecto de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares, como las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI+, quienes no han sido incorporadas el sistema de salud.
“A las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla. Por su parte, son muy escasos los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans”, indican.
Dentro de las recomendaciones, Gloria Maira destaca la necesidad de políticas públicas de salud acordes a los territorios. “Hay mujeres jóvenes, adolescentes, en sectores rurales y aislados, que quedaron completamente fuera de la atención producto de la pandemia. El ministerio tiene que hacerse cargo de esas realidades, de esas necesidades específicas y atenderlas con prontitud”.
Las entrevistas, además, dieron cuenta de las dificultades de la salud intercultural en los territorios donde existen centros comunitarios de salud indígena, deficiencias que se presentan no sólo en las atenciones relacionadas con la maternidad, sino en la inclusión de los saberes de los pueblos originarios en las atenciones de salud.
Otro de los elementos es la poca consideración a la multiculturalidad que tiene el país. En todos los territorios surge con fuerza el tema de las migrantes y cómo las atenciones en salud no han logrado considerar las particularidades de sus culturas, prácticas y tradiciones. La barrera idiomática con la población haitiana no ha sido subsanada sino en algunos lugares donde se cuenta con un/a traductor/a que facilita la comunicación. En las entrevistas aparecen prejuicios respecto de las mujeres migrantes y sus comunidades.
Se requieren acciones urgentes
En todos los territorios, las usuarias declararon haber vivido situaciones de maltrato en la atención. Particularmente durante la juventud, adolescencia o durante el parto.
Finalmente, las entrevistas expresan que lo que se ha podido hacer en acceso al aborto en tres causales y en atención en salud sexual y reproductiva ha dependido en mucho del compromiso de los equipos de salud y de las mismas mujeres de esos equipos.
“Si bien se agradecen las voluntades de profesionales que tienen un interés por resguardar el acceso a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos, esto debería ser una garantía estatal.
En suma, los hallazgos del monitoreo son preocupantes y debieran llevar a acciones urgentes de parte del ministerio de Salud”, subrayan las organizaciones.
En el entendido que la atención primaria es la puerta de entrada a la atención en salud, Gloria Maira enfatiza que no contar con equipos capacitados se constituye en una barrera, por lo cual es vital mantener la sensibilización y la capacitación del personal de salud, no solo en los alcances y aplicación de la Ley IVE, “sino también respecto de asumir que quien tiene que decidir respecto de la sexualidad y la reproducción es la propia persona y no el equipo médico”, sentencia.
