viernes, marzo 29, 2024
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Persecución y Violencia Contra Mujeres Cultivadoras: Organizaciones Piden Urgente Aprobación de Ley Cultivo Seguro

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Una ardua persecución hacia usuarias de cannabis medicinal se ha intensificado durante el mes de febrero. En los últimos 15 días han existido más de 10 allanamientos a pacientes que hacen uso medicinal de la planta, quienes cuentan con documentación médica al día y son parte de un sector vulnerable de la población, que acusa ser perseguido sin ninguna orden, ni proceso judicial en curso.

Las organizaciones históricas por el uso medicinal de la cannabis, Mamá Cultiva y Fundación Daya, denuncian que en completa impunidad, efectivos policiales han llevado a cabo violentos procedimientos que han vulnerado la integridad de pacientes.

Si bien, según explica la Directora Ejecutiva de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, “esto ha pasado continuamente”, contando con más de cien casos en Fiscalía. “Acá no se respeta lo que está establecido en la ley 20.000 en sus tres artículos: cuatro, ocho y cincuenta”, dijo.

Uno de los casos más críticos ocurrió la semana pasada, el día miércoles 17 de febrero en Chillán. La víctima del allanamiento fue Rosa, de 55 años de edad, quien padece fibromialgia y tiene una hija con discapacidad física y mental, Camila, de 33 años, la cual quedó desamparada al cuidado de un vecino adulto mayor en las más de 5 horas que mantuvieron esposada a su madre en un calabozo, pese a contar con toda la documentación médica de ella y su hija.

El aumento de la persecución a usuarios medicinales “ha coincidido”, según comenta la Directora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, “con esta administración y se ha intensificado desde incluso antes del 18 de octubre, cuando estaba Mañalich en el Ministerio de Salud, quien dio declaraciones bastante fuertes en contra del cannabis. A raíz de eso empezó este fenómeno, que realmente ha sido muy preocupante”.

Al mismo tiempo, Gazmuri señala que por esta razón se incorporó el tema en la agenda de Género Covid-19 de la presidencia del Senado. Dado que esta persecución afecta, principalmente, a madres cultivadoras de cannabis donde “hay un historial clínico que respalda su uso” y que, además, no han contado con “ningún elemento que permitiera presuponer que hay alguna acción vinculada al tráfico, sólo es la tenencia de plantas, y en esto la Corte Suprema ha sido sumamente clara, la mera tenencia de plantas no constituye fragancia, no es un delito tener plantas”, manifestó.

Una herramienta de la violencia de género

Desde ambas organizaciones reconocen que la denuncia ha sido utilizada, en muchos de los casos, como una herramienta que perpetúa la violencia de género, ya que las incautaciones son a partir de denuncias anónimas que, muchas veces, son realizadas por las ex parejas de mujeres y madres cultivadoras.

“Los pacientes muchas veces son denunciados por sus vecinos o por su grupo familiar también. Nosotras tenemos muchas mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar y cuentan con orden de alejamiento y estos hombres, maridos o parejas las denunciaron”, comenta la directora de Mamá Cultiva, quien recordó uno de los casos con los que tuvieron que trabajar, en donde los efectivos policiales “hicieron el procedimiento junto con el agresor, quien contaba con orden de alejamiento”.

Argumento que comparten desde la experiencia de la Fundación Daya, donde comentan que la denuncia “se usa como una herramienta (…) una paciente que se encuentra cultivando para sí misma y es víctima de violencia intrafamiliar no se atreve a denunciar porque evidentemente podría ser una situación compleja para ella. Esto no es una ficción, mujeres víctimas de VIF llaman a la policía, llegan y se van detenidas ellas porque tienen las plantas, no el agresor”.

Como agravante las agrupaciones denuncian una seguidilla de situaciones que han sido “incomprensibles” durante la última semana, a lo largo del territorio nacional, la que involucra vulneración de los derechos humanos. “La mayoría son mujeres, madres, están solas y abandonadas por sus parejas, no entendemos el descriterio (…) las familias allanadas tienen a los pacientes en graves condiciones físicas”, señaló Paulina Bobadilla, quien pidió “un poco de cordura y empatía con las familias que sufrimos, porque aquí no tenemos un apoyo del gobierno central. Las familias que llegan al cannabis medicinal es porque no encontraron otra alternativa para dejar de sufrir”.

Gracias a las diligencias de estas organizaciones, ninguna de las personas incautadas se encuentra detenida en este momento, ya que se lograron realizar las gestiones a tiempo en conjunto con el sector público y también con defensores privados, sin embargo, las fundaciones aseguran que existe “un fuerte estrés post traumático” tras las detenciones.

Avancemos, estamos preparadas

Las arbitrariedades de la detención han demostrado la urgente necesidad de aprobar la Ley Cultivo Seguro, que se encuentra detenida en el Senado de Chile desde el 2018 en la Comisión de Salud, presidida por la senadora Carolina Goic (DC), quien ha rechazado poner en tabla de discusión el proyecto de Ley, a pesar de que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, lo ha solicitado formalmente con urgencia.

La Ley Cultivo Seguro da cuenta de que, existiendo receta médica, no se podrán incautar las plantas de cannabis en una primera instancia. Esto en beneficio de familias vulnerables quienes cultivan su propia medicina y que, luego de un allanamiento que se salta los protocolos establecidos, desabastecen el uso convencional de la planta, la cual es utilizada por alrededor de 1.800.000 personas en el país.

“A pesar de todos los gestos políticos, de las voces que se alzan y la violación de derechos humanos, no hemos logrado cambiar esta situación, no hemos logrado entrar en un diálogo con el Ministerio Público y aquí, por lo tanto, el único camino para parar esta brutalidad es la pronta aprobación de la Ley Cultivo Seguro”, relata Gazmuri.

La necesidad de una Ley Cultivo Seguro ha sido expuesta por las diferentes comisiones de Salud, pero, según relata la directora ejecutiva de Mamá Cultiva, “este freno a la ley es por una estrategia de mercado. Acá se beneficia el lucro por sobre la salud y la mejor calidad de vida de las familias y de los pacientes”.

A sus palabras se suma la Fundación Daya para quienes “resulta inconcebible que el Estado se dedique a perseguir a personas que, además, tienen graves discapacidades de salud que muchas veces el mismo sistema de salud no es capaz de acogerlos debidamente”, existiendo una “doble vulneración: la vulneración a la dignidad, pero también la vulneración del acceso a tratamientos de salud”.

Criminalización y estigmatización son los efectos que denuncian estas organizaciones, las que destacan “la urgencia de caminar hacia una legalización que permita terminar con las vulneraciones de los usuarios, quitarle el poder al narcotráfico y proteger por supuesto a las comunidades vulnerables”.

“Esperamos que esto motive a poner rápidamente en tabla la Ley de Cultivo Seguro, sin descontar que independiente de eso es urgente avanzar hacia una regulación integral del cannabis”, concluyó Ana María Gazmuri.

Desde ambas organizaciones realizaron un llamado para participar el próximo miércoles 24 de febrero a una convocatoria en el Parque Ramón Cruz frente a la Fundación Daya, en la comuna de Ñuñoa, para manifestarse en contra de la persecución sistemática de pacientes. La actividad contará con la participación de ambas directoras ejecutivas (Mamá Cultiva y Fundación Daya), además de figuras políticas como la diputada Claudia Mix (Comunes), Tomás Hirsch (Acción Humanista), además de candidatos y candidatas a Alcaldías, Concejales y Constituyentes.

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