periodista.
A las 10:00 horas de hoy estaba programada la audiencia de preparación de juicio oral de las cinco activistas feministas imputadas por la toma pacífica de la Fiscalía de Quillota, ocurrida el 22 de junio de 2019, luego de una marcha en conmemoración del lesbofemicidio de Nicole Saavedra, acontecido en 2016.
Sin embargo, la sesión judicial comenzó con dos horas de retraso y duró solo diez minutos, ya que el fiscal a cargo, Elizardo Tapia, propuso una salida alternativa para la causa, por lo cual las abogadas defensoras solicitaron un tiempo para analizar el ofrecimiento junto a sus representadas. Es por eso que la jueza de garantía decidió reprogramar la audiencia para el 23 de febrero a las diez de la mañana.
Una de las abogadas defensoras, Silvana Del Valle, quien es integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, explicó que ayer, por medio de un llamado telefónico, el fiscal a cargo le comentó sobre la salida alternativa de forma muy general, la cual fue presentada hoy en detalle. “La propuesta implicaría la suspensión del procedimiento durante un año, en el que se le imponen ciertas condiciones a las imputadas, y transcurrido ese plazo, si es que ellas no cometen algún delito, se cierra la causa”.
Los delitos que se le imputan a Jael Bórquez, Karen Vergara, Caterina Muñoz, Emperatriz Silva y María Francisca Bahamondes, prima de Nicole Saavedra, son desórdenes públicos y daños calificados. La fiscalía había solicitado 300 días de presidio y una multa de 11 UTM por la primera causa, y tres años de prisión por la segunda.
¿Un intento por criminalizar la protesta?
Del Valle afirmó que deben analizar la oferta judicial, ya que “igual quedan sometidas a la vigilancia de la autoridad. No se trata de algo tan sencillo, sobre todo en estos tiempos de agitación social. Además, hemos observado que la persecución al grupo de las cinco es similar al que han sufrido otros y otras activistas. A pesar de que ninguna está en prisión preventiva, sigue siendo una forma de criminalizar la protesta, en particular de las feministas”.
Junto con lo anterior, agregó que las representadas deben considerar aquello para tomar una decisión, “les puede significar un acallamiento de la posibilidad de participar en otras acciones o manifestaciones”.
El fiscal, durante la audiencia, señaló que el ofrecimiento se trata de una suspensión condicional, “implica condiciones bien básicas: fijar domicilio y un compromiso de no acercarse a la Fiscalía de Quillota, salvo que tengan que recurrir por algún trámite o denuncia. Respecto al perjuicio patrimonial, no se hará ninguna petición a las imputadas”.
“Nosotras consideramos que el Ministerio Público presenta de manera tardía esta posibilidad, pudiendo haber ejercido en su oportunidad otras formas de salir, de acuerdo al mérito del proceso. Nosotras siempre hemos sostenido que las pruebas reunidas no ameritan la existencia de ningún delito. Cuando la Fiscalía cerró la investigación tuvo la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad, no perseverar o sobreseer en ese momento a las mujeres”, declaró Del Valle.
En tanto, para Débora Cofré, activista de la agrupación lesbofeminista Rompiendo el Silencio, “la toma demostró que si tú no pataleas, no te manifiestas o no levantas la voz, pareciera ser que la justicia nunca llegará, más aún si eres lesbiana o disidente. Ojalá se hubiera puesto la misma energía que se ha usado para perseguir a las compañeras, en la investigación del asesinato de Nicole Saavedra, porque estuvimos tres años sin ningún tipo de avance”.
Dos horas de espera
La audiencia fue transmitida vía streaming por las páginas de Facebook: Justiciax Por Nicole y Radio Humedales. A las 10:00 en punto ambos sitios ya contaban con más de 90 personas siguiendo la transmisión, audiencia que no bajó, a pesar de que la instancia comenzó dos horas después de lo programado. Lo que demuestra el interés que ha generado este caso en las activistas feministas y lesbofeministas.
Silvana del Valle, relató que tuvieron que ponerse en contacto con el Ministerio Público para solicitar explicaciones por el retraso, ya que nadie les había argumentado el por qué de la demora. “Alrededor de las 12:02 nos envió un Whatsapp, bien breve, el administrador de la plataforma virtual del Ministerio Público. Ahí nos contó que la tardanza se debía al atraso en audiencias anteriores. Eso también genera afectación porque nuestras defendidas son personas que trabajan, entonces estar esperando dos horas me parece poco razonable”.
Por su parte, Débora Cofré calificó la demora como una falta de respeto. “Le puso más tensión y ansiedad al proceso. Me imagino que para las compañeras perseguidas no fue fácil, porque además nadie daba una justificación. No hubo consideración alguna”.
