Periodista.
Justo un año después de que se diera a conocer por parte del Consejo de Defensa del Estado quiénes eran los involucrados en un caso grave de corrupción investigado por la Fiscalía de Atacama, uno de ellos, el actual diputado Jaime Mulet, anunció el 20 de septiembre este año, que bajaba su candidatura a la reelección.
El parlamentario será formalizado por cohecho pasivo luego que el fiscal de Copiapó, Luis Miranda Flores, solicitara la acción al Tribunal de Garantía de la ciudad. Demasiado dinero -7 millones de dólares- a cambio de que el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, desistiera de un juicio ambiental que perjudicaba a la minera de capitales canadienses, Candelaria. La oferta por el desistimiento -confesó el edil- fue entre 400 y 600 millones de pesos. ¿Quién habría ofertado? Jaime Mulet los 400. Otro abogado, también protagonista de esta historia, los 600.
¿Por qué esta confesión de Delgado? Porque con ella buscaba obtener la libertad provisional. Se encontraba formalizado, suspendido de sus funciones y en prisión preventiva por fraude al fisco en otro caso de corrupción ocurrido en la comuna. Según el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, el alcalde perpetró el delito de fraude al fisco al utilizar fondos públicos en diversos viajes privados. Osvaldo Delgado es investigado desde 2016 tras un informe de Contraloría a raíz de la creación de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta), cuyo directorio estaba encabezado por el alcalde, además de otros dos funcionarios municipales e imputados en estos hechos. Fue suspendido de su cargo en 2018.
La palabra de la Contraloría
El tema, que se investiga desde hace varios años, no sólo involucra a Mulet, sino también a dos reconocidos abogados capitalinos, Hernán Bosselin y Ramón Briones. En una investigación periodística realizada por radio Biobío se señala que estos tres personajes se habrían puesto de acuerdo para obtener 7 millones de dólares de la minera a través de la Ley de Donaciones en beneficio de la comuna de Tierra Amarilla, siempre y cuando el municipio se desistiera de una demanda por daño ambiental presentada el 2015 contra la minera. Se aliaron entonces con el alcalde Delgado y junto al abogado de la minera, Miguel Troncoso, cantaron victoria.
Duró relativamente poco la euforia. El año 2017 la Contraloría detectó que algo olía mal en Dinamarca. En sus investigaciones, la Contraloría descubrió una jugada aparentemente legal que permitió que los abogados en cuestión se quedaran con 4 millones de dólares, como pago de honorarios.
¿Cómo ocurrió aquello? El dictamen 033944N17 del 15 de septiembre del año 2017 y firmado por el Contralor Jorge Bermúdez da algunas luces. Ocurrió que se le solicitó un pronunciamiento acerca de “las facultades del señor alcalde de Tierra Amarilla para celebrar un acuerdo con la Compañía Contractual Minera Candelaria destinado a poner término al juicio por daño ambiental iniciado en 2013 ante el Tribunal Ambiental”.
Se le informó que dicha causa había terminado “por falta de notificación de la demanda” y que ni el Tribunal Ambiental ni la Subsecretaría de Medio Ambiente tenían conocimiento de una transacción entre la Minera Candelaria y el Municipio.
Al ser consultada la corporación edilicia reconoció el acuerdo con la Compañía Contractual Minera Candelaria y con la Compañía Contractual Minera Ojos del Salado, y que “a través del aludido convenio, dichas empresas se obligaron a pagar la suma que indica, destinada, una parte, a cubrir los honorarios de los abogados contratados por el municipio para la defensa de sus intereses, y la otra, a incrementar el patrimonio municipal”. Y que, por lo tanto, se desistieron de las acciones judiciales interpuestas.
La Contraloría verificó que efectivamente en diciembre del 2013 el municipio presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental una demanda de reparación de daños ambientales contra la minera en cuestión. Comprobó que dicha demanda no fue notificada “teniéndose por no presentada con fecha 31 de marzo del 2014”.
En el convenio suscrito, consta que las aludidas empresas “se obligaron a pagar la suma de siete millones de dólares, acordándose que, de ellos, cuatro millones de dólares se destinarían a cubrir los honorarios de los abogados contratados por el municipio para la defensa de sus intereses, y sólo la cantidad restante ingresaría al patrimonio municipal. Por su parte, la entidad edilicia se comprometió a no perseverar en la demanda interpuesta, declarando y reconociendo la inexistencia del daño ambiental provocado, o al menos, la falta de participación de tales compañías en el mismo”.
La Contraloría señala que en el contrato “no se estipuló ninguna medida destinada a reparar el daño ambiental causado”, limitándose las entidades mineras únicamente a entregar una cantidad determinada de dinero, “de la cual, incluso, más de la mitad fue destinada al pago de honorarios profesionales -a pesar de que la demanda no fue notificada-, y el resto ni siquiera se estableció que debía emplearse para el cumplimiento de las funciones municipales de protección del medio ambiente”.
Y concluyó que “ello no se ajusta a derecho”, y “no se da cumplimiento a la función propia de la entidad edilicia de proteger el medio ambiente”. Añade que lo anterior cobra mayor relevancia aún, “si se considera que en el acuerdo que se analiza, el municipio de que se trata también renunció al ejercicio de cualquier pretensión encaminada a la impugnación de la resolución exenta N° 133, de 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto “Candelaria 2030-Continuidad Operacional”, lo que tampoco resulta procedente”.
Afirma que con el convenio suscrito “no se ha logrado el objetivo de preservar la naturaleza a través de medidas concretas de reparación del daño ambiental causado, sino que solo se ha obtenido un incremento del patrimonio municipal y el pago de los honorarios profesionales de abogados”, advirtiendo de paso que la Municipalidad debía regularizar la situación en un plazo de 30 días. “Se remiten los antecedentes respectivos al Consejo de Defensa del Estado, para los fines pertinentes, y a la Fiscalía de esta Entidad de Control, para efectos de iniciar un procedimiento disciplinario en el aludido municipio en el que se determine la existencia de eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios en los anotados hechos.
Un poco de historia
El alcalde Delgado, al ser interrogado por la Fiscalía instaló una bomba de tiempo de acción retardada. Le confesó al Fiscal Luis Miranda que Jaime Mulet le había ofrecido 400 millones de pesos, si se desistía de la demanda y levantaba una medida precautoria presentada en un juzgado civil capitalino para que finalmente los abogados Bosselin y Briones recibieran 4 millones de dólares en pago por sus servicios profesionales. El punto es que Contraloría señala que tales servicios no se realizaron. No hubo proceso a raíz del desistimiento.
La suma, detalló Delgado según el reportaje de Biobío, le fue ofrecida en octubre de 2016 por Mulet para que levantara una medida precautoria presentada en un juzgado civil de Santiago sobre 4 millones de dólares que deberían recibir como honorarios los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, a raíz de un acuerdo con la minera Candelaria, que permitió evitar un juicio ambiental.
Haciendo un poco de historia, efectivamente, por sugerencia de Mulet, la municipalidad de Tierra Amarilla contrató a Bosselin y Briones para defender la comuna de daños ambientales en que había incurrido la minera. De hecho, el objetivo propuesto era que se compensara económicamente a la comunidad de Tierra Amarilla, se señala en un escrito del Consejo de Defensa del Estado.
Sin embargo -y de acuerdo al dictamen de la Contraloría- los 7 millones de dólares pagados por Candelaria no sirvieron a ese objetivo de preservación del medio ambiente, sino para incrementar el patrimonio municipal y de los abogados Bosselin y Briones.
¿Cómo se llegó a esta situación? El Consejo de Defensa del Estado fue lapidario: “se buscaba lisa y llanamente obtener dinero a costa del daño ambiental”. Y explica el complicado tema de esta manera: “así́ las cosas, y advirtiendo la necesidad imperiosa que tenia CCM Candelaria de obtener la aprobación ambiental de su proyecto sobre continuidad operacional –que permitiría la continuación de las actividades de explotación minera en la zona hasta el año 2030, pues la Resolución de Calificación Ambiental vigente solo tenia duración hasta el 2015-, los querellados divisaron una oportunidad de negocio que permitiría obtener dinero de parte de La Minera, tanto para los asesores externos y el propio Alcalde, como para el municipio, utilizando para ello indebidamente la función publica”.
En julio de 2015 la Comisión de Estudio Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Candelaria, por lo que el camino para una negociación ya no tenía impedimento alguno. Y entonces, el 3 de septiembre de 2015 con la conformidad del Concejo Municipal de Tierra Amarilla, se firmó el millonario acuerdo. El municipio recibiría 7 millones de dólares, pese a que no había demanda alguna en contra de Candelaria. Hubo dos vales vista que debían ser cobrados por Bosselin y Briones, pero con una condición: la autorización para que la cuprífera pudiera funcionar hasta 2030, debía ser confirmada por el comité de ministros. Y así ocurrió en septiembre del 2016. Los abogados ya podían retirar sus increíbles honorarios.
Pero, varios concejales de la municipalidad se opusieron a tales honorarios, aduciendo que nunca habían tenido conocimiento del tema. El alcalde Osvaldo Delgado entonces interpuso una medida prejudicial, lo que impedía a los abogados retirar los cuatro millones de dólares.
El entonces alcalde viajó a Santiago para recuperar el dinero y según confesó a la Fiscalía, sostuvo una reunión con Mulet, en las oficinas de Bosselin y Briones, ubicadas en Sótero del Río. En su testimonio, Delgado señala que, en un momento, Mulet “me llevó a un rincón y me ofreció (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago. Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking me ofreció 600 millones”. Y agregó: “Todo este acuerdo lo manejaron Mulet (…) con Briones y Bosselin. Ahora estoy convencido que todos ellos (…) se coludieron para obtener dinero de la minera a cualquier costo (…) Es injusto que los abogados de la municipalidad obtengan más que su cliente (…) eso demuestra que ellos protegieron sus intereses antes que los de la Municipalidad de Tierra Amarilla y me utilizaron para lograrlo. Yo no recibí un solo peso por ese acuerdo”.
El 17 de enero de 2017, Bosselin y Briones cobraron sus honorarios. Y hoy, ambos enfrentan al Consejo de Defensa del Estado, que en su presentación señala: “Los querellados efectuaron diversas conductas destinadas a forzar una negociación con la minera, y ésta, a sabiendas del daño ambiental ocasionado y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera hasta 2030, negociaron una “transacción” que significó el pago indebido de dinero al municipio (…)”.
La explicación de Mulet
“Soy totalmente inocente en esta investigación que ya lleva más de 5 años y se refiere a hechos de una época donde yo no tenía cargo público alguno. Tampoco involucra que yo haya recibido dineros. Sólo que la investigación pasa de desformalizada a una formalizada”, señaló Mulet
