Periodista y docente carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera. Anyela Millapán, estudiante carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera.
Los funcionarios policiales, el cabo primero Sebastián Zárate Palma y el cabo segundo Manuel Méndez Muñoz, entregaron información falsa para encubrir el homicidio de Gabriel Utreras Sanhueza (37) en medio de un procedimiento. Pero una cámara ubicada en la patrulla policial fue crucial para aclarar los hechos.
La noche del 17 de agosto
La noche del 17 de agosto, en el sector Maquehue, camino al ex aeropuerto de Temuco, carabineros intentaron fiscalizar el vehículo que conducía el músico de hip hop Gabriel Utreras Sanhueza, conocido como «Vejetal». En el auto además venían dos hombres y una mujer: uno de ellos tenía una orden de detención pendiente y Utreras registraba una condena anterior por robo en lugar no habitado, que ya se cumplió.
Según la primera versión conocida esa noche, el músico habría intentado huir, fue interceptado por la patrulla a unos kilómetros e intentado atropellar al cabo Zárate Palma. En una entrevista el 21 de agosto con TVN Red Araucanía, el jefe de la IX Zona de Carabineros Araucanía, general Miguel Herrera Jorquera, declaró que «en los momentos que el vehículo (conducido por Utreras) se devuelve, uno de los carabineros desciende del móvil policial, hace las señales de detención al vehículo, el vehículo conforme a la información que entrega el funcionario, intenta arrollarlo. En vista del peligro inminente de la vida del funcionario, éste hace uso de su arma de servicio efectuando dos disparos que hieren al conductor del vehículo».
Con esa versión oficial —la de la legítima defensa— aún vigente, el funeral de Gabriel Utreras fue declarado de alto riesgo, tras un informe emitido por la misma institución uniformada y respaldado por la Delegación de la región de La Araucanía. Por eso, el cuerpo de Utreras, padre de tres hijos, fue entregado a su familia cuatro días después: no pudieron velarlo, solo realizar un funeral con intenso resguardo policial.
La tesis que se derrumbó
Sin embargo, el argumento de la «legítima defensa» se cayó siete días después de los hechos, gracias al registro de la cámara trasera del mismo vehículo policial —periciada por la Policía de Investigaciones— y a los testimonios de los tres acompañantes del músico.
«El cañón del armamento estaba a 50 centímetros de la ventana del conductor, un disparo directo que le ocasionó la muerte». Este antecedente fue entregado por el fiscal de la Unidad de DDHH del Ministerio Público de Temuco, Luis Torres, en la audiencia de formalización de cargos en contra de los dos carabineros acusados de mentir, obstruir la investigación y dar muerte al músico.
En el video se percibe el momento en que el cabo primero Sebastián Zárate Palma se baja rápidamente de la patrulla y dispara con su arma de servicio hacia la ventana del vehículo conducido por Utreras, mientras este iba en marcha. El primer disparo fue mortal. Luego percuta un segundo tiro en dirección al auto. El registro audiovisual muestra que, segundos después, el auto del músico frena su andar.
Para el fiscal Luis Torres, quien lidera la causa —de carácter reservado—, «no había ninguna necesidad racional de utilizar armamento en contra de esta persona. Y en atención a estos antecedentes, aquí hay un homicidio».
A horas de conocidos los detalles del montaje policial, el delegado de la región de La Araucanía, Francisco Ljubetic, fue consultado sobre la contradicción entre la versión entregada por Carabineros y lo que mostraba el video. Su respuesta fue que «no podríamos hablar de engaño, sino más bien, que cada uno ha operado según las esferas de sus atribuciones».
Una respuesta que no satisface a la familia del músico. Lidia Riquelme, tía de Gabriel Utreras Sanhueza, dijo que fueron discriminados sin ninguna evidencia objetiva y que solo quieren que se esclarezcan las razones del actuar de los dos policías. «(Su cuerpo) fue directo al cementerio y ahí empezó la duda para toda la familia, por qué no lo dejaban sepultar. Era como que ‘a este lo enterramos y aquí termina todo’. Para nosotros, al final, es toda una mentira».
Caso Catrillanca 2
Por este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella por apremios ilegítimos. El director de la región de La Araucanía, Federico Aguirre, calificó el hecho como «gravísimo», agregando que «lamentablemente evoca lo que sucedió con Camilo Catrillanca».
Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado por carabineros en 2018 al interior de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La primera versión entregada por las autoridades de gobierno de la época fue que el funcionario policial que disparó contra el comunero lo hizo en legítima defensa, en medio de un enfrentamiento armado, y que no existían registros audiovisuales del hecho. Meses más tarde se descubrieron videos de cámaras GoPro que revelaron que esa versión era falsa: el comunero estaba desarmado y los funcionarios involucrados habían ejecutado un montaje.Un debate que trasciende el caso.La muerte de Gabriel Utreras y el montaje policial que la siguió se conocen en medio de un momento de máxima tensión en la discusión sobre atribuciones policiales en Chile. En el Congreso avanza la llamada Ley Naín-Retamal 2.0, que extiende la presunción de legítima defensa privilegiada a los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que actúen fuera de servicio, y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados —con apoyo de sectores de oposición— y despachada al Senado para su segundo trámite.
En paralelo, el Gobierno de José Antonio Kast impulsa una reforma constitucional en materia de seguridad, que busca incorporar la seguridad pública de forma explícita en la Carta Fundamental y crear un nuevo estado de excepción de hasta 240 días para enfrentar al crimen organizado. La propuesta ha generado críticas transversales —incluso al interior de la propia coalición de gobierno— por el aumento de atribuciones que otorgaría al Ejecutivo, lo que llevó recientemente a que el propio Gobierno le retirara la urgencia legislativa para buscar acuerdos.
Casos como el de Utreras y el de Catrillanca alimentan precisamente ese debate: mientras el Ejecutivo y sectores del Congreso impulsan ampliar el respaldo jurídico a las policías, organismos de derechos humanos y parte de la oposición advierten sobre los riesgos de extender presunciones de legítima defensa en un contexto donde ya se han documentado montajes para encubrir actuaciones policiales letales.
Formalización
En el Tribunal de Garantía de Temuco, ambos policías fueron formalizados. Al cabo primero Sebastián Zárate Palma se le imputaron cargos como autor del delito consumado de homicidio de Gabriel Utreras, quedando en prisión preventiva en un cuartel policial. Al cabo segundo Manuel Méndez Muñoz se le formalizó por obstrucción a la investigación, quedando con arresto domiciliario nocturno.
){kind=link}