Once diputados, entre ellos dos del PS, dos del PC, una del PPD y cinco del Frente Amplio presentaron una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera a raíz de “las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes”, señaló la diputada Carmen Hertz, una de las firmantes. A ella se suman, Daniel Núñez, Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Jorge Brito, Claudia Mix, Tomas Hirsch, Gael Yeomans, Vlado Mirosevic, Carolina Marzan y el regionalista verde Esteban Velásquez.
Carmen Hertz señaló que la situación denunciada “ha infringido claramente la Constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación”.
El diputado Jaime Naranjo (PS) manifestó que “algunos han señalado que esta Acusación Constitucional no tiene sentido, porque lo más probable es que esté perdida”. “Puede ser cierto, pero lo importante de esta Acusación Constitucional es que estamos notificando al actual presidente Sebastián Piñera, y a los futuros presidentes de Chile, que nunca más (habrán) graves violaciones a los derechos humanos”, señaló.
Tomás Hirsch (PH) mencionó que “esta acusación es histórica (…) porque también lo que hemos vivido en el país es dramático”. “Acá hay un imperativo ético para esta Acusación Constitucional y cada diputada y cada diputado tendrá que tomar una decisión. Si va a estar del lado de la protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, o si va a estar protegiendo a quien los ha violado de manera brutal y sistemática”.
No todos en la oposición estuvieron de acuerdo con esta acusación. Lo probable es que se desestime por cuanto la actual Constitución exige quórums muy elevados para destituir a un Presidente y los números -dicen- no dan para eso. En la Cámara Baja la acusación necesita el voto favorable de la mayoría de los 155 diputados en ejercicio, es decir 78; y actualmente son 83 los que se definen como deoposición. Y, en el Senado -que actúa como jurado- la acusación se aprueba con dos tercios de los 43 parlamentarios en ejercicio, es decir 29; pero actualmente sólo 23 se ubican en la oposición.
