periodista.
Hace un tiempo está en la noticia el norte altiplánico de Chile, tras la masiva llegada de migrantes provenientes principalmente de Venezuela, que detonó una crisis humanitaria que tiene a miles de hombres, mujeres, niñas y niños a la deriva.
Esto se intensificó el pasado 1 de febrero en la localidad de Colchane, ubicada en la Región de Tarapacá, al borde de la frontera con Bolivia, que fue el epicentro del ingreso de cerca de 1.600 inmigrantes que entraron al país por pasos no habilitados.
Además, el 3 de febrero, el Gobierno confirmó la muerte de dos personas, Wladimir Godefroy Araujo, venezolano de 69 años y Elvia Valencia Cuero, colombiana de 36 años. Considerando que la zona se encuentra a más de 3.600 metros de altitud, donde las temperaturas marcan grados bajo cero durante la noche, se estima que ambas personas habrían muerto a consecuencia del frío.
La comuna de Colchane tiene menos de 1.400 habitantes, los cuales se han multiplicado tras la llegada de más de 15 mil inmigrantes que han cruzado este paso fronterizo desde Bolivia hasta Chile durante un año. Muchos y muchas se han visto obligadas a viajar a pie durante los hostiles terrenos altiplánicos, lo que ha significado un peligro integral para estas personas.
Por otra parte, al llegar al país, las y los migrantes se ven obligados a vivir en la intemperie. En este sentido, es una arista más de preocupación debido a la latente presencia del Covid-19. “Los inmigrantes están aglomerados, sin las condiciones mínimas. También con las bajas temperaturas es más posible que se propaguen enfermedades respiratorias”, declaró el alcalde de la localidad, Javier García.
Es por esto por lo que se hace urgente que, por parte del Estado de Chile, se tomen las medidas correspondientes para resguardar la integridad y salud de estas personas. “Hacemos un llamado para que la migración en Chile deje de concebirse como un asunto de Seguridad Nacional y sea incorporado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Que se reconozca la migración como un derecho garantizado por parte de los Estados”, enfatizó la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
“No olvidemos que hay una responsabilidad de todos los Estados de la región de resguardar los Derechos Humanos fundamentales de esta población en especial, que están en una situación de alta desprotección”, aseguró Patricia Loredo de la Corporación Colectivo sin Fronteras.
Exigen respuestas humanitarias
Esta situación ha desatado aún más la indignación por parte de organizaciones migrantes, quienes acusan negligencia por parte del Estado chileno, que no ha hecho más que aumentar la presencia militar y policial en la zona, a través de la reciente activación de un decreto que permite a las Fuerzas Armadas actuar en el control fronterizo, desatando una violencia desmedida contra las personas que se encuentran migrando.
“Vemos con indignación que se han intensificado los refuerzos militares en las zonas fronterizas sin existir ningún tipo de políticas migratorias de acogida para estas comunidades”, declaró la Coordinadora a través de un comunicado donde exige el cese de la violencia policial y la criminalización de las comunidades migrantes.
Asimismo, considerando que la mayoría de la población migrante en la comuna de Colchane proviene de Venezuela, la Asociación Venezolana en Chile emitió un comunicado tomando parte y llamando a las autoridades a respetar los derechos humanos de las y los migrantes.
“Consideramos que es urgente generar una coordinación intersectorial y multinivel entre distintos actores del Estado (nacionales y subnacionales), en conjunto con organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para avanzar hacia la implementación de un plan integral de emergencia y asistencia que resguarden la vida de las personas y sus derechos humanos”, expresó la organización.
Actualmente el Gobierno baraja la posibilidad de implementar aviones para devolver a las y los migrantes que se encuentran de manera irregular en el país, una medida fuertemente criticada por agrupaciones de migrantes y de defensa de derechos humanos. “Si la situación de las personas migrantes no se regulariza, es inviable que el Estado chileno pueda generar procesos de expulsión que pretendan gestionar los distintos flujos de migrantes que se encuentran irregulares por años. Creemos que es totalmente condenable que en un contexto de crisis humanitaria y en un contexto de pandemia, las respuestas que está priorizando el Gobierno sean fundamentalmente militarizar las fronteras y expulsar a las personas. Ahí no hay una respuesta humanitaria”, sentenció Patricia Loredo.
