Periodista.
«Un militar de verdad», se llamaba la sátira exhibida por un programa de TV en el canal privado La Red en el que un cómico disfrazado de general describía las funciones de un militar de verdad. Entre ellas jubilar a los 40 años con una pensión equivalente a su sueldo, rehuir el llamado a combate y maltratar, espiar y torturar a cualquier subalterno. En una misma semana marcada por enfrentamientos editoriales entre la gerencia de esta señal y el Gobierno por presiones sobre una línea editorial confrontacional, el fin de semana el Ejército reaccionó al sketch humorístico enviando una carta al canal, expresando su descontento por el tono del espacio. Una sátira que profería «todo tipo de injurias en contra de los 45 mil mujeres y hombres que eligieron la profesión militar, y que desde hace un año están colaborando con todos los chilenos para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19», anotaba la queja.
De acuerdo a la institución, “la manera en que se denosta al Ejército y a sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo, aprovechando la facilidad que le otorga para ello un medio de comunicación, reflejando además ignorancia del quehacer institucional y del sustantivo aporte que diariamente llevan a cabo miles de militares en aras del desarrollo nacional en distintas áreas». El texto finalizaba invitando a las autoridades del canal a interiorizarse sobre estas labores institucionales.
Este acto deliberativo que, incluso, se anticipó a cualquier otra queja del Estado, fue seguida por una posterior y llamativa declaración del ministro de Defensa, Baldo Prokurica, quien expresaba su apoyo irrestricto a la molestia del Ejército manifestada en la carta. “Me parece muy lamentable (…) hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras FF.AA.», señaló el Ministro. «No es aceptable recurrir a la parodia para enlodar instituciones y personas que prestan un servicio imprescindible a nuestra patria y a todos sus ciudadanos, incluyendo a quienes los denostan tan livianamente», agregó Prokurica.
Desde el enfoque de la comunicación política y la administración del Estado, el debate que abre este diálogo entre particulares, FF.AA. y el Gobierno, es una muestra más del evidente desorden de la cadena de mando que equivale, incluso, a un vacío en la administración del poder ejecutivo, cree el cientista político José Orellana, docente de la Escuela de Ciencia Política y RRII de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El docente reitera cómo la historia política latinoamericana -y chilena en particular- ha sido campo fértil para este tipo de intervenciones de las Fuerzas Armadas.
«La institución militar seguirá siendo una expresión estatal relevante tal como en el pasado han integrado movimientos inconstitucionales como la dictadura cívico militar de Chile y otras expresiones políticas aún anteriores. En la transición a la democracia, esta rara avis deliberativa se profundizó junto al intenso cultivo de las relaciones militares y civiles para impedir asonadas como las que se conocieron entonces», señala sobre los célebres acuartelamientos y boinazos de comienzos de los 90.
Desde su área, la administradora pública y Dra. en Estudios Americanos, Lorena Araya, es enfática en aclarar que el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden está normado por la propia Constitución y la ley orgánica que las rigen por lo que estos exabruptos no son propios de un grupo supuestamente jerarquizado y disciplinado. «La función del Ejército es eminentemente técnica y requiere de una alta profesionalización en su campo, pero respecto a la institucionalidad jurídica, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que son un cuerpo altamente jerarquizado, obediente, disciplinado y no deliberativo, dada la naturaleza de la función que ejercen», recuerda. En ese sentido, sus miembros no pueden ejercer actividades que vayan en contra de las normas que las rigen, al igual que cualquier otro organismo público, subraya.
«Se puede entender que como cualquier institución estatal, sus miembros pueden verse afectados por hechos como los conocidos por todos en los últimos días, pero en un estado democrático y en que se supone que prima el estado de derecho, existen canales institucionales y legales por las cuales estas situaciones deben ser resueltas», señala sobre una acción que no solo pasó por encima del Ministerio de Defensa, sino que fue avalada por este destaca la profesora Araya.
Una práctica episódica
El contexto hoy es otro, uno de desprestigio producto de los millonarios desfalcos conocidos como el «Milicogate» y el rol punitivo contra la sociedad que asumieron las fuerzas militares durante el estallido social y los meses siguiente, advierte el politólogo. «Curiosamente fue otro general deliberante el que, por entonces, se permitió disentir del presidente Piñera y su célebre declaración de guerra. Desde entonces, el desorden político que podríamos comparar con un vacío de autoridad también ha propiciado que diversos uniformados también hayan opinado con una amplia caja de resonancia sobre el destino del monumento a Baquedano y hoy sobre una parodia televisiva de la que muchos no nos hubiéramos enterado de no ser por esta crítica de la oficialidad en los medios», agrega Orellana. Lo que hay que resguardar a nivel democrático es que la conducta de las FF.AA. sea profesional y no deliberante, como principio general, reflexiona.
En tanto, el abogado constitucionalista, Rodrigo Medina, llama a no sorprenderse tanto de esta serie de intervenciones militares que suelen ser episódicas. Sí hay que atender a una peligrosa falta de comprensión básica del papel que les corresponde en un Estado democrático de derecho, sostiene. «Primero, porque evidentemente el Ejército procura deliberar políticamente trastocando su deber de obediencia y sometimiento a la supremacía civil, una norma básica para evitar él pretorianismo de la casta militar”, señala respecto al poder excesivo de una clase militar que se transforma en abusos y violaciones a los DDHH. En segundo lugar, acusa la manera en que se han ejecutado “acciones ilícitas sin que el Ministerio de Defensa estuviera siquiera informado de ello y, finalmente, olvidando que los actores públicos deben someterse a la crítica pública consustancial a un Estado de esta clase», plantea.
Desde esa perspectiva, suspicaz del exceso de las influencias otorgadas a la casa militar por la aprobación del Ministerio de Defensa, la Dra. en Derecho, Silvana del Valle, cree que este espacio de opinión para la institución armada excede los límites de los DDHH y mella la libertad de expresión. “Al Ejército se le ha otorgado privilegios y garantías de diverso tipo en lo previsional, salud, gastos reservados, etc., y entre estos también existen deberes para con la Constitución que no han sido capaces de cumplir”, señala Del Valle.
Lo que estamos viendo hoy es algo grave, cree la abogada. Es una señal del rumbo de un Estado hacia totalitarismos pasados que causaron gran daño histórico, insiste. “Este ataque a la creación artística recuerda al episodio, reciente también, en que se gastaron recursos estatales para querellarse contra el colectivo feminista “Las Tesis”. El ataque a los artistas, cantantes, poetas, es una de las primeras cosas que ocurren cuando los Estados devienen en totalitarios. Por eso esperamos que este acto sea condenado de manera transversal», añade la Silvana del Valle.
