Los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast comienzan a mostrar una tendencia que excede la simple caída de aprobación presidencial. La convergencia entre indicadores económicos, rotación de autoridades, percepción de improvisación, pérdida de atributos presidenciales y resistencia ciudadana frente a determinadas ampliaciones de las potestades del Ejecutivo permite formular una hipótesis más amplia: el Gobierno estaría experimentando una erosión temprana de su legitimidad de ejercicio precisamente en aquellos atributos sobre los cuales construyó su legitimidad electoral de origen.
El punto de partida resulta decisivo. Kast no recibió un Estado insolvente ni una economía en situación de colapso. Chile cerró 2025 con un crecimiento del PIB de 2,5%, una deuda bruta del Gobierno Central equivalente al 41,7% del PIB y una inflación que en febrero de 2026 alcanzaba 2,4% anual. Dos meses antes del cambio de mando, el Estado chileno había colocado US$4.375 millones en bonos soberanos internacionales, conservando acceso normal al financiamiento externo. Existían, al mismo tiempo, problemas reales: un déficit estructural elevado, desempleo persistente, bajo crecimiento tendencial, debilidades de productividad y una situación de seguridad que continuaba ocupando un lugar central en las preocupaciones ciudadanas.
Esa diferencia es fundamental. La discusión no consiste en negar los problemas heredados, sino en establecer si esos problemas justificaban describir al país mediante categorías como “Chile se cae a pedazos”, “nos dejaron sin plata” o “Estado en quiebra”. Los datos fiscales permiten hablar de una necesidad de consolidación y corrección de desequilibrios; no describen técnicamente una situación de insolvencia estatal.
El Gobierno, sin embargo, construyó su legitimidad inicial precisamente sobre una representación excepcionalmente severa de la situación nacional. Esa narrativa tuvo inicialmente una considerable eficacia política. Cadem registró en marzo 57% de aprobación para Kast y 34% de desaprobación. El 58% consideraba además que Chile necesitaba un “gobierno de emergencia”. En torno al inicio del mandato, el Presidente alcanzaba 62% en autoridad y liderazgo, 60% en capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo, 60% en capacidad para mantener el orden público, 55% en claridad de diagnóstico sobre la situación del país y 51% en garantías de gobernabilidad.
Esto significa que Kast llegó a La Moneda no solamente con legitimidad electoral, sino con un importante crédito de competencia. Una parte significativa de la ciudadanía suponía que el nuevo Presidente entendía los problemas del país y poseía herramientas particularmente eficaces para enfrentarlos.
Seis meses después, esa presunción comienza a deteriorarse.
Criteria registra actualmente 30% de aprobación y 58% de desaprobación, frente a 46% y 30%, respectivamente, al comienzo del Gobierno. Cadem muestra una trayectoria convergente: desde 57% de aprobación inicial hasta aproximadamente 34%-36% durante los primeros días de septiembre, con una desaprobación cercana al 60%-61%.
Pero el fenómeno más relevante no se encuentra solamente en la popularidad. Los atributos asociados directamente al liderazgo presidencial también disminuyen. En abril, Cadem todavía registraba 53% para “autoridad y liderazgo”; en agosto ese atributo alcanzaba sólo 37%. Si se considera como referencia el 62% registrado alrededor de la instalación del Gobierno, la magnitud del deterioro resulta todavía mayor.
La competencia económica comienza a experimentar una transformación semejante. En junio, Criteria encontraba que 56% consideraba a Kast capaz de hacer crecer la economía y 32% pensaba que el Ejecutivo tenía un plan claro de crecimiento. En septiembre, en cambio, 42% considera que el Gobierno improvisa en economía y 45% piensa lo mismo respecto de la generación de empleo. Simultáneamente, 51% evalúa negativamente la situación económica y 52% considera que Chile está retrocediendo.
La secuencia adquiere especial importancia cuando se observa la atribución de responsabilidades. En junio, Criteria registraba que 38% responsabilizaba principalmente al gobierno de Gabriel Boric por la situación adversa del país, frente a sólo 20% que atribuía la principal responsabilidad al Gobierno de Kast. Tres meses después esa relación se invirtió: 38% responsabiliza principalmente al Ejecutivo actual y 32% al anterior.
Este desplazamiento constituye una transferencia de causalidad política. El Gobierno comienza a perder progresivamente la posibilidad de explicar las dificultades actuales únicamente mediante la herencia recibida. La ciudadanía deja gradualmente de evaluar a Kast como quien acaba de recibir un problema y comienza a evaluarlo como quien ya posee responsabilidad sobre su evolución.
Es precisamente allí donde comienza a adquirir sentido el “boomerang” identificado por ICAL. El “Chile se cae a pedazos” puede comenzar a devolverse contra quienes instalaron ese diagnóstico porque su intensidad produjo una expectativa proporcional de restauración. Mientras más excepcionalmente grave se describía el país, mayor debía ser la competencia de quienes aseguraban conocer el camino para reconstruirlo.
A esta pérdida de capital reputacional se suma otra variable institucional significativa: la elevada rotación de autoridades. Al cumplirse aproximadamente seis meses de Gobierno se contabilizaban 45 salidas de cargos políticos nacionales y regionales: tres ministras, seis subsecretarios, 35 seremis y un delegado presidencial provincial. La cifra equivale aproximadamente a una salida cada cuatro días.
La rotación, considerada aisladamente, no demuestra incapacidad gubernamental. Los reemplazos pueden obedecer a causas diferentes y algunos incluso pueden constituir correcciones necesarias. Sin embargo, su frecuencia, concentración temporal y presencia en áreas estratégicas permiten formular una hipótesis de capacidad estatal: parte de la percepción ciudadana de improvisación podría tener un correlato organizacional en dificultades de selección, coordinación, control previo de competencias y estabilización de equipos.
Desde la teoría institucionalista, la capacidad de gobierno depende no sólo de la autoridad formal del Presidente, sino de la calidad del centro gubernamental, de la coordinación interministerial, de la estabilidad de los cuadros directivos y de la capacidad de transformar prioridades políticas en ejecución administrativa. Una alta rotación interrumpe curvas de aprendizaje, destruye memoria organizacional, obliga a reconstruir relaciones internas y aumenta los costos de coordinación. La coincidencia temporal entre esta inestabilidad y el aumento de la percepción de improvisación no permite demostrar causalidad, pero constituye una relación empírica que debe ser observada.
La seguridad agrega una dimensión especialmente relevante porque fue una de las principales ventajas comparativas electorales de Kast. La evidencia muestra que la ciudadanía continúa demandando políticas fuertes contra el delito. Cadem encontró 88% de apoyo a aumentar las penas para quienes recluten menores para delinquir, 84% a mantener presencia policial permanente en barrios críticos y 82% a agravar las sanciones por pertenencia a organizaciones criminales.
Sin embargo, ese respaldo disminuye cuando la cuestión deja de ser combatir el delito y pasa a ser cuánto poder discrecional debe concentrar el Ejecutivo para hacerlo. El 61% considera que los estados de excepción deben requerir autorización del Congreso. En otra medición, 50% respaldaba la creación de un nuevo estado excepcional cuando debía renovarse parlamentariamente cada 30 días, mientras sólo 33% apoyaba la fórmula que permitía al Presidente decretarlo por 120 días y prolongarlo hasta 240 antes de una nueva intervención parlamentaria.
Esta diferencia es políticamente fundamental. La ciudadanía parece distinguir entre autoridad y discrecionalidad, entre fortalecer al Estado contra el crimen y reducir los controles democráticos sobre quien ejerce ese poder.
Desde Guillermo O’Donnell, esta tensión puede analizarse bajo la advertencia de la democracia delegativa: la victoria electoral no significa que el Presidente reciba un mandato para gobernar libre de controles institucionales durante todo su período. Los datos disponibles no permiten afirmar que Chile haya ingresado en una democracia delegativa, pero sí hacen pertinente observar una tensión característica de ese concepto: el recurso a una situación excepcional para justificar mayores grados de autonomía presidencial respecto de los contrapesos institucionales.
El fenómeno resulta todavía más significativo porque ocurre mientras disminuyen confianza, liderazgo y percepción de competencia presidencial. Se produce así una paradoja: el Ejecutivo solicita mayores espacios de discrecionalidad precisamente cuando una proporción creciente de la ciudadanía manifiesta dudas respecto de su conducción.
Paralelamente, comienza a observarse una transformación en la distribución de capacidades estatales. El Gobierno impulsa disciplina fiscal, reducción administrativa y una disminución o revisión de determinadas funciones económicas, regulatorias y sociales, mientras simultáneamente busca fortalecer capacidades policiales, penitenciarias, fronterizas y presidenciales vinculadas al control y la seguridad.
La categoría “menos Estado” resulta, por tanto, insuficiente.
La hipótesis más adecuada es la de una reconfiguración selectiva del Estado: restricciones sobre algunas capacidades aseguradoras, redistributivas y administrativas, acompañadas por una expansión o robustecimiento de capacidades coercitivas y de control.
Esta asimetría permite dialogar críticamente con Loïc Wacquant y con una literatura más amplia sobre transformaciones del Estado contemporáneo: la retracción estatal en determinados ámbitos sociales puede coexistir perfectamente con su fortalecimiento penal, policial y disciplinario. El Estado no necesariamente desaparece; modifica aquello para lo cual decide ser fuerte.
La hipótesis general que emerge de estos antecedentes puede resumirse entonces de la siguiente manera:
el Gobierno de Kast podría estar enfrentando una crisis temprana de legitimidad de ejercicio producida por la distancia creciente entre la excepcional competencia que su narrativa electoral prometía y la capacidad gubernamental que una parte creciente de la ciudadanía percibe en la práctica.
El proceso presenta al menos cinco manifestaciones convergentes: caída pronunciada de aprobación; reducción de atributos de autoridad y liderazgo; aumento de la percepción de improvisación en economía y empleo; transferencia de responsabilidad desde el gobierno anterior hacia el actual; y una elevada rotación de autoridades que plantea interrogantes sobre la capacidad organizacional del Ejecutivo.
Simultáneamente, el Gobierno intenta profundizar una transformación estatal que combina austeridad fiscal con fortalecimiento de las capacidades coercitivas y mayores potestades excepcionales.
La hipótesis debe conservar, sin embargo, su condición de contraste. Es posible que estemos observando solamente una instalación gubernamental especialmente turbulenta. Si durante los próximos meses mejoran el empleo, el crecimiento y la seguridad, disminuye la rotación de autoridades, aumenta la percepción de planificación y se recuperan confianza, liderazgo y aprobación presidencial, entonces buena parte de esta interpretación deberá ser revisada.
Pero si persisten simultáneamente la caída de confianza, la percepción de improvisación, la transferencia de responsabilidad y la inestabilidad gubernamental, mientras el Ejecutivo continúa solicitando mayores facultades excepcionales, comenzará a consolidarse una interpretación diferente.
El problema ya no será simplemente que Kast haya perdido popularidad.
Será que el Gobierno puede estar perdiendo algo más importante: credibilidad para definir la realidad sobre la cual pretende ejercer mayores poderes.
Ése es, finalmente, el elemento que reúne todas las dimensiones estudiadas. La credibilidad conecta economía, liderazgo, capacidad estatal, comunicación y democracia. Implica creer que el presidente describe correctamente el país, que sus ministros saben lo que están haciendo, que los argumentos fiscales poseen sustento técnico, que existe un plan detrás de las decisiones impopulares y que las facultades extraordinarias serán utilizadas con proporcionalidad y sometidas a controles democráticos.
El verdadero boomerang del “Chile se cae a pedazos” podría encontrarse precisamente allí. Una narrativa de emergencia puede ser extraordinariamente poderosa para obtener autoridad. Pero cuando quienes construyeron esa emergencia pasan a gobernar, la misma narrativa transforma rápidamente la pregunta ciudadana: ya no basta con señalar quién produjo el problema.
Hay que demostrar que realmente se sabía cómo resolverlo.
