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Homicidio de Malabarista: Comisión Chilena de DDHH Amplía Querella por Crímenes de Lesa Humanidad contra Piñera

Crédito fotograía: Prensa Presidencia.

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La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) anunció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella por crímenes de lesa humanidad, en curso desde 2020, a raíz de las vejaciones cometidas durante el estallido social.

La acción judicial contra el Presidente Sebastián Piñera, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Galli, del General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, y de todos quienes resulten responsables, se interpuso “a propósito del homicidio de Francisco Martínez Romero, cometido por Carabineros en Panguipulli”, detalla el comunicado oficial de la CCHDH.

Según se relata en el texto, por medio de la querella se pretende establecer la responsabilidad de las autoridades mencionadas en su “eventual calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión”.

El crimen del joven malabarista, ocurrido en la región de Los Ríos, reactivó los cuestionamientos a Carabineros Chile, institución que desde el estallido social ha enfrentado diversas acusaciones por su violento actuar.

La declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos indica que hoy en Chile, Carabineros es la institución que contempla la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluidas la violación del derecho a la vida, “con escasos avances en las investigaciones que permitan acreditar la responsabilidad tanto de los funcionarios involucrados directamente como la responsabilidad de quienes conforman la cadena de mando, incluidas las autoridades políticas, como superiores jerárquicos”.

Carlos Margotta, Presidente de la CCHDH, dijo a Página 19 que la organización defensora de los derechos humanos viene planteando desde hace muchos años la necesidad de una reestructuración de Carabineros de Chile. “Se necesita una reforma profunda de las fuerzas de orden que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, la formación en derechos humanos y la subordinación al poder político y la sociedad civil”.

Agregó que es urgente que el Estado de Chile cumpla con las garantías de no repetición que exige la comunidad internacional a los países que transitan de un régimen autoritario a una democracia, las cuales son reformar las fuerzas de seguridad, las instituciones castrenses y el poder judicial. ”En consecuencia lo que ha quedado en evidencia es que esas garantías de no repetición son urgentes de adoptarlas”.

Recomendaciones pendientes

 El comunicado de la CCHDH denuncia que el Estado chileno no ha cumplido con 21 recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los cuales mencionan la obligación de “asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento”, además de “garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas”.

Entre las recomendaciones que están pendientes se encuentran: impulsar reformas estructurales para asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, reformar los sistemas de registro de detención, capacitar a los agentes en materia de derechos humanos y género, por mencionar algunas.

En el escrito, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicita al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que cite a declarar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, al General Director de Carabineros de Chile, al Ministro del Interior, al Subsecretario del Interior, además del  Alcalde de la comuna de Panguipulli, Rodrigo Valdivia.

Calama, nuevo foco de conflicto para Carabineros

En tanto, hoy se realizó la audiencia de control de detención de dos carabineros acusados de abandonar a un hombre moribundo a las afueras del Servicio Médico Legal de Calama, quien finalmente falleció luego de ser trasladado por la PDI a un centro asistencial de salud.

En la instancia se determinó ampliar la detención de los involucrados para realizar diligencias pendientes que determinen la causa de muerte del hombre de nacionalidad boliviana. Según el relato de la policía civil, el individuo se encontraba gravemente herido al momento de ser encontrado.

Para Carlos Margotta, la opinión pública culpa y responsabiliza a Carabineros de Chile “producto de la actuación durante los últimos treinta años de la institución, pero fundamentalmente debido a los hechos que han ocurrido desde octubre de 2019 en adelante. Lo que demuestra que la institución perdió toda legitimidad ante la ciudadanía”.

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