Periodista.
Tal parece que el Canciller Pérez tendrá que dar muchas explicaciones durante la interpelación a la que fue citado en el Parlamento el próximo 28 de septiembre. Las tensiones con Argentina, que fueron y son graves, se convirtieron en casi insignificantes al lado de las aclaraciones que tendrá que dar al país luego de que el gobierno anunciara intempestivamente el ingreso de Chile como el nuevo socio del que se conoce formalmente como “Escudo de las Américas” y que en los pasillos de diversas Cancillerías se le conoce como “Club de Trump”.
Y fue intempestivo, porque hasta el débil discurso de José Antonio Kast ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Chile se mantenía como “observador” del Club, al cual hasta ese momento habían adherido, 15 naciones del continente. ¿El objetivo? coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, la migración irregular y las amenazas a la seguridad regional, según la iniciativa, que la administración de Donald Trump y el Comando Sur de Estados Unidos impulsaron y lanzaron en marzo de 2026
Junto a Chile y Estados Unidos, integraron esta alianza Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Obviamente que faltaron dos democracias principales: Brasil y Uruguay.
Lo curioso es que el presidente Trump no busca ser el bueno del continente. En realidad, lento pero seguro, llevará a todos estos países a servir a sus propios intereses. Por lo pronto, está presionando hace un rato ya para que Chile y los socios del club lo apoyen en dos objetivos que le quitan el sueño a Trump: abandonar la Corte Penal Internacional y erradicar la influencia geopolítica de China del hemisferio.
Sabiendo que, al menos la mitad de la población chilena desconfía del gobierno norteamericano, específicamente de su “raro” y violento presidente, que no ha trepidado en decir urbe et orbe, que si Irán no cede lo “aniquilaría”, el gobierno rebaja la importancia de lo firmado y presenta este acuerdo fundamentalmente como un mecanismo de coordinación voluntaria contra el crimen organizado transnacional: intercambio de inteligencia e información, análisis de datos, capacitación de Carabineros y PDI y coordinación fronteriza. Es lo que dice la Cancillería chilena. Pero el acuerdo tenía letra chica, más bien, letra oculta.
Porque el documento difundido por Estados Unidos es bastante más amplio y revelador que la explicación inicial de Cancillería. El Escudo de las Américas -que trae a la memoria la famosa Escuela de las Américas donde se entrenaron todos los golpistas del 11 de septiembre de 1973-, se estructura sobre tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral. Importante es que la declaración estadounidense menciona la posibilidad de utilizar mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para facilitar “acciones colectivas” contra organizaciones consideradas “narcoterroristas”. Y solo con esta frase, se abren demasiadas interrogantes. Para comenzar analistas se preguntan si en el futuro podría evolucionar desde cooperación policial hacia formas de cooperación militar. O bien, ¿Qué significa “acciones colectivas”? ¿Contra quienes?
Los ojos de Trump en las tierras raras
Pero hay más. Aparece un elemento geopolítico particularmente relevante. El texto habla de minerales críticos (las tierras raras); cadenas de suministro, examen de inversiones y “proveedores de confianza” para infraestructura digital. Es decir, no se trata únicamente de drogas y carteles. En un país como Chile —con litio, cobre y una relación comercial de la máxima importancia con China— estas disposiciones introducen a los países inevitablemente en la competencia estratégica Estados Unidos-China.
Por eso una de las críticas de la oposición es que la adhesión podría significar un alineamiento más estrecho con Washington y afectar el tradicional margen de autonomía de la política exterior chilena. El diputado Jaime Bassa, por ejemplo, planteó explícitamente la preocupación por las consecuencias sobre las relaciones con China y Europa. El oficialismo responde que cooperación contra el crimen organizado no equivale a subordinación diplomática.
Lo cierto es que las alarmas se encendieron por todas partes. El PS cuestionó la naturaleza de la iniciativa y planteó que sus alcances excederían el intercambio de información entre organismos de seguridad.
“La incorporación de Chile constituye una pésima señal para nuestra política exterior. El Escudo de las Américas no es simplemente un mecanismo de intercambio de información: es una alianza de seguridad con una dimensión militar y operativa”, remarcan. También vincularon sus reparos con la política exterior que ha impulsado la administración de Donald Trump en el continente. En ese contexto, cuestionó que el gobierno se haya incorporado a una iniciativa promovida desde Washington y pidió precisar las consecuencias que podría tener para las decisiones estratégicas del país.
Los socialistas sostienen que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere cooperación internacional, pero esta no puede comprometer la soberanía nacional, la autonomía de nuestra política exterior ni las atribuciones constitucionales de las instituciones democráticas chilenas”.
El PS reclama por la falta de información sobre los términos concretos de la adhesión. La colectividad pidió que el Ejecutivo explique qué materias fueron abordadas durante las conversaciones previas y qué compromisos asumió el país.
“Nos preocupa especialmente que el gobierno haya avanzado en esta decisión sin un debate público suficiente y sin transparentar previamente sus alcances en materias tan sensibles como defensa, inteligencia, intercambio de información, presencia de agentes extranjeros y eventual participación en operaciones conjuntas”, afirman los socialistas.
El presidente del PPD en tanto, diputado Raúl Soto calificó la situación como preocupante y apuntó que Chile debería buscar mantener una buena relación con las distintas potencias internacionales. “Creo que Chile está descuidando por todos lados sus intereses por buscar acercarse política e ideológicamente a Estados Unidos a propósito de esta subordinación que está ocurriendo“.
“Chile ya tenía un espacio de colaboración, tenía un compromiso de Santiago que daba un paso significativo en esa dirección, donde Estados y países en igualdad de condiciones, se pusieron de acuerdo para colaborar”, señaló el diputado.
El presidente de la Democracia Cristiana, José Miguel Ortiz, también cuestionó duramente la firma del acuerdo. “Lo que hoy se ha hecho es la firma de un compromiso, de un acuerdo netamente ideológico, netamente basado en los principios y visión de sociedad que tienen gobiernos como Estados Unidos, como Argentina y como Chile. Por lo tanto, creemos que es un error lo que ha hecho el Presidente Kast el día de hoy aquí en Nueva York”, aseguró. Más aún. El diputado lamentó que la situación se diera cuando “estaba muy fresco aún el no apoyo a Michelle Bachelet, que obedeció única y exclusivamente a un tema político”.
Para Ortiz, formar parte del Escudo de las Américas es un mal indicio. “Yo creo que es el inicio para después empezar con otro tipo de acciones, que obviamente sean del interés y de la ganancia solamente de Estados Unidos”. “Yo veo que, en el caso de Chile, después (EE.UU. buscará) imponer sus propias candidaturas presidenciales, por ejemplo, o colocar sus propios precios en venta madera, carne y un montón de cosas, porque cuando se nos habló de una megarreforma en Chile, el gobierno del Presidente Kast lo que buscaba realmente era una reforma tributaria. En el fondo siempre se adorna algo cuando el interés es otro, y la letra chica es cada vez más chica”.
Presiones y más presiones
Si bien el gobierno de Kast insiste en que no actuaron con presiones, sin embargo, durante los meses anteriores hubo varios episodios interpretados políticamente como presión estadounidense. Uno de los más notorios ocurrió en agosto. El embajador estadounidense Brandon Judd hizo público un documento que el ministro de Defensa, Fernando Barros, había firmado el 12 de marzo, apenas un día después de asumir. En él, Chile manifestaba su intención de ampliar la cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, “narcoterrorismo” e infraestructura crítica y de participar en una coalición contra amenazas compartidas.
La publicación fue especialmente significativa porque ocurrió después de que Barros hubiera marcado distancia de Washington diciendo que Chile “no es el patio trasero de ningún país”. Distintos medios chilenos interpretaron la revelación del documento por parte del embajador como una forma de elevar la presión sobre La Moneda. El Ministerio de Defensa respondió que aquella firma era solamente una declaración de intenciones y no implicaba participación en operaciones militares.
Además, Estados Unidos había manifestado interés en que Chile participara en mecanismos de coordinación operacional como la JTF-WHEM, mientras la política estadounidense contra los carteles se ha militarizado considerablemente. La propia documentación oficial estadounidense sobre las operaciones antinarcóticos describe despliegues navales, aéreos y militares en el hemisferio.
El cambio más importante ocurrió hace unos días. Hasta muy recientemente Chile aparecía esencialmente como observador, y Kast había explicado públicamente el Escudo en esos términos. El martes 22, después de participar en Nueva York en la reunión encabezada por Trump, Rubio y otros dirigentes, Cancillería anunció formalmente la adhesión chilena.
El documento del 22 de septiembre demuestra que el Escudo no se limita al narcotráfico. Trump presentó el Escudo como una gran alianza hemisférica de seguridad y economía y destacó que en los países participantes había ocurrido un “gran giro hacia la derecha”. También vinculó la iniciativa con carteles, migración y lo que denomina interferencia extranjera.
Hay una secuencia bastante clara entre marzo y septiembre de 2026 que permite entender por qué la adhesión chilena al Escudo de las Américas sería objeto de presiones estadounidenses.
Entre el 4–5 de marzo Estados Unidos puso en marcha la iniciativa en Doral, Florida. Fue el momento en que la administración Trump realizó la Conferencia Inaugural contra los Carteles en las Américas. El 12 de marzo, recién asumido Barros como ministro de Defensa, firmó la Declaración de las Américas contra los Carteles. El documento planteaba ampliar la cooperación bilateral y multilateral y “unirse a una coalición” contra el narcoterrorismo y otras amenazas. El Ministerio de Defensa sostuvo posteriormente que se trataba de una declaración de intenciones, no de un compromiso jurídico que autorizara operaciones militares. El 5 de junio Chile participó junto con otros países en una declaración conjunta vinculada al Escudo de las Américas. Sin embargo, el Gobierno todavía no afirmaba que Chile fuese miembro pleno de la iniciativa.
