Por Carlos Moreno Lazo. Ex Comité Central
Hace pocos días, hablaba con un prestigioso abogado y me dijo: «Hay decisiones que, aun cuando se intenten justificar desde la legalidad, revelan mucho más que una interpretación jurídica». Cuánta razón tenía, porque ellas revelan una manera de entender el poder, la justicia y, sobre todo, la dignidad humana.
Lo ocurrido con los decretos de rebaja de condenas firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, es uno de esos casos. No estamos solamente ante una controversia administrativa o una discusión sobre las atribuciones de una autoridad. Estamos frente a una señal política y ética profundamente preocupante.
Porque detrás de estos decretos, que aún no conocemos en su totalidad, hay algo que no puede quedar relegado a la letra chica de los argumentos jurídicos: la falta de empatía con las víctimas, particularmente con las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia y abusos, y cuyas vidas quedan marcadas por experiencias que ninguna decisión administrativa puede reparar. Y eso duele.
La pregunta es inevitable: ¿dónde quedan las víctimas? ¿Dónde está la consideración por quienes fueron vulnerados en su infancia, por sus familias, por quienes han debido reconstruir sus vidas después de sufrir delitos atroces? ¿En qué momento la preocupación por los derechos de quienes cumplen condenas termina desplazando la obligación del Estado de proteger, escuchar y reconocer a quienes fueron agredidos?
La justicia no puede convertirse en un ejercicio de formalidades que olvide a las personas. Mucho menos cuando hablamos de delitos sexuales contra menores de edad. Las niñas y los niños no son cifras, expedientes ni antecedentes judiciales. Son personas cuyos derechos fueron violentados y que esperan del Estado protección, reparación y garantías de no repetición. Una autoridad que ejerce responsabilidades en materia de Justicia y Derechos Humanos tiene el deber de comprender esa dimensión humana y actuar con especial sensibilidad frente a ella.
Pero el problema de Fernando Rabat no comienza ni termina con la firma de estos decretos ni con sus continuos errores en las explicaciones. Su trayectoria política y jurídica tiene una vinculación conocida con la defensa del dictador Augusto Pinochet. Que una persona que participó en esa defensa llegue a encabezar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo el gobierno de José Antonio Kast constituye un hecho de enorme significado político.
No se trata de desconocer el derecho a la defensa ni de cuestionar que toda persona tenga garantías judiciales, inclusive un asesino como Pinochet. Se trata de advertir el significado de una trayectoria y de las señales que transmite cuando quien tuvo un papel en la defensa jurídica de Pinochet pasa a dirigir una institución cuya misión incluye resguardar la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos.
Es aquí donde los decretos adquieren una dimensión que trasciende su contenido. Son parte de una orientación política que merece ser examinada con rigor. El ADN de Pinochet y de la ultraderecha no se expresa únicamente en la reivindicación explícita de la dictadura. También puede manifestarse en una concepción del Estado que relativiza el valor de los derechos humanos, que pone las consideraciones del poder por encima de la sensibilidad democrática y que termina mirando a las víctimas como un asunto secundario.
La ultraderecha suele presentarse como defensora del orden, la autoridad y la seguridad. Sin embargo, el verdadero compromiso con el orden democrático se demuestra en la protección de los más vulnerables, en el respeto irrestricto a la dignidad humana y en la capacidad de poner a las víctimas en el centro de las decisiones públicas. No hay autoridad moral para hablar de seguridad mientras se ignora el sufrimiento de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos gravísimos.
Debilitar compromisos democráticos
Y hay una contradicción todavía más profunda: ¿cómo puede un gobierno que reivindica el orden y la autoridad transmitir señales de indulgencia frente a delitos que destruyen la integridad y la vida de menores de edad? ¿Cómo puede pretender encarnar una defensa de la familia mientras sus decisiones generan legítima angustia e indignación entre las familias de las víctimas?
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no puede transformarse en un espacio para imponer una mirada ideológica que debilite los compromisos democráticos de Chile. Su responsabilidad es proteger derechos, garantizar justicia y asegurar que la dignidad de las personas esté por encima de cualquier consideración política.
Por eso, la responsabilidad de Rabat es política, además de jurídica. Debe explicar los fundamentos de sus decisiones, transparentar los criterios utilizados y responder por sus consecuencias. Y el gobierno de Kast debe asumir que no basta con invocar facultades legales para eludir el debate sobre el sentido y la oportunidad de sus actos.
Chile tiene una historia dolorosa en materia de violaciones a los derechos humanos. La dictadura de Pinochet dejó heridas que todavía permanecen abiertas y una lección que no podemos olvidar: cuando el poder pierde sensibilidad frente a la dignidad humana, la democracia comienza a vaciarse de contenido.
El socialismo chileno no puede ser indiferente ante estas señales. Nuestra historia está marcada por la defensa de la democracia, la lucha contra la impunidad y el compromiso con los derechos humanos. Esa convicción no admite relativizaciones ni silencios.
Lo que está en juego no son solamente unos decretos ni la permanencia de un ministro. Lo que está en juego es qué clase de justicia queremos, a quién protege el Estado y qué lugar ocupan las víctimas en nuestra democracia.
Porque una sociedad que no es capaz de ponerse en el lugar de una niña o un niño vulnerado, que no escucha su dolor y que no comprende la profundidad de las heridas que deja el abuso, es una sociedad que está fallando en lo más esencial.
Y un gobierno que olvida a las víctimas mientras reivindica el orden está demostrando que su discurso sobre los valores tiene límites profundamente preocupantes.
La democracia no se defiende solamente con leyes y decretos. Se defiende con humanidad, con memoria, con justicia y con la convicción irrenunciable de que los derechos de las niñas, los niños y todas las víctimas deben estar siempre en el centro de las decisiones del Estado.
