Periodista.
En medio de las informaciones sobre el horror de la guerra en Ucrania, de las expectativas que provoca el próximo cambio de gobierno y de la renuncia como Comandante en Jefe del Ejército del general Ricardo Martínez, acusado por la ministra en visita Romy Rutherford por fraude en la institución dentro de la arista de pasajes aéreos y fletes, pasó casi inadvertido un contundente informe del propio Ejército de Chile. Un acabado informe donde por primera vez se reconoce lo que la izquierda y el progresismo en general siempre denunció: Estados Unidos y la derecha fueron los que provocaron el golpe de Estado en Chile, con su secuela de muerte, dolor y lágrimas.
Para sorpresa de algunos, el Ejército divulgó un informe que no sólo condena duramente y califica como “vergüenza institucional” las violaciones de derechos humanos a manos de militares bajo la dictadura de Augusto Pinochet, sino además, reconoce la intervención de Estados Unidos y de militantes de la derecha en crímenes que hasta hoy -y como parece ser su costumbre-, esa derecha no reconoce.
Curiosamente, este revelador informe de 120 páginas, donde la institución condena ferozmente el papel que jugó en los crímenes, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones de opositores bajo la comandancia en Jefe del dictador Pinochet, quien fue general y comandante en jefe de la institución castrense durante 25 años, ha caído en un silencio también revelador. ¿Por qué pocos o nadie en la derecha ha reaccionado? ¿Por qué los medios dominados por esa misma derecha han intentado acallar dicho informe?
Si bien el texto fue presentado por el ex comandante en jefe, general Ricardo Martínez, el documento fue producto de un trabajo de análisis y discusión realizado gracias a una “investigación y jornadas de exposición y debate con el Cuerpo de Generales”. Se indica que posteriormente un equipo de profesionales militares bajo la supervisión directa de Martínez, entregó el informe final de esta reflexión, que busca -dice el informe- “entregar una narrativa sobre el papel del Ejército en el devenir del país en el pasado reciente y las causas de sus aciertos y errores en hechos diferentes de su rol más tradicional, para contar con una comprensión del contexto en que surgieron los eventos de mayor controversia”.
El Ejército deja en claro que no se considera a “aquellas organizaciones que no pertenecían al Ejército, tales como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada por el Decreto Ley 521 de 14 de junio de 1974, que dependía
directamente de la Junta de Gobierno como expresamente lo indica su decreto de creación, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada por Decreto Ley 1878 de 12 de agosto de 1977, la que se relacionaba con el gobierno a través del Ministerio del Interior”.
Por eso mataron al general Schneider
Las revelaciones en el documento son impactantes. Por ejemplo, respecto del asesinato del comandante en jefe, general René Schneider. Dice que en el mes de mayo de 1970, “el Comandante en Jefe difunde una política que debía iluminar la conducta del Ejército, que era la continuación de la mirada histórica institucional de respetar la Constitución de la República”: la recordada “Doctrina Schneider”. “En ella se reiteraba un precepto fundamental del Ejército, cual era respaldar y respetar la carta fundamental del país”
Eran tiempos de mucha polarización y de elecciones. La probabilidad de que Salvador Allende fuera el próximo Presidente era cierta. Schneider sostenía que “nuestra doctrina y misión es la de respeto y respaldo a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión”.
El informe asegura que “fue este compromiso con la Constitución el que le costó la vida” al general. Relata que dos días antes de que el acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tuviera lugar para elegir en el Congreso Pleno a Salvador Allende, el 22 de octubre de 1970, mientras el Comandante en Jefe del Ejército se dirigía a su trabajo, “un grupo de individuos de extrema derecha rodean el vehículo disparando en múltiples ocasiones sobre el general, quien fallece días después en el Hospital Militar, dada la gravedad de sus heridas”.
Afirma que “en el asesinato del General Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la CIA”. Y sobre la participación de esta entidad de inteligencia norteamericana, el Ejército informa que el 18 de octubre de ese año, hubo comunicaciones que daban cuenta del embarque de armas y municiones desde Norteamérica que llegaron a la embajada de los EE.UU. en Chile, para ser usadas en el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército”.
Añade que “en una de las notas de la CIA, se indicaba que “neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende”.
Y dice que “las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por el General Camilo Valenzuela y el General Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que atentó y dio muerte el General Schneider”.
El Ejército reconoce que “ante este crimen, también es reprochable que los mandos institucionales en los años posteriores, no honraran su memoria dejando pasar el tiempo sin explicación alguna. Muchos años transcurrieron, para ser más exactos hasta el término del gobierno militar, para que paulatinamente su figura fuese recordada y su nombre puesto en el sitial de relevancia que le correspondía”.
El caso de Arellano Starck
Si alguien aún tenía dudas sobre el rol jugado por el general con cara de “buen abuelo”, Sergio Arellano Stark en los crímenes de la “Caravana de la Muerte”, ahora el Ejército lo clarifica sin vacilaciones.
“Uno de los episodios más condenables fue el paso del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la “Caravana de la Muerte” hasta nuestros días, hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución”.
Se afirma que “la comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento increíblemente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno, de cómo se debía proceder con el “adversario”.
“El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército (CJE)”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos con seudos Consejos de Guerra”.
Se afirma también que “su recorrido por cada una de las ciudades en donde se produjeron asesinatos, fue producto de una orden expresa de dicha autoridad. La calidad de “delegado del comandante en jefe del Ejército” que tenía el General Arellano durante este recorrido, era muy gravitante y decisiva para las resoluciones que se iban dictando, ya que representaba en su persona la autoridad del propio CJE (Comandante en Jefe) ante los mandos militares que lo recibían en las distintas guarniciones”.
Abuso de poder
Más adelante, el informe señala que todo esto “ocasionó un grave perjuicio. Por una parte, causó un irreversible daño a la población como consecuencia de injustas sentencias de muerte ordenadas por él, sin tener un debido proceso después de que las víctimas fueran sacadas de las cárceles; y por otra, produjo una grave lesión a la imagen del Ejército, pues algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenaza de muerte, cuando algunas de las víctimas ya cumplían condenas”.
Además de lo anterior, el informe asegura que “tampoco se clarificó el tipo de órdenes que recibió el General Arellano por parte del CJE, pero lo que está claro, es que su carrera continuó con un nuevo grado por resolución del mando en jefe”. Más que claro.
El Ejército señala en sus reflexiones que “aparte de los crímenes de la denominada caravana de la muerte y otros que ocurrieron, el asesinato del ex Comandante en Jefe, General Carlos Prats y de su esposa, señora Sofía Cuthbert, acaecido en Buenos Aires del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución”.
Finalmente, en este acápite, se señala que si bien, la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, condena las torturas, las detenciones y afirma que “es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.
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