Periodista.
Los ríos atmosféricos que están asolando aun en el norte y el sur del país dejando una estela de destrucción y dolor, están afectando al gobierno de José Antonio Kast, pero con tempestades distintas. El Mandatario llegó al Gobierno con promesas muy concretas y de efecto rápido, según decía en cada aparición pública. Por algo bautizó su gobierno como “de emergencia”, calificativo que ya quedó en el olvido. La realidad se impuso y las cifras así lo indican.
Hoy se enfrenta a la negativa de los propios compañeros de ruta a aprobar una reforma constitucional a todas luces encaminada al autoritarismo, según expertos y dirigentes muy lejanos a las ideas “comunistas” -como los ultraderechistas llaman a cualquier persona que se oponga a sus propuestas-. También a quienes están nerviosos por la asistencia de Kast al encuentro de los ultraconservadores del mundo en el Foro de Madrid que se realizará la próxima semana en Santiago de Chile, del cual Kast es uno de sus fundadores junto al presidente argentino Milei, que pasaría por momentos difíciles desde el punto de vista de su salud mental u Orban, el ex dictador de Hungría, o del jefe de los ultraderechistas españoles, Santiago Abascal. O de las relaciones del gobernante con el argentino acusado de intento de asesinar a su esposa embarazada, Fernando Cerimedo, cuya intromisión con sus granjas de “bots”, que intoxicaban con mentiras los procesos electorales de Chile, Argentina y otros países del continente, está ultra comprobado y sobre el cual hay silencio cómplice en los principales medios del país.
Hay varios ejemplos de promesas emblemáticas que Kast no ha podido cumplir en los términos, velocidad o magnitud que planteó durante la campaña. La expulsión masiva de inmigrantes irregulares fue probablemente una de las promesas más potentes de la campaña. Kast ofreció una política de expulsiones a gran escala y endurecimiento fronterizo. ¿Qué hay de aquello?, poco y nada. Su cacareado anuncio de terminar con la entrada de inmigrantes al país está fracasando. En la región de Arica y Parinacota se registró un 62 % de ingresos irregulares durante los primeros meses de 2026. Los registros pasaron de 917 entre enero y julio de 2025 a 1.488 durante el mismo periodo de este año. Una vez más, la prensa tradicional guarda silencio.
El recorte de US$6.000 millones de gasto público fue otra de sus promesas económicas más repetidas: ajustar esos millones durante los primeros 18 meses, mediante eficiencia, eliminación de programas mal evaluados y combatir los abusos. ¿Qué ha pasado? De nuevo la cruda realidad. Se ha encontrado con la rigidez del presupuesto y el costo político de tocar salud, educación, pensiones y otros gastos comprometidos. A estas alturas hay demasiados ejemplos de recortes que afectan a los chilenos particularmente en salud.
El desempleo sigue subiendo pese a tanta promesa de contenerlo. La cifra de desempleo se sitúa actualmente en 9.4% para el período de marzo a mayo de 2026, lo que representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Esta cifra es la más alta desde junio de 2021.
Para qué hablar del crecimiento prometido. Se ofreció el 4 por ciento al fin de su gobierno. El escuálido 1,5 por ciento que se prevé para este año hace difícil que esa promesa se cumpla.
Un gran problema
Se podría seguir sumando y restando respecto de lo que se ofreció y de cómo el gobierno se está enfrentando a la realidad. Ganó ofreciendo resultados rápidos y simples para problemas extremadamente complejos. En campaña podía decir “expulsaremos”, “recortaremos US$6.000 millones”, “recuperaremos el orden” o “volveremos a crecer al 4%”. Una vez en La Moneda les aparecen las leyes, las restricciones del Congreso, de los tribunales, el presupuesto, los tratados internacionales, la capacidad administrativa y los tiempos reales de la economía.
Y entre esos problemas, incluso aparece lo que Kast mostraba como un gran logro internacional y que hoy lo tiene aproblemado. En pocos días más, el jueves 3 de septiembre, lo más graneado de la ultraderecha mundial se reunirá en Chile. Sus lazos con el extremista de derecha española, Vox, y el ahora desaparecido dictador de Hungría, son de larga data.
Kast no es solamente un simpatizante chileno de Political Network for Values, donde asumió como presidente el 2022. Ha formado parte de su estructura internacional desde el 2015 y ha ejercido funciones directivas desde entonces. Es más. En febrero de 2026, cuando ya era presidente electo, participó en Bruselas junto a Santiago Abascal y dirigentes de los Conservadores y Reformistas Europeos en la cumbre de PNfV sobre libertad de expresión. La propia PNfV explicaba entonces que bajo Kast quería “vincular, inspirar y articular” líderes políticos y coordinar esfuerzos globales en defensa de sus concepciones sobre vida, familia y libertades.
Por lo tanto, Kast no sólo mantiene contactos: ha ocupado una posición de conducción dentro de una de las principales redes internacionales conservadoras vinculadas a este ecosistema. Political Network for Values describe al movimiento chileno como un “ecosistema” compuesto por: Acción Republicana + Fundación Cuide Chile + Ideas Republicanas + Partido Republicano. Más importante todavía: el 10 de marzo de 2026, un día antes de que Kast asumiera la Presidencia, se realizó en Santiago una actividad internacional coorganizada por Ideas Republicanas, Fundación Disenso. Heritage Foundation, Political Network for Values, Centro de Derechos Fundamentales de Hungría, Fundación Free, CEU-CEFAS. Un dato que permite identificar Ideas Republicanas como el principal puente institucional chileno entre Republicanos y la red internacional de think tanks conservadores.
Le será difícil al presidente Kast evitar que lo vinculen públicamente a esta ultraderecha que deviene fácilmente en gobiernos autoritarios o iliberales como se les llama hoy día.
Intenciones ocultas
La brutal intención que se esconde tras la incorporación de las famosas “listas negras de criminales y terroristas” que está pasando colada en la reforma constitucional sobre seguridad presentada por el gobierno de José Antonio Kast ya está quedando al descubierto.
La reforma que proponen contempla dos mecanismos relacionados. Primero, una futura ley establecería registros de organizaciones criminales. Segundo, se agregaría al artículo 32 de la Constitución una nueva facultad: el presidente podría declarar que una determinada agrupación constituye “una organización terrorista o de crimen organizado”. Debe existir previamente un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Ni más ni menos que el Cosena, y así renace de las cenizas una entidad usada y abusada por la dictadura para controlar a los que consideraba sus “enemigos”. Con esos antecedentes, el Presidente realiza la declaración. Que, por cierto, sería secreta, al igual que los antecedentes entregados por el presidente. Los chilenos no podrían enterarse de qué se les acusa y por qué.
¿Quién decide entonces que una organización es criminal o terrorista? El presidente. Esto ha generado críticas incluso dentro de sectores de derecha. El senador Matías Walker ha sostenido que determinar qué organización es terrorista o criminal debería ser una atribución de los tribunales de justicia, precisamente para impedir que un gobierno pueda utilizar esa herramienta contra adversarios políticos. Walker planteó una advertencia particularmente fuerte: recordó que tanto en Chile durante la dictadura como en otros países latinoamericanos se utilizó en ocasiones la acusación de terrorismo contra opositores solo por oponerse a la dictadura.
Otros senadores han formulado reparos similares. Arturo Longton, de RN, ha cuestionado que el Senado participe en una determinación con consecuencias penales y sostiene que debería existir una decisión judicial previa. Karim Bianchi ha planteado igualmente que el Senado podría terminar sustituyendo una función propia de los jueces.
En círculos políticos no solo de la centroizquierda ha surgido la pregunta verdaderamente importante: ¿se está construyendo una legislación exclusivamente para combatir al crimen organizado actual, o una arquitectura constitucional que deja permanentemente a futuros presidentes herramientas extraordinarias para clasificar organizaciones, restringir derechos y enfrentar conflictos internos?
Esa segunda pregunta explica por qué Matías Walker, Andrés Longton y parlamentarios de todos los colores explican por qué el debate sobre esta reforma puede convertirse en algo bastante mayor que una simple discusión sobre seguridad.
¿Dictadura constitucional?
El abogado constitucionalista y académico de la UDP, Javier Couso, y el escritor y académico de la U. de Chile, Arturo Fontaine llamaron al Ejecutivo a retirar la iniciativa que calificaron como “iliberal” y que, afirman, representa “un paso en una dirección populista-autoritaria”. Se sumaban así a lo que ya es un clamor de tirios y troyanos.
Couso señaló que esta iniciativa podría suspender libertades personales, además de facultar a un gobierno a “arrestar, relegar y prohibir la salida y entrada al país de quienes considere necesario”, reintroduciendo, de facto, el exilio. Esto, junto a la posibilidad de que un mandatario pueda concluir un estado de excepción antes de los 240 días que proponen e instalar otras semanas después, aseguran que “abre a posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”.
Más duro contra el proyecto de reforma del gobierno fue Fontaine. Rechazó la posibilidad de que se eliminen beneficios sociales a las personas condenadas por cierto tipo de delitos. “La Constitución va a permitir qué a personas condenadas por terrorismo o narcotráfico, después de cumplida su sentencia, después de cumplir 15 años de cárcel, se les recorten beneficios como salud, educación, trabajo y previsión, o sea, ¿qué significa eso? Que una ley podría recortarle la PGU a alguien, o recortarle la beca para que pueda estudiar en un instituto técnico y reintegrarse a la sociedad (…) A mí me parece que es una propuesta absolutamente inhumana”, indicó.
Respecto del nuevo estado de excepción, el académico de la Universidad de Chile sostuvo que, de aprobarse tal medida, “se puede establecer aquí, sobre todo pensando en el futuro, en un Presidente que de verdad tenga apetito autoritario, digamos, se puede construir una dictadura constitucional”.
“Que el Presidente y el Senado puedan definir una lista de organizaciones supuestamente terroristas o vinculadas al narcotráfico, sin control judicial, es darle atribuciones judiciales al sistema político, es romper la división de poderes, la separación de poderes, que es la base de la libertad y de la democracia verdadera”, relevó.
Así, ante la perdida de libertades que significaría la aprobación de la reforma, el escritor sostuvo que “para mí este es un parteaguas, o sea, un momento de inflexión. Si el gobierno insiste en esto, a mi juicio se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal”.
