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Chile atraviesa un escenario económico complejo, marcado por un crecimiento débil, un mercado laboral deteriorado y un debate abierto respecto de cómo recuperar la inversión y aumentar la productividad. Durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto registró una contracción interanual de 0,2%, mientras que el primer semestre acumuló una caída de 0,3%. En paralelo, la tasa de desempleo llegó al 9,4% en el trimestre abril-junio.
En este contexto, el gobierno de José Antonio Kast ha situado la recuperación del crecimiento, el impulso a la inversión y la reducción de trabas regulatorias entre sus principales prioridades económicas. Entre sus propuestas se encuentra una reducción gradual del impuesto de Primera Categoría, mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, incentivos a la contratación formal y una agenda destinada a acelerar la tramitación de proyectos de inversión.
La estrategia también enfrenta un desafío fiscal: cualquier reducción de impuestos debe compatibilizarse con el objetivo de contener el déficit estructural y mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública. A esto se suma el debate sobre el futuro de Codelco, la inversión pública, la llamada “permisología” y el papel que debe desempeñar el Estado en el desarrollo productivo.
Para analizar este escenario conversamos con Rubens Francois, economista del Instituto Igualdad quien aborda las perspectivas de crecimiento, empleo e inversión y entrega una mirada crítica sobre algunas de las principales medidas económicas impulsadas por la actual administración.
-Chile cerró el segundo trimestre de 2026 con una caída interanual del PIB de 0,2% y el primer semestre acumula una contracción de 0,3%, mientras que el Imacec de junio creció 2,4%. ¿Cómo debemos interpretar estas cifras aparentemente contradictorias? ¿Estamos ante una economía que se está recuperando o derechamente atravesando un período de estancamiento?
La actividad global a junio de 2026 acumula una fuerte contracción respecto al mismo período de 2025. Se observa que tanto el Imacec total como el Imacec no minero registran una caída, desde variaciones de 3,3% y 3,4% a -0,3% y 0,4% entre 2025 y 2026, respectivamente. Respecto a junio, donde se muestra un aumento de la actividad económica, no se aprecia una intervención del gobierno en ello.
La tendencia apunta a que será difícil que veamos un crecimiento anual del PIB cercano al 2% para el año 2026 y no menos difícil hacia fines del actual gobierno para llegar al 3%. El límite lo establece el PIB potencial, cuyo incremento dependerá del aumento de la inversión y cuyo efecto tomaría un plazo superior al período de gobierno de Kast. Su impacto en el empleo dependerá de qué actividades se vean favorecidas y en qué lugares del país.
Un crecimiento que se produzca sin que sea el resultado del efecto de nuevas inversiones de corto plazo e intensivas en mano de obra tendría consecuencias en la tasa de inflación. Nuevamente se estaría en presencia de un calentamiento de la actividad económica con la intervención del Banco Central, aplicando tasas de interés altas.
-La tasa de desempleo llegó al 9,4% en el trimestre abril-junio, aumentando 0,5 puntos porcentuales en doce meses, mientras el empleo creció apenas 0,9%. ¿Qué está explicando este deterioro del mercado laboral y cuánto tiempo podría tomar volver a niveles de desempleo significativamente menores?
El mercado laboral es un reflejo del comportamiento de la economía, de dónde se concentra la mayor tasa de empleo, de las exigencias de los nuevos puestos de trabajo, así como de las expectativas de los propios integrantes de la fuerza de trabajo.
En el mejor de los casos, en Chile, teóricamente, con pleno empleo, arrojaría un desempleo de un 4%, con un PIB creciendo en más de un 4% y con una inflación inferior al 4% anual.
No se ve ese escenario en el futuro cercano, ni menos con la gobernanza y las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Kast, ni cambios significativos en el crecimiento económico y el empleo.
En la actualidad, el desempleo ya se ha instalado en los dos dígitos para las mujeres y el desempleo juvenil entre los 15 y 24 años llega al 23,6%, unos 160 mil jóvenes desempleados, sin contar con los que se declaran inactivos y no salen a buscar trabajo, que suman otros 204 mil jóvenes.
Sin un plan de desarrollo integral para Chile que involucre más inversión orientada a la industrialización con uso intensivo del factor trabajo, inversión con transferencia de conocimiento y tecnologías que favorezcan el desarrollo del capital humano, más capacitación laboral y cambios en el sistema educacional del país, no veo perspectivas auspiciosas para el mundo del trabajo.
-El Gobierno plantea que uno de sus principales objetivos es recuperar el crecimiento. ¿Qué tasa de crecimiento anual necesitaría Chile para generar suficiente empleo y mejorar de manera perceptible los ingresos de las familias? ¿Crecer al 2% o 2,5% anual sería suficiente o necesitamos volver a tasas del 3% o 4%?
El crecimiento no es suficiente para generar más y mejores empleos. Un ejemplo extremo: si una industria se instalara en el país y funcionara solo con robots y con inteligencia artificial, no generaría empleo, pero podría incrementar el PIB.
Otro ejemplo: podemos concentrar todos nuestros esfuerzos en producir más cobre al año, pero llegará el momento en que la ley del metal sea tan baja que no sea rentable continuar produciendo o simplemente quede el inmenso cráter desde donde se extrajo el metal.
No cualquier crecimiento sirve. Tiene que haber un plan y un acuerdo entre las partes para llevarlo a cabo.
El crecimiento económico de un país está determinado no solo por sus recursos naturales o por la capacidad de consumo de su población. El crecimiento está ligado fundamentalmente a las capacidades de la fuerza laboral de sus habitantes, a la inversión en el capital humano que ha hecho el país, a los incentivos que contribuyan a potenciar al trabajador para lograr mejoras crecientes en su productividad y en su bienestar.
Para no esquivar parte de la pregunta, un crecimiento sustentable debería ser superior al 3% o 4%, apoyarse en un mejor acceso al financiamiento de la inversión que amplíe las posibilidades de las mipymes y pymes y pueda insertarse en las cadenas de valor, a través del uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.
Reforma económica de Kast
-La reforma de Reconstrucción Nacional contempla reducir gradualmente el impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%. ¿Qué efecto concreto puede tener esta rebaja sobre la inversión? ¿Existe evidencia suficiente para pensar que una reducción de cuatro puntos porcentuales puede traducirse en más proyectos, más productividad y más empleos?
La rentabilidad de un proyecto de inversión, sobre todo de una inversión extranjera de mayor tamaño, involucra la evaluación de muchas variables y de las condiciones que ofrezca el país para ello.
Chile muestra estabilidad política y social gracias a los esfuerzos de sus dirigentes y a la mayoría del país por mantener un régimen político democrático y la responsabilidad que demuestra en las finanzas públicas y en los compromisos internacionales.
El país ha logrado atraer grandes inversiones con un 27% del impuesto de Primera Categoría y con la aplicación de royalty. La mayor parte de los proyectos de inversión con que cuenta el gobierno actual se originaron en gobiernos anteriores sin tasas de impuestos corporativos del 23% y sin ofrecer mantenerla invariable en 25 años.
El costo de reducir la tasa del impuesto a la renta en el corto y mediano plazo golpea muy fuerte a las finanzas públicas. De acuerdo con proyecciones fiables, el efecto sobre el crecimiento a 2030 sería de 0,9 puntos del PIB, menos de un tercio de los 3,1 puntos proyectados por el gobierno; y el costo fiscal total alcanzaría el -1% del PIB, equivalente a US$4.800 millones, casi triplicando la estimación oficial, según economistas del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible.
-La reforma también incorpora mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. ¿Esta mayor certeza puede ser un factor decisivo para que empresas extranjeras vuelvan a invertir en Chile, o actualmente existen otros factores —como crecimiento, costo de energía, infraestructura, seguridad jurídica o productividad— que pesan más que la tasa de impuestos?
La inversión extranjera en nuestros países se está dirigiendo a explotar recursos naturales que la nueva industria tecnológica y la economía mundial demandan. Esa tendencia nos lleva a que sería una oportunidad aprovechable seguir exportando lo de siempre, dado que la demanda mundial lo estimula.
Sin embargo, la explotación de los recursos no renovables tiene un límite que puede presentarse más temprano que tarde. No podemos restringir una estrategia de atracción de inversiones a unas pocas variables. No es realista ni menos futurista.
La cuestión es que no cualquier inversión es beneficiosa para el futuro del país. Luego, el retorno de la inversión debe tener valores, plazos y condiciones que permitan reproducir esa inversión hacia adentro del país y para el futuro, en más conocimiento, más productividad, más innovación y proyectos en que el país pueda innovar y reproducir tras esas inversiones.
No es suficiente ofrecer ciertas ventajas y certeza al capital. También es necesario exigir condiciones y beneficios de largo plazo que permitan capitalizar al país en conocimiento y capacidades de desarrollo propio.
-El Gobierno sostiene que la reforma puede elevar el crecimiento potencial de Chile. ¿Cuánto podría aumentar realmente el PIB potencial si todas estas medidas funcionan? Y, sobre todo, ¿en qué plazo podríamos ver resultados: meses, dos años, cinco años?
Tal como señalé anteriormente, el crecimiento económico podrá ser virtuoso si tiene objetivos y metas de largo plazo. Ello también implica tener un panorama prospectivo de la economía mundial y de los cambios en los sectores de mayor impacto en la economía global, especialmente para países como el nuestro que han puesto todas sus cartas en la globalización dentro de un marco de libre comercio.
El crecimiento de un PIB potencial que autorreproduzca su sostenibilidad será el resultado o efecto que tenga el conjunto de inversiones de manera integrada, sistémica, con objetivos y metas que no dejen fuera componentes esenciales como la I+D, la productividad laboral, la innovación, el emprendimiento, el papel y desempeño de las pymes y mipymes.
Lo anterior implica necesariamente la coordinación y la orientación de un ente que no sea ciego como lo es el mercado, reconociendo todas sus virtudes. Luego, sin un Estado que vaya impulsando y corrigiendo el camino a seguir por todos los actores involucrados en la actividad económica y en el ámbito ciudadano, no es posible, en mi opinión, afirmar que, descartando al Estado, podamos alcanzar alguna meta deseable.
-La reforma incluye además un crédito tributario orientado a incentivar la contratación formal. Considerando que tenemos un desempleo de 9,4%, ¿es más efectivo subsidiar tributariamente la contratación que reducir costos laborales, capacitar trabajadores o impulsar directamente la inversión pública? ¿Qué medida tendría mayor impacto por cada peso fiscal utilizado?
Todos esos mecanismos pueden activarse; en algunos casos, están siempre disponibles. Lo que hay que aclarar es que la inversión pública no solo puede contribuir al empleo. Es casi su mayor objetivo asegurar al país una plataforma en infraestructura y comunicaciones que permita materializar con eficacia las actividades económicas, sociales y políticas de toda la sociedad.
La reducción de los costos laborales es una preocupación constante de las empresas; lo que debe equilibrarse y atender es cómo mejorar la productividad laboral dentro de la misma empresa o cómo incrementarla para optar a mejores salarios en el mercado.
-Al mismo tiempo que el Gobierno busca bajar impuestos, enfrenta una situación fiscal que obliga a contener el gasto. El propio Ministerio de Hacienda fijó como objetivo reducir el déficit estructural y mantener un ancla de deuda de 45% del PIB. ¿Existe riesgo de que una rebaja tributaria termine limitando la capacidad del Estado para financiar salud, educación, pensiones o inversión pública?
Todas las proyecciones y advertencias hechas al gobierno apuntan en la misma dirección. El impacto en la recaudación por la rebaja de impuestos sin compensación conduce a un mayor endeudamiento fiscal. Los ejemplos sobran. En el mundo desarrollado, EEUU, la mayor economía del mundo, superó su deuda en un 124% del PIB; así como lo vemos en Japón, con más del 200% del PIB; Singapur con más del 170% del PIB; Francia, 113% del PIB, por nombrar algunos.
Mientras menos se recaude en impuestos, mayor es la probabilidad de endeudamiento de un país.
Al mismo tiempo, a mayor desarrollo económico y social, mayores requerimientos tiene que absorber el Estado y eso conlleva el dilema de incrementar la carga tributaria o endeudarse.
El endeudamiento, en cualquier caso, representa una carga que puede llegar a ser in sostenible y provocar el colapso de una economía y del país, cuando el pago de intereses de la deuda se acrecienta por ser un país riesgoso que no crece, tiene una alta inflación y un manejo fiscal irresponsable.
No hay recetas milagrosas; las deudas se cobran y deben pagarse. Lo que hay que tener presente es que la deuda en salud, educación, pensiones y bienes públicos acumula descontento y provoca inestabilidad social.
Permisología e inversión
-La llamada “permisología” se ha convertido en una de las principales banderas económicas del Gobierno. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación y simplificar más de 300 procedimientos. Desde su experiencia, ¿cuánto de la baja inversión chilena puede atribuirse realmente a los permisos y cuánto responde a otros factores?
Los proyectos de inversión pueden demorar años antes de su ejecución: los estudios, los cálculos y las simulaciones obligan a algunas inversiones, como las mineras, a realizarse y toman su tiempo. Asimismo, pueden competir o incluso ser incompatibles unas inversiones respecto de otras que se proyecten para un mismo lugar.
El daño medioambiental o a los ecosistemas se ha vuelto un tema obligatorio de evaluar, y en muchos casos son de larga observación. Lo mismo ocurre con las afecciones a comunidades que viven de lo que les provee el territorio en el que hay interés por invertir y en donde viven esas poblaciones humanas.
Mi opinión es que no pueden ignorarse esos estudios y autorizaciones, ni menos aún los tiempos que tardan los estudios con base científica para entregar diagnósticos y proyecciones específicas, con todos los riesgos asociados.
La recuperación de los tiempos utilizados en tales estudios suele, a la larga, ser menos costosa que los daños y perjuicios provocados sin ellos. Creo que es marginal el exceso de tiempo que se puede reducir con medidas puramente administrativas.
-El Ministerio de Economía reconoce que existen procesos complejos, dispersión institucional y extensos tiempos de tramitación, e incluso señala que existen más de 3.000 expedientes pendientes solamente en Concesiones Marítimas. ¿Cuánto dinero y cuántos empleos potenciales puede estar perdiendo Chile por proyectos que se retrasan años esperando autorizaciones?
Todo eso se puede y debe mejorar. Cada día es mayor la cantidad de medios tecnológicos que pueden contribuir a reducir los trámites que establece la ley y que sugiere una buena gestión.
No manejo las cifras de las posibles pérdidas que puedan originar esos retrasos.
-¿Cómo encontrar el equilibrio entre acelerar las inversiones y mantener estándares ambientales, sanitarios y de seguridad? ¿Existe el riesgo de que una reducción excesiva de permisos termine generando costos económicos mayores en el futuro?
Como lo dije, una permisología express puede ser convertir un proyecto en un fracaso. Cada proyecto tiene sus particularidades y requiere un expertise específico para su evaluación. Las pruebas en terreno y el acopio de experiencias en otros países, las pruebas de laboratorio, el empleo de AI, son acciones indispensables y previas para un proyecto de inversión exitoso.
El futuro de Codelco
-Codelco cerró 2025 con una utilidad de unos US$2.423 millones, un EBITDA de US$6.670 millones y aportó US$1.778 millones al Fisco, pero también mantiene una deuda cercana a US$26.000 millones. ¿Tiene sentido económico que el Estado venda Codelco para obtener recursos inmediatos o sería más conveniente capitalizarla, mejorar su productividad y permitirle invertir más, o simplemente que el Estado permanezca con el control total de la minera?
Primero, Codelco, desde los años 70, se ha visto obligado a entregar sus utilidades al Estado y, además, a partir del gobierno militar, donde también debió entregar el 10% de sus ventas a las FFAA.
Considero razonable que se autorice a Codelco a invertir sus utilidades y no obligarla a endeudarse para ello. Luego, se puede inferir que, con la reacción del país, el gobierno optó por no vender Codelco.
-¿A qué precio vender Codelco? ¿Qué paga el comprador? ¿Qué gana el país y qué pierde?
Creo que sería un error garrafal vender Codelco. Hay más razones para no vender que para hacerlo.
-Gobierno decidió que Codelco retenga el 100% de sus utilidades de 2025 para fortalecer su posición financiera. ¿Es esta una estrategia más razonable que privatizar la empresa? Y si Codelco debe desprenderse de activos, ¿qué tipo de activos tendría sentido vender y cuáles sería estratégicamente inconveniente enajenar?
Una decisión importante tomada en el gobierno anterior permitió que Codelco pudiera invertir el 30% de sus utilidades, a cambio de la opción de endeudarse para ello, como tuvo que hacerlo por no tener el gobierno corporativo de Codelco el poder de hacerlo.
Las inversiones mineras son de mayor calibre a medida que baja la ley del mineral a explotar y, si ello obliga, a penetrar a mayor profundidad en la búsqueda y explotación.
Creo que el peor negocio que haría el país sería privatizar Codelco. Primero, porque estamos en el mejor momento para comercializar el cobre y el litio, con la gran demanda de las industrias de la electromovilidad. Segundo, se han hecho inversiones que permiten incrementar la producción sin aumentar los costos fijos de las instalaciones y equipos
actuales, lo que implica obtener el máximo rendimiento controlando los costos variables en la producción. Tercero, se necesita planificar con detalle lo que el país hará con sus recursos minerales y de qué modo hará la transición que le permita ampliar la matriz productiva con la industrialización de los metales.
Siempre existirá un activo que resulte más conveniente vender que mantenerlo. Aunque en muchos casos ello puede generar un desempleo de mayor costo social para lo que el Estado no tiene solución en el corto plazo.
-¿Qué impacto puede tener en la economía de Chile y también en el presupuesto que Codelco retenga sus utilidades?
Gracias a las políticas de los gobiernos progresistas en Chile, hoy el país puede contar con el royalty minero, que aporta el 80% de esa inversión.
