Editora Internacional Página 19
El pasado 10 de agosto, el Tribunal de Distrito y Ciudad de Pervomaisky, en la región de Mykolaiv, dictó sentencia contra el escritor socialista, Bohdan Syrotiuk, de 27 años, declarándolo culpable de alta traición en el marco de la ley marcial y condenándolo a 15 años de prisión con confiscación de bienes y dispositivos electrónicos.
El fallo ordena, además, la destrucción de los libros, panfletos y documentos programáticos socialistas incautados. Su equipo legal apeló de inmediato la resolución y busca apoyo internacional para denunciar lo que calificó como un “juicio farsa” de naturaleza política.
La condena ha motivado que analistas como el cuestionen al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “defensor de la democracia y la libertad”, al tiempo que el World Socialist Web Site (WSWS) y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional lanzaron una campaña mundial para exigir la anulación del veredicto y la liberación inmediata del acusado.
La acusación: el contenido de los escritos
Según la investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Syrotiuk fue detenido el 25 de abril de 2024 por dirigir la “Joven Guardia Bolchevique-Leninista” (MGBL), organización que posteriormente fue, además, prohibida. La fiscalía sostuvo que, desde julio de 2022, colaboró con el WSWS enviando artículos bajo seudónimos. De catorce textos examinados, el tribunal acogió seis como base de la condena.
El carácter “subversivo” atribuido a dichos escritos, según la sentencia, incluía el “no reconocimiento de la dirigencia política legítimamente electa de Ucrania y de los procesos democráticos”; “comparaciones con fascistas y nazis”; “valoraciones negativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, y la “reinterpretación de héroes nacionales y figuras históricas”.
La fiscalía manipuló, según la defensa, su oposición a la guerra para hacer parecer que apoyaba la invasión rusa, una acusación que sus abogados demostraron como falsa, señalando que sus artículos llamaban no a que prevaleciera uno u otro país en conflicto, sino a la unidad de los trabajadores más allá de las fronteras nacionales.
Durante un registro en su domicilio se confiscaron teléfonos y una computadora con correspondencia relacionada con el WSWS y un ciudadano ruso, así como equipo militar -un chaleco portacargadores, chaqueta de campaña y charreteras-, cuya destrucción ordenó el juez. El tribunal impuso, asimismo, el pago de más de 178.000 grivnas (unos 5.600 dólares) para cubrir los costos de los peritajes forenses utilizados en su contra.
La defensa afirma que es un caso de persecución política
Syrotiuk se declaró inocente durante todo el juicio. Sus abogados argumentaron que el expediente carece de actos materiales de traición: no existe espionaje, sabotaje ni colaboración con fuerzas militares. La única evidencia presentada fueron sus escritos y comunicaciones con los editores que los publicaron. Entre los textos citados figuran “Los crímenes de los banderistas contra el pueblo ucraniano: notas de un trotskista ucraniano” y su discurso del Primero de Mayo de 2023, “¡Por la unidad de la clase obrera de Rusia y Ucrania!”. La defensa invocó el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se trataba de discurso político protegido.
La defensa presentó un informe de 65 páginas del criminólogo ucraniano Yuri Irkhin (también transliterado como Irjin), quien concluyó que en los escritos de Syrotiuk no se encontraron “declaraciones, frases, oraciones ni combinaciones de palabras que contengan indicios de propaganda destinada a apoyar la agresión armada de la Federación de Rusia”. Ante ello, el tribunal ordenó un nuevo examen forense estatal que, según el alegato defensivo, tampoco halló llamados al derrocamiento del Estado, a la toma del poder, a actos subversivos ni a la alteración de las fronteras de Ucrania. El tribunal desestimó ambos informes.
Asimismo, la defensa sostuvo que resulta contradictorio acusar a alguien de no reconocer “procesos democráticos” en un contexto donde, según sus argumentos, estos han sido suprimidos. Señalaron que el mandato presidencial de Zelensky expiró en mayo de 2024, que las elecciones permanecen suspendidas indefinidamente, que la ley marcial se prorroga cada 90 días y que todos los partidos de izquierda y organizaciones progresistas fueron prohibidos de facto, por lo que la acusación de “desconocimiento del gobierno legítimamente electo” carecería de sustento.
Polémica histórica de larga data
Gran parte del juicio giró en torno a la “reinterpretación” de héroes nacionales. La defensa aclaró que dichas referencias apuntaban a Stepan Bandera, a la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y a la División Galitzia de las Waffen-SS, formaciones colaboracionistas del Tercer Reich implicadas en crímenes de guerra y en el asesinato masivo de judíos y polacos durante la Segunda Guerra Mundial. La defensa argumentó que el propio Estado ucraniano conmemora oficialmente el cumpleaños de Bandera el 1 de enero y que el gobierno de Zelensky otorgó a una unidad del ejército en servicio activo un título honorífico que incorporaba el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), grupo responsable de la masacre de aproximadamente 100.000 polacos. Este hecho motivó, según denuncias recogidas por la defensa, que el presidente polaco Karol Nawrocki revocara la Orden del Águila Blanca —la máxima condecoración polaca— concedida a Zelensky.
Los argumentos de Syrotiuk también aludían, según la defensa, a la Brigada Azov, unidad antes considerada grupo neonazi que fue incorporada formalmente al ejército ucraniano y que, señalaron, ha recibido honores militares. Desde la perspectina de la defensa, estas referencias no constituirían falsedades históricas, sino el ejercicio de la libertad de expresión sobre hechos documentados.
Represión y derechos humanos
El veredicto se enmarca en una política de proscripción de la izquierda en Ucrania. Desde las leyes de “descomunización” de 2015 están vedados los partidos y símbolos comunistas, y en 2022 se suspendieron once partidos de oposición. El WSWS fue bloqueado en el país el 6 de junio de 2024, seis semanas después del arresto de Syrotiuk.
Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, se han abierto unos 20.000 casos penales bajo los estatutos de traición y colaboración, y el organismo “continúa documentando casos de tortura y malos tratos” contra detenidos bajo custodia estatal. Human Rights Watch ha calificado las leyes de colaboración como “excesivamente amplias y vagas”, alcanzando incluso a quienes realizaron labores de emergencia o ayuda humanitaria en territorio ocupado.
La defensa y organizaciones internacionales denuncian que estos hechos han recibido escasa cobertura en los medios occidentales, pese al apoyo generalizado que Zelenski recibe como “defensor de la democracia”. William Briggs, en un análisis citado por la defensa, sostiene que “el hecho de que el mundo occidental adule a Zelensky y lo describa como un defensor de la democracia y la libertad debe ser cuestionado” frente a sentencias como la de Syrotiuk.
En el plano social, un informe de Gallup de 2025 reveló que el 69 % de los ucranianos apoya una solución negociada para terminar la guerra, una inversión respecto a 2022, cuando cerca del 60 % favorecía combatir hasta la victoria. Paralelamente, se han abierto más de 300.000 casos penales contra militares por deserción o ausencia sin permiso desde 2022, la mayoría en el último año, lo que, según analistas internacionales, reflejaría un creciente rechazo a la prolongación del conflicto.
Situación penitenciaria y salud del condenado
La defensa advierte que una condena de 15 años en el sistema penitenciario ucraniana equivale, dadas las condiciones, a una sentencia de muerte. El Comité contra la Tortura de la ONU, en una revisión de abril de 2025, citó hacinamiento, acceso inadecuado a alimentos y agua, y un saldo creciente de muertes bajo custodia. El comité contra la tortura del Consejo de Europa, tras una visita en octubre de 2023, describió instalaciones en deterioro donde los presos preventivos permanecen confinados hasta 23 horas diarias, calificando algunas condiciones como potencialmente “inhumanas y degradantes”.
Syrotiuk ya padecía problemas de salud al momento de su detención. Según sus allegados, lleva más de un año sin recibir tratamiento médico urgente, pese a promesas de la administración penitenciaria.
La defensa confirmó que interpondrá apelación en el plazo legal de 30 días. El WSWS y diversas organizaciones socialistas impulsan una campaña internacional que incluye resoluciones en sindicatos, centros de trabajo, escuelas y universidades, así como una petición pública para exigir la libertad de Syrotiuk y la anulación de la condena. La defensa insiste en que el procesamiento no giró en torno a un pretexto de apoyo a Rusia, sino que estuvo dirigido contra la creciente oposición a la guerra y al régimen entre trabajadores y jóvenes ucranianos.
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