El pasado 12 de abril, se llevó a cabo la audiencia del juicio laboral entre Cristián Labra Belmar y Motorola Solutions Chile S.A. Labra denunció a su ex empleador por despido injustificado, luego de que fuera desvinculado en mayo de 2020 de la compañía involucrada en un presunto fraude al fisco que se habría cometido desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, según antecedentes que reveló un reportaje de Radio Biobío en junio de 2020. Ilícito aparentemente ocurrido durante una licitación que se adjudicó la empresa de comunicaciones estadounidense, que les significó una venta por 378 millones de pesos en cámaras de seguridad corporal a la entidad gubernamental, a pesar de que no cumplían con el requisito excluyente de contar con la función de pre y post grabado.
Fue durante esta instancia judicial, a cargo del 2° Juzgado Laboral de Santiago, que la magistrada Andrea Soler Merino excluyó arbitrariamente al periodista de Página19.cl y colegiado, Ricardo Morales Wolter. La sesión se realizó telemáticamente, vía Zoom. “Estuve esperando a que la jueza me diera su autorización para entrar a la sala, pero nunca sucedió. Es algo que no tiene justificación y que transgrede el derecho a la información de la ciudadanía y del ejercicio del periodismo”, señaló el profesional.
El comunicador no fue el único afectado con la determinación de la jueza, ya que al demandante, Cristián Labra, tampoco se le permitió ingresar a la audiencia. Es por eso que en el recurso de protección presentado por Morales Wolter, se denuncia que se infringió “el derecho al igual trato ante la ley y el acceso a la información pública, que cautela el artículo 20 respecto del 19 N°2 y 12 de la Carta Fundamental”.
Según se relata en la solicitud de protección, en el juicio laboral se dieron a conocer “las maniobras de Motorola para corromper el Estado de Chile”, por parte del trabajador desvinculado. Quien declaró que lo tomó por sorpresa la decisión de la jueza. “Alcancé a estar menos de veinte minutos en la sesión de Zoom, me presenté y fui expulsado de la sala, sin explicación”
Dudas sobre la exclusión
Ambas partes afectadas no quedaron conformes con la explicación entregada por el tribunal, posteriormente de que el abogado de Labra ingresará un reclamo al respecto. En el acta de la audiencia se justificó la medida tomada por el Tribunal, bajo el argumento de que “el periodista podrá tomar conocimiento de la audiencia con posterioridad al término de la misma cuando se suba el audio de ella y sea pública la audiencia completa”.
No obstante, esta explicación no dejó conforme a Ricardo Morales Wolter quien indicó que “no se puede excluir a un periodista de un juicio donde posiblemente se exponen datos relevantes para ciudadanía, la transparencia pública y la democracia”. Lo que lo motivó a presentar el recurso de protección en colaboración con el Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial.
Además, este hecho fue uno de los argumentos presentados por el abogado de Labra para solicitar la nulidad de la sentencia, indicando en el requerimiento escrito “que tal irregularidad, que infringe la forma legal que exige la publicidad de las audiencias judiciales, contraviene la base de la institucionalidad explicitada en el inciso primero del artículo 7 de la Constitución, (“Los órganos del Estado actúan válidamente …en la forma que prescriba la ley”), y cuya sanción es la nulidad de derecho público.”
Vínculo entre el juicio laboral y la posible corrupción
En la denuncia por despido injustificado interpuesta por Cristián Labra Belmar, se relata que la empresa Motorola le impidió retirar sus archivos personales desde el computador que utilizaba para trabajar, infringiendo el artículo 19 N°4 de la Constitución.
En el dispositivo, según lo relatado en la sentencia del caso y lo informado por la parte demandante, “se almacenaba información relativa, entre otras materias, a sus aprehensiones, advertidas a las instancias respectivas, sobre procedimientos comerciales que pudieran afectar la imagen de Motorola Internacional, respecto del escándalo de corrupción publicitado por la prensa, el 4 de diciembre de 2021, relacionado con tratos directos con el Estado, celebrados al margen de la ley, a través de la empresa filial “Interexport”.
El trabajador habría informado a su compañía que estas formas de gestionar ventas presentaban riesgos para la probidad pública y el buen nombre de la empresa. Observaciones que volvió a repetir, según se describe en la sentencia, “a propósito de la denuncia mediática a través de canal 13 de televisión y radio Bío Bío, sobre los delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, derivados de la compra de 300 cámaras, efectuada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, para el uso de Carabineros de Chile, por un monto de 378 millones de pesos, hechos conocidos por la opinión pública en junio de este año”.
Labra lamentó lo sucedido, afirmando que “me dio la impresión que la jueza y Motorola se habían puesto de acuerdo antes para dejarme fuera. No me explico tantas ganas de llevar esto en secreto”.
