“¿Sabrán que, en la 1a vuelta pasada, en Vitacura votó el 73 por ciento del padrón mientras que en La Pintana votó el 37,3 por ciento? El voto voluntario ha funcionado como mecanismo que reproduce la desigualdad”. “Históricamente en el barrio alto la gente tiene la cultura de votar porque saben que en cada elección se juega la defensa de sus privilegios, por eso se oponen al voto obligatorio, para limitar la democracia. Gracias Pamela Jiles y Félix González por votar con los privilegiados”.
Estas y muchas otras frases y oraciones, donde las palabras “decepcionante” y “lamentable” fueron las más suaves que coparon el Twitter de los tres diputados -se suma a los nombrados Florcita Motuda- que no solo votaron en contra de reponer el voto obligatorio, sino festejaron el hecho, tal como lo hizo la derecha el pasado 21 de enero en la Cámara.
Los diputados Pamela Jiles (PH), Florcita Alarcón (PH) y Félix González (PEV) fueron los únicos de la oposición que votaron en contra de la iniciativa que restablecía el voto obligatorio, que fue rechazada en la Cámara de Diputados por falta de quórum. El proyecto obtuvo 89 votos a favor, 44 en contra y 15 abstenciones, y fue apoyado en su mayoría por Chile Vamos. Sin embargo, como se trataba de una reforma constitucional, requería una votación de 3/5, es decir, 93 legisladores en ejercicio.
Si en 1990, con el voto obligatorio sufragaba casi el 90por ciento del padrón, en las elecciones municipales del 2012, las primeras con voto voluntario, sólo concurrió a las urnas un 43 por ciento de los ciudadanos, llegando a la histórica abstención del 57. Para el proceso municipal de octubre del 2016, se abstuvo un 66 por ciento de los posibles votantes. Así, ocurrió lo contrario a lo perseguido desde el 31 de enero del 2012 cuando comenzó a regir la Ley 20.568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario sustituyendo la obligatoriedad que regía en el país desde 1988.
Según el profesor Eduardo Marín Cabrera, doctor en Ciencias Políticas, la situación revela “una enorme falta de representatividad”. Señala por ejemplo la última elección presidencial del 2017. “Si tomamos en cuenta que, en ese proceso electoral, participó alrededor de un 50 por ciento de las personas, el presidente Piñera no puede representar a más del 30por ciento de la población”, puntualizó.
En esa oportunidad, un 56 por ciento del padrón electoral decidió no ejercer su voto, una cifra muy similar a lo ocurrido en la segunda vuelta de las presidenciales del 2013, que alcanzaron un 58 por ciento de abstención.
Buscando legitimidad para 17 procesos electorales
De ahí que la diputada DC Joanna Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara,presentó el proyecto que señalaba que «en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio», estableciendo, además, que la obligatoriedad no sería aplicable a las personas mayores de 75 años. La parlamentaria manifestó que se trataba de una iniciativa que pretendía aportar legitimidad a las futuras elecciones, sobre todo en un contexto de crisis en donde la representatividad política ha sido ampliamente cuestionada. Sumado a esto, Pérez se pronunció también sobre cuáles son los otros mecanismos que deberían complementar a esta nueva legislación.
Así las cosas, los 17 procesos eleccionarios de los próximos dos años, la participación no está garantizada. De hecho, es bastante incierta tomando en cuenta que los niveles de abstención han ido subiendo sistemáticamente, algo que podría empeorar en medio de una crisis social sin precedentes y con un descrédito del sistema que pocos pueden negar a estas alturas.
Para la oposición el gobierno se jugó para que la iniciativa fracasara. El ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, inició un lobby intenso bajo el argumento de que “como Gobierno creemos que es mejor trabajar en los incentivos para que las personas vayan a votar que responder desde la política a través del voto obligatorio, en relación con las demandas sociales que están desarrollándose en el país”. Según Ward, de la UDI, “nos parece que no es el momento adecuado” para la reposición del voto obligatorio y “lo más adecuado es trabajar y generar los incentivos adecuados para que la gente vaya a votar”.
“Este era un proyecto que estaba respaldado por diputadas y diputados cercanos al Gobierno, de Evopoli, RN y también de la oposición. Por lo tanto, lo que se ve acá y que lamento fue un trabajo que se hizo desde el propio Gobierno para quitar el apoyo y respaldo“, afirmó la diputada Pérez. Dijo que fueron miembros del equipo político del Gobierno quienes convencieron a diferentes diputados para que se retractaran de su votación favorable al proyecto.“Cuando vimos que el Gobierno estaba operando para eso, yo conversé junto a otros diputados y diputadas que estaban detrás de este proyecto, y el Gobierno reconoció que era una posición legítima, que a ellos no les convenía una votación que incorporase un 80-90por ciento de un padrón“, aseguró la diputada DC.
La parlamentaria reveló que conversó con el ministro Ward quien le argumentó que “necesitábamos otras medidas para poder implementar el voto obligatorio”. También reveló que, si bien lo invitaron a transparentar sus aprehensiones en las sesiones de la comisión que ella preside, él se negó a asistir.
Durante la votación diputados de Chile Vamos que habían votado a favor en la primera instancia decidieron rechazar la medida o abstenerse. Se abstuvieron los Evopoli Sebastián Álvarez, Sebastián Keitel y Andrés Molina junto con los RN Bernardo Berger, Francesca Muñoz, Luis Pardo, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb, Alejandro Santana y Cristóbal Urruticoechea. También los Evopoli Pablo Kast y Francisco Undurraga, además de los RN Ramón Galleguillos, Frank Sauerbaum y Andrés Celis.
La pelea sigue
La diputada PPD Andrea Parra, miembro de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que «no nos vamos a dar por vencidas, vamos a insistir en el proyecto de voto obligatorio porque creemos que podemos generar las condiciones políticas para que se vuelva a votar y logremos los quórums necesarios«.
Si bien para nadie es una sorpresa los cambios de posición de la derecha, lo que causó sorpresa ypolémica fue el rechazo por parte del diputado humanista Florcita Alarcón, quien justificó su voto en contra argumentando que “el voto no sirve de nada”. En la primera votación, sin embargo, Alarcón había votado a favor.
“Qué bonito. Querían voto voluntario y ahora los queremos obligar. ¿Pero qué valor tiene actualmente el voto en esta Constitución?”, cuestionó el parlamentario durante su discurso en la sala. “¿Cómo hacemos que sea atractivo votar? Que el voto sirva para algo. Entonces, ¿para qué sirve el voto? Para nada. ¿El ciudadano siente que su voto tiene resultado? No. ¿El voto es atractivo? No”, continuó Florcita Alarcón. “El tema no es si el voto es voluntario u obligatorio, porque en esta Constitución el voto no vale nada (…) no sirve votar“, expresó el parlamentario humanista dando sus razones para votar en contra del voto obligatorio, asegurando que tal vez, con un cambio constitucional, el sufragio vuelva a tener un valor.
Luego de la votación, en redes sociales comenzó a viralizarse un tuit de Alarcón de 2011, donde afirmaba que “sin voto obligatorio e inscripción automática, el voto seguirá siendo útil sólo a la elite dominante”.
En tanto, la diputada Jiles señaló en redes sociales: “OBLIGAR=imponer a las personas x fuerza o autoridad, a hacer lo q NO quieren. Voto debe ser libre. Voto Obligatorio es violento, antidemócratico y represivo. Dado q la calle exige #QueSeVayanTodos los políticos desprestigiados se unen pa’ obligarnos a votar x ellos y atornillarse.
Los mismos argumentos que dio la derecha para explicar su votación de rechazo
