Periodista.
Ya se avizora el fin del año y con ello, el examen a un gobierno que, a estas alturas, tiene muy poco que mostrar como su gran legado. Dos situaciones lo tienen en ascuas: la suerte de las reformas que de tales tienen poco, y la vorágine de candidaturas ya iniciada que, pese a sus esfuerzos en contrario, deja a la administración Piñera en un sombrío segundo lugar del escenario político.
A ello se suma un tercer elemento que añade más nerviosismo al gobierno. Por primera vez una encuesta respetada en el área económica dentro y fuera del país sitúa las expectativas de expansión de la actividad para 2020 bajo el 3 por ciento. Se trata de un reporte de Latin Focus Consensus Forecast de octubre que luego de un sondeo realizado a 36 entidades -entre bancos de inversión, departamentos de estudios bancarios y centros de estudios entre otros- nacionales y extranjeros, redujo la estimación del PIB de Chile para el próximo año a un 2,9 por ciento.
Con este pronóstico se va al suelo la última proyección entregada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, donde anticipó un PIB para el próximo año en un rango de 3 a 3,5 por ciento, centrado en 3,3 por ciento. Peor aún. El optimismo de que hizo gala el gobierno la semana recién pasada, anunciando la llegada de la primavera económica volvió a ensombrecerse luego de las estimaciones de los expertos consultados en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central que aplicaron una rebaja en la proyección de crecimiento para el 2020, señalando que se expandirá un 3 por ciento.
Con las elecciones municipales y de gobernaciones regionales ad portas, no es por casualidad que el gobierno haya aumentado en un 12 por ciento el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno, encargada de las estrategias de comunicación de las políticas públicas, prioridades, y otras yerbas, mientras que bajó en un 20 por ciento los fondos destinados a las organizaciones culturales. Lo mismo sucedió en Salud, donde médicos y matronas han denunciado el bajo presupuesto para esa área tan sensible para la ciudadanía.
Es que para el gobierno -como dijo la ministra de la Segegob, Cecilia Pérez-, las elecciones de 2020 serán “fundamentales” y esperan que la centroderecha se imponga en la mayor cantidad de zonas del país. “Nosotros creemos que sin duda el brazo más cercano de los vecinos son sus autoridades comunales y regionales, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que estas elecciones puedan llevarse a cabo y se van a llevar no solamente con normalidad, sino que ojalá ganando nosotros como centroderecha en la mayor cantidad de regiones posibles porque creemos que ahí va a estar el motor, el progreso y desarrollo del bienestar”, sostuvo Pérez. Anunció que, junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y los partidos de Chile Vamos están trabajando en las autoridades que renunciarán a sus cargos para competir en los comicios. “Hay una fecha que pone la propia ley, que es el 25 de octubre”.
Entonces, horquillados por la obligación de las autoridades aspirantes a un cargo de elección popular a renunciar un año antes de los comicios de octubre del próximo año, los partidos de Chile Vamos sacan cuentas, dando comienzo a una tómbola de candidatos que ya está dejando heridos en el camino.
La primera víctima pareciera ser la actual Intendenta, Karla Rubilar independiente en apariencia, pero apoyada por Renovación Nacional. Es lo que no le gusta a la UDI, además de sostener que la autoridad de la Región Metropolitana marca poco en las encuestas. Por eso es que la negativa rotunda de Evelyn Matthei de postular al cargo de gobernadora regional, quien de acuerdo a su partido lideraba las encuestas, ha hecho surgir dudas profundas en la UDI para apoyar a quien puede ser una posible perdedora. Para los gremialistas, ese peligro existe y quieren evitar que ello ocurra no sólo en la Región Metropolitana, sino, además, en Valparaíso y Concepción, tres regiones que concentran aproximadamente el 60 por ciento del electorado y, por lo tanto, son decisivas para la contienda presidencial futura.
Por eso es que, para intranquilidad y desazón de la actual Intendenta de Santiago, Jacqueline van Rysselberghe anunció que la UDI llevará candidato y que tienen en mente opciones más competitivas que Karla Rubilar. “Tenemos cartas para la intendencia en Santiago” insistió Van Rysselberghe a la salida del comité político de la semana pasada en Palacio. Añadió que éstas son “absolutamente competitivas o más”, respecto de Rubilar. ¿Por qué? Se le consultó. “Porque tenemos mediciones”.
Al ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett lo han medido y también a otro casi olvidado: Laurence Golborne Riveros. Aseguran que en esos sondeos Rubilar marca bajo, y que el ex alcalde de Santiago y el ex ministro y fallido candidato presidencial registran cifras similares a la intendenta. Sin embargo, ambos tienen sus grandes peros. Aunque Zalaquett ha confesado que le encantaría volver al ruedo, en la actualidad no sólo está alejado de la política contingente desde su fallido intento a la alcaldía de Santiago el año 2012, sino, además, fue formalizado por delitos tributarios en el Caso Penta, hasta que el pasado 6 de agosto el Ministerio Público suspendió su causa previo pago de $40 millones. También es investigado en el Caso Tragamonedas. Es decir, demasiados flancos abiertos. Golborne tampoco está limpio de polvo y paja.
Por lo pronto, el gobierno está ordenando sus fichas, buscando reemplazantes para intendentes, seremis y Cores que dejarán sus cargos para asumir un desafío electoral. No se habla de ministros, tal vez porque con contadas excepciones, los secretarios de Estado o no son conocidos o son muy mal evaluados. O tal vez, prefieran esperar al 2021 para optar al Parlamento, ante las pocas o inexistentes atribuciones con que contarán los futuros gobernadores regionales. Esa sería la razón por la que Evelyn Matthei e incluso el ex ministro PPD, Francisco Vidal, habrían desechado postularse como tales. Así lo explicitó la actual alcaldesa de Providencia: “desde el municipio uno puede instaurar una visión de lo que es una derecha moderna y eso es lo que estoy tratando de hacer. Aquí tengo el presupuesto, el equipo, las atribuciones y, por lo tanto, puedo efectivamente instaurar políticas públicas”.
Según Cristián Valdivieso, de Criteria, la elección de gobernadores no es tan atractiva porque el cargo no tiene las atribuciones que se esperaría que tuviera. “Ya ha habido incluso un proyecto de ley corta para darle más atribuciones, pero mientras no tenga atribuciones, no es atractivo. Probablemente estén apostando a continuar en el Gobierno y pensar en una elección senatorial para adelante, en algunos casos”.
¿Y la oposición?
En este tráfago de actividad pre electoral de la derecha, las distintas vertientes opositoras lentamente reaccionan. La mala evaluación que se ha hecho de los resultados de la acusación constitucional contra la ministra de Educación aún parece tener a la ex Nueva Mayoría paralizada, aunque hubo una reunión de todos los participantes en el libelo que fue calificada como positiva para acciones comunes futuras.
Sin embargo, el momento político sí está siendo aprovechado por el Frente Amplio. El fin de semana pasado realizaron su Congreso, al cual asistieron más de 400 personas y en lo fundamental -además de entregar una vocería a su ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez- declararon su objetivo fundamental: ser los que logren desafiar a la derecha y proponer un proyecto distinto para afrontar el ciclo político-económico de crisis que se ha abierto. “Si otros se quieren sumar, serán bienvenidos”, agregan.
Se descartó realizar un pacto a nivel nacional con partidos de la ex Nueva Mayoría, pero se aceptó la posibilidad de hacer “acuerdos territoriales” con otras fuerzas sociales, independientes y partidos de la oposición, con la precisión, eso sí, de que no sea entre las cúpulas, que «sea en el territorio”. Raro y para muchos poco entendible.
Es en este escenario político, donde está ad portas la votación del proyecto de la oposición liderado por la diputada Camila Vallejos sobre la reducción a 40 horas laborales que el presidente Piñera convocó a una mesa de trabajo de expertos que va a conversar “con los gremios, con los trabajadores, con los sindicatos, con todos los que quieren aportar con su proyecto”. “No vamos a sacrificar a través de reformas irresponsables, aunque sean populares, ni la capacidad de crear empleos de nuestra economía que lo requiere, ni tampoco vamos a condenar a bajas de salarios para hacer proyectos irresponsables y muchas veces inconstitucionales”, dijo el Mandatario. Aprovechó de recalcar que el proyecto laboral del gobierno se hará con responsabilidad y que evitará “mociones que muchas veces no toman en cuenta, como las mismas autoras lo han reconocido, las nefastas consecuencias que esta moción puede tener sobre los salarios y el empleo”
A este primer encuentro asistieron 17 economistas, académicos y especialistas convocados a integrar la mesa de trabajo para analizar y realizar un documento sobre la reducción de la jornada laboral. La puesta en marcha de esta mesa técnica se enmarca en la búsqueda del gobierno de reponer el respaldo sobre su proyecto de adaptabilidad laboral, luego de la verdadera derrota política infligida por el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.
El presidente Piñera, junto a los titulares de Hacienda, Trabajo y Economía, pidió a los asistentes “que nos ayuden a mejorar no solamente el proyecto de ley, sino que también una necesidad de todos los chilenos. Planteamos un proyecto que busca incorporar más flexibilidad a la relación laboral”, dijo el mandatario. “Les pedimos a ustedes que nos ayuden a revisar la evidencia, a ver las experiencias comparadas, a proponernos ideas para mejorar este objetivo de nuestro gobierno que es reducir la jornada de trabajo sin afectar el empleo y sin afectar el país”, añadió.
El jefe de Estado detalló que la mesa técnica durará alrededor de ocho semanas, plazo en el que el Ejecutivo espera introducir “la indicación al proyecto de ley que presentamos en agosto de este año, antes que termine este año. Esa es la tarea».
Las reacciones
Entre los 17 invitados a esa comisión están ex secretarios de Estado ligados al sector opositor, como Rodrigo Valdés (PPD), José de Gregorio (DC) y Osvaldo Andrade (PS), además de otros expertos conocidos también como cercanos a la oposición.
Hubo críticas a la participación de Andrade en este esfuerzo del gobierno. El presidente de la colectividad Álvaro Elizalde aseguró que la decisión de Andrade no representa al partido. “Es una decisión personal para participar en una mesa técnica, no política. Por tanto, lo hace a título personal y no en representación del PS. Cuando me comunicó su participación le advertí que los socialistas y los expertos del Instituto Igualdad apoyamos el proyecto por las 40 horas”, señaló.
El senador José Miguel Insulza defendió la participación de Andrade señalando que el exministro informó al presidente del partido y a mí también de su participación en esa mesa y nos parece muy bien. No pusimos ningún obstáculo a eso”. Añadió que “yo estoy hablando como vicepresidente del partido y el PS entiende perfecto y no tiene ningún problema con la participación del compañero Andrade en esto ni tampoco de la invitación de la senadora Allende a una comisión hídrica que se está formando”.
El diputado Marcelo Díaz calificó la decisión como “desafortunada”. “La presencia de un exministro del Trabajo, de un exdiputado socialista, de un expresidente del Partido Socialista en esta mesa genera confusión”. “Lamento que él haya aceptado ser parte de este juego del gobierno, que ha buscado ponerle trabas a este proyecto”.
El diputado de la DC, Matías Walker, señaló que los expertos convocados por Piñera, entre los cuales se encuentran figuras de su partido como el ex ministro José de Gregorio, «tienen todo el derecho de concurrir a esta mesa, pero lo importante es que la voluntad soberana de los ciudadanos se manifiesta en el Congreso Nacional». «Nosotros representamos a los ciudadanos y acá hay un proyecto de ley que se presentó el 2017 y que venimos discutiendo no solo en el Congreso, sino que, a través de los medios de comunicación, en círculos académicos, con los sindicatos y la ciudadanía durante dos años y llegó la hora de votar», indicó. El parlamentario subrayó «nos parece muy curiosa la voltereta del Gobierno, nosotros aprobamos el proyecto de las 40 horas en la comisión de Trabajo, después el Gobierno lanzó las 41 horas y ahora recula y le da un plazo de 20 días a esta comisión para que presente indicaciones a un proyecto que el propio Gobierno había modificado». «Entonces, la ciudadanía no entiende nada. Lo importante es que el 23 de octubre vamos a votar las 40 horas en el Congreso, en diálogo con todos los actores», dijo.
El exministro del Trabajo Osvaldo Andrade hizo sus descargos. Aseguró que “lo que intento con mi participación en esta mesa, es algo muy simple, argumentar e intentar encontrar argumentos sólidos para mostrar que es posible reducir la jornada a 40 horas sin afectar empleos y sin afectar salarios”, asegurando que él respalda el proyecto de ley empujado desde el Parlamento y no así el del Ejecutivo.
“Cuando el Presidente habló de flexibilidad yo intervine y le señalé que para el mundo del trabajo el concepto flexibilidad era un concepto hostil y en consecuencia entendía que era mejor hablar de adaptabilidad y adaptabilidad pactada y el Presidente no hizo mayor cuestión de eso”, aseguró.
La diputada PC e impulsora del proyecto de 40 horas, Camila Vallejo, se lanzó en picada contra la iniciativa y acusó al gobierno de improvisar. “Anuncios, indicaciones, mesas técnicas: el gobierno se enreda e improvisa, cuando sabemos las medidas para 40 horas: gradualidad y apoyo a pymes”, dijo la parlamentaria en su cuenta de Twitter. Agregó que “debemos presentar propuestas a favor de las Pymes, que es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y abrir la discusión al Congreso, porque aquí se vota”.
No se necesita una comisión técnica
El economista socialista, Oscar Landerreche, se explayó sobre la situación concreta del proyecto y la necesidad o no de una comisión técnica durante su participación en un programa de radio Cooperativa.
“La verdad es que este no es un problema complicado. Pasar de 45 a 40 horas en el largo plazo tiene efectos casi neutros sobre el empleo y los salarios. Porque todo se renegocia. En el largo plazo -insiste- no tiene efectos. Pero, en el corto plazo, tiene un efecto redistributivo indudable, porque les vas a pagar más por menos horas a la gente que ya tiene contrato y la ley presumiblemente no va a permitir bajar eso. Pero, va a tener un efecto de encarecimiento sobre la contratación que inevitablemente va a haber en el corto plazo. Ninguno de estos efectos es tan dramático, como se está queriendo decir”.
Aseguró que la solución técnica existe y “es super simple”. “Se llama gradualidad y complementar esto con medidas que ayuden a las empresas que hacen esta transición en el corto plazo. Eso no es complicado. El problema no es técnico. Por lo tanto, hacer otra comisión técnica no va a resolver el problema. El problema es político”. Explicó que “el gobierno obtuvo una derrota política. Lo de las 40 horas es imposible que lo revierta. Lo de las 41 horas es casi chistoso. Ya cuando los empresarios estaban proponiendo bajar media hora por año, como lo dijo Alfonso Swett, ya se notó que lo de las 40 horas había logrado una victoria política.”
A su juicio, lo que tiene que hacer el gobierno es “aceptar las 40 horas y complementarlas con un conjunto de medidas que reduzcan los costos desde el punto de vista de la contratación para las empresas, particularmente para las Pymes”.
El debate sobre la reducción de jornada sigue toma vuelo. El próximo miércoles 23 de octubre se votará en sesión especial la iniciativa impulsada por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola.
