Decano Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Las movilizaciones sociales que durante las últimas semanas han sacudido distintas ciudades europeas han vuelto a poner una discusión que parecía relegada: los límites de las políticas neoliberales para responder a las demandas sociales y los riesgos que supone el avance de proyectos políticos de extrema derecha que combinan discursos de seguridad, control migratorio y restricción de derechos sociales.
Las protestas tienen orígenes y características diferentes. No sería correcto reducirlas a una sola causa ni asumir que todas responden a una misma orientación política. Sin embargo, detrás de muchas de ellas aparece una preocupación compartida: la creciente dificultad de amplios sectores de la población para sostener sus condiciones de vida, acceder a derechos básicos y encontrar respuestas en instituciones que parecen cada vez menos capaces de enfrentar sus problemas cotidianos.
España ofrece un ejemplo evidente. La crisis de acceso a la vivienda ha movilizado a miles de personas que ven cómo el aumento de los arriendos y el precio de las propiedades aleja cada vez más la posibilidad de acceder a la vivienda. En Francia, las protestas han expresado el malestar frente al costo de la vida, las condiciones de los servicios públicos y las dificultades de amplios sectores para sostener sus niveles de bienestar. En Italia, las demandas por mejores salarios, acceso a la vivienda, y un conjunto de medidas de seguridad propuestas por el gobierno de Meloni, también han contribuido a la movilización social. Una situación que también observamos en Argentina, donde las políticas del gobierno de Javier Milei han provocado importantes resistencias sociales y políticas. Su programa económico ultraliberal, acompañado de posiciones conservadoras en materia valórica y de una política exterior fuertemente ideologizada, ha tensionado la relación entre el Gobierno y distintos sectores de la sociedad.
Todo esto revela uno de los principales desafíos de la política contemporánea: gobernar se ha vuelto una tarea cada vez más compleja. Las sociedades son más exigentes, las demandas de derechos y protección social se han diversificado y las expectativas ciudadanas conviven con una profunda desconfianza hacia las instituciones. Los gobiernos deben responder a problemas estructurales en sociedades que ya no están dispuestas, al menos de manera uniforme, a aceptar que los costos del desarrollo recaigan siempre sobre los mismos sectores. Y, cuando las respuestas no llegan, la calle vuelve a convertirse en un espacio para expresar el descontento y disputar el rumbo de las políticas públicas.
Sin embargo, al mirar hacia Chile, la pregunta que surge es inquietante: ¿por qué aquí parece estar ocurriendo lo contrario?
Las imágenes de las movilizaciones en Francia inevitablemente evocan el estallido social de octubre de 2019 en Chile. Aquel proceso puso en cuestión los acuerdos institucionales de la transición y el modelo de desarrollo consolidado durante décadas. Fue la expresión de un malestar acumulado que recogía demandas y movilizaciones desplegadas durante años en torno a las pensiones, la educación, la salud, la vivienda, el endeudamiento y los abusos.
El estallido abrió una discusión sobre el país que queríamos construir. Sin embargo, el proceso constituyente terminó frustrado y las expectativas de transformación se fueron debilitando. El gobierno progresista que llegó después intentó avanzar en parte de las demandas sociales, pero debió hacerlo sin mayorías políticas suficientes y en un escenario de creciente polarización, el establecimiento de políticas de seguridad que restringieron la movilización y pérdida de apoyo ciudadano. En ese contexto, se consolidó una alternativa de ultraderecha que logró articular posiciones conservadoras en lo valórico con un programa económico radicalmente neoliberal. Políticas como el alza de los combustibles y sus efectos sobre el costo de la vida; los recortes presupuestarios que amenazan programas sociales sin evaluación pública suficientemente clara de sus consecuencias; una reforma tributaria que reduce la carga impositiva de las grandes empresas y que, según sus críticos, puede comprometer la recaudación fiscal; la pérdida de los fondos previsionales en lo que se supone el tramo más conservador y de mayor certidumbre de una buena parte de la población ad portas de jubilarse, y aunque no es responsabilidad del gobierno, tampoco ha sido claro en exigir responsabilidades; y la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, en un contexto en que el Gobierno también ha beneficiado a condenados por crímenes de lesa humanidad, son decisiones que merecen una discusión pública mucho más amplia. Frente a estos temas, cabe preguntarse por qué medidas de semejante relevancia no han provocado, hasta ahora, una respuesta social comparable con la que Chile conoció hace pocos años.
¿Dónde quedó la sociedad que en octubre de 2019 salió masivamente a las calles para denunciar los abusos, la desigualdad y la falta de respuestas institucionales? ¿Qué ocurrió con la energía colectiva que hizo posible instalar demandas que durante décadas habían sido ignoradas? ¿Por qué hoy observamos tímidamente las movilizaciones en Europa, sin mucho espacio para la discusión en la esfera pública?
Una primera explicación podría encontrarse en el agotamiento a la movilización social. Después de un periodo de frustraciones es comprensible que amplios sectores de la ciudadanía experimenten cansancio, desconfianza o incluso desinterés por la participación colectiva. La promesa de que la movilización produciría transformaciones profundas no se cumplió como muchos esperaban, y esa experiencia puede haber debilitado la disposición a volver a las calles.
Pero sería insuficiente atribuirlo todo al cansancio. También debemos mirar el sistema político y la forma en que se construye la gobernabilidad en Chile. Parece haberse instalado una idea según la cual gobernar consiste en los acuerdos de partidos, asegurar mayorías circunstanciales del gobierno de turno y garantizar con extremas medidas de seguridad la estabilidad institucional, y junto con ello criminalizar la movilización social que plantea el debate sobre las condiciones de vida de las personas, o incluso apostar por el debilitamiento de la democracia restringiendo derechos civiles.
En tercer lugar, la consolidación de una cultura política asociada al individualismo y el mérito personal como factores de movilidad, ascenso y resolución de expectativas, que calza muy bien con el discurso neoliberal de demonización del espacio público y el estado como garante del bienestar de las personas, ha calado muy hondo en una parte de la sociedad que no ve en la participación y la democracia, la forma de vida más deseable o bien le parece irrelevante para el mejoramiento de sus vidas.
Por eso, la aparente facilidad con que hoy se gobierna en Chile debería preocuparnos. Una democracia necesita mecanismos efectivos para procesar el malestar, canalizar las demandas y someter las decisiones del poder a una deliberación pública amplia. Si esos mecanismos se debilitan, la estabilidad puede terminar siendo apenas una pausa, mientras los problemas que dieron origen al estallido permanecen sin solución. Octubre de 2019 no fue un acontecimiento aislado ni una anomalía de nuestra historia. Fue la expresión de un ciclo de movilizaciones que durante décadas cuestionó las desigualdades, los abusos y los límites de un modelo que prometió prosperidad, pero que dejó a amplios sectores de la población expuestos a la incertidumbre y al endeudamiento. Que ese ciclo haya perdido fuerza no significa que sus demandas hayan desaparecido. Tampoco significa que el país haya resuelto las contradicciones que lo hicieron posible.
Quizás la pregunta más importante no sea por qué en Europa la ciudadanía se moviliza mientras en Chile parece esperar. Tal vez Chile no se haya vuelto más fácil de gobernar, aunque a veces la ausencia de debate y conflicto, además de los acuerdos políticos, pareciera indicar eso. Tal vez, sencillamente, es más difícil imaginar que vale la pena la movilización. Y esa puede ser una de las consecuencias más profundas de los últimos años: y es que una parte importante de la población no solo ha dejado de creer en la movilización, sino que también en la democracia como como un régimen que puede mejorar las condiciones de vida de las personas.
