Economista, Instituto Igualdad
La estrategia político-comunicacional de la derecha para llegar al gobierno partió desde la instalación del gobierno de Boric, al ignorar e incluso menoscabar los resultados de su gestión y atribuirle las causas de una supuesta crisis terminal que requería ser tratada como una emergencia. Esto es grave y daña el prestigio y la credibilidad de Chile en el exterior. Fundamentalmente, si en función de los números que muestran las variables clave de la economía del gobierno anterior, ha podido demostrar que recibió un país con muchos más problemas y lo entregó con una base sólida para reanudar el crecimiento que se había ralentizado para frenar la inflación, sin necesidad de afectar los ingresos fiscales.
Ciertamente, encubrir lo bueno con lo malo es la peor práctica política y la más perturbadora consejera. La seguridad, el narcotráfico y las migraciones tuvieron efectos en la población, al ser víctima de la delincuencia, del dominio del narcotráfico en algunos territorios y de una inmigración que, al margen de su importante contribución al PIB de no menos del 10%, un número reducido de ellos se ha visto involucrado en la delincuencia. Los inmigrantes, con todos los derechos vigentes que garantiza nuestra democracia, han podido acceder a los bienes y servicios públicos, que pudieron colapsar por momentos, pero sin que podamos atribuir a la inmigración la causa principal.
Pero, una cosa es hacerse cargo de resolver los problemas reales y otra es usarlos para acceder al poder y realizar cambios en el corazón del Estado que redunden en disminuir el gasto social. Lo que implica en muchos casos eliminar beneficios logrados para todos los habitantes del país por los gobiernos anteriores en una estrategia destinada a traspasar al sector privado el «negocio» de las prestaciones sociales, mercantilizando el acceso a los bienes y servicios que ofrece el Estado que intenta proteger y asegurar a toda la población la oferta básica que brinde iguales accesos a la salud, la educación, la vivienda, la protección y los cuidados.
Lo mismo ocurre con los logros alcanzados en materia laboral con la reducción de la jornada de trabajo, que el actual gobierno está dispuesto a «flexibilizar», como también a limitar el incremento del salario mínimo, lo que permite mejorar la distribución del ingreso a favor de los trabajadores.
Para que no intervenga en la actividad económica, regulando o siendo propietario de recursos naturales o empresas estratégicas, la derecha quiere administrar el Estado, transfiriendo al sector empresarial el futuro de la economía, incentivándolo a realizar inversiones, según su visión de país, reduciendo su carga tributaria por décadas, desregulando y otorgándole una mínima ponderación al tema ambiental.
Una vez en el poder, Kast y Quiroz han arremetido con la misma acusación de su odiosa campaña electoral, mostrando finalmente la verdadera cara de su proyecto. La prioridad ahora no es la seguridad ni las migraciones, es solo el crecimiento. Un crecimiento que viene después de que las grandes empresas, supuestamente con los incentivos mencionados, inviertan mucho más y contribuyan al aumento del PIB, y así los menores impuestos sean compensados con una mayor recaudación que reponga los ingresos que deja de percibir el Estado después de la rebaja del impuesto corporativo en 4 puntos, punto central de la mega reforma que representa aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales de menores ingresos fiscales.
Con una increíble desfachatez y altanería, Quiroz, sin reconocer la necesidad de tener que incurrir en su propuesta de incrementar el déficit fiscal al restarle ingresos al Estado para incentivar el negocio privado, pide para este año 2026 incrementar la deuda pública en 6.200 millones de dólares, por lo que al final del gobierno de Kast se prevé que dicha deuda pública superará el 45% del PIB.
Así, el acusador de la gestión anterior comete el mismo «error» al proyectar la suya, que incluso quita recursos al fisco para prometer reponer esos ingresos con un incierto crecimiento al final de su mandato. Nada ha dicho Quiroz sobre cómo hará cumplir la ley al enfrentar la evasión tributaria, la cual representa no menos del 40% de lo que se deja de recaudar por concepto de impuestos directos e indirectos, ni tampoco de cómo podrá abordar este tema y la lucha contra el narcotráfico que ha penetrado el sistema financiero, sin poder intervenir oportunamente para conocer el origen y destino de los fondos de las cuentas en las instituciones financieras al no levantar definitivamente el secreto bancario.
En resumen, nada concreto ni certeza alguna para asegurarle al país la provisión de bienes y servicios públicos que garanticen su acceso a toda la población, especialmente la más vulnerable. Todo queda pendiente y sujeto a la apuesta de que la economía crecerá, sin que el gobierno lo garantice, pese a su testaruda respuesta de que es posible, sin adelantar ni un esbozo de cómo se producirá el cambio de rumbo de la economía bajo la dirección de la élite empresarial con la mano invisible del mercado, con la certeza de que no habrá más impuestos por 25 años y sin garantizar un crecimiento sostenible, inclusivo y justo que requiere el desarrollo del país.
