La geografía de la multitud es un concepto que busca interpretar la acción colectiva de las personas y sus formas de organización —orgánicas e inorgánicas— desde su realidad geográfica o territorial, interpelando la capacidad de los sistemas democráticos para resolver conflictos mediante políticas públicas eficaces.
Como se ha señalado previamente (en otras opiniones), la geografía de la multitud emerge en un contexto socio-territorial marcado por precariedades múltiples: materiales, simbólicas y proyectivas, estas últimas vinculadas a la expectativa de un futuro mejor. Este sustrato se potencia en sociedades occidentales organizadas bajo marcos liberales y neoliberales que, en tensión con tradiciones socialistas o socialdemócratas, han promovido el valor de la libertad, muchas veces derivando en formas de individualismo. Ello se traduce en configuraciones organizativas fragmentadas, tanto en lo ideológico como en lo político y territorial, constituyendo un terreno fértil para la emergencia de diversos populismos. En este punto, se abre un desafío estratégico, particularmente para los sectores progresistas, en torno a la construcción de proyectos políticos capaces de articular esta dispersión, conteniendo los i-liberalismos, también (formas autoritarias de gobierno, con marcos democráticos en lo formal).
En este escenario, las personas, familias y organizaciones comunitarias, entre varias más —siempre territorializadas— se muestran, consciente o inconscientemente, reticentes a los relatos ideológicos de la modernidad y a sus dispositivos políticos tradicionales, como los partidos o las distintas formas de organización estatal. En su lugar, emergen formas organizativas que desbordan estos esquemas, fuertemente mediadas por los avances tecnológicos (internet, redes sociales, inteligencia artificial) y por las industrias del marketing. Estas dinámicas contribuyen a una mayor dispersión organizativa, pero al mismo tiempo revalorizan los espacios geográficos (territorios-lugares) inmediatos, como el ámbito familiar y barrial, donde lo físico y lo virtual coexisten de manera constante.
En este contexto, y sin desconocer las críticas que ha recibido, el concepto de multitud se posiciona también como un mecanismo o posibilidad de resistencia. Entre dichas críticas destaca su dificultad para construir visiones de conjunto, debilitando nociones como la del Estado-nación territorial, especialmente cuando se contrapone a la idea de “pueblo”, entendida como una categoría que posibilita unidad, coherencia y horizonte de comunidad o sociedad. Esta tensión también se expresa en los sistemas de partidos tradicionales y en las identidades nacionales (hasta las plurinacionales). La multitud territorializada plantea, por tanto, un desafío a las formas clásicas de cohesión social, en tanto cada territorio puede —o no— articularse a un proyecto colectivo mayor, o bien desplegarse de manera fragmentada según sus propias condiciones identitarias, pragmáticas u otras.
En el caso chileno, la geografía de la multitud se ha manifestado de manera transversal en el ámbito social y político, particularmente desde inicios de la década de 2010. Diversos territorios del país se movilizaron por causas heterogéneas (muy justas en ese momento y vigentes aún): medioambientales, identitarias (con especial fuerza en los pueblos originarios, particularmente el mapuche), feministas, entre otras, que en ocasiones fueron caracterizadas bajo categorías como lo “woke”. Estas movilizaciones coexistieron con demandas más tradicionales vinculadas a la precariedad de los servicios públicos (salud, educación, previsión), la relación trabajo-capital —paradójicamente menos visible pese a su centralidad— y las demandas por descentralización del Estado.
Este proceso alcanzó su clímax en una serie de hitos: el estallido social del 18 de octubre, la masiva movilización del 25 de octubre, la convocatoria a paro del 12 de noviembre por la Mesa de Unidad Social, el acuerdo político del 15 de noviembre que dio paso al proceso constituyente, la instalación de un gobierno de nuevas generaciones políticas y el desarrollo de un proceso constitucional marcado por una fuerte presencia de independientes y nuevas fuerzas políticas.
A partir de este punto, se podría sostener que el escenario actual ha transitado hacia un gobierno de derecha con amplio respaldo electoral (también en el Congreso), acompañado por fuerzas políticas de carácter conservador. En sus primeras etapas, pareciera vislumbrarse una reactivación potencial de la geografía de la multitud, en respuesta a decisiones y orientaciones gubernamentales.
Es sabido que todo gobierno enfrenta dificultades en su proceso de instalación, especialmente al contrastar la gestión efectiva del Estado con las expectativas generadas durante la campaña. Sin embargo, estas tensiones se intensifican cuando el discurso previo enfatizaba preparación, eficiencia y probidad. En este contexto, algunos episodios han tensionado la coherencia entre discurso y práctica, afectando la percepción pública (almuerzo del presidente con sus amigos de universidad en el Palacio de la Moneda, la performance de la vocera de gobierno, las conductas políticas y formales del Ministro de Hacienda recortando programas sociales y endoso brutal del alza del combustible a cada uno de los automovilistas y sector productivo en general, entre otras, como es el comportamiento del Ministro de la Vivienda con algunas comunidades).
Si bien el respaldo electoral ha sido significativo en el Ejecutivo y el Congreso, ello no garantiza una implementación exenta de cuestionamientos. En particular, una orientación de carácter neoliberal restaurador puede resultar problemática frente a contextos de alza de costos de vida, recortes presupuestarios o decisiones que impactan directamente a sectores medios y populares (estos últimos explican el gran apoyo electoral). Asimismo, decisiones en política internacional (no apoyo a Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, más otros) o en materia de financiamiento municipal pueden generar tensiones adicionales (desde el mundo municipal existen voces críticas respecto de medidas orientadas a la exención de algunos bienes raíces, localizados fundamentalmente en los sectores acomodados del país).
En esa línea, lo mismo estaría ocurriendo con el proyecto de la reconstrucción o ley miscelánea que gestiona el gobierno en el Congreso, que, ya ganada la posibilidad de seguir siendo discutida, tiene que desplegarse en el análisis congresal, develando, indican los más críticos, la naturaleza escamoteadora de los derechos alcanzados al interior de un Estado Democrático Social y de Derechos pretendido (como horizonte a alcanzar, por cierto.)
En este marco, el itinerario de la geografía de la multitud parece conocido. Persisten desafíos relevantes, como la seguridad pública en zonas fronterizas, urbanas y rurales, donde aún no se observan cambios sustantivos respecto de lo prometido. A ello se suman ajustes económicos que afectan directamente a la población. En consecuencia, cabe preguntarse si estas condiciones o acciones están configurando (¿o buscan?) el escenario para una nueva activación de la geografía de la multitud.
