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Seminario aborda los desafíos para la libertad de prensa en Chile

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y del Día Nacional de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario (12 de mayo), el Colegio de Periodistas de Chile, junto a la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión, COFLE, y Radio Universidad de Chile, invitan al seminario “Periodismo en riesgo: diálogos sobre los desafíos de la libertad de prensa en Chile”.

La actividad – que cuenta con el apoyo de Unesco y la Embajada de Alemania- se realizará el próximo martes 12 de mayo, a partir de las 18:00 en la Sala Master de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro 509, Providencia), y es abierta para todo público.

El seminario se propone generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las condiciones alarmantes que enfrenta el ejercicio del periodismo en el país, en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, presiones y crecientes tensiones en torno al derecho a la comunicación, acoso judicial, y la ausencia de políticas públicas que permitan tener un mejor ecosistema informativo con mayor diversidad y pluralismo.

El programa contempla un homenaje a la periodista de origen aymara Leyla Noriega; la presentación de un microdocumental sobre acoso judicial contra periodistas en Chile; una conmemoración y contexto de la fecha, a cuatro años del asesinato de la reportera Francisca Sandoval, y dos mesas de conversación orientadas al diagnóstico y a la construcción de propuestas.

En la jornada, participan actores del periodismo, la academia y la sociedad civil, quienes compartirán su visión sobre los principales desafíos del sector, así como las propuestas para desarrollar estrategias colectivas necesarias para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como pilares de la democracia.

Habrá representantes del Observatorio por el Derecho a la Comunicación (ODC); el Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodismo (FLAP); Reporteros Sin Fronteras (RSF); el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (RedPerioFem); la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes (RPM); la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios (Anamic), y la Federación Nacional de Trabajadores de Medios de Comunicación (Fenatramco), entre otras organizaciones.

Ex ministro Carlos Montes descarta “sobreprecio” en compra de terrenos y defiende política de suelo del MINVU

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En el marco de su participación en la Comisión de Vivienda del Senado, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó las conclusiones del Informe N°421 de la Contraloría General de la República, rechazando categóricamente que este documento establezca la existencia de sobreprecios en la adquisición de terrenos por parte del Estado.

“El informe no habla de sobreprecio ni establece perjuicio fiscal. Interpretar eso es tan errado como decir que el Estado está en quiebra”, afirmó el ex secretario de Estado, quien explicó que las observaciones del organismo fiscalizador apuntan principalmente a aspectos procedimentales y de mejora en la gestión, y no a eventuales irregularidades, fraude o falta de probidad.

Montes subrayó que el propio informe no derivó antecedentes  al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, lo que, a su juicio, descarta la existencia de ilícitos. Asimismo, recalcó que todas las adquisiciones se realizaron con tasaciones vigentes de los SERVIU y, en algunos casos, con evaluaciones adicionales.

El ex titular del MINVU defendió además la estrategia de adquisición de suelo impulsada entre 2022 y 2026, destacando que se trata de terrenos de alta calidad urbana, bien ubicados y pensados para una política habitacional de largo plazo. En esa línea, cuestionó las críticas basadas únicamente en el valor por metro cuadrado.

“Comprar suelo céntrico puede ser más caro, pero genera una rentabilidad social mucho mayor. A largo plazo, termina siendo más eficiente para el Estado que seguir construyendo en la periferia, donde luego se deben invertir grandes recursos en transporte, servicios e integración urbana”, señaló, recordando experiencias como Bajos de Mena.

Asimismo, enfatizó que esta política no fue improvisada ni responde a una sola administración, sino que corresponde a una estrategia de continuidad del Estado. En ese sentido, explicó que su desarrollo comenzó durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y se profundizó en la actual administración del presidente Gabriel Boric, particularmente tras la promulgación de la Ley 21.450, que fortaleció las herramientas de gestión de suelo.

Montes también aclaró que no todos los terrenos adquiridos estaban destinados a proyectos inmediatos, ya que uno de los objetivos centrales era constituir un banco de suelo estratégico para el futuro.

“El Estado no puede seguir actuando de forma reactiva. Esta política busca anticiparse, asegurar terrenos bien ubicados y dejar capacidad instalada para enfrentar el déficit habitacional estructural en los próximos años”, indicó.

Finalmente, el ex ministro destacó que el propio ministerio identificó previamente debilidades en el proceso, implementando mejoras antes de la intervención de la Contraloría.

“Fue una política innovadora, desarrollada en un contexto de alta presión habitacional. Hoy el Estado cuenta con miles de hectáreas disponibles, nuevas herramientas institucionales y mejores estándares para continuar una estrategia que Chile necesita”, concluyó.

Diputada Emilia Nuyado exige a Ministerios de Agricultura y Hacienda transparencia y devolución íntegra de millonarios recortes a Programas de Pueblos Originarios y pequeña agricultura

La parlamentaria agregó que los más perjudicados son la pequeña agricultura familiar – campesina y comunidades indígena.

La diputada mapuche integrante de la Comisión de Agricultura, Emilia Nuyado, criticó el recorte en más de 30 mil millones de pesos que perjudican directamente a los pueblos originarios y a programas de apoyo a la actividad.

A juicio de la parlamentaria socialista “el ajuste impulsado por el Ministerio de Hacienda y ratificado por la cartera de agricultura, no es meramente administrativo sino que golpea directamente al Programa de Desarrollo Territorial Indigena, sin previa consulta a las comunidades y afecta la cobertura de miles familias que esperaban asesorías y un fondo único de financiamiento».

«Hoy además de las alzas en las bencinas y los fertilizantes, los pequeños agricultores deberán intentar sobrevivir al recorte en inversión hídrica y el recorte en la asistencia técnica. Con estas medidas el gobierno está desprotegiendo a la pequeña agricultura dejando sin tecnificación de riego.  Pero además anuncia la cancelación de los estudios de prefactibilidad de zonas rezagadas, impidiendo nuevas obras de riego”, explicó la diputada Emilia Nuyado.

En esta misma línea, la legisladora  insistió en que “evaluar negativamente los programas territoriales indígenas es ignorar las barreras históricas de acceso y las particularidades culturales que estos programas buscan subsanar. Exigimos que el gobierno informe los argumentos técnicos y sociales que han llevado a determinar estos recortes. Y llamamos al Ministerio de Hacienda a reponer los fondos del Programa de Desarrollo Territorial Indígena».

«La austeridad no puede ser excusa para desmantelar la agricultura familiar campesina y a las comunidades indígenas, en favor de los empresarios y los más ricos del país.», concluyó la diputada Emilia Nuyado.

DD.HH y Comunicación: Nueva alianza por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones y la libertad de prensa

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La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y el Observatorio Derecho a la Comunicación (ODC) firmaron un convenio de colaboración, proponiéndose aunar esfuerzos para la promoción y la defensa del derecho a la libertad de expresión y opinión bajo los estándares del derecho internacional y regional, comprendiendo los derechos de libertad de prensa, libertad artística, libertad de cátedra, el derecho a la información y el derecho a la comunicación.

El acuerdo suscrito, a la fecha del 4 de mayo, por Fernando Zegers, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y Javier García, presidente del Observatorio Derecho a la Comunicación (ODC) se enmarca en el contexto global, regional y nacional actual en que se visualiza un riesgo en el retroceso en la promoción y protección de estos derechos y la urgencia de un necesario pluralismo informativo.

Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) señaló  durante la firma de este convenio, enmarcado en las conmemoraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y el Día del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario (12 de mayo), que esta nueva alianza responde  a la necesidad de articular un esfuerzo colectivo destinado a garantizar el derecho a la comunicación y el acceso a la información, destacando que su promoción y defensa constituyen  instrumentos esenciales para el fortalecimiento de una sociedad democrática.

Por su parte, Fernando Zegers, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) afirmó que ambas organizaciones buscan avanzar en la defensa de la libertad de expresión, calificándola como una deuda pendiente, enfatizando que un trabajo conjunto es urgente y reconociendo la actual falta de pluralismo informativo en Chile.

Para la ejecución de este convenio, se establecerá un equipo de trabajo conjunto que asumirá acciones de defensa, denuncias y difusión de agresiones o amenazas contra la vida o la integridad de los trabajadores o trabajadoras de la comunicación en contexto de manifestaciones  y especialmente si provienen de agentes estatales, incluyendo las causas judiciales de violaciones a los derechos humanos que afectaron a los trabajadores de la comunicación durante el período de la revuelta popular (también denominado  Estallido Social).

Junto con asumir la representación judicial en la medida que sea compatible con sus capacidades institucionales, ya sea presentando querellas contra agentes estatales por violaciones a los derechos humanos, o ejerciendo la defensa penal ante investigaciones que pudieran iniciarse en contra de aquellos trabajadores y trabajadoras de la comunicación, las organizaciones también se abocarán a sistematizar e identificar casos tanto en calidad de querellante como abogados de víctimas con el objeto de presentar observaciones críticas en cuanto a la justicia obtenida, el rol de las autoridades estatales frente a ellas, la responsabilidad de agentes estatales, el rol de la

persecución penal y el cumplimiento de otras obligaciones estatales, entre ellas, aquellas vinculadas a la reparación y a las garantías de no repetición.

Frente a los casos que bajo las normas del derecho vigente nacional que no se encuentren prescritos, adoptarán una estrategia coordinada para continuar con la investigación y persecución penal de estos,  con objetivos de evitar su impunidad, acudiendo a sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos cuando se considere oportuno.

De manera paralela a este accionar, ambas organizaciones asumirán tareas de  difusión, promoción, debate y estudios  de propuestas de políticas públicas en materia de libertad de expresión, buscando con ello alertar sobre retrocesos o para realizar acciones de incidencia encaminadas en mejorar el marco normativo conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Un gabinete de capa caída, sin experiencia en políticas públicas y falta de oficio político

Un gobierno plagado de desatinos políticos, que está dejando al desnudo no solo por la impericia de sus ministros -varios de ellos expertos en gerenciar empresas, pero ignorantes y silenciosos respecto a lo que significa el Estado y la política- sino, además, la inexistencia de una conducción clara del Ejecutivo, entrampado en conflictos entre los ministros políticos y el segundo piso del mandatario. Es lo que está dejando en evidencia que ya no es un problema de la “instalación en el poder” de la nueva administración, sino algo más profundo y a estas alturas, lo que parece increíble luego de tantos meses de aprestos: improvisación e inexperiencia.

 Es que hubo varios meses y muchas palabras dichas respecto a lo que harían previo a ingresar a la Moneda. Se prometió autoridad fuerte, claridad, conducción firme. Lo repitió hasta el cansancio el candidato Kast.  Pero, de acuerdo a lo que ha trascendido, ha predominado exactamente lo contrario: improvisación, mensajes   cruzados y decisiones que se anuncian con fuerza… para luego retroceder en silencio. El oficio con la firma y el timbre del ministro de Hacienda sugiriendo a todos los ministerios rebajas y hasta discontinuidad de programas sociales es prueba de ello. Una cosa es lo que desea fervientemente el ministro Quiroz y otra cosa es lo que manda la vida. Lo que se le había quitado a Seguridad debió ser devuelto. Se había recortado 72.000 millones de pesos en el presupuesto de Seguridad Pública, lo que equivale a aproximadamente 77,6 millones de dólares, afectando recursos destinados a Carabineros, la Policía de Investigaciones y programas clave como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia.

Es que de alguna manera Quiroz y el presidente Kast tienen entre sus obsesiones cumplir la promesa de campaña de bajar el gasto público en 6 mil millones de dólares en 18 meses. Nunca Kast-candidato quiso explicitar de dónde recortarían dicha cifra. Hoy Kast – presidente y su ministro de Hacienda están develando el misterio: recortes que alcanzan a cerca de 260 programas de gobierno, distribuidos en todos los ministerios, con ajustes que podrían bordear el 15% en varios casos.

Por ejemplo, recortes a la Pensión Garantizada Universal (PGU), pese a las promesas del propio José Antonio Kast quien aseguró que este beneficio no sería objeto de recortes. Lo mismo repitió ahora, frente al escándalo que estaba iniciándose cuando se conoció el oficio firmado por el ministro de Hacienda, donde aparecían recortes en áreas como Seguridad Pública, Deportes, políticas de género; Transportes y hasta en Salud y Educación, entre otras sugerencias.

No basta con eficientar el gasto

Diversos economistas han advertido que, para ahorrar una cifra de esa magnitud en el corto plazo, no basta con “eficiencia”. Se necesita, necesariamente reducir programas; congelar o disminuir empleo público; ajustar transferencias. Todas decisiones políticas duras, con costo social inmediato. Y ahí está el quid del asunto. Y lo que el ministro Quiroz soñó con lograr, pero que está lejos de la realidad.

Porque el gobierno ha evitado ponerles nombre y apellido a esos recortes ya que decirlo abiertamente implica asumir consecuencias. Es cuestión de imaginarse la reacción de los trabajadores que hacen funcionar el Estado cuando se transparente cuántos de ellos salen; decir qué programas desaparecen, y qué regiones pierden recursos

El ministro Quiroz y el propio Mandatario han repetido hasta el cansancio que el Estado chileno estaba sobredimensionado y lleno de derroche. Muchos economistas han señalado que los recortes anunciados descansaban en supuestos como la reducción de “ineficiencias” (difícil de cuantificar ex ante); ahorros por mejor gestión; eliminación de programas considerados “ideológicos”.

El punto es que esos ítems no siempre tienen cifras claras y no se convierten automáticamente en ahorro efectivo. Si el gobierno no logra demostrar, con cifras claras y decisiones concretas, de dónde salen esos 6 mil millones, el riesgo es evidente.

Entre dimes y diretes de ministros y parlamentarios en los dos meses de gobierno, se ha instalado un patrón: desorden, improvisación y retrocesos que comienzan a marcar el sello de la administración.

El desorden comunicacional es más que evidente y se ha ganado memes y chistes lapidarios. Ministros que anuncian medidas que luego son corregidas o derechamente desmentidas por otros secretarios de Estado. Vocerías que no logran alinear el mensaje del gobierno. Anuncios que salen sin bajada técnica clara y que obligan a rectificaciones en cuestión de horas. Y esto, ha sido la constante, por mucho coaching que en calidad de urgente le han dado a la vocera Mara Sedini.

El aspecto económico y donde más se enquistó la propaganda contra Boric es otra área no sólo sensible, sino mencionada como de crisis y de urgencias varias. Se prometió una rápida reactivación, rebajas tributarias inmediatas y certezas para la inversión. Pero lo que hay hasta ahora es confusión: propuestas sin cronograma claro, dudas sobre su financiamiento, advertencias de expertos por el impacto fiscal y señales contradictorias hacia el mercado.

Respecto al manejo del gasto público, mientras en campaña se hablaba de “recortar la grasa del Estado”, en la práctica no existe claridad sobre dónde ni cómo se harán esos recortes. Se instala la idea de ajustes, pero sin un plan detallado. ¿Resultado?: incertidumbre en los servicios públicos y preocupación en miles de funcionarios.

Aunque recién van dos meses de gestión, y en ese tiempo no se consolida un gobierno, pero sí se marcan tendencias, errores de instalación y señales políticas, el agua ya llegó casi a la nariz de muchos de los dirigentes oficialistas, cuyos reclamos salieron a la luz pública evidenciando el disgusto por el desorden imperante.

Por ejemplo, el altanero ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se había enfrascado en un verdadero “gallito” no solo con el ministro de Hacienda, también con el ministro del Interior, quien debería coordinar la relación con ministros y parlamentarios. Debería, pero hasta ahora no ha sido así. Una situación de debilidad que aprovechó el ministro Poduje, conocido por sus salidas de madre al estilo usado en un programa radial donde era panelista. El ministro Poduje entró en rebeldía con los recortes sugeridos por Hacienda, dijo que Quiroz era un ministro más en el gabinete y que su único jefe era el presidente Kast. Es decir, el mensaje fue más o menos “yo veré dónde recorto en mi cartera”. Y si se le suman sus encontrones y faltas de respeto con parlamentarios de la oposición y de su propio sector, más los consejos que le llegaban de todos lados señalando lo mal que le hacía al gobierno su actitud arrogante, se entiende entonces su acatamiento tardío a las instrucciones de su par de Hacienda.

“Nosotros vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros. Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”, dijo el titular del Minvu desde la región del Biobío.

En otra área, y aunque el presidente de la UDI salió en defensa de la ministra de Seguridad, hay consenso en que lo ha hecho mal y los reclamos en su contra se acumulan en algunos escritorios. El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Álvaro Jofré, valoró algunas medidas, pero criticó la falta de claridad en la estrategia gubernamental. “Hasta el momento, el gobierno no ha presentado una propuesta clara para frenar la inmigración irregular. Además, ¿qué proyecto de ley impulsará para darle musculatura al escudo fronterizo? Vamos para los dos meses del gobierno del presidente Kast y necesitamos contar con una hoja de ruta maciza al respecto”.

El diputado Álvaro Carter (Republicanos) apretó al Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad, advirtiendo que la administración está contra el tiempo para responder a una de las principales demandas ciudadanas. El parlamentario apuntó directamente a la ministra del Interior, Trinidad Steinert, señalando que su margen de acción se estrecha frente a la falta de resultados visibles.

No habrá segunda oportunidad

Entre los que se han mostrado más molestos con el rumbo del gobierno está el timonel de Republicanos, Arturo Squella. Criticó el cambio de relato en torno al oficio enviado por la Dirección de Presupuesto en donde se recomendaba disminuir el gasto público «descontinuando» programas de alta sensibilidad social como la beca de alimentación para escolares, entre otros. Luego, cuando se aclaró que hubo un problema semántico, y en vez de descontinuar debió haberse escrito “reformular”, Squella culpó directamente al segundo piso del presidente por el error.

Y es que luego de dicha filtración a la prensa, fue la misma Dipres quien aclaró más tarde que el verbo implementado en el documento no debió haber sido «descontinuar» sino «reformular», cuestión que inició una dura arremetida por parte de Squella que apuntó directamente a los asesores del segundo piso del palacio presidencial.

«Es un error, y esos errores comunicacionales se tienen que corregir. Sería bueno que se revisara quiénes cometieron esos errores (…) Llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correcciones, para que no se vuelva a repetir», aseguró durante la jornada de este lunes en un tono mucho más áspero en contra de la gestión de Kast.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), señaló que «son programas que han funcionado, a ojos de la Dipres, no en un 100% como deberían, pero obviamente que siguen (…) en Sudamérica, en general, todavía se habla de desnutrición; nosotros estamos tal vez en el polo opuesto. Por lo tanto, creo que no hay discusión en que los programas siguen».

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien ya había reclamado por el intento de Quiroz de acotar la gratuidad universitaria, esta vez dijo: «Es un hecho de la causa que tenemos demasiado ruido ambiente por comunicaciones que se hacen de manera poco oportuna en ciertos casos. Sería bueno hacer una introspección de lo que está pasando en el gobierno” …

Lo más preocupante -dicen los expertos en la política- es la pérdida temprana de control del relato. Un gobierno que prometió orden, hoy aparece intentando explicarse. Uno que ofreció certezas, hoy transmite dudas. Uno que habló de liderazgo, hoy parece correr detrás de los acontecimientos.

La cuestión es que -como dijo el senador Carter conocido opositor a la centroizquierda-, “a mi lo que me preocupa es cómo nos mira el pueblo chileno en este minuto. Nos dieron la oportunidad y se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que ordenar, porque no va haber una segunda oportunidad”.

Círculo de Periodistas invita a ciclo de cine gratuito sobre “las madres”

Bajo el eje temático “Las Madres”, el Círculo de Periodistas invita a participar en un ciclo de cine gratuito que se realizará todos los lunes de este mes, a las 18 horas, en el Teatro Camilo Henríquez, (Amunátegui 31, Santiago Centro). La iniciativa propone un espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno a las múltiples dimensiones de la maternidad, abordadas desde el cine chileno contemporáneo.

El ciclo contará con la participación de la destacada periodista y especialista en cine, María Eugenia Meza, editora de la revista Primer Plano, quien ofrecerá una introducción al tema del mes y a cada película. Asimismo, al término de cada función, conducirá un foro participativo con un análisis crítico abierto al público.

La programación incluye tres reconocidas producciones nacionales:

El lunes 04 de mayo se exhibirá El Castigo (2022), dirigida por Matías Bize y protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. La película relata la historia de unos padres que, tras castigar a su hijo dejándolo solo en el bosque, enfrentan su desaparición. La búsqueda desesperada expone las tensiones, culpas y fragilidades del vínculo familiar.

El lunes 18 de mayo será el turno de Rara (2016), dirigida por Pepa San Martín,  con actuaciones de Julia Lübbert, Mariana Loyola, Agustina Muñoz y Daniel Muñoz. El film sigue a Sara, una adolescente que lidia con los conflictos propios de su edad, mientras enfrenta las tensiones generadas por la relación de su madre con otra mujer, evidenciando prejuicios y miradas externas sobre las nuevas configuraciones familiares.

El ciclo finaliza el lunes 25 de mayo con Malquerida (2023), documental dirigido por Tana Gilbert, que retrata la vida de mujeres privadas de libertad en una cárcel chilena. Muchas de ellas son madres separadas de sus hijos, y a través de registros realizados por ellas mismas, la obra construye una memoria colectiva marcada por la ausencia, pero también por la solidaridad y la resistencia.

Con esta iniciativa, el Círculo de Periodistas de Santiago reafirma su compromiso con la promoción cultural y la generación de espacios de reflexión ciudadana, acercando el cine a la comunidad de manera gratuita.

La invitación es abierta a todo público, sin inscripción previa.

Lunes 04 de mayo
El Castigo (2022) – 1 h 26 min
Dirección: Matías Bize
Protagonistas: Antonia Zegers, Néstor Cantillana

Dos padres deciden castigar a su hijo dejándolo solo por unos minutos en el bosque tras una mala conducta. Al regresar, el niño ha desaparecido. Lo que sigue es una búsqueda desesperada marcada por la culpa, la rabia y la tensión, que expone las fisuras más profundas del vínculo familiar.

Lunes 18 de mayo
Rara (2016) – 1 h 34 min
Dirección: Pepa San Martín
Protagonistas: Julia Lübbert, Mariana Loyola, Agustina Muñoz, Daniel Muñoz

Sara, una adolescente de 13 años, enfrenta las complejidades propias de su edad: amistades intensas, conflictos escolares y una relación distante con su padre. Para ella, la vida junto a su madre y la pareja de esta es natural; sin embargo, la mirada de los adultos y los prejuicios externos comienzan a tensionar su mundo cotidiano.

Lunes 25 de mayo
Malquerida (2023) – 1 h 14 min
Dirección: Tana Gilbert
Protagonistas: Mujeres privadas de libertad (documental)

Retrato íntimo de mujeres privadas de libertad en una cárcel chilena. Madres separadas de sus hijos, reconstruyen sus historias a través de registros realizados con teléfonos celulares al interior del penal. En medio de la adversidad, los lazos de afecto y solidaridad entre ellas se transforman en una forma de resistencia, dando vida a una memoria colectiva profundamente humana y conmovedora.

Estado mínimo en Chile: una solución que profundiza el problema

En Chile no estamos viviendo una crisis evidente. No hay colapso económico, no hay ruptura institucional, no hay una caída abrupta del sistema. Y, sin embargo, algo más profundo está ocurriendo: una erosión silenciosa del sentido de la democracia.

Esa erosión no se explica por lo que falla visiblemente, sino por lo que deja de ser comprensible. Cuando la vida cotidiana comienza a volverse incierta —cuando trabajar no garantiza estabilidad, estudiar no asegura movilidad y participar no produce resultados visibles— lo desconocido deja de ser un problema técnico y comienza a transformarse en un problema político.

En ese punto, lo desconocido se politiza.

Y en Chile, esa politización tiene un sujeto claro: una generación que no está fuera del sistema, sino en su centro más tensionado. Los jóvenes adultos entre 25 y 35 años no son marginales ni despolitizados. Han seguido la trayectoria esperada —educación, inserción laboral, participación electoral— pero habitan una experiencia marcada por la inseguridad material.

Los datos permiten entender por qué.

La Encuesta CASEN 2024, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, muestra que la pobreza multidimensional alcanza un 17,7% de la población. Es una cifra que ha disminuido en comparación con el 20% registrado en 2022, pero que sigue revelando algo más profundo: una base estructural de carencias que no desaparece, solo cambia de forma.

Cuando se observa por edad, la imagen se vuelve más nítida. En el tramo de 18 a 29 años, la pobreza multidimensional llega al 20,1%, superando el promedio nacional. En el grupo de 30 a 44 años desciende a 15,4%, pero esa aparente mejora es engañosa. Lo que ocurre en ese tránsito no es la superación del problema, sino su transformación: de carencia a sobrecarga.

El joven deja de ser pobre en términos estadísticos, pero comienza a cargar con nuevas tensiones: arriendo, endeudamiento, crianza, costos de vida. Ya no falta todo; falta estabilidad.

La vivienda sintetiza bien esta transición. En Chile, cerca del 27% de los hogares arrienda, y uno de cada tres destina más del 35% de sus ingresos a ese gasto. En hogares encabezados por menores de 36 años, esa proporción se aproxima al 60%. Esto no es un dato aislado: es una condición estructural que redefine la posibilidad de proyectar una vida autónoma.

A esto se suma el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta una tasa de informalidad del 26,2%, equivalente a más de 2.457.000 personas. Esto significa que una parte significativa de quienes trabajan lo hacen sin protección plena, sin estabilidad y con alta exposición al riesgo.

El resultado no es exclusión, sino algo más complejo: una forma de integración débil. Se participa del sistema, pero sin garantías. Se consume, pero con deuda. Se trabaja, pero sin seguridad. Es en ese espacio —entre pertenecer y no poder sostener esa pertenencia— donde se instala la incertidumbre como experiencia cotidiana.

Aquí aparece la primera clave del problema: Chile no enfrenta una crisis abierta, sino una economía que funciona sin lograr integrar plenamente.

El Banco Interamericano de Desarrollo, en su Informe Macroeconómico 2026, describe con claridad este escenario a nivel regional. América Latina ha mostrado resiliencia en un contexto global adverso, con crecimiento constante en torno al 2%. Sin embargo, ese crecimiento es insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener trayectorias de bienestar.

No se trata de que la economía no crezca. Se trata de que no alcanza.

La razón de fondo es estructural. Durante décadas, el crecimiento en la región se sostuvo en la expansión del trabajo más que en la productividad. Hoy ese modelo se agota: la población en edad de trabajar crece menos, la productividad no despega y la tecnología transforma el mercado laboral más rápido de lo que las instituciones logran adaptarse.

Esto produce una situación difícil de nombrar, pero fácil de experimentar: estabilidad sin progreso. Una economía que no colapsa, pero que tampoco ofrece horizontes claros.

En ese contexto, el rol del Estado se vuelve inevitablemente problemático. Las presiones por reducir el gasto público —en torno a un 3%— y rebajar impuestos a empresas desde el 27% hacia niveles cercanos al 23–24% se explican, en parte, por condiciones estructurales: tasas de interés globales elevadas, mayor costo de la deuda y menor margen fiscal, tal como advierte el BID.

Pero el problema no se agota en la técnica.

En una sociedad donde amplios sectores viven en condiciones de fragilidad, la reducción del Estado no elimina la incertidumbre. La desplaza. La traslada desde el sistema hacia las personas. Menos Estado no significa menos problema; significa más exposición individual al riesgo.

Aquí se instala una paradoja central: el Estado es percibido como insuficiente e ineficiente al mismo tiempo. Y su reducción, lejos de resolver esa tensión, puede profundizarla.

Sin embargo, la incertidumbre no se convierte automáticamente en conflicto político. Para eso, necesita ser interpretada.

Aquí entramos en una dimensión distinta del problema. Como plantea George Lakoff, las personas no entienden la realidad a partir de datos, sino a través de marcos interpretativos: estructuras mentales que organizan el significado de lo que se experimenta. En otras palabras, la precariedad no se explica sola; necesita un relato.

Pero esos relatos no emergen en el vacío. Como advierte Noam Chomsky, en las democracias modernas el poder no opera principalmente por coerción, sino por la capacidad de estructurar el campo de lo pensable. No todas las interpretaciones circulan con la misma fuerza. Algunas se instalan, otras quedan fuera.

Y más profundamente aún, como sugiere Michel Foucault, el poder no solo organiza discursos, sino que produce formas de experiencia. Es decir, no solo define qué se piensa, sino cómo se vive lo que se piensa.

Esto permite entender un punto clave: la incertidumbre estructural se transforma en experiencia individual. El joven que no puede acceder a vivienda, que trabaja sin estabilidad o que no logra proyectar su futuro no necesariamente interpretar su situación como resultado de una estructura económica. La vive como una frustración personal, como un problema inmediato que requiere explicación.

Y es en ese punto donde la política entra a operar con mayor eficacia.

Las nuevas derechas populistas han demostrado una notable capacidad para intervenir en este terreno. No eliminan la incertidumbre, la reorganizan. Lo hacen simplificando la realidad, identificando causas claras y ofreciendo respuestas directas. El problema deja de ser complejo y pasa a tener nombre: el Estado, los impuestos, la élite.

Esa simplificación no es necesariamente falsa, pero sí estratégicamente incompleta. Reduce lo estructural a lo identificable, y lo identificable a lo emocionalmente movilizador.

Su eficacia se vuelve evidente cuando se observa el comportamiento político. Con voto obligatorio, la participación electoral alcanzó el 86% en las elecciones municipales de 2024. En el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años, llegó al 89,8%. Lejos de estar despolitizados, están profundamente involucrados.

Pero participan desde la incertidumbre.

Y eso cambia todo.

La democracia no se debilita cuando la gente deja de votar. Se debilita cuando vota sin certezas, cuando lo hace buscando respuestas rápidas a problemas que no logra comprender en su complejidad.

En ese escenario, la política deja de ser solo gestión de intereses y se convierte en disputa por el sentido. ¿Qué explica lo que estamos viviendo? ¿Quién tiene la narrativa más convincente? ¿Qué interpretación logra ordenar la experiencia cotidiana?

Chile no está enfrentando una crisis institucional clásica. Está entrando en una fase más compleja: una donde la estabilidad no alcanza para sostener legitimidad, donde la participación no garantiza sentido y donde la incertidumbre se convierte en el principal insumo político.

Ahí, en ese espacio intermedio entre lo que se vive y lo que se entiende, es donde lo desconocido deja de ser una pregunta abierta y se transforma en una respuesta política cerrada.

Y es en esa transformación —silenciosa, cotidiana, persistente— donde se está jugando, hoy, el futuro de la democracia chilena.

Sociedad civil y diputados cuestionan ante la Contraloría circular que amenaza el derecho a la nacionalidad de la niñez migrante

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Un oficio firmado por 18 diputadas y diputados fue entregado este lunes ante la Contraloría General de la República, cuestionando la legalidad de una instrucción administrativa que podría dejar sin nacionalidad a hijos e hijas de personas migrantes nacidos en territorio nacional.

Este lunes, organizaciones de la sociedad civil acompañaron a las diputadas y diputados Matías Fernández, Consuelo Veloso, Lorena Fries y Carolina Tello en la entrega de un oficio ante la Contraloría General de la República, exigiendo un pronunciamiento urgente sobre la legalidad de la Circular N°014 de 2026 del Servicio de Registro Civil e Identificación. Estuvieron presentes Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones y la Fundación CIJYS; David Arboleda, también consejero nacional del COSOC del SERMIG y presidente de la Red de Periodistas Migrantes; Catalina Bosch, directora de la Organización Migrantas; Eduardo Cardoza, dirigente del Movimiento Acción Migrante; y Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM Chile.

La circular cuestionada introduce criterios administrativos para calificar cuándo un niño o niña nacido en Chile es considerado «hijo de extranjero transeúnte», categoría que los excluiría de la nacionalidad chilena. Aunque el Registro Civil la presentó como una actualización operativa, el oficio advierte que incide directamente en un derecho fundamental que no puede regularse por vía administrativa, pues está sujeto a reserva legal según la Constitución. Además, sus criterios podrían contradecir jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha exigido un análisis sustantivo y no solo formal para aplicar esta categoría. También se llama la atención, acerca de los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ello, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría que determine si la circular se ajusta al marco constitucional y legal vigente, si es compatible con la jurisprudencia sobre la noción de «extranjero transeúnte», y si corresponde su revisión, modificación o invalidación.

Para las organizaciones que estuvieron presentes, esta acción se enmarca en un contexto de retroceso en materia de derechos de la niñez migrante, ya que la nacionalidad no es un dato burocrático, sino un punto de partida para el ejercicio de todos los demás derechos. Días atrás, Grace Arango, dirigenta de la ONG Migrantes en Los Ríos, también expresó su apoyó desde Valdivia.

Los diputados y diputada firmantes del oficio son: Matías Fernández Hartwig, Jaime Araya Guerrero, Héctor Ulloa Aguilera, Carlos Cuadrado Prats, Carlos Carvajal Gallardo, José Montalva Feuerhake, Nelson Venegas Salazar, Marcos Barraza Gómez, Boris Barrera Moreno, María Francisca Bello Campos, Lorena Fries Monleón, Ana María Gazmuri Vieira, Coca Ericka Ñanco Vásquez, Carolina Tello Rojas, Consuelo Veloso Ávila, Andrea Parra Sauterel, Andrea Macías Palma y Emilia Schneider Videla.

José Gabriel Palma y el seguro fracaso de Kast

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Tras un reciente análisis del destacado académico José Gabriel Palma (Universidad de Cambridge, Universidad de Santiago) deducimos que es imposible que se cumplan las metas de crecimiento del gobierno de José Antonio Kast, dado que el extractivismo tocó techo y la desregulación no cambia eso.  Su proyecto de “reconstrucción nacional” sin diversificar la matriz productiva implica arrasar con una infinidad de derechos sociales, ambientales y sindicales y de todo tipo que no van a la base del problema. Pero según Palma, sólo habrá crecimiento y menos desigualdad con una estructura productiva menos rígida, capaz de generar nuevos motores del crecimiento, como el mayor procesamiento de los recursos naturales, una tecnologización del sector servicios, un “nuevo acuerdo verde” que ponga énfasis en la energía limpia, la descontaminación y una agricultura orgánica, y políticas que ayuden a reindustrializar la economía.  Nada de eso se está impulsando en el proyecto económico de Kast y su ministro de Hacienda basado en la rebaja de impuestos y los recortes a programas sociales. Palma precisa que ese proyecto solo busca hacer el “más de lo mismo” (ya agotado), pero supuestamente mejor.

En su reciente estada en Chile, Palma protagonizó un conversatorio con activistas y amigos de Chile Mejor sin TLC el pasado 9 de abril, moderado por Patricio Véjar, que tuvo lugar en la sede de CONFUSAM. El profesor fue acogido también por el CEP (20/04), la Universidad de Santiago (28/04) y por la Universidad de Chile y CENDA (28/04) en sucesivos seminarios. El intelectual expuso sobre desigualdad y las amarras que ponen candado a la economía en Chile. Entre ellas destacó que el TPP hace justo lo contrario de lo que se necesita, pues rigidiza aún más nuestra economía; no es un tratado comercial sino un tratado de protección de la inversión frente al cambio.  Agrega: “Los 5 capítulos sobre comercio sólo eran el envoltorio, un anzuelo para evitar una discusión a fondo de los otros 25 capítulos”, para vender lo inaceptable, que son los obstáculos al cambio que Chile aceptó. Estos amarres incluyen el tener que pagar compensación a quienes se sientan perjudicados por cualquier cambio a la legislación vigente; eso se considera ahora como una expropiación “indirecta” a los actuales inversionistas. También pone obstáculo a crear empresas públicas que puedan competir con el sector privado.

Kast garantiza más pobreza

Según esa tesis, con Kast y su gobierno, vamos camino a profundizar la desigualdad y el estancamiento económico. La falta de imaginación no tiene límites. En su conferencia en Cenda, “El Índice Palma y la nueva teoría sobre desigualdad”  el académico se refirió a ello.

El Índice Palma (Palma Ratio) creado por este académico ha sido adoptado por entidades internacionales como Banco Mundial, la OCDE y otras. Se agrega al clásico Índice Ginni, utilizado en el ranking que mide la desigualdad de los países. Palma consideró que el índice Ginni “mezcla peras con manzanas” pues omite que las dos mitades de población que analiza, se reparten su mitad del ingreso de forma totalmente distinta: “Por eso sugerí reemplazarlo por un índice que mide la relación entre el porcentaje del ingreso que se lleva el 10% más rico y lo que se lleva el 40% más pobre que es donde nace la desigualdad».

Para Palma, América Latina y  Chile son uno de los mejores ejemplos de esta diferencia de poder político. «En Chile, por ejemplo, el 10% más rico ha resistido con mucho éxito los intentos distributivos de los cinco gobiernos de centroizquierda desde el retorno a la democracia», dice Palma y América Latina está colero en el ranking internacional de productividad.

Respecto de la situación internacional y el auge de la extrema derecha, recordó la cita de Antonio Gramsci  sobre qué ocurre cuando lo viejo se muere pero lo nuevo no logra nacer. Lo que se esconde en los Tratados de Libre Comercio busca alargar la esperanza de vida de lo viejo para obstaculizar lo nuevo y para que las corporaciones sigan llevándose sus enormes ganancias fuera del país sólo por “tener” ciertos recursos.

Sostuvo que Chile perdió el impulso en productividad cuando insistió a partir de 2000 en seguir adelante con el extractivismo minero y de la agricultura, sin asumir que los recursos naturales son limitados. Aclaró que Chile en los últimos años ha vivido del aumento del precio del cobre sin tomar conciencia que los sectores exportadores y de servicios, hasta entonces motores del crecimiento (uno de productividad y el otro de empleo), ya no podían dar mucho más.

El modelo asiático

En cambio países asiáticos emergentes ricos en recursos naturales como Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, flexibilizaron su economía generando empleo y productividad, procesando sus recursos naturales.

En Indonesia, por ejemplo, ningún recurso natural puede ser exportado sin un grado mínimo de procesamiento. La norma ha sido mantenida por tres gobiernos de distinto signo político. Así se logró que la minera Freeport -Mc Moran (dueña del 51% de la mina El Abra, socia de Codelco), construyera allá, pero no en Chile, una fundición de cobre.

Para Palma, los países asiáticos son un ejemplo por sus logros en productividad y disminución de la desigualdad. Corea empezó exportando algas y pelucas, pero ahora produce insumos para naves espaciales. Y tiene una de las menores desigualdades “mercado” del mundo (antes de impuestos y transferencias).

El debate

Interrogado por Patricio Véjar de Chile Mejor sin TLC sobre los impactos ambientales del modelo meramente “extractivista”, Palma enfatizó que ese es uno de los talones de Aquiles de algunas de estas economías. En Chile, por ejemplo, si el concentrado de cobre se exportara como fundido, se reduciría en más de dos tercios la necesidad del transporte marítimo (y su contaminación). Agregó que China, un caso extremo de economía contaminante, en especial por generar energía a carbón, hoy es sin embargo líder global en tecnologías de generación de energías limpias en las que invierte cuatro veces más que Estados Unidos.

En el debate, María Cecilia Bartholin, de Chile Mejor sin TLC, buscó profundizar en lo que ocurre hoy con los tratados de libre comercio dado el accionar político y militar de Trump. El académico acotó que la realidad es que para Chile las obligaciones derivadas de los tratados están plenamente vigentes, aunque ya no haya reciprocidad respecto de Estados Unidos, pues se impone la política de la fuerza.

Camila Montecinos, de Anamuri, sostuvo que no se puede discutir sobre los tratados de libre comercio limitándose a analizar los aspectos económicos, afirmado que es necesario ampliar la mirada, ya que los tratados de libre comercio están ligados al militarismo, la guerra y las invasiones, y las amenazas a América Latina han sido explícitas. Agregó que esto va más allá de Trump ya que él no actúa por sí solo y llamó a actuar para que esto sea comprendido por la población afectada y podamos colectivamente construir una respuesta.

Por su parte el académico llamó a no subestimar los disensos en Estados Unidos y enfatizó que hay espacio aún para hacer cambios siempre que estemos convencidos de la necesidad de hacerlos. Recordó que Boric prometió aquello pero nada hizo respecto de diversificar la matriz productiva.

Finalmente señaló que por todo lo anterior, el mayor peligro que nos acecha es que Estados Unidos no quiere que China siga recibiendo los recursos naturales que importa de América Latina, los cuales necesita para ser líder global. Si EE. UU. restringe nuestras exportaciones de cobre concentrado a China, no hay sustitutos para ese mercado, dado que China es el país que tiene más de la mitad de las fundiciones y refinerías del mundo. Concluyó alertando que en ese caso, Chile tendría dificultad para vender su concentrado de cobre, salvo que lo fundiese en casa.

Nota: para acceder a aspectos centrales de la conferencia de José Gabriel Palma en CONFUSAM, ver las cápsulas siguientes:

 Cápsula 1 https://youtu.be/PCNmXvTMwD4 Chile colero en productividad (aprox. 5 minutos)

Cápsula 2 https://youtu.be/be6bh95gLq8 El extractivismo tocó techo (aprox. 5 minutos)

Cápsula 3 https://youtu.be/xUYWUThrcWY   Procesar con tecnología de punta (2 minutos 41 segs)

Cápsula 4 https://youtu.be/OKHKTcfvMd8 El costo ambiental del modelo asiático (2 minutos 22)

Cápsula 5 https: //www.youtube.com/watch?v=8xEc6Ixw9VA El gran peligro para Chile (1 min.46)

Conversatorio completo en https://www.youtube.com/watch?v=q8fSLWbUx-A&t=271s

La “desigualdad estructural” que explica la imposibilidad del “chorreo” en Chile

Foto de the blowup en Unsplash

En Chile, el nuevo gobierno de Kast nos está tratando de convencer que la “política del chorreo”, que busca imponer a través de su “Proyecto de Reconstrucción”, nos salvará porque hará crecer la economía al bajarle los impuestos a los más ricos. Estos invertirán más, harán crecer el empleo, etc., etc., etc. El problema es que esta política de los Chicago Boys ya se aplicó -a punta de fusiles- durante la Dictadura de Pinochet y terminamos con un país brutalmente desigual, donde la pobreza, para el año 1990, alcanzaba al 40% del país.

La efectividad de la política del “chorreo” la han desmentido todos los economistas serios del mundo. No funciona. Punto. Solo hace crecer más a los más ricos. Parece que tampoco los chilenos le están “comprando” mucho a Kast esta teoría ya que la encuesta Cadem del domingo 3 de mayo mostró 57% de desaprobación…

Es innegable que el chorreo no resulta en un país como el nuestro, donde los ricos ganan más de 20 veces de lo que ganan los más pobres. Esta inmensa brecha se traduce en un sueldo mínimo de $500.000 y uno de $100.000.000 entre los más altos. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio es de solo 8 veces más. Asimismmo, en Chile, la mitad del país se reparte menos del 50% de lo que gana solo el 10% y millones de personas viven en un equilibrio precario donde cualquier crisis los hace caer de nuevo.

Más impensable es la posibilidad de éxito del “chorreo” si se piensa que Chile vive una desigualdad estructural. Este fenómeno fue estudiado por el economista francés Thomas Piketty, quien cambió la conversación global sobre desigualdad porque hizo algo que pocos habían hecho: tomó datos históricos de más de 200 años y mostró que la desigualdad no era un accidente sino una tendencia del capitalismo cuando no se regula.

Su idea central le vertió en el libro “El capital en el siglo XXI” donde planteó que, cuando el rendimiento del capital es mayor que el crecimiento económico, la riqueza se concentra. Esto en simple significa que el capital, es decir las ganancias de quienes ya tienen riqueza a partir de inversiones, propiedades y/o herencias, es mayor que el crecimiento de la economía, es decir de los salarios y la producción. Por ello,  si el capital crece más rápido que la economía, los ricos se hacen más ricos y más rápido que el resto. Su tesis fue que la desigualdad más profunda no está en los sueldos sino en la propiedad del capital.

La desigualdad estructural tiene características claves: es persistente, es decir no cambia radicalmente con los años, se reduce poco incluso con crecimiento económico y está concentrada en la parte superior de la pirámide social. En Chile, el 1% concentra entre el 25% y el 35% de la riqueza del país.

Según Piketty, el punto clave no es el ingreso -lo que ganas trabajando-, sino la riqueza, o sea, lo que ya tienes acumulado. Es decir, no se trata simplemente que unos tengan más que otros, sino que es un sistema que produce y reproduce diferencias de poder, de oportunidades y de bienestar de forma persistente. Es, en el fondo, una arquitectura invisible.

Cuando hablamos de desigualdad estructural, estamos diciendo que la brecha está sostenida por instituciones, normas y prácticas históricas y se transmite de generación en generación. Es decir, no basta con “esforzarse más” porque el punto de partida ya está inclinado. Unos parten mas atrás y corren en subida mientras los otros tienen parte del camino ya hecho y corren cuesta abajo.

Esta lógica invisible y silenciosa se funda en variables como el origen, o sea la familia y la clase social en la que naces y, con ello, el acceso desigual a educación de calidad, a las redes de contacto (el llamado capital social) y la seguridad económica inicial. Una persona que nace en un hogar vulnerable no solo tiene menos recursos, tiene obviamente menos margen para equivocarse.

Otra variable son las instituciones, o sea el sistema que ordena la sociedad, como la educación segmentada, los sistemas de salud diferenciados, el mercado laboral desigual. El sistema no necesita discriminar explícitamente para generar desigualdad. Basta con que trate igual a quienes son profundamente desiguales.

La tercera variable es la cultura, es decir lo que creemos “normal”. Y parte fundamental de este relato es el de la meritocracia -“el que quiere, puede”- y los estigmas hacia la pobreza. Desde el punto de vista de la psicología, la desigualdad estructural se sostiene también porque logra volverse invisible y justificable. En su libro “Capital e ideología”, Piketty señaló que la desigualdad no es solo económica, es ideológica y cada sociedad construye relatos para justificarla (“los chilenos son flojos”).

Pruebas al canto

Organismos como OCDE, la CEPAL y el PNUD dan cuenta consistentemente que Chile está entre los países con mayor desigualdad de ingresos dentro de la OCDE. Ello obedece a que la movilidad social es baja porque el lugar donde naces pesa demasiado en dónde terminas. La educación y la herencia explican gran parte de esa reproducción.

Hay una trampa psicológica en este tema y eso es lo más peligroso ya que la desigualdad estructural no solo organiza la economía, organiza la mente generando no solo desesperanza aprendida en los sectores excluidos. También produce una sensación de mérito exagerado en sectores privilegiados y fragmenta la sociedad (“ellos vs nosotros”). Y genera algo mucho más complejo: hace que muchos defiendan el sistema que los perjudica, porque sienten que cuestionarlo es perder identidad o estabilidad.

En suma, la desigualdad estructural es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Ello hace que en Chile no solo se distribuya mal la riqueza, sino que también se distribuyan mal las oportunidades, el tiempo, la salud mental y hasta la esperanza.

Una mezcla rara

Según señalan destacados economistas, la desigualdad de ingresos en Chile  es un caso muy interesante -y también incómodo- porque combina alto desarrollo económico con alta desigualdad, algo poco común dentro de países ricos.

América Latina es la región más desigual del mundo. En  ese contexto, Chile está mejor que países como Brasil o Colombia pero, en ciertos indicadores, igual o peor que varios de sus vecinos.

Uno de estos indicadores es el Índice de Gini, la medida más usada en el mundo para responder una pregunta simple pero poderosa: ¿qué tan desigual es la distribución de los ingresos (o la riqueza) en una sociedad? El Gini va de 0 a 1 donde 0 es la igualdad perfecta -todos ganan exactamente lo mismo- y 1 es la desigualdad total, una sola persona tiene todo. Si muchos tienen poco y pocos tienen mucho, el Gini es alto. Si la distribución es más pareja, el Gini es bajo. Un Gini bajo 0,30 habla de baja desigualdad; entre 0,30 y 0,40, de desigualdad media y sobre 0,40, una alta desigualdad

El Índice Gini de América Latina es de ~0,45 y el de Chile, entre 0,43 y 0,45, ubicándose en la zona de alta desigualdad. El Gini no es solo un número, es un espejo. Y en Chile, ese espejo muestra una sociedad donde la riqueza no circula, se concentra. Es por ello que Chile es un país donde la desigualdad no es marginal, es estructural.

Según datos recientes de la CASEN y el PNUD, Chile ha reducido pobreza, pero eso no implica que haya reducido la desigualdad estructural. El PNUD señala que hay fuertes brechas en ingresos, educación y salud entre distintas comunas, lo que habla de que Chile no es un país, sino muchos países dentro de uno. Según la CEPAL, 1 de cada 3 de los hogares más pobres no accede a protección social suficiente. Y esto es clave porque indica que la desigualdad no solo viene del mercado sino también de cómo el Estado compensa (o no compensa). Con la eliminación de más de 200 beneficios sociales que está planteando el nuevo gobierno, podemos imaginar la magnitud de la debacle que se nos viene…

Miremos un poco para atrás. En 1990, el Índice Gini era en Chile del terror: un 0,57 (el de Sudáfrica es entre 0,63-0,67). En 2022 había bajado al 0,43. Es decir, Chile logró reducir la inmensa desigualdad que había al finalizar la Dictadura, pero no dejó de ser un país desigual. Pasó de una desigualdad brutal a una desigualdad estructural lo que significa que los ingresos se distribuyeron un poco mejor pero la estructura de riqueza no cambió lo suficiente. En suma, Chile salió de la dictadura con una de las desigualdades más altas del mundo.

Si aplicamos la mirada que Piketty podría tener de Chile podríamos concluir que el problema no es solo que hay malos sueldos, sino que hay una diferencia extrema entre quienes viven de su trabajo y quienes viven de activos acumulados, como propiedades, empresas, rentas, herencias, inversiones.

La CEPAL habla de una “trampa” en América Latina, ya que existe alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Ese marco le calza perfecto a Chile: no basta con crecer ya que, si no cambia la estructura de oportunidades, el crecimiento solo reproduce jerarquías. 

Por su parte, un estudio de 2024 del PNUD agregó una clave política y psicológica: al país le cuesta conducir cambios porque no basta la voluntad de los liderazgos. Pesan más las relaciones entre élites, ciudadanía, emociones, discursos e instituciones.  La traducción brutal de esto es que, en Chile, el esfuerzo importa, pero la propiedad importa más. Piketty lo podría poner de esta forma: Chile no es desigual solo porque algunos ganan más. Es desigual porque algunos ya tienen tanto, que su patrimonio trabaja por ellos, mientras la mayoría trabaja para sobrevivir.

¿Qué propuso Piketty frente a este grave problema? Algo totalmente opuesto a lo que está planteando el gobierno de Kast. Postuló un impuesto progresivo a la riqueza, no solo al ingreso, y también al patrimonio acumulado. Igualmente, aconsejó una transparencia financiera global para para evitar la evasión; educación y acceso más igualitario al capital y democratización de la riqueza, no solo de los ingresos. En suma, planteó la ruptura de una idea fuertemente instalada -que la desigualdad era inevitable- señalando que no lo es y que combatirla depende de cómo se organice la economía. Justo lo contrario que están haciendo Quiroz y su escudero Kast…

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