Tal parece que el despertar de los nuevos inquilinos de La Moneda ha sido abrupto. Más que abrupto, desastroso. Y en pocos días ha ingresado a esos patios y oficinas palaciegas la intranquilidad y el nerviosismo que siempre trae aparejado el poder. En definitiva, sentir finalmente qué significa en carne propia aquello de “otra cosa es con guitarra”, lo mismo que la derecha le repetía hasta el cansancio al ex presidente Gabriel Bloric.

Porque, no ha pasado un mes y el escenario gubernamental se ha marcado con tensiones internas, errores forzados y no forzados, decisiones económicas que golpean los bolsillos de todos los chilenos, particularmente la clase media; desafíos estratégicos que se enfrentan con improvisaciones, encuestas que coinciden en la caída libre del apoyo al gobierno de Kast y de llamados a la unidad oficialista frente a asomos de desorden a muy pocos días de que las derechas comenzaran el trabajo en el Congreso.

El Gobierno de José Antonio Kast, partió con un ambicioso plan de aterrizaje para los primeros 90 días. Dicho plan contenía una estrategia de “saturación” de anuncios, todos destinados a confundir y paralizar a la ahora oposición. No le está resultando. Por el contrario, su hoja de ruta enfrenta problemas serios, desde los errores del segundo piso, específicamente de Cristian Valenzuela, el principal asesor de Kast, quien creó aquello del “estado en quiebra”  en sus herramientas comunicacionales, buscando el apoyo al anuncio del alza de los combustibles; pasando por el retiro de hacer de Colonia Dignidad un sitio de memoria, habida cuenta de los horrores  que se vivieron allí;  y del increíble y torpe retiro del apoyo a la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Por otra parte, la política de shock aplicada por el gobierno, traspasando el 100 por ciento del costo del alza del petróleo a los consumidores, particularmente a las capas medias, recordó tiempos de dictadura cuando esa política se impuso sin contrapeso. La periodista y escritora canadiense Naomi Klein desarrolló este concepto que señala que, en tiempos de confusión y miedo, las personas están más dispuestas a aceptar cambios drásticos que, en circunstancias normales, rechazarían de manera contundente. Según Klein, las crisis no solo representan momentos de caos, sino también oportunidades estratégicas para que los gobiernos y las élites económicas impongan reformas neoliberales impopulares. Privatizaciones, recortes a servicios públicos y desregulación del mercado son algunas de las medidas que se implementan aprovechando el estado de vulnerabilidad social. Son las grandes corporaciones las que se benefician de estos cambios estructurales. Y todo indica que este gobierno lo sabe bien.

Así lo señaló la economista y exconsejera del Banco Central, Stephany Griffith-Jones, quien durante su participación en el seminario “Shock petrolero: medidas y efectos”, organizado por la Fundación Chile 21, cuestionó el recorte del gasto público y la baja de impuestos impulsadas por el Gobierno, advirtiendo efectos negativos sobre la demanda y el crecimiento en un contexto internacional adverso.

La economista advirtió que “la literatura muestra que no necesariamente bajar los impuestos a las grandes empresas ayuda a aumentar la inversión, o no ayuda mucho y también lo hace a tiempos muy lentos. Entonces, el impacto fiscal va a ser inmediato, porque las empresas van a pagar mucho menos impuestos, y el eventual efecto positivo, sobre el que tengo algún escepticismo, va a ser, si es que ocurre en forma significativa, en el mediano plazo”.

El curioso caso de la ministra y la jefa de la PDI

Así las cosas, todo el entramado ideado por los asesores principales de Kast pareciera que debería cambiar pronto. No es normal que, a poco andar en el gobierno, el presidente haya tenido que salir a apoyar públicamente a dos ministras en el ojo del huracán: Mara Sedini, en la Secretaría General de Gobierno y Trinidad Steinert, ministra de Seguridad. Dos secretarias de Estado en ministerios estratégicos que aparecen como protagonistas de decenas, sino de cientos de memes en las redes sociales, obviamente riéndose de sus pocas capacidades políticas y comunicacionales.

Lo de la ministra Steinert es todo un caso. Habla poco y cuando lo hace se le entiende menos. Tal vez por eso es que el subsecretario del Interior, Máximo Pávez (UDI), ha asumido un rol visible en la gestión del orden público, un terreno que formalmente corresponde a la nueva cartera.

Aunque la secretaria de Estado ha desestimado una y otra vez haber incidido en el llamado a retiro de Consuelo Peña, jefa de Inteligencia y “tercera antigüedad” de la PDI, asegurando que fue una decisión de la PDI, lo cierto es que algunas versiones apuntan a que su salida ocurrió tras una solicitud expresa de Steinert, debido a diferencias con Peña mientras ejercía como fiscal.

Se ha insistido en que, a petición suya, y a pocos días de haber llegado a su cargo de Ministra, Trinidad Steinert habría pedido la salida de Consuelo Peña una de las figuras más importantes de la institución. Tenía 36 años de carrera.

La cuestión es que las especulaciones al interior de la Institución suman y siguen. Aun nadie ha explicado con claridad por qué ahora se tramitó su renuncia no voluntaria ni quien tomó la decisión. La ministra insiste en que el director de Investigaciones lo hizo. El punto es saber si ella se lo solicitó, cuestión que debería aclararse el próximo 6 de abril, cuando ese funcionario acuda al Congreso a explicar lo ocurrido. Explicar por qué fue el cambio ahora cuando normalmente eso ocurre a fin de año; no había ningún escándalo público y hay consenso que era una figura clave en seguridad. Por eso es que la decisión se vio como extraordinaria y sospechosa

En este contexto, el testimonio que entregue el jefe de la policía civil será clave: si respalda la versión de la ministra, intentarán dar por cerrado el tema y si reconoce las presiones no solo deja en una incómoda posición a Steinert, sino que también al gobierno que salió a descartar cualquier tipo de irregularidad. Además, podría ser el fin de su carrera.

Y falta lo más doloroso

Siguiendo con el relato, tampoco es tan normal que el superministro de Hacienda, el poco empático Jorge Quiroz, haya tenido que recular en su iniciativa estrella del recorte del 3 por ciento al presupuesto a todos los ministerios y servicios del Estado, con el afán de recaudar justamente para llenar el agujero que dejará al Estado, la baja de impuestos a las grandes empresas: de 27 al 23 por ciento.

En simple, significa que las grandes empresas van a pagar menos impuestos por sus utilidades. Por ejemplo, si una empresa gana 100 millones, hoy paga 27 millones y con la rebaja pagaría 23 millones. Es decir, ahorra 4 millones. Si eso se multiplica para las grandes empresas del país, serían miles de millones de dólares menos para el Estado. La primera consecuencia es que el Estado recauda menos. Y eso significa menos plata para salud, educación, seguridad y los programas sociales en general.

Pero, esa plata hay que reemplazarla. O “recortarla” como le gusta decir al ministro Quiroz y al presidente Kast. Ellos dicen que bajar estos impuestos es para estimular la inversión y el crecimiento. La clásica teoría del “chorreo” que quiso hacer Pinochet y sus ministros de Hacienda y que no les resultó. Nunca. Porque los grandes empresarios son codiciosos, entonces no está garantizado que inviertan. Al menos en Chile. La pregunta que surge entre los expertos progresistas no es solo cuánto se recauda…sino quién gana…y quién queda esperando.”

Hay algo que todavía no se está diciendo con suficiente claridad: el alza de los combustibles aún no se siente del todo. Sí, han subido. Es cierto que ya la gente lo ha notado en el bolsillo. Pero el golpe más fuerte aún no se percibe.

Chilenos y chilenas lo comenzarán a sentir entre 2 a 6 semanas después del alza de hasta $370  en las bencinas y $580 en el diésel. El verdadero impacto no está en la bomba de bencina. Está en la feria; está en el pan; en el costo de la vida misma.

Está- en definitiva- en lo que cuesta vivir.  Cuando sube el diésel, sube todo, porque en Chile, casi todo se mueve en camión. Hay economistas que han hecho el ejercicio de calcular cuánto podría costar todo en poco tiempo más. Dicen que, por lo bajo, frutas y verduras pueden subir entre 10% y 20%; el pan: entre 4% y 8%; carnes, lácteos y huevos: hasta 12%; y abarrotes: entre 3% y 7%.

Y esto no es inmediato. Es un proceso progresivo; acumulativo y lo más aterrador: silencioso. Porque esto no es solo inflación, es transmisión de costos. Primero sube el combustible; después sube el transporte; después suben los precios. Y ahí estamos, pagando más por todo.

Este es el escenario que se asoma. Justo cuando el gobierno debería enviar el proyecto donde se esconde esa especie de reforma tributaria que beneficiará al 1 por ciento de los chilenos más ricos y poderosos del país, mientras el resto, espera que se acabe la bencina que lograron acaparar antes del alza de precios y se enfrenten finalmente a la triste realidad que les regala el gobierno.