La violencia extrema en los liceos públicos chilenos —como la tragedia ocurrida en Calama en 2026— no irrumpe como un hecho aislado ni puede ser contenida en la cómoda explicación de la salud mental individual. Esa lectura, aunque tranquilizadora, es profundamente engañosa: desplaza el problema desde las estructuras hacia los sujetos, y al hacerlo, desactiva toda responsabilidad política. Nos permite seguir creyendo que el sistema funciona y que lo que falla son las personas.

Pero lo que estamos presenciando es otra cosa. Es el punto de saturación de un proceso más largo, más silencioso y más incómodo: la progresiva descomposición de la escuela pública como espacio de cohesión social y, con ella, el debilitamiento material de la democracia. Porque cuando un estudiante ataca, no solo fracasa un individuo; fracasa una promesa. Fracasa la promesa de que la escuela podía ser un puente entre el origen y el futuro. Fracasa la idea de que el Estado podía mediar entre desigualdad y ciudadanía. Fracasa, en definitiva, la noción misma de lo público.

Es en ese punto donde emerge la hipótesis que recorre este texto y que no puede ser eludida: en el Chile contemporáneo, el Estado ha dejado de educar para la libertad y ha comenzado, de manera cada vez más explícita, a administrar la exclusión, no porque el Estado haya desaparecido, sino porque ha redefinido su función. Nada de lo que ocurre hoy en las aulas es ajeno a esa transformación.

La violencia escolar, en este sentido, no nace en la escuela. La escuela la recibe. La procesa. Y muchas veces la amplifica. Los territorios donde se insertan los liceos públicos han sido progresivamente capturados por dinámicas de precariedad y vulnerabilidad social estructural, fragmentación comunitaria y expansión del crimen organizado. El informe de la Defensoría de la Niñez (2025) lo advierte con claridad: allí donde el Estado se retira o se debilita, emergen formas paralelas de organización social que no solo disputan el control del territorio, sino también la producción de sentido. La narcocultura, en ese contexto, no es solo una economía ilegal; es una oferta identitaria.

Para un joven que habita esos espacios, la promesa de la escuela compite —y muchas veces pierde— frente a una estructura que ofrece reconocimiento inmediato, pertenencia y, en muchos casos, ingresos. Desde la perspectiva de Zygmunt Bauman, estos sujetos no están simplemente en desventaja; habitan el mundo de las “vidas desperdiciadas”: individuos que el sistema no logra integrar y que, por lo mismo, quedan fuera del circuito de reconocimiento social. En una sociedad donde el valor está mediado por la capacidad de consumo, quien no accede al mercado queda simbólicamente expulsado de la ciudadanía.

Es ahí donde la escuela deja de ser un puente y comienza a operar como una frontera. No conecta mundos; los separa. El estudiante no ve en ella una promesa, sino una constatación de su lugar en la estructura social. Y cuando la palabra pierde su capacidad de mediación, la violencia aparece no como irrupción irracional, sino como lenguaje último.

Frente a este escenario, la respuesta del sistema político ha sido, en apariencia, inmediata: instalar pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales. Sin embargo, lo que se presenta como solución revela, en realidad, la profundidad del problema. Porque el pórtico no es solo un dispositivo técnico; es una declaración simbólica. Es el momento en que el Estado reconoce que ya no puede educar y opta por controlar.

Michel Foucault advertía que las instituciones modernas —la escuela, la cárcel, el hospital— comparten tecnologías de poder. Cuando la escuela adopta lógicas de vigilancia propias del sistema penal, deja de ser un espacio de formación y se transforma en un dispositivo disciplinario. El pórtico, en ese sentido, no protege la escuela: la redefine. Convierte el acceso al aprendizaje en un acto de sospecha.

Pero el problema es aún más profundo. Byung-Chul Han nos permite comprender que la violencia contemporánea no proviene únicamente de estructuras externas de dominación, sino de una forma de agotamiento interno. En la sociedad del rendimiento, el sujeto ya no es oprimido por la prohibición, sino por la exigencia constante de superación. Se le dice que puede ser todo, pero se le entregan condiciones materiales que hacen imposible ese mandato. El resultado es una forma de autoexplotación que deriva en colapso.

El estudiante que agrede no es solo un sujeto violento; es un sujeto agotado. Es el punto de ruptura de una promesa incumplida. Es, en palabras de Han, el “infarto del alma”: el momento en que el individuo ya no puede procesar la distancia entre lo que se le exige y lo que puede alcanzar.

Y, sin embargo, frente a ese colapso, la respuesta institucional no es reconstruir condiciones de sentido, sino reforzar mecanismos de control. Es aquí donde la lectura de Hannah Arendt se vuelve ineludible. Para Arendt, la educación es el espacio donde los adultos asumen la responsabilidad de presentar el mundo a los nuevos. Es un acto profundamente político, porque implica decidir qué vale la pena conservar y qué vale la pena transformar.

Cuando el Estado reemplaza la palabra por el metal, lo que está diciendo es que ha dejado de creer en ese mundo. Que ya no puede ofrecerlo como herencia. Que no tiene más herramientas que la contención.

La crisis de la educación es, en este sentido, una crisis de la democracia. No porque fallen las normas, sino porque se deterioran las condiciones materiales que permiten que esas normas tengan sentido. Arendt distinguía entre autoridad y poder: la autoridad se funda en el reconocimiento, el poder en la imposición. Los pórticos son poder. Pero carecen completamente de autoridad.

Cuando un docente es atacado, no estamos ante una falla disciplinaria. Estamos ante la evidencia de que la autoridad ha colapsado. Y la autoridad colapsa cuando quienes deberían representarla ya no encarnan un mundo que valga la pena heredar.

Es en este punto donde las distintas capas del problema comienzan a converger. El estudiante agotado descrito por Han, el sujeto excluido de Bauman y el abandono de la responsabilidad política señalado por Arendt no son fenómenos separados. Son dimensiones de un mismo proceso: la transformación de la escuela en un “no-lugar”.

Un espacio que ya no protege, no integra y no proyecta. Un espacio donde el docente no educa, sino que gestiona crisis. Donde el estudiante no aprende, sino que sobrevive. Donde el Estado no construye comunidad, sino que administra riesgos.

Esta transformación no es solo cultural o simbólica. Es profundamente material. Y aquí el presupuesto aparece como el lenguaje más honesto de la política. El recorte transversal del 3% del gasto público en 2026, que implica una reducción cercana a los $524.000 millones en el Ministerio de Educación, no es una medida técnica. Es una decisión estructural.

En un contexto donde la violencia escolar exige mayor presencia del Estado, se produce exactamente lo contrario: disminuyen los recursos para subvenciones, se debilitan los programas de apoyo a estudiantes vulnerables y se tensionan áreas críticas como la alimentación escolar. El ajuste fiscal, lejos de ser neutro, redefine el campo de lo posible.

Aquí es donde la tesis adquiere su forma más concreta: el Estado no se retira completamente, pero cambia su función. Deja de invertir en cohesión y comienza a invertir en contención. Deja de prevenir y pasa a reaccionar. Deja de educar y pasa a administrar exclusión.

La precarización docente es una expresión directa de este cambio. Un profesor agotado, sobrecargado y sin herramientas no puede formar ciudadanos. Solo puede sostener el aula en condiciones mínimas de funcionamiento. El burnout deja de ser un problema individual y se convierte en una tecnología de control: un sistema que, al agotar a sus docentes, limita su capacidad de transformación.

La reforma estructural que buscaba revertir este escenario —la creación de los Servicios Locales de Educación Pública— tampoco ha logrado alterar esta lógica. Aunque en teoría buscaba fortalecer lo público, en la práctica ha reproducido una distancia entre la toma de decisiones y la realidad del aula. El recurso existe, pero no llega donde se necesita. La comunidad pierde incidencia y la escuela se burocratiza.

Gabriel Salazar ha insistido en que la historia de Chile está marcada por una tensión entre un Estado centralizado y una sociedad que busca espacios de soberanía. La escuela podría haber sido uno de esos espacios. Pero al no incorporar a la comunidad en su gobierno, termina reproduciendo la misma lógica de exclusión que pretende combatir.

Es en este punto donde la salida no puede ser técnica. Debe ser política en el sentido más profundo del término. Humberto Maturana plantea que la educación solo es posible en un espacio donde el otro es reconocido como un legítimo otro. Sin ese reconocimiento, no hay aprendizaje. No hay comunidad. No hay sociedad.

La violencia escolar es, en última instancia, la negación de ese reconocimiento. Y la instalación de pórticos institucionaliza esa negación.

Repolitizar la escuela no significa ideologizarla. Significa devolverle su carácter de espacio común. Un lugar donde la palabra vuelva a tener valor. Donde el conflicto pueda ser tramitado simbólicamente. Donde el estudiante no sea tratado como amenaza, sino como sujeto en formación.

Esto implica, necesariamente, reconstruir condiciones materiales: inversión en salud mental, fortalecimiento del rol docente, articulación territorial y participación comunitaria. Pero implica también algo más profundo: recuperar la idea de que la educación es un proyecto colectivo.

Porque el problema de fondo no es la violencia. Es la pérdida de sentido.

Y esa pérdida no se resuelve con metal.

Se resuelve con palabra. Con comunidad. Con Estado.

Si el Estado no es capaz de reconstruir ese espacio protegido —no como enclave de vigilancia, sino como territorio de sentido— la democracia seguirá erosionándose desde su base más frágil: la infancia.

Lo que está en juego no es solo la seguridad en las escuelas. Es la capacidad de una sociedad de reproducirse a sí misma como comunidad política y democratica. Es la posibilidad de que la próxima generación no herede solo miedo, sino también futuro.

En ese umbral —entre la palabra y el metal— se define hoy algo más que una política pública. Se define el tipo de país que estamos dispuestos a ser.

¿Qué explica que un gobernante de un país sea capaz de poner al mundo entero al borde del colapso sin que exista una reacción oportuna y efectiva que impida a ese país llevar a cabo horrorosos crímenes de lesa humanidad y activar un conflicto que amenace con utilizar bombas con capacidades nucleares destructivas de efectos impredecibles. Es acaso aceptable que el presidente de ese país agresor se permita amenazar a un país de hacerlo desaparecer en pocos segundos, supuestamente disparándole poderosos misiles con ojivas nucleares e incluso haciendo explotar una bomba nuclear para conseguirlo?. Intententaré en las siguientes líneas formular algunas posibles hipótesis para explicarlo.

Desde luego, un gobernante que pueda hacer semejante amenaza debe estar seguro de poseer una capacidad militar superior a la que pueda tener un potencial enemigo.

Debería existir o crear un motivo que justifique la iniciativa de actuar contra otro país o lo que ocurra en otros territorios que se considere una amenaza de alto riesgo.

El gobernante que se atreva a emprender una aventura de ese calibre debería contar con los apoyos políticos de su país como para actuar y solventar el gasto que implica.

Debe darse una total inoperancia de organismos internacionales para intervenir en estos casos, como sería la ONU, la OTAN u otras entidades de peso mundial.

Debe existir una sólida alianza político-militar con uno o más países de la región donde se establezca la zona de combate que facilite la logística y capacidad bélica.

Los gobernantes que dirijan esta guerra son personajes que de algún modo quieren pasar a la historia por su legado y quizá tengan una deuda con su país por su pasado. Aunque, sin el control de los medios de comunicación su tarea se haría imposible.

Parece que las esperanzas de paz y armonía, de protección de la vida en cualquiera de sus formas, el diálogo y los acuerdos, todo eso, ya no es posible en este mundo donde prevalece el instinto de conservación ante la dominación, sea por la fuerza o a través de una dictadura. La historia de la humanidad nos ha dejado lecciones solo para escribirlas y no para tenerlas en cuenta en su existencia para su propio bien. La democracia tal como la conocemos parece sucumbir ante este desesperanzado escenario.

La llamada geopolítica es en su esencia la implementación de un modelo de fuerza político-militar que permita obtener el máximo de recursos posibles para garantizar la continuidad de una nación, aún a expensas de una expansión territorial que anule o elimine la existencia de otros países.

El planeta va mostrando su limitada capacidad de proveer sin grandes conflictos lo necesario para la creciente población mundial, donde más de la mitad se considera pobre o vive bajo la línea de la pobreza. La defensa de los territorios y los recursos naturales se hace imperativo lo que lleva a un creciente gasto militar en desmedro de otras prioridades que demanda la población. La amenaza imperialista de los más fuertes cada vez más intensa obliga a muchos países a decidir a qué imperio servir ante la presión e incapacidad de elegir con plena libertad su autodeterminación.

Hoy la guerra entre las potencias económicas mundiales, EEUU y China, se libra en el comercio internacional. Trump inició esa guerra tras comprobar que la competencia en los mercados de sus respectivos productos y servicios está siendo liderada por China. Ello lo indujo a aplicar aranceles para intervenir el mercado mundial y tratar de morigerar el déficit comercial de EEUU al poner barreras a la entrada de productos importados e incluso aplicar aranceles adicionales a los países que continuaran teniendo intercambios comerciales con China.

Pero, la crisis sistémica de EEUU no es sólo el resultado de la pérdida competitividad con China e incluso con varios países emergentes, en su centro operativo está el funcionamiento del sistema capitalista. El nivel de concentración de la riqueza y la insuficiente capacidad del Estado para distribuirla e ir mejorando la situación de toda la población de manera más equitativa ha llevado a que en ese país sus gobiernos se endeuden para mejorar la distribución de los ingresos y bienes públicos, a fin de mantener simultáneamente los incentivos tributarios a los más ricos que supuestamente sostienen la inversión.

Los excedentes financieros obtenidos más allá de las rentabilidades normales han ido a parar a los mercados bursátiles más que a incrementar las inversiones en la producción de bienes y servicios competitivos. El extraordinario desarrollo de las industrias tecnológicas del mundo digital estrechamente vinculadas a la industria militar requiere fundamentalmente conocimiento de mucho nivel e instalaciones de alta complejidad con grandes volúmenes de consumo de energía y agua. Las empresas de este sector son las que han llevado sus acciones a los más altos valores y con ello las ganancias especulativas logradas por sus dueños han sido las mayores de este siglo. La riqueza se concentra hoy en unos pocos personajes dueños de las más grandes e importantes empresas tecnológicas que con sus App, además, controlan las comunicaciones y servicios digitales de manera oligopólica en todo el mundo.

En consecuencia, el poderío de los países se mide por la capacidad de desarrollar la industria electrónica, la AI, la robótica y el nuevo conocimiento derivado de los microdatos. La industria militar se nutre de esa industria y de los avances en la física cuántica. Si a lo anterior se añade la estrategia imperialista de los gobiernos más poderosos del mundo, se podría entender que la concentración del poder económico y militar se puede lograr y consolidar políticamente en el gobierno, a nivel de las jefaturas de estado. De esa manera se produce la simbiosis perfecta entre capital, conocimiento y política para construir la arquitectura del poder respaldada en las FFAA que tiende a privilegiar gobiernos autoritarios e ignorar la democracia.

Las raíces del fascismo anti medioambiental chileno

Las figuras predominantes de la actual Ultraderecha chilena catalogan de “amenazas dictatoriales a la libertad” las políticas medioambientales del país. Por otro lado, el Humanismo nacional considera que las raíces de la crisis ecológica actual se encuentran en una sociedad conducida irracionalmente y no en la cultura de los chilenos; tampoco en una religión determinada, ni en la razón, la ciencia o la tecnología. Al contrario, este defiende la importancia de la cultura de Naturaleza, la ciencia y la tecnología en la creación, tanto del pensamiento y de las políticas ambientalistas, de carácter progresista como de una sociedad futura ecológica, racionalmente administrada.

¿De adonde viene el anti ambientalismo del fascismo nacional?

Sus raíces históricas hay que buscarlas en el antiguo concepto conservador alemán de «Sangre y Suelo» (Blut und Boden), que conceptualizó a la Naturaleza como parte de la identidad racial de quienes evolucionaron en ese paisaje. En el afán por ampliar el espacio vital nazi, el Lebensraum, se impulsó mediante la guerra, en Alemania y los países invadidos, la destrucción de ecosistemas y recursos, para solventar el crecimiento económico fascista y el esfuerzo de guerra. Esta causó una inmensa contaminación y degradación ambiental no solo en el suelo alemán sino entodos los países subyugados. Sin embargo, el fascismo de la época diseñó una «nueva ecología» como una herramienta ideológica, y no como una preocupación genuina por el medio ambiente, quedando supeditada ésta a sus objetivos raciales, expansionistas y bélicos. El misticismo y el biologicismo elaborado a partir del Blut und Boden, desvióla atención pública de las causas económicas y sociales que causaban el desastre medioambiental de la época. Era el auge del movimiento Völkisch, una poderosa corriente cultural y social que unía el etnocentrismo con el misticismo naturalista alemán. En ella, el principal logro nazi fue la dictación del Reichsnaturs chutzgesetz de 1935. Unapropagandística «ley de protección de la naturaleza», que estableció supuestas líneas maestras para la salvaguarda de la fauna, la flora y los «monumentos naturales» a lo largo del territorio del Reich. La «rama verde» del Partido Nazi usando esa ideología sirvió de base a un vil programa deviolencia racista basado en el Blut und Boden. Así, laspolíticas medioambientales nazis fueron responsables del asesinato masivo y planificado de aquellas personas que no cabían racialmente en el concepto de sangre y suelo. La confluencia de ese dogma anti humanista con una fetichización de «pureza» racial proporcionó un brutalincentivo para la llamada «Solución Final», el holocausto del Pueblo Judío, Gitano y otras minorías. Actualmente, se hacen carne en las políticas anti migración de las ultraderechas.

El objetivo de esa política era sublimar la destrucción de la Naturaleza y el daño medioambiental, sin cuestionar la fantasía Blut und Boden, y solo pudo hacerse a costa de obviar el análisis social del daño medioambiental y rechazando su consideración como una expresión del conflicto entre intereses sociales en la sociedad. Una solución fue exculpar de la destrucción a los alemanes y asociar los problemas medioambientales a la influencia destructiva de otras razas. Ninguno de los grandes industriales que sustentaban la máquina de guerra alemana fue siquiera mencionado en esta colosal destrucción y uso no sustentable de la Naturaleza. La herencia actual de ello ha sido que hoy las ultraderechas mundiales fascistas consideran que el problema medio ambiental es un invento del comunismo y no un problema derivado del irracional funcionamiento de un tipo de economía consuntiva, escasamente mitigadora. De allí su aversión a las políticas públicas medioambientales chilenas que castigan el daño ambiental y que tratan de repararlo democrática y progresivamente. Destruir el ambientalismo humanista es parte de su actual y mesiánico esfuerzo por reinstalar un nuevo orden mundial sin regulaciones y normas para los dueños del capital.

El anti ambientalismo fascista contra la encíclica católica Laudato Si del Papa Francisco.

La ecología, en su esencia, habla de la interconexión de todos los seres vivos y su entorno. Recuerda que somos parte de un gran «hogar» (Oikos), un sistema complejo y delicado que es necesario cuidar. Así, desde una perspectiva cristiana, la creación es un regalo de Dios, un jardín que se ha confiado a los hombres para que lo cultiven y lo protejan. La fe los impulsa a reconocer la dignidad de toda criatura y a actuar como administradores responsables de la creación. El fascismo chileno actual con su política antiambientalista evade el mandato divino. En respuesta, ellos dicen que la iglesia católica ha sido colonizada por el nefasto ambientalismo como en lo social fue colonizada por la Teología de la Liberación. Su mentira alcanza niveles delirantes desobedeciendo a sus más preciados pastores. El Padre Joseph Kentenich, fundador del movimiento cristianoSchoenstatt, en la Carta de octubre de 1948, invitó a sus discípulos a reflexionar sobre la creación de un nuevo orden social. Les advierte sobre los peligros de una economía que se separa del orden natural y da la espalda a Dios. Los llamóa buscar un bienestar que no se base en el consumismo desenfrenado, sino en la armonía con la naturaleza y el respeto por los límites del planeta. El Papa Francisco en la encíclica católica Laudato Si de 2015 Cuidar la Casa Común, reafirmó sabia y generosamente esa enseñanza para todo el mundo cristiano creyente. El Fascismo chileno en su delirio ha enterrado esa parte del valioso humanismo cristiano, detrás de sus obsesiones refundacionales. El anti ambientalismo fascista tiene en su centro un homocentrismo rabioso y no la casa común de todas las especies, que debe ser respetada a través el principio biocentrico. La “Libertad”fascista tiene también como elemento central, el crecimientoeconómico y un consumo sin límites materiales y morales. Para ellos la Naturaleza y el Medio Ambiente es una bolsa de recursos a explotar y un gran depósito de desechos. A su vez, con su pseudo ideologismo de “respeto a la vida” se niega instalar mecanismos de control de la población humana, que al momento es la especie más abundante y destructiva que existe en la tierra.

Luchar contra el anti ambientalismo fascista chileno actual es fortalecer el Humanismo, la Democracia y el Ambientalismo, es volver a las raíces civilizatorias que nos acompañaron desde 1990 a la fecha, periodo en el cual, basados en una idea incluyente de Progreso, el consenso democrático interno y a los cambios científicos y sociales a nivel mundial, el país avanzó enormemente buscando hacer real el mensaje cristiano y la aspiración a un tipo de sociedad ecológica que nos permita seguir existiendo y evolucionando junto al resto de la vida del planeta.