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De la pasividad progresista de Boric a la proactividad neoliberal de Kast

Captura de pantalla Gobierno de Chile en Youtube

Han pasado apenas unas semanas desde que José Antonio Kast asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2026, y ya se percibe con bastante claridad un contraste marcado respecto de los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric en 2022, caracterizados por una pasividad que terminó sepultando la posibilidad de transformación del país.

Lo menciono porque, mientras el relato oficialista del gobierno de Kast se construye en torno a un “gobierno de emergencia” destinado a impulsar una agenda neoliberal y securitaria, el inicio del mandato de Boric quedó marcado, en cambio, por una pasividad estratégica y sin relato claro. Muchos interpretamos esa actitud como una cautela excesiva, condicionada al resultado del proceso constituyente.

De ahí que, si bien Gabriel Boric llegó al poder con un programa que prometía cambios importantes en diversos ámbitos, durante sus primeros seis meses la agenda legislativa se centró en iniciativas relevantes pero acotadas. Las reformas estructurales más ambiciosas —como la reforma tributaria profunda o la de seguridad social— se enviaron o impulsaron con mayor fuerza recién cerca del plebiscito de septiembre de 2022.

Esta espera no fue casual. El gobierno de Boric ató en gran medida su destino político al éxito del proceso constituyente. La idea implícita era que una nueva Constitución otorgaría la legitimidad y las herramientas necesarias para avanzar en una agenda transformadora con menor resistencia. Fue una torpeza estratégica, ya que generó el efecto contrario: aumentó la desconfianza de la ciudadanía hacia el Estado, lo que contribuyó al rechazo de la propuesta constitucional.

Ese golpe obligó al gobierno de Gabriel Boric a realizar un reajuste posterior y adoptar un discurso securitario y de no confrontación con los grandes grupos económicos y extractivistas. Ese giro derivó en un relato de estabilización y normalización del país, que terminó enterrando la posibilidad de un gobierno progresista transformador.

En cambio, Kast ha desplegado en estas primeras semanas una serie de medidas concretas: ajustes fiscales, desregulación y un fuerte énfasis securitario. Entre ellas destacan la neutralización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el retiro de 43 decretos medioambientales, la reducción del impuesto corporativo y al impuesto a las herencias, límites a la gratuidad, el retiro del proyecto de negociación ramal, la construcción de zanjas en la frontera y la eliminación del Plan Nacional de Derechos Humanos.

Se podrá argumentar que el gobierno de Kast cuenta con un Congreso más favorable que el que tuvo Boric, lo cual es cierto. Sin embargo, el gobierno anterior disponía de un proceso constituyente en curso, una oportunidad histórica que se desaprovechó por exceso de prudencia y temor. En lugar de impulsar su propia agenda con decisión, el gobierno delegó gran parte de su destino en lo que ocurriera en la Convención Constitucional.

Por el contrario, el gobierno de Kast ha impuesto una retórica simple, repetitiva y enfocada en el orden, el crecimiento económico y la corrección de lo que describe como una herencia de “despilfarro” y “desorden”. Ha llegado incluso a mentir sin complejos para justificar sus fines, afirmando que el país se cae a pedazos bajo Boric y que el Estado se encuentra quebrado, apostando así a una restauración conservadora.

Uno podrá no gustarle y rechazar todo lo que está impulsando José Antonio Kast, pero lo innegable es que lo hace sin complejos ni temores, impulsando su agenda neoliberal con determinación. Muy distinto a lo ocurrido con el gobierno de Gabriel Boric, que no fue capaz de instalar un relato transformador propio y dependió excesivamente del resultado del plebiscito de 2022, lo que lo llevó a un giro estabilizador.

Ante esto, el desafío para los progresismos y los movimientos sociales será reconstruir una alternativa que combine urgencia en la gestión con profundidad transformadora, sin caer en las trampas de la espera pasiva ni en la mera reacción defensiva. Mientras tanto, el país observa cómo el relato dominante ha pasado, en pocas semanas, a la ofensiva del mercado y el orden portaliano.

Sectores progresistas lanzan dura advertencia: “Chile enfrenta una tragedia inédita”

A dos semanas del inicio del nuevo gobierno, un amplio sector del espectro político ha emitido una declaración pública de alto voltaje, calificando la situación actual como una “tragedia inédita en la historia republicana” y realizando una autocrítica sin precedentes hacia las propias fuerzas progresistas.

La declaración sostiene que el triunfo democrático de la extrema derecha en Chile no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un “contexto global convulsionado” y advierte sobre el riesgo de una guerra mundial debido al avance de potencias militares y sectores autoritarios.

Uno de los puntos más llamativos del manifiesto es el reconocimiento explícito de que el triunfo de la administración actual tiene “múltiples causas, entre ellas, los graves errores cometidos por la izquierda y el progresismo”. Los firmantes subrayan que “quienes tuvimos responsabilidades de conducción” deben realizar una “autocrítica profunda”, aunque aclaran que ese análisis no es el foco central del documento.

El llamado critica además la falta de unidad en el espectro opositor. “Es preocupante que, a dos semanas de asumido el mando, nuestros partidos persistan en negociaciones irrelevantes por cuotas de poder parlamentario. Resulta absurdo que las fuerzas progresistas se enfrenten entre sí cuando la realidad del país exige unidad”, señalan.

La declaración alerta sobre un paquete de medidas que, según afirman, el Ejecutivo buscaría despachar durante su primer trimestre. Estas incluyen una rebaja del impuesto de primera categoría para grandes empresas, la eliminación de gravámenes a las ganancias de capital, patrimonio, herencias y donaciones, y la reintegración del sistema tributario.

Según los cálculos presentados en el documento, estas reformas podrían significar “un costo fiscal superior a los 3.000 millones de dólares anuales”. A ello se suman recortes al gasto público en todas las carteras ministeriales, lo que contrasta, denuncian, con “la eliminación del límite salarial para los asesores de gobierno”.

En materia de derechos sociales y ambientales, los firmantes advierten retrocesos en puntos clave como la gratuidad en educación, la Ley de 40 Horas, el proyecto de negociación colectiva por rama, y modificaciones al MEPCO que encarecerían combustibles y transporte. También critican medidas que “desprotegen el medio ambiente e incentivan el uso del automóvil”, así como el “repudiado anuncio de indultos a criminales de lesa humanidad”.

Fricción en política internacional

La declaración también aborda un tema de política exterior: la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la ex Presidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. El texto califica este hecho como un “grave acto de desconocimiento” del valor y respeto internacional de la ex mandataria, y como “una falta de respeto a Brasil y México”, países que junto a Chile impulsaban su postulación.

Ante este escenario, los firmantes sostienen que “el país y nuestra conciencia nos exigen actuar” y proponen articular una alternativa sólida en torno a cinco ejes: seguridad interna, acceso a la salud, defensa de los derechos sociales, estabilidad económica para los sectores más desposeídos y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Concluyen con un llamado a la unidad sin exclusiones. “Quienes creemos en la libertad, los Derechos Humanos, el crecimiento con igualdad y la justicia social, tenemos la obligación moral y política de unirnos sin exclusiones”, y con una advertencia a las dirigencias partidarias: “Si las directivas partidarias no asumen esta tarea esencial, debemos autoconvocarnos junto a la ciudadanía para elaborar propuestas y movilizarnos de inmediato”. La declaración cierra afirmando que no permitirán que “el país se deteriore para beneficio de unos pocos” y que se debe levantar “un movimiento amplio que priorice los intereses de Chile y la protección de su pueblo”.

La declaración está firmada por:

  • Jeannette Jara, ex ministra del Trabajo del Presidente Boric
  • Marcos Barraza ex subsecretario
  • Carmen Andrade ex ministra de la Presidenta Michelle Bachelet
  • Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana
  • Raúl Doncaster, ex alcalde de La Reina, PDC
  • Juan Claudio Reyes, Consejero Nacional PDC
  • Francisco Vidal, ex Ministro Gob. Presidente Lagos y Presidenta Bachelet.
  • Pedro Felipe Ramírez , ex Ministro de Minería Gob. Presidente Salvador Allende
  • Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura de Chile
  • Nivia Palma Manríquez, ex Ministra de Bienes Nacionales Gob. Presidenta Bachelet
  • Nicolás Mena, ex Subsecretario de Justicia Gob. Presidenta Bachelet
  • Fanny Pollarolo, ex Diputada PS, integrante Comisión Política PS
  • Carmen Hertz, ex diputada, ex embajadora, integrante Comité Central PC
  • Christián Suarez, ex integrante Consejo Constitucional
  • Marcia Scantlebury, periodista, ex presidenta del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
  • Lya González, ex dirigente PS
  • Mario Venegas, ex diputado PDC
  • Matías Ramírez, ex diputado PC
  • Sergio Aguiló Melo, ex diputado, CORE Región del Maule. PS
  • Román Pávez, CORE Región del Maule.
  • Patricio Domínguez, CORE Región del Maule. PDC
  • Roberto García, CORE Región del Maule.
  • Silvio Del Río, CORE Región del Maule
  • Igor Villarreal, CORE Región del Maule. FA
  • Andrea Murillo, Consejera Nacional PDC
  • Juan Morano, Consejero Nacional PDC
  • Patricio Aylwin , Consejero Nacional PDC
  • Rodrigo Poblete, Concejal de TALCA, PS
  • Rubén Andino, Integrante del Comité Central Frente Amplio
  • Manuel Riesco, Ingeniero Civil Industrial, Doctor en Economía Política, Vicepresidente de CENDA
  • Carlos Soto, ex presidente regional Maule PS
  • Julio Ruíz, ex Delegado para la Reconstrucción de Tarapacá. PS

¿Le bajó la aguja al estanque de Kast?

En menos de 15 días se le acabó la “luna de miel” al presidente de Chile. Debut y despedida. Las últimas encuestas mostraron mayor rechazo que aprobación -signo inequívoco del fin del periodo de gracia con que cuentan los nuevos mandatarios al inicio de su gobierno- luego de una serie de medidas impopulares, siendo la peor de todo el fin del MEPCO y la consecuente brutal alza de la bencina y el diesel, salvándose la parafina del aumento de precio mientras dure el invierno.

Y empezaron las manifestaciones populares. Caceroleos, marchas estudiantiles, visita de alcaldes a La Moneda, manifestando su rechazo. Ambiente tenso. Noticieros de la televisión partiendo ya no con crímenes y portonazos (que no han parado) sino con inmensas filas de autos echando bencina y conductores indignados (la suscrita fue a poner bencina a las 2 de la mañana pensando que no habría cola…).

La cosa es con guitarra. Y ahora es cuando se verá si los cantores sabían guitarrear. Por lo pronto, parece que no alcanzaron a tomar las clases necesarias. Especialmente un “asesor” del segundo piso que se lanzó una minuta incendiaria donde decretó que Chile estaba “quebrado”. Hasta el ministro de Hacienda salió a enmendarle la plana, y el señor Valenzuela tuvo que recular y admitir su error.

Los errores comunicacionales se pagan caro. Y muchas veces, eso no lo entienden los gobernantes. Si las autoridades parecen frías y distantes y explican sus medidas con tecnicismos, o minimizan el malestar o culpan al gobierno anterior, refuerzan la rabia. Lo que espera la ciudadanía es reconocimiento del dolor, empatía y y sentido de propósito. No solo “explicaciones”.

Faltan 15 días para que se cumpla un mes de gobierno y a este mandatario ya le dicen “catrasca” (cagada tras cagada…).

Cuestión de estilos

¿Cómo enfrenta un presidente cómo José Antonio Kast un escenario como el actual? ¿Puede salir libre de polvo y paja del embrollo? Vamos analizando.

Como hemos dicho en otras columnas, cada vez las “lunas de miel” son más frágiles y la de Kast no alcanzo a durar ni 15 días. La pérdida tan rápida de apoyo se debe, en principio, a que combinó medidas impopulares con mal manejo emocional del contexto político. No es solo lo que está haciendo sino cómo la gente está percibiendo y sintiendo las medidas que ha adoptado.

En menos de un mes subió los precios de los combustibles, eliminó beneficios sociales, aplicó medidas duras sin gradualidad. Ello inevitablemente lleva a un quiebre de las expectativas. La ciudadanía no evalúa solo las medidas, evalúa si “esto era lo que esperaba” del gobierno por el que voté. Es decir, Kast cometió un error típico: gobernar como si ya llevara 2 años, cuando lleva 3 semanas.

Analizado desde la psicología social, hay que recordar que las personas no reaccionan solo a cifras económicas, reaccionan a la sensación de pérdida, al miedo al futuro, a la percepción de injusticia. Como lo dijera el economista Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel 2002, “las pérdidas pesan más que las ganancias”. De modo que, aunque la medida sea técnicamente correcta, el rechazo es inmediato y desproporcionado si la gente siente que perdió algo.

También hay un efecto acumulativo. Una serie de pequeñas molestias generan un gran malestar. Los gobiernos no se desgastan o caen en picada por una sola medida, lo hacen por la acumulación rápida de irritaciones. Y, por cierto, las declaraciones poco empáticas y la sensación de desconexión que ve la ciudadanía de parte de las autoridades. Eso genera muy rápido la percepción de “este gobierno no entiende a la gente”. Y eso puede ser letal.

Hay otro factor que influye en la reacción del país y que no es menor tampoco. Se trata del recuerdo del estallido social. Después de esa imborrable experiencia, hubo un cambio profundo en el país, generándose una mayor sensibilidad a las desigualdades, intolerancia a los abusos, reacción rápida ante alzas de precios. Después de octubre de 2019, Chile es un país con umbral emocional mucho más bajo para el conflicto. Lo que antes era aguantable, hoy puede detonar una crisis en días.

Según la psicología social, ha habido un error estratégico de fondo en la gestión inicial del actual gobierno. Según este análisis, el problema no es tomar medidas impopulares sino tomarlas demasiado rápido, sin amortiguación política ni emocional. “Un gobierno hábil prepara el terreno, instala el relato, reparte costos en el tiempo y compensa a los más afectados”. Un gobierno puede perder muy rápidamente su apoyo no porque la gente “no entienda” sino porque siente que pierde, que no fue escuchada y que el poder decidió sin ella. Y cuando esa sensación aparece en el primer mes, la luna de miel simplemente no existe.

Y la pregunta que surge es si, de verdad, la gente no entiende las medidas, ¿o es el poder el que no entiende a la gente? Cuando sube la bencina, la rabia es inmediata, aunque te digan que es “necesaria el alza”, como han venido machacando en minutas gubernamentales que se han filtrado por doquier.  De modo que gobernar no es solo tomar decisiones, sino hacerse cargo de lo que esas decisiones provocan o pueden provocar al mediano y largo plazo.

Si pensamos en la personalidad de Kast, es probable que siga tomando decisiones como si la opinión o las emociones de la gente no importaran. O que piense que basta con explicar las medidas para la gente las acepte. El problema es que la gente empieza a cansarse de que siempre sean los de a pie los que paguen las consecuencias. Porque ven que los que mandan minimizan, justifican y siguen como si nada. Hasta que un día, estalla la chispa y se incendia la pradera. Los estallidos no empiezan en la calle, empiezan cuando el poder deja de escuchar.

Bambú o vidrio

Si seguimos pensando en el estilo de Kast, es importante preguntarse si intentará mantenerlo -con esa conocida rigidez y dogmatismo que lo caracterizan- o si intentara adaptarse a las circunstancias. No necesariamente “cambiar de personalidad”, pero sí modular su forma de gobernar, que ha construido sobre una baja disposición a ceder. Esto funciona bien para ganar apoyo, pero gobernar es otra cosa. Gobernar exige administrar conflictos, no solo marcar posiciones; es administrar tensiones que no desaparecen, aunque uno quiera ignorarlas.

Si Kast mantiene su estilo rígido, refuerza a su fanaticada pero puede ampliar el rechazo en sectores moderados. En la práctica, puede asumir el alto riesgo de mantener su estilo porque considera que ello es señal de fuerza y coherencia, ya que consolida a sus votantes más duros. Sin embargo, ello le puede generar aislamiento político, conflictos con el Congreso, aumento del malestar social. Es el costo de “gobernar para los propios”.

O puede asumir el costo político interno, y ajustar su estilo dogmático, abriéndose al diálogo, la gradualidad, la negociación, bajando el tono confrontacional. El riesgo, en este caso, es que su base diga que “se ablandó”.

Este tema, desde luego, no es solo político. Es psicológico, y en este ámbito se juega todo ya que un líder como Kast tiende a ver la flexibilidad como debilidad y el conflicto como algo que se enfrenta, no que se gestiona. Pero al gobernar, ocurre algo distinto. La rigidez que da identidad puede transformarse en el principal límite del poder.

De qué madera está hecho un líder se ve cuando aparecen los primeros conflictos. Ahí se ve si es como el bambú, que se dobla sin romperse, o como el vidrio, que simplemente se quiebra. Hay que pensar también que no se trata solo de si puede mantener su estilo sino de si el país se lo va a permitir.

Pero aquí surge una nueva pregunta. ¿Puede un líder construido sobre convicciones tan férreas flexibilizarse sin sentir que se traiciona? Aquí aparece lo que en psicología política se denomina la “trampa de coherencia”.  Es decir, el líder queda atrapado en la necesidad de ser fiel a sí mismo, incluso cuando la realidad exige otra cosa.

El punto es que el poder no premia la pureza, premia la eficacia. En campaña, la coherencia es un valor. Al gobernar, es vista como rigidez. Gobernar no es sostener una identidad; es sostener un sistema lleno de actores, intereses y emociones cruzadas.

El poder es para sostener equilibrios. El buen líder no se juega en los discursos sino en los momentos de presión. Ahí es donde decide si se aferra a su forma de ver el mundo, o incorpora lo que el mundo le está diciendo. En política, como en la vida, no siempre gana el que tiene razón, gana el que logra sostener el vínculo con la realidad. Y ese vínculo —más que ideológico— es profundamente psicológico.

Colegio de Profesores e instalación de pórticos de metales: no es la solución de fondo, se debe dar un tratamiento profundo e integral

Foto de 2y.kang en Unsplash

Tras las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sobre la instalación de pórticos detectores de metales en los accesos de los recintos educacionales, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile señaló que no es el foco adecuado, ya que el problema es mucho más estructural, grave y profundo.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, manifestó que “creo que pone un foco que no es el adecuado respecto del gravísimo y terrible hecho que ocurrió en el colegio de Calama. Este tema es tan grave, delicado y sensible que hay que ser muy serio y responsables en las declaraciones que se hagan”.

El líder docente agregó “nosotros no nos negamos a la posibilidad de los pórticos de metal cuando las comunidades sientan la imperiosa necesidad para obtener tranquilidad, pero suponer que ese va a ser la solución de fondo de un problema que es mucho más estructural, grave y profundo, me parece que se queda muy corto”.

En ese sentido, Mario Aguilar sostuvo “creo que primero en las declaraciones hay  que tener una sensibilidad muy especial hacia la comunidad, mucho respeto y cuidado, porque ahí hay una comunidad que ha sufrido un trauma que probablemente les va a acompañar toda la vida, pero además hay que tratar de dejar de lado el efectismo y las respuestas únicamente comunicacionales”.

Para el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, “este tema, insisto en el concepto, es demasiado serio, grave, terrible y por lo tanto tenemos que poner altura de miras. En algunos casos podrá ser los pórticos una alternativa, pero no es la solución de fondo. Este es un tratamiento mucho más integral que tiene que ver con salud mental, convivencia, educación y la participación de las familias. Un abordaje que tiene que ser serio y suficientemente profundo para sentir que efectivamente se está tratando con seriedad un asunto demasiado grave”.

Bachelet se mantiene como favorita para liderar la ONU con respaldo de Brasil y México pese a retiro de Chile

 

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se ha consolidado como una de las figuras favoritas y más destacadas en la carrera para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU, liderando sondeos de opinión con alto respaldo internacional. Este sábado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que su país, junto a México, mantiene su apoyo a la candidatura de Bachelet, pese a que el gobierno chileno de José Antonio Kast retiró su respaldo oficial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Lula destacó la trayectoria de Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y directora de ONU Mujeres. “Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el curriculum vitae ideal para el puesto”, afirmó el mandatario brasileño, subrayando que ella “posee todas las credenciales” para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir el organismo internacional, promoviendo la paz, el multilateralismo y el desarrollo sostenible.

Con este pronunciamiento, Brasil se alinea con la postura expresada el pasado miércoles por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también ratificó el respaldo a la exmandataria chilena, reforzando así el alto respaldo internacional que mantiene a Bachelet como una de las figuras más destacadas en la contienda.

El respaldo de Brasil y México ha resultado crucial, ya que Bachelet enfrentó la pérdida de dos apoyos oficiales en los últimos días. El jueves, el nuevo gobierno chileno de extrema derecha notificó formalmente a la ONU que retiraba el apoyo a la candidatura de Bachelet, que había sido formalizada en febrero por la administración del entonces presidente, Gabriel Boric. Horas después, Maldivas retiró el apoyo a la argentina Virginia Gamba, exrepresentante especial de la ONU para la protección de la infancia en los conflictos armados, cuya nominación fue presentada a mediados de marzo. La portavoz de Naciones Unidas, La Neice Collins, informó a reporteros que Maldivas comunicó “su decisión de retirar su nominación”, dejando a esa candidatura fuera de competencia al haber sido presentada por un solo Estado.

Pese a la retirada del apoyo de su propio país, Bachelet continúa en la carrera por el liderazgo de la ONU gracias al respaldo de México y Brasil. La candidata chilena se mantiene así en la contienda junto a otros tres aspirantes que buscan reemplazar a António Guterres a partir del 1 de enero de 2027: la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; el argentino, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); y el expresidente de Senegal, Macky Sall, a quien ayer en un comunicado oficial y difundido en la Unión Africana aseguró no apoyar.

Todos los candidatos serán escuchados en una audiencia con los Estados miembros durante la segunda mitad de abril. En el proceso de elección, cada aspirante debe ser presentado oficialmente por al menos un país o grupo de naciones, sin necesidad de que sea su país de origen. Si bien América Latina aspira al cargo siguiendo una tradición de rotación geográfica que no siempre se respeta, la decisión final recae en los miembros del Consejo de Seguridad, particularmente en los cinco permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia). Sólo por recomendación de este órgano, la Asamblea General puede elegir al titular de la ONU para un mandato de cinco años, renovable una sola vez.

En el plano bilateral, la decisión de Chile se suma a las recientes fricciones entre Lula y Kast. Si bien ambos  líderes iniciaron su relación con sintonía pese a sus enormes diferencias ideológicas, reuniéndose en Panamá el pasado 28 de enero para acordar cooperación en seguridad, la relación se ha tensado en las últimas semanas. Esto se evidenció cuando Lula canceló de última hora su asistencia a la investidura de Kast, un día después de que el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival político de Lula, confirmara su viaje a Chile para asistir a la ceremonia.

La elección para el próximo Secretario General de la ONU se llevará a cabo a finales de este año.

Caso Adriana Rivas en Australia: ¿Extradición en la recta final?

 

Este lunes 30 y martes 31 de marzo, el juez Michael Lee de la Corte Federal de Australia encabezará las audiencias de revisión de las impugnaciones presentadas por la defensa de Adriana Rivas González, agente de la DINA, siguiendo sus intentos de frenar su extradición a Chile, basándose en una interpretación de la Ley de Amnistía de 1978 que no se ajusta a derecho,  razones de salud y falta de seguridad carcelaria en Chile, entre otros argumentos.

Adriana Rivas,  agente operativa y secretaria de Manuel Contreras, director general de los servicios de seguridad (DINA) se encuentra detenida en Australia desde el año 2019, a la espera de la resolución definitiva de la extradición solicitada por Chile en 2014 y declarada procedente por la Justicia australiana en 2020. La justicia chilena la requiere para proseguir su juzgamiento en los procesos pendientes por su participación  de los secuestros tortura y desaparición de siete militantes del partido Comunista en 1976.

Tras décadas de vivir en Australia como prófuga desde 1978,  está acusada de participar en el secuestro, tortura y desaparición de Víctor Díaz, ex secretario general del Partido Comunista (PC) y de los dirigentes del mismo partido: Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, tecnóloga médica, quien al momento de su detención  tenía 29 años y estaba embarazada de cinco meses.

Francisco Ugas, abogado defensor de las familias señala que estas nuevas audiencias de carácter  administrativo podrían considerarse diligencias en una recta final del caso, tras los fallos judiciales confirmatorios de tribunales de primera instancia y de apelación,  en los cuales se reitera que no existen causales por motivo de derechos humanos, nacionalidad y otros para negar el curso propio del proceso de la extradición a Chile.  Al respecto, opina que desde un comienzo se ha intentado dilatar el caso, preguntándose  sobre quién está a cargo de financiar la defensa de  Rivas en Australia.

En la antesala de estas audiencias, Marisol Berríos y María Luisa Ortiz, se reunieron la mañana del 27 de marzo con Fernanda Garcés, jefa de la división jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quién  les aseguró que para Estado de Chile el compromiso y seguimiento del proceso en Australia sigue siendo una prioridad institucional.

La paradoja de la disciplina: Chile y el costo invisible de la estabilidad

 

El actual ciclo político en Chile se ha inaugurado bajo una promesa de restauración que busca corregir las derivas de la última década: retomar el crecimiento y aproximarse nuevamente a tasas cercanas al 4% anual. En el plano discursivo, la fórmula es conocida y se presenta como técnicamente inevitable: ajuste fiscal, reducción del gasto público y rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%. Sin embargo, bajo la aparente neutralidad de las planillas presupuestarias, emerge una pregunta que la técnica económica tiende a eludir: ¿estamos frente a una estrategia de estabilización o ante un proceso de reconfiguración más profundo del vínculo entre Estado, mercado y ciudadanía?

Responder esta pregunta exige desplazar el análisis desde la superficie de las medidas hacia la racionalidad política que las articula. Lo que está en curso no es únicamente un ajuste fiscal, sino un cambio en la forma de gobernar la fragilidad social.

La comparación entre el ciclo 2022 y el escenario proyectado para 2026 permite identificar con claridad este desplazamiento. En 2022, Chile enfrentó un shock inflacionario de magnitud —con tasas cercanas al 10,8% anual según el Banco Central — en un contexto social aún marcado por las secuelas del estallido de 2019 y la pandemia. La respuesta estatal se estructuró bajo una lógica amortiguadora: el Estado absorbió parte del costo del ajuste mediante transferencias, subsidios y políticas contracíclicas, con el objetivo de evitar que la corrección macroeconómica se tradujera en desborde social.

En 2026, en cambio, el escenario es distinto. No hay un colapso agudo, pero sí una fragilidad persistente. El IPoM de marzo de 2026 proyecta un crecimiento entre 1,5% y 2,5%, mientras que el retiro de mecanismos de estabilización —como el subsidio a los combustibles— anticipa presiones inflacionarias en torno al 4%. A ello se suma un ajuste fiscal que, según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, implica recortes del orden de 2,5 billones de pesos y una reducción transversal cercana al 3% del gasto en distintos ministerios.

Lo relevante no es solo la magnitud de estas medidas, sino su orientación. A diferencia del ciclo anterior, el actual no busca amortiguar el impacto del ajuste, sino acelerar su traspaso hacia la sociedad, bajo la premisa de que la disciplina fiscal constituye la condición primaria para la recuperación del crecimiento. Estamos, en rigor, frente a la consolidación de un Estado disciplinador, cuya función no es contener la incertidumbre, sino administrarla y redistribuir sus costos.

Aquí resulta iluminador el marco de Hannah Arendt. Cuando las decisiones políticas se presentan como el resultado de una necesidad económica ineludible, lo político se vacía de deliberación y se transforma en administración. No se trata simplemente de que las decisiones sean correctas o incorrectas, sino de que dejan de ser percibidas como decisiones. La ciudadanía ya no se reconoce como sujeto de acción colectiva, sino como objeto de una racionalidad técnica que opera por encima de ella. La política, en este sentido, se desplaza desde el espacio de la acción hacia el de la necesidad.

Este desplazamiento ocurre, además, sobre una estructura social particularmente vulnerable. De acuerdo con la CASEN 2024, la pobreza por ingresos bordea el 17% de la población y la pobreza multidimensional afecta a más del 13% de los hogares. A ello se suma un mercado laboral tensionado: la tasa de informalidad se sitúa en torno al 26% del empleo, con más de 2,5 millones de personas fuera de sistemas formales de protección social.

En este contexto, el ajuste fiscal no es neutro. El Estado chileno no solo redistribuye ingresos; también estructura la demanda interna. A través del sistema de compras públicas —ChileCompra— se transan más de 17 mil millones de dólares anuales, de los cuales cerca de un 35% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. Para una parte significativa de este tejido productivo, el Estado no es un actor marginal, sino su principal cliente.

Cuando ese flujo se contrae, el efecto no se limita a las cuentas fiscales: se transmite al empleo, a la inversión y a la estabilidad de los ingresos. La hipótesis de que la rebaja tributaria y la disciplina fiscal activarán automáticamente la inversión privada omite un elemento central de la teoría económica clásica: la inversión depende de expectativas de demanda. Si el mercado interno se debilita producto del ajuste, el incentivo a invertir se reduce, generando el riesgo de un equilibrio de bajo crecimiento con alta precariedad.

Lo que en el plano técnico se presenta como una “corrección necesaria”, en la experiencia cotidiana se traduce en una acumulación de pérdidas. El alza de los combustibles impacta directamente en el transporte, este en el precio de los alimentos, y ambos en el presupuesto doméstico. En paralelo, la reducción del gasto público limita la capacidad de respuesta del Estado frente a esas mismas presiones. Se configura así una asimetría estructural: los costos del ajuste son inmediatos, concentrados y visibles; los beneficios —estabilidad macroeconómica, credibilidad fiscal— son diferidos y, para amplios sectores, abstractos.

La advertencia del Consejo Fiscal Autónomo refuerza esta tensión. El desvío del Balance Estructural en 2025 —cercano a 2,5 puntos del PIB respecto de la meta— confirma la existencia de un problema fiscal real. Sin embargo, el modo en que ese problema se corrige no es neutro desde el punto de vista político. El actual enfoque opta por trasladar con rapidez los costos hacia los hogares, consolidando una lógica que se inscribe en una tradición reconocible: la del neoliberalismo disciplinario, donde el mercado actúa como mecanismo de ajuste y el Estado como garante de esa disciplina.

En este punto, la lectura de Zygmunt Bauman adquiere relevancia. La inseguridad deja de ser una anomalía a corregir y pasa a constituirse en una condición estructural que se distribuye socialmente. Los individuos internalizan esa inseguridad como responsabilidad propia, adaptándose a condiciones cada vez más inestables. Byung-Chul Han, por su parte, permite comprender la dimensión subjetiva de este proceso: la precariedad no solo se vive como carencia, sino como autoexigencia permanente, como necesidad de sostenerse individualmente en un entorno que ha reducido sus mecanismos de protección colectiva.

El resultado no es necesariamente un conflicto abierto inmediato, sino algo más complejo: una acumulación silenciosa de malestar, fragmentada, difícil de articular políticamente, pero persistente. Una sociedad que se ajusta sin colapsar, pero que tampoco logra recomponer sus niveles de confianza.

Hacia 2027, el éxito de este ciclo no se medirá únicamente en indicadores macroeconómicos. Incluso si la inflación converge y el crecimiento repunta, persistirá una pregunta política más profunda: ¿sobre qué tipo de vínculo social se construyó esa estabilidad? La economía puede corregirse más rápido que la confianza, pero esta última, una vez erosionada, tiende a sedimentarse como experiencia colectiva.

El riesgo, entonces, no es solo económico, sino político. Chile podría arribar a un escenario paradójico: un país fiscalmente más ordenado, pero socialmente más frágil; macroeconómicamente estable, pero con una ciudadanía más distante, más desconfiada y menos disponible para sostener los acuerdos que hacen posible la gobernabilidad democrática.

En última instancia, lo que está en juego no es únicamente la eficacia del ajuste, sino su legitimidad. Una democracia difícilmente puede sostenerse si el Estado deja de ser percibido como un espacio de protección frente a la incertidumbre y pasa a operar exclusivamente como el administrador del rigor económico. Cuando la estabilidad se construye trasladando sistemáticamente el costo hacia los mismos sectores que ya viven en condiciones de vulnerabilidad, deja de ser un horizonte compartido y se convierte en una experiencia desigual.

La paradoja es, entonces, profundamente política: un orden que se consolida disciplinando a la sociedad puede terminar debilitando las condiciones que hacen posible su propia estabilidad. Porque no toda estabilidad es equivalente. Existe una estabilidad que integra, que amortigua y que produce cohesión. Y existe otra que ordena, pero al hacerlo, erosiona silenciosamente el vínculo entre quienes gobiernan y quienes son gobernados.

Chile parece avanzar, con precisión técnica y bajo la promesa de responsabilidad fiscal, hacia esta segunda forma. Y es precisamente en ese desplazamiento —menos visible que el ajuste mismo— donde podría estar incubándose el verdadero costo de la estabilidad.

 

Tensión en la Comisión de Relaciones Exteriores: Diputado Venegas (PS) confronta al canciller Pérez Mackenna y critica los ejes de la política exterior del Gobierno

 

El diputado Nelson Venegas (PS) sometió a un intenso escrutinio al canciller Francisco Pérez Mackenna ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuestionando el rumbo y los fundamentos de la política exterior del gobierno de José Antonio Kast. Aunque el secretario de Estado planteó como ejes centrales de su gestión el reposicionamiento de Chile en el escenario global, la atracción de inversiones extranjeras y un enfoque de equilibrio en las relaciones con las grandes potencias, la sesión estuvo atravesada por objeciones de fondo por parte de la oposición respecto de la coherencia y el alcance de dichos principios.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el diputado Venegas calificó como “absolutamente bochornosa” la decisión del Ejecutivo de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El parlamentario advirtió que, mientras países como México y Brasil han manifestado su apoyo, Chile opta por restarse, lo que a su juicio contradice el objetivo declarado de reposicionar al país como un actor relevante en el sistema internacional. “Creo que se ha cometido un error que, además, deja fuera a nuestro país del concierto internacional, en un momento en que las relaciones diplomáticas cobran una importancia crucial ante los conflictos internacionales actuales”, sostuvo.

En respuesta, el canciller Pérez Mackenna justificó la postura de Chile señalando la alta dispersión de candidatos de la región y argumentando que la decisión se sustentaba en información recabada entre actores clave del proceso, los cuales habrían manifestado observaciones sobre la viabilidad de la postulación.

Otro punto de controversia giró en torno al proyecto del cable submarino que uniría Chile con China. El diputado Venegas cuestionó lo que calificó como una injerencia externa en asuntos de soberanía nacional, en alusión a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien el pasado 11 de marzo señaló que “el cable chino ya acabó”. Frente a ello, el canciller afirmó que el proyecto “sigue en evaluación” y que su definición final corresponderá al presidente de la República, José Antonio Kast.

En materia de política comercial y de recursos estratégicos, el legislador socialista advirtió un retroceso en el compromiso con el multilateralismo: “acá, lisa y llanamente, en el ámbito simbólico de los gestos, queda de manifiesto que sólo parecemos dispuestos a mantener relaciones económicas con una potencia, mientras el discurso del multilateralismo y la relación con otros países se abandona”, señaló, en referencia a la firma de una declaración entre Chile y Estados Unidos, el pasado 12 de marzo, para iniciar consultas en materia de minerales críticos y tierras raras. Ante ello, el canciller replicó que la política exterior del Gobierno se regirá por un principio de neutralidad activa y equilibrio en sus vínculos con las distintas potencias.

En el tramo final de su intervención, Venegas trasladó el debate al plano de la diplomacia en materia de derechos humanos, planteando la necesidad de que Chile curse manifestaciones explícitas frente a la situación en Gaza. “Correspondería que hubiera algún tipo de pronunciamiento respecto del genocidio que se está cometiendo en Gaza (…) particularmente en relación con el gobierno de Netanyahu”, sostuvo. Asimismo, cuestionó los criterios aplicados a los nombramientos diplomáticos, advirtiendo que “se está dejando de lado a quienes han seguido la carrera diplomática propiamente tal”, y acusó que se estarían repitiendo prácticas que en el pasado fueron objeto de duras críticas.

La sesión dejó en evidencia  un marcado contraste entre la ofensiva crítica de la oposición, liderada por el diputado Venegas, y la estrategia de defensa del Ejecutivo, que —según señaló el canciller— busca reposicionar a Chile en el escenario internacional a través de una política exterior pragmática, orientada por el principio de equilibrio geopolítico.

Kast finaliza su luna de miel presidencial con el alza de los combustibles y bochornos internacionales

 

Bochornos múltiples ha acumulado en pocos días el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Casi todos difíciles de explicar. Desde el lamentable y bochornoso retiro del apoyo a la Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas cuyo patrocinio por parte de dos de los países más poderosos de este lado del continente – México y Brasil- se mantiene; pasando por otro hecho inexplicable como fue el retiro de la tercera autoridad de Investigaciones por solicitud de la Ministra de Seguridad, al parecer por líos de celos; la evidente falta de manejo político, comunicacional y hasta lingüístico de la ministra vocera, Mara Sedini; la increíble falta de manejo político del gobierno al declarar a Chile “en quiebra”, lo que obligó al poco simpático ministro de Hacienda a desmentir tal situación; y la catástrofe que se avecina para el bolsillo de chilenos y chilenas con el alza de los combustibles a niveles que nadie sospechaba y que augura una inflación que puede llegar a ser insoportable.

¿Quién se podía imaginar que cuando aún no se cumplía la primera quincena del gobierno de José Antonio Kast, la gente saldría a las calles o tocaría las cacerolas para repudiar medidas del Ejecutivo? Todo un récord. Tanto como la cantidad de errores acumulados por los ministros y que ya a estas alturas configuran qué tipo de gobierno podría administrar el país durante cuatro años.

Algunos de ellos, muy publicitados en las redes sociales. Sólo por mencionar algunos: eliminar decretos medioambientales que protegían a salares, bosques y animales en vías de extinción, como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt. (Las ranitas se salvaron. Por ahora). Los anuncios de cortes en gratuidad universitaria para los mayores de 30 años, dejando así afuera de la posibilidad de tener una carrera a quienes, por trabajo, por maternidad o por imposibilidad financiera, no pudieron acceder a estudios superiores. La construcción de 3 edificios en el Parque Nacional Puyehue, con todo lo que ello significa en destrucción; el extraño acuerdo con Estados Unidos sobre las codiciables “tierras raras” abundantes en Chile, esenciales para el desarrollo tecnológico en el mundo:  Smartphones, pantallas y parlantes; Baterías recargables; Autos eléctricos; Turbinas eólicas; Satélites, radares y misiles.

Se suma el endurecimiento contra deudores del CAE; la eliminación del criterio de evaluación que protege los cielos astronómicos de Chile; la reactivación del proyecto Dominga que destruiría las napas de agua y el medio ambiente protegido en Los Choros; también el fin de las becas de ciencias. 

Y, por si fuera poco, entre otros anuncios se evalúa recortar presupuesto a la JUNAEB, es decir, recortar la alimentación diaria de miles de niños que dependen del Estado para poder estudiar y comer; se habla de poner un freno a la ley de “40 horas”, un derecho adquirido que le daría más tiempo a los trabajadores para pasarlo con la familia; se están cuestionando, además, los feriados irrenunciables; y se suma el anuncio de indultos a violadores de DDHH y asesinos convictos.

Privilegios para los más ricos

¿Lo peor y de lo que poco se habla?, el privilegio del que gozarán los dueños de las empresas más grandes del país, al reducirles los impuestos del 27 al 23 por ciento, supuestamente para reactivar la economía. Así, se bajarían 4 puntos con una pérdida fiscal aproximada de US$ 1500 millones al año. El 80% del beneficio de la rebaja va al 1% más rico del país que recibe $100 millones anuales por cada punto de rebaja. De acuerdo a expertos, el 1 por ciento más rico del país gana millones por año mientras el 50 por ciento más pobre, recibe aproximadamente $2.445 al año. 

No es casualidad entonces, que todos los ministros subsecretarios y otras autoridades repitan como un mantra que encontraron al país “peor de lo que imaginaban” y luego, repitan como otro mantra, que deberán tomar “medidas muy dolorosas”, sea por la eliminación o reforma del MEPCO, o por la necesidad de un ajuste fiscal. Es la única explicación que han repetido hasta el cansancio, siguiendo las directrices de una minuta que se filtró desde el Ejecutivo instruyendo cómo responder cada una de las críticas que se levantarían frente a las medidas tomadas.

Tanto se lo tomaron en serio y tanto se han visto arrinconados por las críticas, que el gobierno sacó una publicación en redes sociales -por supuesto que culpando al gobierno anterior de dejar al Estado “en quiebra”-: “Nos dejaron sin plata. Un estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, apuntaron en la publicación de la cuenta oficial del gobierno. Todos en el gobierno comenzaron a desmarcarse de tamaña mentira, al extremo que la Contralora Dorothy Pérez requirió este miércoles, vía oficio, al Ministerio de Secretaria General de Gobierno (Segegob) que informe respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales del Ejecutivo sobre las medidas vinculadas al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco). En concreto, “se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, señala el oficio en cuestión. 

Los números presentes en prácticamente todos los medios de comunicación, no son meras estadísticas; encarnan un golpe directo al poder adquisitivo de familias, pequeñas empresas y el sector transporte. Se calcula que un hogar tipo perteneciente a la clase media, con un vehículo promedio, tendría que asumir cargas adicionales mensuales que oscilan entre $29.600 y $58.000, considerando dos cargas de combustible semanales.

En lugar de una respuesta estructural basada en la absorción total del shock, el gobierno presentó un paquete de medidas paliativas bajo el eslogan «Chile Sale Adelante». Este plan, aprobado en tiempo récord por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con 10 votos a favor y 3 abstenciones, buscaba mitigar los efectos más duros de la crisis, aunque con alcances limitados. Entre las medidas clave se encuentra el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta el 31 de diciembre de 2026, una protección crucial para los 2.5 millones de usuarios diarios de la red metropolitana. Adicionalmente, se destinaron recursos a los gobernadores de las regiones, quienes podrían aplicar una «fórmula espejo» para atender las necesidades locales. Otra medida focalizada fue la rebaja y posterior congelamiento del precio de la parafina o kerosene, un combustible vital para la calefacción de miles de familias vulnerables durante la temporada de invierno.

Para evitar el descontento -por ahora-de otros sectores afectados, el plan incluyó un bono de $100.000 mensuales por vehículo para taxis y colectivos, vigente por un período de seis meses. Este beneficio logró ser ampliado para incluir también al transporte escolar. La crítica a estos “beneficios” no tardó. Primero, porque se considera de una cobertura limitada, ya que no abordan la inflación indirecta que afectará a productos como alimentos y servicios; su temporalidad, con la mayoría de los beneficios expirando a fin de año; y, fundamentalmente, la falta de una contribución proporcional por parte de los sectores económicos con mayor capacidad de absorción.  Quedó claro que la decisión gubernamental, dibujó claramente una línea divisoria entre la disciplina fiscal y la protección social, dejando a la ciudadanía y a las pymes como principales receptores del impacto económico.

Gabriel Boric en 2022

A estas alturas de la propaganda goebeliana usada por este gobierno, se recuerda entre otras cosas, qué pasó en el 2022, cuando asumió Boric. Frente a un entorno de altas presiones sociales y económicas heredado, tomó la decisión política de utilizar el MEPCO sin dudarlo, para amortiguar el impacto de los precios del combustible en la economía nacional. Fue la época en que las críticas de José Antonio Kast recrudecieron a tal extremo, que llamaba a chilenos y chilenas a salir a protestar a las calles. 

La situación entonces era extremadamente crítica: el precio del barril de petróleo se situaba en torno a los $1.300 a $1.500 por litro (dependiendo de la región). El precio del petróleo se disparó llegando a más de US$110–118 por barril. La respuesta del gobierno de Boric fue una inversión deliberada en estabilidad social y protección de las clases medias y bajas cuyo poder adquisitivo estaba en juego. La decisión fue defendida como una herramienta necesaria para contener la inflación y prevenir un malestar social generalizado, priorizando la estabilidad económica social sobre la rigidez presupuestaria en un momento de excepcional dificultad.

Muy distinta a la opción del gobierno de Kast que fue diametralmente opuesta. En lugar de activar el MEPCO para absorber el nuevo shock, el Ejecutivo decidió permitir el traslado completo del alza de 370 pesos por litro de gasolina y 580 en diésel, a los consumidores. La justificación central de esta decisión, reiterada por   el Ministro de Hacienda Jorge Quiroz, fue de naturaleza fiscal: argumentaron que continuar con el subsidio implicaría una erogación sostenida de US$140 millones por semana, una cifra que el gobierno consideró insostenible y que ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. 

Esta postura se enmarcó dentro de la narrativa sugerida en el memorándum filtrado enfatizando aquello de «recibimos el gobierno sin plata», sugiriendo que el déficit fiscal heredado limitaba las opciones de gasto.

Esta comparación genera una pregunta central y crítica: ¿Por qué, ante una variable externa casi idéntica —un barril de petróleo caro—, se adoptaron políticas tan dispares? Es que las prioridades son muy distintas. Mientras el gobierno de Boric priorizó la protección social y la contención de la inflación, el gobierno de Kast priorizó la disciplina fiscal y la sostenibilidad presupuestaria. El miedo, la angustia y el dolor de la gente, no existe…

Y una vez más, el costo de la guerra en el Medio Oriente lo pagan los trabajadores, esta vez, sin la ayuda del Estado por decisión del Ministro Quiroz, del presidente Kast y de los grandes empresarios.

 

Diputado Jaime Araya (IND-PPD) oficia a Ministra Sedini y solicita sumario por circulación de minuta “hecha para manipular y desinformar a la opinión pública”

 

El parlamentario acusó que el documento que circuló luego del alza de los combustibles contendría información falsa y lineamientos destinados a influir negativamente en la ciudadanía. Solicitó -además- la suspensión de los funcionarios involucrados mientras se investigan los hechos.

El diputado Jaime Araya ofició a la Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, solicitando que imparta un sumario administrativo en la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, por el eventual uso indebido de recursos públicos en la elaboración de una minuta sobre el alza de los combustibles.

“He solicitado un sumario administrativo y la suspensión preventiva de los funcionarios involucrados, porque aquí podrían existir responsabilidades graves que deben investigarse con total transparencia.”

Según el parlamentario, el documento no solo incluiría información inexacta, sino que además contendría directrices políticas orientadas a instalar un relato comunicacional desde el Gobierno, lo que, a su juicio, podría constituir una grave vulneración a los principios de probidad administrativa. “Estamos frente a un eventual uso indebido de recursos públicos para construir un relato político basado en medias verdades e incluso afirmaciones falsas.”

 “No podemos permitir que instituciones públicas sean utilizadas para fines políticos, menos aún cuando se trata de temas sensibles como el alza de los combustibles que afecta directamente a las familias chilenas”, señaló el Diputado por Antofagasta.

Araya fundamentó su solicitud en el principio de probidad administrativa, que obliga a los funcionarios públicos a actuar con transparencia, objetividad y en función del interés general, advirtiendo que los hechos denunciados podrían constituir una infracción a estas normas. Asimismo, llamó al Ejecutivo a actuar con celeridad y rigor en la investigación. “De no existir medidas concretas, evaluaré recurrir a la Contraloría General de la República” , concluyó.

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