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Colegio de Enfermeras denuncia suicidio de colega por maltrato laboral

Foto de Vladimir Fedotov en Unsplash

El Colegio de Enfermeras de Chile expresó “su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de la enfermera Rocío Miranda Delgado, quien trabajaba en el Hospital de Rengo y cuya vida llegó a un trágico final por suicidio”.

Agregan que “Tenemos conocimiento de que nuestra colega enfrentó acoso laboral en su entorno de trabajo, circunstancia que desencadenó esta dolorosa decisión de poner fin a su vida”.

“Lamentamos sinceramente su partida y extendemos nuestras condolencias más sentidas y respetuosas a su familia, equipo de trabajo y amigos. La pérdida de Rocío no ha pasado desapercibida y ha generado una profunda conmoción a nivel nacional. Este trágico evento vuelve a resaltar no solo la necesidad de abordar las condiciones laborales en el sector de la salud, sino también la cruda realidad de la sobrecarga laboral, el estrés y los desafíos en la salud mental que enfrentan los profesionales de la salud”, señalan en un comunicado.

Añade la Orden Profesional que aunque Chile cuenta con un Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales que obliga a los establecimientos de salud a evaluar y abordar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, la falta de una fiscalización efectiva y sanciones adecuadas impide que este instrumento cumpla su propósito. “Por un lado, las entidades encargadas, como la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo y los Seremis de Salud, carecen de los recursos necesarios para implementar correctamente este protocolo. Por otro lado, el sistema mutual tiende a desestimar la mayoría de las denuncias de enfermedades mentales como no laborales, lo que deja a las víctimas de acoso sin el apoyo y los recursos necesarios para enfrentar esta problemática”.

Sostiene el gremio que el acoso laboral constituye una violación de los derechos humanos y una forma de agresión a los derechos fundamentales. “El acoso laboral es una forma de tortura que causa un gran sufrimiento, y el fenómeno del suicidio es una preocupación social y de salud pública”.

Y hacen un fuerte llamado a sus colegas: “Instamos a todas las enfermeras y enfermeros a denunciar cualquier acto de acoso sistemático y persistente en sus lugares de trabajo. Se deben agotar todos los medios para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables si corresponde”.

Por último, instan a que las autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social que, considerando la incipiente implementación del Convenio 190 de la OIT y la próxima entrada en vigencia de la Ley Karin, actúen con celeridad para abordar esta problemática de manera efectiva.

“Ya no nos queremos esconder”: Organizaciones defensoras del trabajo sexual presentes en 1 de mayo, Día Internacional de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Fundación Margen

En una fría mañana de 1 de mayo de 2024, diversas personas, activistas, organizaciones políticas y movimientos sociales se reunieron en la Plaza Los Héroes para marchar por el Día Internacional de Trabajadoras y Trabajadores. Entre esa multitud de asistentes destacaron Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe REDTRASEX, el renovado Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales Independientes Ángela Lina y la organización de mujeres trans trabajadoras sexuales migrantes Féminas Latinas.

Todo partió muy temprano, a las 10:00 horas, en el monumento a Los Héroes, punto de encuentro de integrantes del Sindicato Ángela Lina. Ahí, portando carteles y un gran lienzo negro que proclamaba “trabajo sexual es trabajo”, las personas trabajadoras sexuales de Chile dijeron presentes, activas y combatientes en la emblemática marcha oficial del 1 de mayo convocada por la Central Única de Trabajadores CUT. En el trayecto fueron saludadas por la dirigencia de la CUT y apoyadas por los asistentes, realizando puntos de lectura de sus proclamas en el frontis del Palacio de La Moneda y en frente del GAM, donde se realizó el acto final. En la mitad de trayecto, la Casa Central de la Universidad de Chile, se sumó a la marcha Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer y Féminas Latinas de mujeres trans migrantes.

¡Trabajo sexual es trabajo!

“Estamos aquí para defender los derechos de las trabajadoras sexuales, reivindicar nuestros derechos laborales como trabajadores y trabajadoras, todas las personas que ejercen el trabajo sexual deben ser reconocidas como trabajadores, porque el trabajo sexual es trabajo”, expresó a la prensa Herminda González, dirigenta y vocera de Fundación Margen. Y así, mientras la reconocida e histórica Herminda conversaba con los periodistas que cubrían el evento, las personas trabajadoras sexuales presentes en la manifestación de la CUT se mostraban agradecidas de la positiva recepción de los presentes a la manifestación, expresando y compartiendo el sentido de su lucha que las moviliza en contra de la violencia policial e institucional y la falta de derechos garantizados.  Entre los asistentes que felicitaron la participación de las organizaciones del trabajo sexual estuvo el  juez Daniel Urrutia y Patricio López, periodista y director de Radio Universidad de Chile. Al respecto, López señaló: “Me parece maravilloso que las trabajadoras sexuales se organicen porque existe una serie de temas que donde la voz de las trabajadoras es muy importante”.

Entre las demandas planteadas por las organizaciones de personas trabajadoras sexuales destacan la regulación legal, el reconocimiento social y político, el fin de la violencia institucional y el rechazo a proyectos e iniciativas efectistas que buscan criminalizar el trabajo sexual, fomentando el rechazo social, la segregación territorial y la estigmatización pública como serían los “barrios rojos”, propuesta realizada por el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

El manifiesto del Sindicato Ángela Lina

Un grupo de jóvenes trabajadoras y trabajadores sexuales del Sindicato Ángela Lina marcharon en la manifestación de la CUT, realizando una serie de paradas para leer un sentido manifiesto, siendo el más llamativo el realizado frente al Palacio de La Moneda. Ahí, proyectando la voz a través de un micrófono y amplificador portátil, compañeras y compañeros reunidos en el Sindicato Ángela Lina leyeron íntegramente su comunicado público.

Día internacional de Trabajadoras y Trabajadores: Ya no nos queremos esconder

¡No venimos a disculparnos! Nuestra profesión es la más antigua del mundo y nos permite sobrevivir. Que cada quién se haga cargo de su moral. Si contratan nuestros servicios cobraremos por las técnicas, prácticas y conocimientos relativos a las sexualidades. Con humildad reconocemos nuestras capacidades, decimos que existimos y afirmamos que vender sexo no es vender una parte de nosotres; es cobrar por nuestra manera de hacerlo.

“Las prostitutas traen desgracias a este país” dicen los vecinos y vecinas pretendiendo cuidar sus barrios. Imponen multa a la supuesta falta de respeto de nuestros trabajos, incluso aquellas feministas que hablan de poder hacer con nuestros cuerpos lo que queramos, mientras no cobremos por sexo. Cada une se prostituye como puede en este sistema. Nuestra intención no es faltar el respeto si mostramos las tetas, así como nuestras ideas de lo laboral. Nunca quisimos faltarles el respeto paradas en alguna esquina. Intentamos ocultarnos para que no nos vean, pero estamos cansades de sobrevivir; ya no nos queremos esconder.

No somos víctimas; somos capaces de decidir, somos seres pensantes y reflexivos. Compartimos prácticas sexuales consensuadas con quienes atendemos y el creer que somos violadas al ejercer nuestro trabajo, invisibiliza las ocasiones en las que realmente nos han abusado.

Tenemos ilusiones y familias que sostener, queremos respeto y dignidad al trabajar para mantener nuestros hogares donde somos un pilar fundamental, muchas son las madres que han criado a sus hijes y les han brindado educación con este sustento, también valoramos la posibilidad que nos entrega el trabajo independiente, sin patrón, para desarrollarnos como personas y tener autonomía en nuestra economía y educación sin importar nuestras corporalidades, identidades y orígenes.

Desconfiamos de las políticas públicas que nos excluyen y hablan por nosotres. La falta de regulación hace que las instituciones relacionadas con las fuerzas de orden y seguridad realicen detenciones arbitrarias y se nos criminalice, impidiéndonos optar por mejores condiciones de trabajo y, por ende, una mejor vida.  Podremos arrepentirnos de algunas decisiones, menos de cobrar. Este país nos debe mucho.

¡Trabajo sexual es trabajo!

“Caso Hermosilla”: Comisión Investigadora concluye que abogado habría generado “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias” y remitirá antecedentes a la Justicia

Captura de pantalla CNN Chile

“Son evidentes las faltas a la probidad del señor Hermosilla, su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para nuestra República. Por lo tanto, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.”, indicó Daniel Manouchehri (PS), presidente de la Comisión.

Por unanimidad de los presentes, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el denominado “Caso Hermosilla” o “Caso Audios” aprobó el informe final con las conclusiones de la instancia. El texto emanado de la comisión, presidida por el diputado Daniel Manouchehri (PS), indica que “son evidentes las faltas a la probidad” por parte del abogado Luis Hermosilla, implicado en una investigación judicial por el delito de cohecho a funcionarios públicos y eventuales influencias indebidas al interior del Poder Judicial.

Asimismo, Manouchehri indicó que los antecedentes de la comisión serán remitidos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado. Al cierre de la instancia, el parlamentario espera “que la justicia investigue a fondo este caso. Es evidente que se tiene que formalizar al señor Hermosilla, esperamos que se avance en esto y que este caso no quede en impunidad, porque aquí están en juego nuestras instituciones del país y su credibilidad”.

“La gente espera que estos casos no terminen en clases de ética o que pasen al olvido. La gente espera que casos como el del señor Hermosilla terminen con los involucrados tras las rejas”, agregó.

De acuerdo a lo expuesto en la Comisión, sus integrantes concluyen que Hermosilla habría generado “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante e incluso en ciertos casos reservadas, para favorecer a clientes, y personas que no eran clientes del Sr. Hermosilla”.

En esa línea, el texto señala que “de tales hechos descritos por los intervinientes esta comisión puede identificar que el Sr. Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista. Entonces, cualquier persona podría pensar que sus juicios eran ganados justamente por su pericia como penalista; sin embargo, de a poco hemos ido sabiendo que más que un penalista, era un operador del Poder Judicial”.

“Finalmente, esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes las faltas a la probidad del Sr. Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de investigaciones, los tribunales de justicia y el Servicio de Impuestos Internos”, agrega el documento.

El informe aprobado y despachado a la Sala de la Cámara Baja señala que el abogado “además, incidió de manera activa en el nombramiento de altos cargos y magistrados en la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, ratificadas por las declaraciones tanto del ministro (Jean Pierre) Matus como del ministro (Antonio) Ulloa, quien señaló que Hermosilla había sido quien habría influido en su nombramiento, y que le enviaba todas las mañanas poemas en agradecimiento”.

“La condición de abogado litigante y gestor de los nombramientos de altos magistrados pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia al momento de conocer causas donde el señor Hermosilla participa. Asimismo, el hecho de ser visto dentro del Poder Judicial como alguien capaz de influir en los nombramientos del poder judicial, puede generar una ventaja desleal”, agrega.

Los contratos de Hermosilla durante los gobiernos del ex Presidente Piñera

En esta materia y dentro del ámbito de sus competencias, la comisión investigadora recibió antecedentes de los Ministerios del Interior, Defensa, Salud y Transportes, quienes informaron respecto de los contratos que suscribió Luis Hermosilla como persona natural o jurídica desde el año 2010 a la fecha.

Según lo informado, el abogado recibió más de 250 millones de pesos en total por dichos contratos. Algunos de estos efectuados por el mismo monto: 325 Unidades de Fomento; es decir, por más de 12 millones de pesos de la moneda actual. Además, fueron aprobados días u horas antes que culminara el segundo mandato del ex Presidente Sebastián Piñera.

Estos antecedentes serán remitidos a la Contraloría de la Republica y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que puedan pronunciarse respecto de la legalidad y procedencia de los servicios requeridos.

El informe de la comisión precisa lo siguiente:

–  Oficio N°9588 de fecha 01 de abril de 2024 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, indica que entre el año 2012 y 2022 Hermosilla celebró contrato con la Subsecretaría del Interior por la suma de $ 212.716.623.

– Oficio N° 1046 de fecha 09 de abril de 2024 del Ministerio de Salud, se informa que el año 2022 se contrató a Hermosilla en la Subsecretaría de Salud Pública por el monto de 325 UF.

–  Oficio N°6855/695 de fecha 15 de abril de 2024 del Ministerio de Defensa, donde se informa que con fecha 10 de marzo de 2022 a las 16:55 hrs., a horas de terminar el segundo periodo de gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, se emitió una orden de compra por el monto de 325 UF por el servicio de asistencia legal y jurídica.

– Oficio N° 12519/2024 DAF de fecha 26 de abril del 2024 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informó que el 3 de marzo del año 2022 la Subsecretaría de Transportes celebró con el abogado Luis Hermosilla un “contrato de servicios especializados de asesoría jurídica con experiencia en área penal con especial manejo de desarrollo de estrategias de litigación oral” (causa RIT 17388-2021), por la suma de UF 325, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 58 de 10 de marzo de 2022.

Ministerio de Educación presentó nueva Política Nacional de Convivencia Educativa

Imagen cedida

Corresponde a la cuarta actualización de un instrumento con más de 20 años de existencia y que se enmarca en las acciones del Plan de Reactivación Educativa.  Contempla un documento central, que es el marco orientador de la política; un Plan de Acción 2024-2030, con 42 medidas para apoyar la concreción de esta política; y 12 cartillas con diversos temas y estrategias específicas, que serán enviadas gradualmente en las próximas semanas a los establecimientos.

Después de dos años de trabajo, la participación de 270 personas en 40 grupos focales y la sistematización de recomendaciones de las mesas que han abordado el tema, el Ministerio de Educación presentó este lunes la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE), compuesta por un documento central y 12 cartillas que abordan este tema, y que por primera vez cuenta con un plan de acción con medidas para apoyar a las comunidades educativas, por parte del Ministerio de Educación y sus organismos asociados, hasta 2030.

La presentación de la PNCE se realizó en la Escuela Básica La Araucanía, de la comuna de La Granja, y contó con la participación del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, las diputadas Emilia Schneider y Alejandra Placencia, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Daniela Triviño, y el alcalde de La Granja, Felipe Delpin.

El ministro Cataldo señaló que la actualización de la PNCE, cuya versión original data de 2002, tuvo como fin modernizar los marcos de acción y orientación a las comunidades educativas para que puedan enfrentar el impacto de la pandemia y la suspensión de clases presenciales durante dos años; definir qué se entiende como aprendizaje socioemocional, bienestar y salud mental en contextos educativos;  abrir la política para que incorpore gran parte de la trayectoria educativa (desde educación parvularia a educación de personas jóvenes y adultas), y actualizar y añadió estrategias para gestionar la convivencia educativa.

“Buscamos dotar de herramientas para que las comunidades educativas comprendan cuál es el fenómeno que enfrentan. Y esta actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa abarca una mirada amplia, diversa y compleja de la convivencia, que queda plasmada en estas orientaciones y en el Plan de Acción, porque sabemos que las dificultades que viven muchos establecimientos no empiezan ni terminan dentro de la escuela”, indicó el ministro Cataldo.

 Añadió que “acá hay un desafío mayor, que es que este es un problema de la sociedad en su conjunto. No es una tarea solo de las comunidades educativas, es una tarea de todo el país. Tenemos que comprometernos todos y todas, más allá si estamos involucrados directamente en el sistema educativo, con la tarea de mejorar la convivencia escolar, porque eso es finalmente mejorar la convivencia para la ciudadanía. Porque la convivencia es un aprendizaje, y a convivir se aprende entre todos y todas”.

Nuevos modelos de autoridad

Seis elementos caracterizan esta actualización y la diferencian de las versiones anteriores. Además de ser fruto de un trabajo participativo de 270 personas, promueve el principio de cuidado colectivo y la inclusión para construir comunidades educativas pluralistas y garantes de derechos; fortalece la perspectiva de cuidados, clarificando el rol de los centros educativos para la promoción del bienestar y las habilidades socioemocionales; establece estrategias para impactar en la mejora de la convivencia en distintos contextos y respecto de diversas temáticas; integra el Modelo de Escuela Total en apoyo a la gestión de la convivencia en los establecimientos educativos; y reconoce el desafío de construir una autoridad pedagógica basada en nuevos modelos de autoridad a través de un diálogo social amplio, vinculado al enfoque participativo, formativo  y de derechos.

La subsecretaria Arratia presentó a los asistentes los principales contenidos de esta política. Explicó que contempla un documento central, que es el marco orientador de la política; un Plan de Acción 2024-2030, con 42 medidas para apoyar la concreción de esta política; y 12 cartillas con diversos temas y estrategias específicas, que serán enviadas gradualmente en las próximas semanas a los establecimientos.

Entre las medidas contempladas en el Plan de Acción está el compromiso de presentar un proyecto de ley que fortalezca la convivencia escolar; diseñar e implementar cursos o programas de formación continua para directivos, docentes y asistentes de la educación respecto de aprendizaje socioemocional y gestión de conflictos; usar las pruebas SIMCE para monitorear el estado de la convivencia escolar en las escuelas; generación de bases de datos para contar con mejor información; y el despliegue de campañas comunicacionales.

La subsecretaria Arratia invitó a las comunidades educativas “a tomar estas orientaciones y hacerlas propias. Lo que nosotros queremos es que ustedes pueden procesarlo, tomarlo, trabajarlo desde su propia realidad”. Finalmente, recalcó que “la convivencia se perfecciona desde el equipo directivo, pero es algo en lo cual todos y todas podemos aportar en nuestras relaciones diarias en la comunidad educativa y fuera de ella”.

Acciones del Plan de Reactivación Educativa 

Estas medidas se suman al conjunto de acciones que está desplegando el Ministerio de Educación para responder a las necesidades de las comunidades educativas tanto en el área de la convivencia educativa como en salud mental, como parte del Plan de Reactivación Educativa, entre ellos la implementación del programa A Convivir se Aprende, la creación de un sistema de monitoreo de la convivencia mediante la incorporación de preguntas adicionales en los cuestionarios de calidad y contexto asociados al SIMCE, la entrega de información a través del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) socioemocional y de convivencia, el fortalecimiento de las estrategias de gestión colaborativa de conflictos de  la Superintendencia de Educación, el maletín socioemocional de Educación Parvularia y acciones de fortalecimiento de los espacios participativos de las comunidades educativas, como el consejo escolar o los centros de estudiantes.

En cuanto a la Estrategia de salud mental con comunidades educativas, el programa Habilidades para la vida de Junaeb se implementó en 2023 en 2.842 establecimientos; se desarrollaron talleres artísticos y deportivos en 294 establecimientos educacionales y se implementó el curso «Bienestar y salud laboral de los equipos educativos: estrategias desde la gestión y el liderazgo», a través de EducarChile, con 1.169 inscritos.

Aires de dictadura aún se respiran en el Congreso: las derechas quieren reponer la justicia militar

Crédito foto: Cámara de Diputadas y Diputados

En las batallas casi diarias de las derechas por derrotar a como de lugar al Presidente Boric y su gobierno, el cruel asesinato de tres carabineros en Cañete, fue la excusa perfecta para aprovechar el momento de mostrarse ante los ciudadanos como los grandes defensores de Carabineros y FF.AA. Montaron un verdadero show al presentar, entre gallos y medianoche, una indicación reponiendo la justicia militar para enjuiciar a civiles y uniformados en casos en que ambos estén involucrados.

Tal parece que fue un paso medio en falso de las derechas, al menos en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por Amarillos, Demócratas, Chile Vamos y Republicanos, durante la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), fracasó. Por ahora. Porque el intento continuará esta semana en el Senado, donde todo indica que podría aprobarse, gracias al acomodaticio voto de la senadora y líder del partido Demócratas, Ximena Rincón, que en el último tiempo no pierde oportunidad para hacer gestos favorables a sus actuales compañeros de ruta. Es que ese apoyo lo necesita imperiosamente para no desaparecer en el país y ella particularmente  en la Cámara Alta en un futuro no tan lejano.

Cuando ocurrió la votación en Sala de la Cámara, donde se rechazó por apenas un voto – 72 a favor, 71 en contra–, quedó en evidencia que las derechas tienen todo el poder de los votos parlamentarios y solo por situaciones fortuitas no logran todo lo que quieren en  ambas Cámaras. Ello es otra muestra más de lo difícil, sino imposible, que será aprobar las reformas del gobierno para beneficiar a los adultos mayores y para qué decir del pacto fiscal que se necesita para solventar, por ejemplo, los problemas en la salud de los chilenos.

Volver a los 80

Entonces, la situación vivida esta semana prendió todas las alarmas en los demócratas de verdad, conscientes del retroceso que ello representaba. Felizmente, en algunos la memoria no se ha perdido. Surgió de inmediato la imagen de lo ocurrido en la dictadura con la justicia militar,  en aquella época tenebrosa por ejemplo, del tristemente recordado Fiscal Torres.

Para el ministro de Justicia, Luis Cordero, la moción presentada “es un gran retroceso en el sistema institucional». «Esta fuera de toda discusión, por cierto, que nosotros tenemos que dictar Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)». Y añadió que «las razones por las cuales puede intervenir la justicia militar son cualificadas. Habitualmente tienen que ver con delitos militares, no con delitos comunes. En el caso de tiempos de guerra eso es evidente. En de paz, en el caso de delitos comunes en que puede intervenir, lo que establece la legislación, es que son aquellos casos que ocurren dentro de un establecimiento militar o respecto de recursos militares».

El Secretario de Estado agregó que “la justicia militar tiene un sistema de organización que no garantiza imparcialidad e independencia». «Opera sobre la base de miembros de las FF.AA. que no tienen inamovilidad judicial. Entonces, descansa en un sistema extremadamente frágil, tan frágil que durante largos años los especialistas de todas las tendencias políticas han estado de acuerdo en que es un ámbito que hay que reformar». El Ejecutivo impuso reserva de constitucionalidad en el trámite. Era demasiado permitir una “justicia especial”, donde los acusados serían juzgados por miembros de la institución a la que pertenece el uniformado involucrado en un presunto delito.

Ante la aseveración de los parlamentarios de derecha en el sentido que reponer la justicia militar tendría por objeto “defender” a los uniformado en situaciones en  que hayan debido utilizar  la fuerza y sean sometidos a los tribunales,  el periodista Rafael Cavada recordó en las redes sociales que ningún uniformado involucrado en situaciones como las descritas, ha sido encarcelado o se le ha quitado su trabajo, desde el año 2012. Ninguno. Ni siquiera quien fue acusado por los hechos de Panguipulli,  quien quedó en libertad absoluta,  porque su actuación se consideró “en defensa propia”.

Desconfianza en la justicia civil

Así las cosas, el diputado Andrés Jouannet, otrora “chascón” de la DC y hoy fervoroso militante más que de Amarillos, de la derecha, defendió con pasión la idea de reponer la justicia militar durante el debate  de las RUF. No sólo eso. Al conocer las opiniones que comenzaron a entregar distintos militantes de su partido, enfatizó que “los diputados no podemos recibir órdenes de partido, porque eso es ilegal, aunque la opinión de los militantes es válida”. El diputado tozudamente defendió su posición frente a la ola de críticas que levantó su actuación.

En particular, la opinión de la hija del ex Presidente Aylwin, quien opinó en el chat de su partido: “Estoy completamente en desacuerdo con la idea de restablecer la justicia militar. Lo de la certeza para actuar de las FF.AA., que es el único argumento, devela desconfianza en la justicia civil y deseos de impunidad. Además, es remover un tema sobre el cual hubo 20 años de debate”. Y luego agregó: “lo peor es que el presidente del partido (Andrés Jouannet) aparece como vocero de la iniciativa”. Junto con eso, reclamó que “cuando pedí argumentos, salvo Iris (Boeninger), que tiene una opinión distinta y legítima pero no es de la directiva, contestó. No se puede funcionar bajo la discrecionalidad de criterio en un tema que nos involucra como partido. Para mí, este es un punto que me parece grave”.

Tomás Aylwin, por su parte, escribió: “Me gustaría plantear un tema que me preocupa profundamente: Amarillos por Chile es un partido de centro, que proviene principalmente de la Concertación, que (…) tuvo, entre sus objetivos y logros pasar a Carabineros y militares al conocimiento de la justicia civil. Parte de nuestra oposición al mamarracho plurinacional fue precisamente argumentando que nos resultaba inadmisible tener justicias paralelas (…) ¿Qué pasó aquí? Esto va directamente en contra de todo lo que hemos planteado los últimos 30 años”.

Colegio de Periodistas acusa a El Mercurio de ejercicio ilegal de la profesión

Crédito Foto de Nijwam Swargiary en Unsplash

A continuación reproducimos textualmente la carta que envió el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodista al diario El Mercurio por entrevista que realizó el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña

Sr Director:

“Nos dirigimos a usted en representación del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de respeto y consideración hacia la profesión periodística que ha sido evidenciada en la reciente publicación de una entrevista realizada por un abogado y rector de una universidad, en la sección de Reportajes de su medio.

En Chile, el ejercicio ilegal de la profesión periodística está tipificado y sancionado por la ley, ya que la labor periodística requiere de una formación específica, ética y responsabilidad profesional para garantizar la veracidad, la pluralidad y la objetividad en la información que se difunde a la sociedad. La Ley N° 19.733 establece que solo los profesionales titulados en Periodismo o Comunicación Social pueden ejercer como periodistas en los medios de comunicación. Así como también los periodistas profesionales reconocidos como tales por la ley 12.045.

La realización de entrevistas, reportajes y la difusión de información sin la debida formación y titulación en la materia constituye una infracción a la normativa vigente y pone en peligro la calidad y credibilidad de la información que se entrega a la ciudadanía. Además, el ejercicio ilegal de la profesión periodística afecta la dignidad y el reconocimiento de los verdaderos periodistas, comprometidos con su labor y con los valores éticos y deontológicos que la profesión exige.

Por tanto, exigimos una rectificación pública y una disculpa por parte del Diario El Mercurio, así como medidas concretas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro y se respete la legislación vigente que regula el ejercicio de la profesión periodística en Chile.

Esperamos una pronta respuesta y acciones concretas por parte de su medio para salvaguardar la integridad y credibilidad del periodismo en nuestro país”.

Atentamente,

Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas.

¿Una cuenta pública en Las Condes sin referirse a la probidad y a la transparencia?

A propósito de la última cuenta pública de la alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza, llevada a cabo el pasado martes 23 de abril (1), tenía ciertas expectativas al respecto, luego de conocer los innumerables casos de falta a la probidad y transparencia que atraviesa su gestión. A raíz de lo anterior, pensé que se referiría esta vez al tema en alguna medida durante su discurso, como una respuesta a los y las vecinas de Las Condes.

Lamentablemente, luego de revisar su cuenta pública, descubrí que la alcaldesa Daniela Peñaloza en ningún momento mencionó algo en relación a ello, lo que nos muestra que no solo no es una prioridad del municipio, sino que también no hay ningún interés en dar una señal política de parte de la derecha para el futuro de la comuna.

No se trataba de que la alcaldesa hiciera una autocrítica auto flagelante de su gestión con respecto a los casos de corrupción que se están investigando, pero sí de que planteara algo sobre qué está haciendo la municipalidad en términos de probidad y transparencia, problemática profunda que tiene a los municipios en el ojo de la opinión pública.

No hay que olvidar que la probidad aparece a nivel constitucional, en distintas leyes de la república, así como también en el mismo Plan de Desarrollo Comunal de Las Condes, en donde se plantea explícitamente que “se está trabajando en la implementación de una agenda de Probidad, Transparencia y Compliance para el periodo 2021-2025, no solamente para las Direcciones Municipales, sino también para las Corporaciones Municipales” (2).

No obstante, a pesar de ello, Peñaloza no mencionó nada sobre esa agenda, lo que muestra una desconexión completa de parte de ella con el tema, dentro de un contexto en donde los organismos públicos, en especial los municipios, son vistos hoy con desconfianza por parte de la ciudadanía, ante el mal uso de los recursos públicos.

Por lo mismo, que no se haya hecho referencia alguna sobre las finanzas de Las Condes en la cuenta pública, solo genera un manto de dudas al respecto sobre qué se hace con el inmenso presupuesto que tiene la comuna, el cual la convierte en una de las municipalidades con mayor per cápita del país, por lo que las exigencias deberían ser mucho mayores.

Dicho lo anterior, si se revisan los datos más recientes a nivel municipal (3), se ve que los ingresos de la comuna aumentaron de manera importante en los últimos 10 años, pasando de 237 mil millones a 423 mil millones el año 2023, lo cual es muchísimo para la realidad a nivel nacional y debiera ser revisado en detalle lo que hace o no la municipalidad con el monto.

De ese total de los ingresos, la mitad proviene de las patentes municipales, especialmente de las comerciales, a lo que le siguen impuestos territoriales (contribuciones) y permisos de circulación, lo que evidencia que la comuna tiene recursos de sobra para hacer una gestión modelo para todo el país.

Esto, sumado a que Las Condes es la comuna que más aporta al Fondo Común Municipal, con un 54%, lo que la convierte en una comuna clave para el desarrollo del resto de las municipalidades del país, y que por tanto la probidad y la transparencia no solo es fundamental para las y los vecinos de Las Condes, sino para todo Chile.

En consecuencia, revisando la última cuenta pública de Daniela Peñaloza, el foco estuvo en destacar lo realizado en obras y mejoramiento de espacios públicos, así como destacar el trabajo en medioambiente, educación, programas para las mujeres, programas para personas mayores, tenencia responsable de mascotas, cultura y seguridad. Si bien es positivo, no se vio por ningún lado que lo vinculara con los ingresos municipales, quitando transparencia a lo realizado.

1:https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=747457244241316

2:https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/plan_desarrollo_comunal/Plan-de-Desarrollo-Comunal-2022-2025-Las-Condes.pdf

3:https://archivos.lascondes.cl/descargas/municipalidad/consejo_economico/actas/2022/INFORME-PRESUPUESTO-MUNICIPAL-2023.pdf

INDH de Arica y Parinacota presentó denuncia ante el Ministerio Público por muerte de joven durante servicio militar en unidad del Ejército

INDH realizó esta presentación en el marco de las diligencias que efectúa a fin de recopilar antecedentes sobre lo ocurrido en Putre, que tiene en la actualidad a varios jóvenes hospitalizados en Arica y Santiago.

El jefe de la sede de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Miguel Peralta, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por la muerte de un joven mientras realizaba su servicio militar en Putre. Se trata de Franco Vargas, de 19 años, quien falleció el pasado sábado 27 de abril mientras realizaba su instrucción en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”.

Cabe mencionar que el INDH ya ofició al Ejército y a la Seremi de Salud para conocer los detalles de esta tragedia. En el marco del mismo requerimiento, el Instituto solicitó conocer el estado de salud de otros 45 jóvenes, cuya salud también resultó dañada. Siete se encontrarían hospitalizados: dos en condición grave por lo que los trasladaron al Hospital Militar de Santiago. Cinco estarían en el Hospital de Arica. Otros 38 permanecerían aislados en la unidad militar.

Jefe regional del INDH

El jefe regional de Arica y Parinacota señaló que “en el desarrollo de nuestras funciones y en el ejercicio de nuestro mandato legal, es que hemos puesto una denuncia al Ministerio Público por el caso del fallecimiento del conscripto Franco Vargas, de 19 años”, indicó.

Además, Peralta dijo que “hemos seguido con la recolección de información por parte de las instituciones, entendiendo de que el joven fallecido se encontraba al resguardo del Estado en el momento que ocurrieron los hechos”, concluyó.

Es importante indicar que la sede de Arica del INDH tomó conocimiento de que la Seremi de Salud visitó las dependencias del Ejército. Es por ello que en la solicitud de información se requirió conocer las medidas sanitarias que se le recomendó a la unidad militar para prevenir la ocurrencia de hechos similares.

 

Diputado Manouchehri destapa otro contrato del gobierno de Piñera con Hermosilla el último día de mandato

En las últimas horas, el diputado socialista Daniel Manouchehri, presidente de la Comisión Investigadora por el denominado “Caso Hermosilla” o “Caso Audios”, denunció que el abogado Luis Hermosilla suscribió un contrato con la Subsecretaría de Transportes pocos días antes del término del mandato del ex Presidente Sebastián Piñera.

Mediante la respuesta a un oficio solicitado por Manouchehri, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones indicó que la Subsecretaría de Transportes celebró un contrato con Luis Hermosilla por “servicios especializados de asesoría jurídica con experiencia en área penal con especial manejo de desarrollo de estrategias de litigación oral”, por la suma de 325 Unidades de Fomento (más de 12 millones de pesos al valor actual de la UF). La contratación se realizó el 3 de marzo de 2022 y fue aprobada por Resolución Exenta el 10 de marzo de 2022; es decir, un día antes que el ex Presidente Piñera dejara su cargo.

Al respecto, el diputado Manouchehri señaló que este nuevo antecedente es “escandaloso”. “Descubrimos otro pago del gobierno de Piñera a Hermosilla. Esta vez con el Ministerio de Transportes. Al igual que los contratos con el Ministerio de Defensa, Salud e Interior, amarrados el último día de gobierno. Mismos montos”, señaló.

“¿Estos eran pagos solo por este servicio? ¿O también por las gestiones irregulares con el ex director de la PDI y con otras altas autoridades?”, fustigó el legislador por la Región de Coquimbo.

En esa línea, Manouchehri recalcó la urgencia que Luis Hermosilla “sea formalizado, que se conozcan los chats en que está implicado, y que los responsables de este verdadero ‘Tren de Vitacura’ paguen con cárcel”.

Mapa Nutricional de Junaeb: Sobrepeso y obesidad disminuyó en 3 puntos porcentuales en estudiantes del país

Imagen cedida

El estudio, que evalúa a estudiantes de prekínder, kínder, 1° básico, 5° básico y I medio, también, registró un incremento en los niveles de nutrición normal.

Este jueves, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, dieron a conocer los resultados del  Mapa Nutricional 2023, herramienta que informa sobre el estado nutricional de las y los estudiantes del país.

Los datos se recopilaron en alumnos de prekínder, kínder, 1° básico, 5° básico y I medio, y contaron con la participación del 76,9% de los establecimientos a nivel nacional, obteniendo un total de 524.274 mediciones válidas, las cuales muestran que el sobrepeso y la obesidad disminuyeron en 3 puntos porcentuales respecto a 2022.

En cuanto a los principales resultados para el año 2023, descartando a los menores de 5 años, se observa un aumento en los niveles de nutrición adecuada en 1,8% y una reducción en los casos de malnutrición por exceso en 2,2%, respecto del año anterior.

El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que “el Mapa Nutricional de Junaeb se ha transformado en una importante herramienta de la política pública para dimensionar y alertar sobre el estado nutricional de las y los estudiantes, el que además es uno de los desafíos del proceso de reactivación educativa. Y si bien es cierto hemos mejorado respecto a años anteriores, es evidente que nos queda mucho por seguir avanzando”.

El ministro agregó que estos datos también serán un aporte para la discusión de los ajustes curriculares que se iniciará este año, luego del Congreso Pedagógico Curricular. “Esperamos que sus resultados sean un insumo para que las comunidades educativas refuercen su trabajo en el aula, y también con las y los apoderados, mediante estrategias de promoción y difusión de la alimentación saludable y la actividad física”, añadió.

En esta línea, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, sostuvo que “los resultados del estudio 2023 presentan desafíos que abordamos de distintas maneras. En el caso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) trabajamos siempre para ofrecer alimentos saludables, variados, libres de sellos de advertencia, que permitan el bienestar y éxito académico de los estudiantes”.

Y agregó que desde la institución “reconocemos la relevancia de los espacios educativos en la formación de hábitos saludables, ampliamos la inversión del fondo ‘Comunidad Activa’ a casi mil millones de pesos, y a través de dos líneas de acción, Escuelas Abiertas y Escuelas Saludables, se proporcionan actividades semanales destinadas a promover hábitos de vida activa y saludable entre los estudiantes”.

 Por último, explicó que “implementamos un piloto sobre alimentación saludable y actividad física, que considera controles de salud, y trabajamos en una estrategia conjunta contra la malnutrición por exceso junto a distintas instituciones del Estado”.

 Principales resultados

Este año, Junaeb adoptó nuevos estándares para evaluar la nutrición en menores de 5 años, alineándose con el enfoque del Ministerio de Salud. Esta decisión beneficia a unos 50 mil niños al facilitar la adopción de estándares internacionales recomendados por la OMS, promoviendo así una mejor vigilancia nutricional en el país.

Los resultados del mapa nutricional se dividen en grandes áreas:

Al examinar los resultados por nivel educativo, se observa una disminución significativa en la malnutrición por exceso en todos los cursos, destacándose una mayor reducción en los estudiantes de 1° básico y 5° básico, con un descenso del 4,3%, respecto al año anterior.

Sin embargo, al hacer el zoom en las y los estudiantes de quinto básico, las cifras se mantienen similares a 2023, donde tres de cada cinco estudiantes presentan sobrepeso, obesidad u obesidad severa.

El estudio, que también entrega datos por sexo, reveló que los estudiantes de sexo masculino, de establecimientos de áreas rurales, de nacionalidad chilena, pertenecientes a pueblos originarios y de mayor vulnerabilidad socioeconómica presentan una mayor prevalencia de malnutrición por exceso.

Si bien los estudiantes extranjeros tienen un mayor porcentaje de estado nutricional normal (54,8%), registran un aumento de la malnutrición por déficit de 10% a 10,7%.

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