El XIII Congreso Nacional Ordinario José Luis Figueroa Jorquera, realizado este 11 y 12 de enero de 2024, máxima instancia de la orgánica de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras; “hemos ejecutado un importante debate acerca de la realidad que vive el país y sobre la estrategia política para hacerle frente”.
Agregan que como CUT se declaran como “una organización político social, que representa a más de 750 mil trabajadoras y trabajadores de los sectores públicos y privados del país, por lo cual es importante para nosotros manifestar que, no nos da lo mismo quien gobierna Chile”.
Sostiene que la organización “no es apolítica y le corresponde representar los intereses, los anhelos y derechos de las y los trabajadores, y ser contraparte de cualquier Gobierno y de los empresarios. La CUT es una organización independiente y autónoma, no responde al mandato de ningún partido político. La CUT no es, ni pertenece a ningún Gobierno”.
Del mismo modo, añaden que miran con preocupación la ofensiva derechista y empresarial expresada en: La agenda procrecimiento y de convergencia tributaria con la CPC, El chantaje y bloqueo a cualquier política social en beneficio de la población, sobre todos en los sectores populares, que afecta a las y los trabajadores que viven de un salario precario y Demandamos terminar con los abusos del poder económico y su corrupción.
Si bien valoran avances importantes como las 40 horas y el salario mínimo, “rechazamos la dirección que ha tomado el Gobierno, apartándose del verdadero diálogo con los movimientos sociales organizados y representativos, priorizando el diálogo con los dueños del capital, sometiéndose al chantaje de la derecha. El Gobierno no ha generado los espacios de debate abiertos y amplios con las y los trabajadores organizados, dejándonos solo en un rol decorativo para las acciones mediáticas y cortes de cintas de las autoridades”.
Unidad social y política
Al respecto la CUT señala;
Demandamos al Gobierno recomponer el diálogo con las organizaciones sociales, particularmente el movimiento de Trabajadores y Trabajadoras, respetando los convenios internacionales sobre la representatividad.
Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, propondremos al pueblo de Chile una plataforma de transformaciones y medidas sociales urgentes. Necesaria para construir un Chile, donde tengamos democracia, paz y justicia social.
Depende de la unidad más amplia del movimiento social y político, el cambiar el estado de las cosas en Chile y recuperar la esperanza de tener verdadera justicia social.
Hacemos el llamado a la unidad en la acción, convocando a las movilizaciones que sean necesarias para que se entienda que las demandas sociales incumplidas son de las y los trabajadores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, los pensionados, las diversidades, las neurodivergencias, los pobladores, los estudiantes, personas mayores y con discapacidad, a todos y todas que pertenecen a los grupos más excluidos e invisibilizados en sus demandas, reponiendo en la escena nacional, al movimiento social organizado.
Este proceso propuesto por nuestro congreso no será posible sin cambiar las correlaciones de las fuerzas políticas existentes para los próximos ciclos electorales. Convocamos a las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno a dejar las diferencias y cálculos electorales. Llamamos al Gobierno, al Congreso, Senadores, Diputados y Partidos Políticos a comprometerse realmente con las demandas del país.
Llamamos a la más amplia unidad, tras un propósito común, para detener y desplazar la ofensiva derechista. El Gobierno tiene que ocupar sus energías en recuperar su vínculo con la gente, con las y los trabajadores, con muchos que hoy votan obligados, como también aquellos que están capturados por la derecha populista, las más radical que hemos visto desde el retorno a la democracia.
Para este objetivo, el XIII Congreso le propone al mundo social organizado una plataforma para profundizar la democracia, por la paz y la justicia social:
Existe una gran deuda no resuelta con las y los trabajadores, que nace desde la imposición del Plan Laboral de José Piñera, el que, si bien ha tenido avances en consecutivos gobiernos progresistas, aún se mantiene.
La constitución actual. La de 1980, tiene una falta de legitimidad de origen, a pesar de sus reformas posteriores que mantiene el carácter subsidiario del Estado y no contiene componentes principales del trabajo decente, como el derecho a huelga, negociación colectiva y la libertad sindical.
