Comienza un nuevo año y la economía del país lo hace con una rebelde inflación ya a la baja, una muy leve mejoría en el empleo, un crecimiento que muestra algunos pequeñosbrotes verdes, confirmados por el último Imacec de 1,2%entregado por el Banco Central y que dan cuenta de que la anunciada posible recesión, como lo vaticinaban algunosagoreros, finalmente no sería tal.
Incluso, para sorpresa de algunos, la inversión extranjera directa, según InvestChile, se acercó a los 14 mil millones de dólares, sin aún cerrar el año, la cuarta cifra más alta de los últimos 20 años.
Según todas las proyecciones, la economía debería crecer entre 1 y 2% este año que comienza y al mismo tiempo debiera irse consolidando una lenta recuperación del empleo, efecto reconocido incluso por quien advirtiera sobre una “emergencia laboral” en el país, el reconocido economista David Bravo.
No es un mal resultado el de 2023, en el contexto de un marco internacional con una China que sufre una eventual burbuja inmobiliaria; inestabilidad en el Medio Oriente por el sangriento conflicto en Gaza y un Estados Unidos aún complicado con su propio crecimiento y nivel de inflación. Cuando aún se sentían los efectos de la pandemia en todo el mundo, las inestabilidades de estos problemas internos o geopolíticos, vinieron a cerrar un complicado 2023, cuando aún no salíamos del conflicto Rusia-Ucrania.
Hasta The Economist nos aplaudía por el tremendo esfuerzo desarrollado en materia inflacionaria, entre otros factores,ubicándonos entre las 7 mejores economías del grupo OCDE (35) en esa materia.
Sin embargo, este resultado no ha dado sin un costo bien importante para la población, hay que tenerlo muy presente. Un costo que aún se paga por los desajustes de la economía que provocaron tanto la pandemia, como las decisiones de expansión del gasto de la administración Piñera, más el aporte parlamentario por la vía de los retiros de las AFP. “Vamos dejando atrás toda la inestabilidad que vivimos durante prácticamente cuatro años”, resumió el ministro Marcel.
El costo del ajuste fue y está siendo pagado por una población altamente endeudada; una fuerza de trabajo donde 1 de cada cuatro trabajadores lo hace en la economía informal; con un alza de la canasta básica de los alimentos, que llegó en su peak a casi un 30%; y con la mitad de la masa de trabajadores ganando menos de 500 mil pesos. Como ha destacado muchas veces la Fundación Sol, considerada la línea de la pobreza que actualiza el Ministeriode Desarrollo Social y Familia, dicha remuneración no alcanza para sacar de la pobreza a una familia de 4 personas, como veremos.
La alta inflación pasada y el aumento de la tasa de interés con que el Banco Central ha bregado por controlar el aumento de precios, actualmente del 8,5% (después de haber estado en años anteriores entre 0 y 2%), han golpeado a una población fuertemente endeudada e incluso al endeudamiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, algunas de ellas, históricas y que debieron cerrar sus puertas el año pasado, con la consiguiente consecuencia en el empleo. Y la jefa del Banco Central Rosanna Costa, notificó en estos días que el ajuste seguirá hasta por lo menos la segunda mitad del presente año, cuando la meta de inflación debiera confluir, por fin, al 3%.
“Según los datos del 40º Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián – Equifax, en el primer trimestre de 2023, en Chile se registraron 4.050.039 deudores morosos. El monto promedio de la morosidad es de $2 millones. Además, según los datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares (VIII EPF) del INE, más del 70% de los hogares está endeudado”, señaló recientemente al respecto el economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán. Si se aplican los intereses actuales a esa deuda de 2 millonespromedio, nos da resultados complejos.
Ya en octubre, el Banco Mundial recomendaba “vigilancia” ante el relevante aumento de los créditos morosos en Chile, estimándose que en sólo dos décadas se duplicaron los créditos de consumo en América Latina y que en Chile la llamada deuda de los hogares (sin contar las empresas) llegaba casi al 35% del PIB.
Hablando “en plata” y con las cuentas que saca la señoraJuanita en la feria…en noviembre la canasta básica de alimentos alcanzó a un valor mensual de $ 69.286 pesos por persona. Consecuentemente, la línea de pobreza por persona- que se mide a partir del costo de la canasta- llegó a $230.178 y la de la pobreza extrema por persona a $ 153.452. Ello implica que para un hogar de 4 personas, esa línea de la pobreza llega a $607.443. Es decir, si la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de $ 500.000, no puede por sí solo sacar de la pobreza a su familia, obligando a la generación de más ingresos.
Esa canasta básica, detectó, solo en noviembre pasado, un alza de 2,0% en el mes y de 9% en doce meses, esto es, el doble del IPC a igual fecha (4,8). Eso reflejado enimportantes alzas de un 118% en las papas de guarda, 32% en los huevos, 28% de los limones, 25% el zapallo, 14% las manzanas y una baja del 26% de las zanahorias.Afortunadamente este efecto se ha ido morigerando en los últimos meses de la medición, porque lo más complejo fue a principio del año pasado.
En este cuadro se han hecho indispensables medidas paliativas como la implementación del “bolsillo electrónico”, la actualización del Registro Social del Hogares, que extendió la lista de beneficiarios de ayudas estatales, últimamente el “bono dueña de casa” y antes, por cierto, el importante aumento del ingreso mínimo y la implementación de la PGU. Incluso por algo cayeron en tierra fértil los adelantos de anuncios sobre el CAE, otro de los componentes del alto endeudamiento de los chilenos.
Y por algo el Ejecutivo ha comenzado bregando con fuerza por empujar el crecimiento económico y el empleo en el año que comienza, incluso autocriticando la “permisología” del Estado.
Toda la carne a la parrilla
En este cuadro y una vez despejado el escenario constitucional, luego de que terminara en suma cero dicho esfuerzo, el Ejecutivo parece lanzado a tirar “toda la carne a la parrilla” en materia de reformas sociales y económicas.
De allí las indicaciones para reactivar el proyecto de pensiones, el empeño del Pacto Fiscal, y la implementación del fallo sobre las Isapres, donde este último corre contra reloj.
El lema es avanzar en estas materias absolutamente sensibles para la población, cuando una vez rechazados los afanes constitucionales, lo que corresponde es enfrentar, de una vez por todas, déficits sociales de tal magnitud como un verdadero sistema de seguridad social a través de la reforma de pensiones y especialmente a través del Pacto Fiscal, que represente nuevos ingresos para el Fisco y otras modernizaciones, de modo de tener “ingresos permanentes para gastos permanentes”.
“Sería bueno que cierta derecha leyera menos a algunos fanáticos criollos y más a economistas de renombre mundial como Piketty y sus estudios sobre cómo ha mejorado la distribución del ingreso en el último siglo, cuando se ha tenido un sistema tributario más progresivo y un movimiento social atento a estas demandas”, dice un economista ligado al socialismo democrático, recomendando el libro “Una breve historia de la Igualdad”, del prestigiado economistas francés.
En dicho texto Piketty sostiene una visión optimista sobre la evolución de la igualdad, en una mirada larga desde finales del siglo XVIII, indicando que esto se debe al desarrollo de mecanismos institucionales concretos: la igualdad jurídica, el sufragio universal, la fiscalidad progresiva de la renta, las herencias y de la propiedad, la cogestión y los derechos sindicales, la libertad de prensa y el derecho internacional, entre otros. Y da recomendaciones sobre qué hacer a futuro para seguir en esa línea, con una visión esperanzadora que hace mucha falta.
“Si alguien cree que si no tenemos una sociedad más integrada venceremos algún día a la criminalidad y la delincuencia se equivoca, es cosa de ver la magnitud de problema, por ejemplo, en los países europeos, que cuentan con sociedades bastante más integradas en lo social”, comentan. Agreguémosle, en lo inmediato, un buen sistema de reinserción y un rescate de esa infancia influida por el narcotráfico, como necesidades impostergables en esa materia, lo cual por cierto demanda más recursos fiscales.
El propio FMI, que vendría siendo una especie de paradigma en materia económica para la élite económica chilena, ha señalado la necesidad de avanzar en Chile en un Pacto Fiscal y en una reforma de pensiones.
En materia de pensiones, algunos dicen que en realidad debiéramos quedarnos con la PGU, para qué tocar el sistema de AFP. Eso significa lisa y llanamente que la mejoría de las pensiones de los que menos tienen, la financiarían ellos mismos, porque habría que recurrir a impuestos generales y éstos se generan, en aproximadamente un 50%, con el IVA, que pagan todos los chilenos y en particular los más pobres.
Por otro lado, ¿cómo financiar, en forma sostenible en el tiempo, el aumento de la PGU a $250.000 si no se incrementa los ingresos fiscales en forma permanente?
“Es- en resumen- como que los propios pobres sigan financiando su mala salud, su mala educación y su falta de vivienda. Lo que se requiere es que los que ganan más se pongan más, ayudando a los que se han quedado atrás por distintas razones. Así funcionan los países que sirven de modelo para muchos en la derecha chilena”, se enfatiza desde el progresismo.
Pacto Fiscal, tributos y crecimiento
Recordemos que el Pacto Fiscal- ahora Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal- tiene metas bien precisas y medibles: aumento de la PGU a $ 250.000, que cuesta 1.2% del PIB; aumento del gasto en salud para la reducción de los tiempos de espera en hospitales, fortalecimiento de la atención primaria (ampliando el programa de universalización “a todas las comunas del país”, desde las 20 actuales y aumentando el per cápita de $11.200 a $12.000) y reducir las listas de espera a 120 días (mediana OCDE) para las intervenciones quirúrgicas.
Asimismo, en seguridad pública, con 0,3% del PIB, una serie de medidas relativas al fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria y Estado preventivo (modernización de la institucionalidad de Carabineros, abordamiento de las brechas entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, mayor seguridad e infraestructura para los pasos no habilitados en las fronteras, recuperación de espacios públicos y rehabilitación con foco en la niñez). Allí, si se suman los avances de 2023 y 2024 y los ingresos comprometidos por el nuevo royalty minero, que comenzó a regir este 1 de enero, se completaría una expansión del gasto en seguridad pública y administración de justicia de $1.500 millones de dólares anuales en régimen, comparado con 2022, se indica.
Esto último, debiera ser debidamente aquilatado por una derecha que brama diariamente por más recursos y acción en materia de seguridad ciudadana.
Y, por último, 0,3% del PIB, para protección social, con un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto de Sala Cuna para Chile, lo cual elevará el acceso de las mujeres al mercado del trabajo.
Pero el Pacto Fiscal también recoge demandas sobre Reforma del Estado, con medidas como la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que también aborde aspectos regulatorios, agilizar la ejecución de la inversión pública, fortalecimiento del servicio público y – a propósito de Caso Convenios- fortalecer la Auditoría Interna del Gobierno y actualizar la ley de responsabilidad fiscal. También busca abordar una serie de estímulos al crecimiento como la ya comentada racionalización regulatoria para los proyectos de inversión o “permisología”, modernizar la gestión de permisos ambientales, modernizar las Direcciones de Obras Municipales o Consejo de Monumentos Nacionales e incentivos tributarios a la inversión privada y la productividad, por ejemplo, con una rebaja transitoria del impuesto de timbres y estampillas, entre varias otras.
Y finalmente, dice relación con principios para un sistema tributario moderno, el que “no puede construirse sobre la base de necesidades de recaudación del momento”. Se agrega que “la justicia tributaria comprende progresividad vertical, equidad horizontal, erradicación de prácticas elusivas e impuestos expropiatorios”.
Nótese que el conjunto de medidas de estímulo consideradas (en materia de promoción del crecimiento, la rebaja de la tasa general del impuesto de primera categoría y beneficios tributarios para la clase media), involucrará una caída de la recaudación tributaria de al menos 0,5% del PIB, el Gobierno prepararía un proyecto de reforma del sistema de impuestos a la renta orientado a incrementar los ingresos estructurales, netos de mayores gastos tributarios, en el equivalente al 0,6% del PIB al año 2027.
Hay un compromiso de concentrar las modificaciones en los impuestos a la renta, tanto corporativa como personal, dejando de lado las propuestas sobre impuesto al patrimonio y tasas sobre el stock de utilidades retenidas, “sin embargo, se podrán incluir otras medidas que porten a la progresividad y mejor distribución del ingreso”. Asimismo, reducir la tasa general del impuesto de primera categoría, llegando a la mediana de los países OCDE y focalizar los aumentos de impuestos a las rentas personales provenientes del capital, así como a los contribuyentes de mayores ingresos. Por ultimo “eliminar exenciones tributarias del impuesto a la renta, de acuerdo con lo propuesto por la Comisión sobre la materia, que convocó el gobierno anterior”.
Como se ve, parece un texto más que equilibrado y que concede una parte no menor de los aspectos que ha proclamado la derecha por años. No debiera ser fácil de serrechazado así no más, al menos por la oposición más proclive a los acuerdos. Hay harto de por medio, sobre el particular.
Finalmente, ¿será necesario hablar sobre la necesidad de controlar la evasión y elusión después de los casos Hermosilla y el megafraude tributario conocido recientemente?
Veremos si, finalmente, con la reforma de pensiones y el Pacto Fiscal, el asado se concreta como esperan hace tantos años, la mayoría de los chilenos.
